“EL RESCATE”: NUEVA CEREMONIA DE LA CONFUSIÓN

        Ahora nadie duda de que la mala gestión en la crisis de BANKIA haya sido el detonante del “rescate de la banca”. España parecía tener clara la idea, tanto por el gobierno anterior como por el actual, de evitar un rescate financiero, por las malas consecuencias para el país y para el gobierno. Italia se ofende, con razón, cuando le dicen que puede ser la siguiente. Pese a todo lo que nos han dicho, cuando se produce la situación no deseada, nos  venden “el rescate” como un acierto del gobierno. La primera noticia nos la da un telonero, el ministro de Economía; el presidente sólo comparece, cuando desde toda Europa le acusan de irresponsable en momentos tan decisivos. Su “light” rueda de prensa incorpora la ingenuidad política de atribuirse que fue él quien presionó para conseguirlo; desmentido después por el presidente de la Comisión, lo que ha aumentado su desprestigio y falta de credibilidad. Ahora nos anuncia que la comparecencia en el Congreso deberá esperar, incrementando la inseguridad y la desconfianza. A mayor abundamiento, los tres focos del poder económico (Hacienda, Economía y asesores de presidencia), nos hablan en distintos lenguajes, formando así una esperpéntica ceremonia de la confusión que daña a España. El gobierno no parece ser la solución, pues está agravando el problema.

Sabemos que el préstamo es de hasta 100.000 millones de € y que lo ha sido al gobierno de España, al 3% de interés. Este préstamo pasará a engrosar la deuda de España. Se callaron que casi todo ese dinero irá a parar a bancos nacionalizados, por lo que no se recuperará el importe prestado hasta que se privaticen; también, aunque fuera negado por el presidente, los intereses que genere ésta parte del préstamo aumentarán el déficit del Estado durante años, lo que traerá nuevos recortes o subida de impuestos.

También reconocemos que esta intervención financiera no es como las realizadas a Grecia, Portugal e Irlanda. Pero tampoco han dicho que con esta intervención se reduce la soberanía española sobre su sistema financiero, a la vez que se aumenta la intervención sobre el cumplimiento de déficit, abriendo importantes incógnitas con respecto al grado de ésta. Parece que el FMI “aconseja”, para garantizarlo, la subida del IVA, la bajada del sueldo de los funcionarios y la “racionalización” de las pensiones. La situación se agrava cuando nos dicen que el gobierno  “no hará caso a estos consejos”. Mala señal. 

Debemos entender, aunque no nos lo hayan explicado, que las reglas del fondo de rescate -tanto la temporal (FEEF) como la permanente (MED)- aun no han entrado en vigor (lo harán el próximo1 de julio), por lo que debemos suponer que a su entrada no cambiará lo pactado, pues la experiencia nos dice que siempre hay sorpresas negativas.

Rajoy nos ha contado que el dinero inyectado a los bancos servirá para facilitar dinero a las pymes y a las familias y así empezar a crecer. Ha ocultado que esa situación se demorará año y medio, si todo sale bien, y que el precio a los bancos de ese préstamo se hará al 8,5%, lo que hará poco accesibles los préstamos a la economía real.

Pese a lo que nos han dicho, y precisamente por la mala gestión del gobierno, el rescate ha influido negativamente en los mercados: la bolsa perdió al día siguiente el 0,5% (después de una semana en la que crecieron el 8%), la prima de riesgo llegó a superar los 550 puntos y el bono español a 10 años ha llegado al 7%, el más alto desde que existe el euro, a la vez que se ha rebajado nuestra calificación. Ahora la vicepresidenta intenta disminuir la importancia de esta situación, sin recordar a los españoles que el aumento de intereses de la deuda por estas causas ha anulado, en estos seis meses de gobierno, el ahorro de los recortes. Todo un extraño éxito, pues ahora sabemos que los recortes en educación y sanidad pueden no haber servido para nada.

Sr. Presidente, por el bien de España y para que recupere credibilidad ante los españoles y los mercados evitando un nuevo rescate, déjese de eufemismos para intentar confundirnos y llame, como tantas veces nos ha prometido, “al pan, pan y al vino, vino”. En resumen, no irrite a Europa, no divida a los españoles, haga POLÍTICA DE ESTADO y deje de decir lo contrario de lo que luego hace.

LA IGLESIA: UN ESTADO DENTRO DEL ESTADO

La Iglesia católica en España ha sido, desde hace siglos, una institución clave en las más importantes decisiones de gobierno, gracias a su presencia e influencia decisiva en la realeza, la hacienda pública, el pueblo y el ejército. Hoy, pese a la democracia y al laicismo de la Constitución, su jerarquía se comporta como un estado dentro del Estado, interviniendo en todos los espacios de poder. Veamos sus realidades:

• La Ley Hipotecaria, redactada en plena dictadura franquista, permitía a la Iglesia el registro (inmatriculación) de “algunos” bienes que carecían de propietario, a excepción de los “templos destinados al culto católico”. La Ley sería modificada por el PP en 1998, suprimiendo las excepciones y la prerrogativa exclusiva de inscripción por el Estado, dando a los obispos el rango de funcionarios públicos para inscribir fincas a nombre de la Iglesia (ahora pueden emitir certificaciones de dominio). Una reforma que algunos juristas consideran de dudosa legalidad. Desde entonces las inmatriculaciones (nombre técnico del ejercicio de dominio) han sido constantes. Fruto de esa nueva y singular forma de adquirir la propiedad ha sido la Mezquita de Córdoba, de la que obtiene un beneficio turístico cercano a los 10  millones de euros al año (eso sí, el Estado se hace cargo de los gastos de conservación y mantenimiento). La mayor cantidad de apropiaciones se ha registrado en Navarra, donde se han realizado más de 1.000 nuevas inscripciones a nombre de la Iglesia, comprendiendo fincas, catedrales, iglesias y ermitas que el pueblo consideraba suyas y que hoy mantiene y conserva sin saber que ya no son de su propiedad. Otro tanto ha ocurrido en Galicia donde han hecho suyas 3.800 parroquias con edificaciones y terrenos colindantes. Del mismo modo, aunque en menor cantidad, en todas las provincias de España. 
• Hoy la Iglesia es, con mucha diferencia, el primer propietario urbano, poseyendo más del 70% de todo el patrimonio histórico-artístico del país (del que las distintas administraciones se hacen cargo de su conservación y reparación), además de garajes, locales de negocio, museos, solares recalificados, etc. En cuanto a bienes de naturaleza rústica, es también el primer propietario, estimándose en cerca de 170.000 Ha. sus propiedades. También poseen infinidad de joyas, oro, piedras preciosas y gran cantidad de piezas históricas; controlan negocios e incluso, algunas diócesis invierten su dinero en bolsa. Pero quizás lo peor sea la opacidad sobre el número y situación de estos bienes, de los que resulta imposible conocer su número, valoración  e incluso, no menos importante, los aspectos legales para obtenerlos. Impidiendo así el conocimiento preciso por la opinión pública y el gasto o el ahorro que sus actividades suponen para el Estado. Además los bienes siguen creciendo, no sólo por la inmatriculación, también por herencias y otros legados de instituciones y particulares. 
• Esa enorme cantidad de bienes y negocios no paga impuestos y además recibe del Estado subvenciones que pueden llegar a los 10.000 millones de €. El mismo Franco en su 80 cumpleaños, pronunció un discurso, el 7 de diciembre de 1972, donde afirmaría públicamente que ese año había dado a la Iglesia, en dinero contante y sonante, 300.000 millones de pesetas. Posiblemente lo dijo para que reconocieran que era agradecido con los que le ayudaron y que esperaba más de ellos (Tarancón había comenzado sus críticas). Resulta especialmente sangrante que una de las instituciones de más prestigio en España como es CARITAS, sea utilizada por la jerarquía en la publicidad para conseguir la cruz para la Iglesia en la casilla del IRPF, cuando únicamente aportan a su presupuesto algo más del 1%. Estos días esta institución católica de caridad tiene que vender parte de su escaso patrimonio pues la crisis llega a 11.000.000 de personas que se encuentran en lo que llamamos “exclusión social”, y no llega con las generosas ayudas de sus donantes. Para la jerarquía eclesiástica, la “crisis” no existe ni tan siquiera en el compromiso social ante los fieles por las fragantes injusticias que se están cometiendo con los que más lo necesitan.
• Por último reconocer que la Iglesia obedece a un país distinto al español. Un estado, por otra parte, no democrático. Conviene tener presente que la Constitución Vaticana del año 2.000 dice en su artículo 1º. "El Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial". Todo un alarde de división de poderes del Estado. Recordar que de los 103 convenios internacionales de los derechos humanos ha suscrito solo 10, figurando entre los no firmados, la supresión de la discriminación por motivos sexuales, las relativas a la protección de los pueblos indígenas, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, tampoco las convenciones contra los genocidios, crímenes de guerra, tortura y pena de muerte. Es uno de los países menos comprometidos con los derechos humanos del mundo. El mismo estado que, después de la Guerra Civil, concedió a Franco la Orden de Cristo, la mayor distinción que la Santa Sede puede conceder.

LA CLEPTOCRACIA EN LA QUE VIVIMOS

     Este vocablo, compuesto de dos palabras de origen griego, expresa una tendencia en el ejercicio del poder hacia el enriquecimiento ilícito y rápido. Literalmente significa el mando o gobierno de los ladrones (la palabra aun no ha sido reconocida por el Diccionario de la Lengua) puede ser, ampliando su significado al presente, una forma de gobierno conocida desde muy antiguo, acompañada de un alto grado de corrupción que puede revestir la forma de cargos, subvenciones, información privilegiada, reclasificaciones, licencias, concesiones, adjudicaciones. Toda una pléyade de actividades que presentan serias dificultades a la hora de establecer su legalidad.

     En nuestro país esta forma de organización social se desarrolla durante el periodo del auge del ladrillo. La reforma de la Ley del Suelo, los bajos tipos de interés, el crecimiento del poder en las autonomías y la posibilidad de recalificaciones de suelo por los ayuntamientos fueron sus catalizadores. Autonomías como la valenciana, el modelo más conocido, nos hablan de una serie de arbitrariedades en las que incluso el pueblo que participa de algunas ganancias, colabora con su silencio y su voto al fomento de la corrupción en las instituciones. Podemos decir que existen vivos en toda España, pendiente de solución por el poder judicial, alrededor de 130 casos importantes de corrupción, denunciados por la fiscalía y algunos particulares; la mayor parte de ellos, el 49,7%, de políticos del PP; los cuales además de ser muy superiores en número, lo son también en cuantía y repercusión pública; dándose la circunstancia de que la mayoría de ellos han seguido en sus cargos en el partido y en las instituciones, incluso han sido presentados como candidatos en listas municipales, regionales y nacionales con indudable éxito. Especial atención mereció el caso “Gürtel”, debido al alto nivel de implicados y a la retirada de sus funciones por seguir esta causa, de uno de los jueces más representativos de la democracia -el juez Garzón, un luchador infatigable contra la injusticia- que había conseguido pruebas irrefutables de los culpables. Le sigue el PSOE, con algo más de la mitad de casos que el PP, aunque de menor importancia en sus cuantías y con inmediatas expulsiones del partido para la mayoría de los afectados, pero que avala la generalización de la situación. Los casos de corrupción llegan hasta instituciones como la  monarquía y hasta altas instancias judiciales. Ninguno ha devuelto lo robado y son muy reducidos los años de cárcel en las sentencias. Existe una especie de lasitud legislativa y jurídica, además de una abusiva utilización político-juridica en el tratamiento de los casos. Quizás por eso, ahora, los casos continúan:

• Vemos, en estos momentos tan difíciles, como los familiares y amigos de altos cargos del gobierno y del partido han encontrado ventajosos puestos y otras prebendas en empresas públicas, privadas e instituciones. 
• En BANKIA hay 38 familiares o ex-altos cargos del “PP” entre consejeros y puestos de la máxima responsabilidad en la gestión. Ahora debido a una malísima gestión se decide, sin explicaciones públicas ni comparecencias parlamentarias, financiar con  dinero público hasta 19.000 millones más (en la campaña dijeron que no iban a poner un euro), lo propuesto por el director del banco, a la vez que permitían altas remuneraciones para los fracasados gestores cuando abandonan sus puestos. Todo desde la más absoluta legalidad: deberían sacar, con la misma rapidez con la que hicieron la Reforma Laboral, un Decreto-Ley que prohibiera indemnizaciones y sueldos que atentan a la ética. Parece más sencillo dejar sin derechos a millones de trabajadores que normalizar a unos cuantos banqueros y privilegiados empresarios. Mario Draghi (presidente del BCE) dice de la actuación del gobierno que han llevado el caso de la peor manera posible. Pese a todo dejarán un tiempo, siempre en honor a la verdad que nos prometieron, para decirnos que el gobierno no es culpable de nada. Ahora Rato contesta por escrito apuntando sus discrepancias con lo realizado, calificando la intervención de “brutal inyección a costa del Estado”. Las viejas heridas internas de otro tiempo parecen reverdecer. 
• Actualmente las cajas transformadas en bancos, algunas con ayudas públicas, siguen teniendo en sus consejos cargos políticos, especialmente de los dos grandes partidos, en puestos de alta responsabilidad financiera, tomando decisiones para las que no tienen preparación, pero por las que cobran altísimos sueldos o gratificaciones por asistencia y, posiblemente, recibirán importantes indemnizaciones si una ley no lo remedia.
• Se sabe que una buena parte de nuestra producción, se estima que alrededor del 30%, pertenece a lo que llamamos “economía sumergida”, lo que supone un evidente falseamiento de la totalidad de la estadística económica y social, además de enormes cantidades de impagos de impuestos y una evidente falta de solidaridad social. 
• En la última revisión, la salida de capitales españoles está marcando records, casi 100.000 millones han salido del país en el último trimestre. Posiblemente el chivo expiatorio será el “cambio climático”, por ejemplo.
• Ahora, cuando se ha hecho público el sumario, conocemos la prisión de uno de los hermanos Tauroni por el caso de las ONG. Han sido capaces de desviar fondos de las autonomías de Valencia y Madrid destinados a tratar el hambre en Nicaragua y Haití, para comprar pisos de lujo, yates y coches, por un total de 9 millones de euros, sin control institucional. Veremos cómo termina, pues existen implicados políticos de ambas autonomías.

    Y así infinidad de casos, que harían larguísima la lista. La adicción a la cleptocracia está siendo facilitada por la inexistencia de una legislación que regule la “extraña” relación entre políticos, banqueros y grandes empresarios. Reconociendo que a buena parte de nuestro pueblo, si nos fijamos en sus comportamientos electorales, no parece importarle estas situaciones. 

OTRAS SOLUCIONES SON POSIBLES

      Nuestro sistema educativo no ha sido especialmente brillante durante los años de la democracia: han sido frecuentes los planes que han fallado por la falta de acuerdo y de “Sentido de Estado” de los dos grandes partidos, a lo que hubo que unir una escasa inversión, siempre por debajo de la media europea. Pese a todo, el papel de la enseñanza pública cubría las demandas y mantenía un importante nivel, a lo que se unía un creciente desarrollo de la investigación.

Ahora, bajo el amparo de la crisis, el gobierno está decidido a llevar al desastre la enseñanza pública aplicando recortes, con escaso sentido, a todos los espacios del sistema, bajo el razonamiento, ya conocido, de que no existe otra solución. El daño puede hacer tambalear el futuro del país y alargar los años de penuria. No debemos olvidar que a esta juventud que hoy estudia se le está negando salidas laborales dignas, eliminando ayudas al deporte, a la investigación, a las políticas activas de empleo, a la vez que se empobrece a sus familias. 

Mientras en España se reducen los presupuestos de educación y de I+D, en Francia, Alemania, Bélgica o E.E.U.U. se amplían las inversiones destinadas a estos fines con aumentos que oscilan entre el 4% y el 7%, aplicando los recortes en otras áreas que no hipotequen su futuro como país. Como vemos otras soluciones son posibles. Nuestro gobierno ha optado por hipotecar el nuestro, forzando a sus comunidades autónomas a aplicar recortes educativos. Todo ello bajo el eufemístico nombre de “medidas de racionalización del gasto educativo”, que consiste en reducir su gasto en la cantidad de 3.736 millones de euros. A la vista de las cifras que se presentan a continuación, puede decidir el lector, según su criterio, si el gobierno tiene o no otras alternativas:

• Los contratos vigentes para provisión de armamento que incluye en sus presupuestos el gobierno español ascienden a la cantidad de 32.868,20 millones de euros. De ellos, solamente la compra de 87 cazas EF-2000, a Eurofighter, suponen 11.718,00 millones.
• Los 150 km. de construcción de infraestructuras para el AVE pueden suponer más de 3.000 millones.
• El déficit de las televisiones autonómicas es, para este año 2012, de 510 millones y el gasto ordinario conjunto de estas televisiones de 1.200 millones.
• El personal de confianza política en las distintas administraciones públicas puede suponer un gasto superior a los 2.200 millones.
• La segunda inyección de ayuda pública a BANKIA, la joya financiera del PP, puede superar los 19.000 millones (todos los españoles vamos a ser banqueros).
• El no pago del IBI, un impuesto municipal, por parte de la Iglesia se estima en 3.000 millones, y las ayudas del Estado en las más diversas actuaciones, incluida educación, pueden ascender a 11.000 millones (los datos exactos son casi imposibles de conocer).

     Además, sin especificar el gasto, existen más de 1.000 diputados provinciales, un Senado con escasas funciones, miles de pequeños ayuntamientos con existencia autónoma difícil de justificar, una evasión fiscal que supera los 70.000 millones, dinero en paraísos fiscales, juicios eternos sobre robos a las administraciones sin devolver lo robado, clientelismo en las administraciones, embajadas en el exterior de muchas autonomías…

Como información adicional conviene decir que los ministerios no son iguales en los  recortes: Educación y Cultura (21,2%), I+D (25,6%), Ayuda al Desarrollo (72 %), Defensa (11%, aunque si consideramos otras ayudas encubiertas no llega al 2%).

ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA ESPERANZA

   Hace sólo siete meses que el  PP decía a los cuatro vientos: “España solucionará sus problemas con el cambio de gobierno. La sola presencia de Rajoy generará confianza en los mercados”. Hoy, con cinco meses en el poder, después de todos los incumplimientos imaginables, de haber destrozado el Estado de Bienestar y de mantener como estrategia: “Todo está peor de lo que pensábamos”, nos encontramos con que la marca España está más desprestigiada que nunca, la deuda soberana toca techo, la bolsa se desploma y la indignación de los españoles sube.
  

Cuando empezaron los reveses, más que asumirlos o pedir disculpas por lo prometido y no cumplido, buscaron con altanería “la estrategia de los culpables”: durante los cuatro primeros meses repetían desde sus muchos espacios de poder: “la culpa de todo la tienen los socialistas”. Con el segundo plan financiero, como ya era suyo el fracaso del primero, y les había estallado BANKIA arrastrando en su caída a toda la banca, buscaron como culpable al Banco de España y a su cabeza Fernández Ordoñez. Últimamente de los problemas con Latinoamérica, echan la culpa a Baltasar Garzón y de los problemas de la deuda, a la situación de Grecia. Mientras, en estas últimas semanas, la desconfianza de los mercados hacia España -aquel mal del que culpaban en exclusiva a Zapatero- ha anidado, además, como nunca había pasado, hasta hacer que las instituciones europeas desconfíen de los planes del gobierno. Han desprestigiado al Banco de España y como consecuencia han tenido que asumir una auditoría externa con el riesgo que supone la valoración externa de los activos inmobiliarios. Como colofón, hace unas horas, han descubierto un aumento de 4.000 millones de euros en el déficit (así se sitúa en el 8,9%) en tres de sus clásicas autonomías, Madrid, Valencia y Castilla-León, para cuya debacle les va a resultar difícil encontrar culpables ajenos. Por su parte el ECOFIN (el Consejo de Ministros de Economía Europeo) les ha dicho que más que buscar culpables, deberían encontrar soluciones, pues han tenido la torpeza de presentar el enorme agujero de la banca sin facilitar alternativas para su financiación.

Necesitamos con urgencia una hoja de ruta que marque por donde debemos ir y el porqué, y buscar el apoyo de otros partidos políticos, sin soberbia, para presentarnos unidos ante el mundo financiero, pues aunque no lo necesite el PP, España lo necesita. Mientras tanto, al otro lado del Pirineo, se comienza a respirar un nuevo aire que deja espacio a la esperanza, pues se nos habla de la necesidad de bases éticas y de crecimiento urgente, dando más flexibilidad a la contención del déficit. La política, con mayúsculas, parece que puede empezar a tomar protagonismo.

En esta línea debemos resaltar que el pasado domingo, 6 de mayo, fue enormemente importante para un nuevo enfoque de la crisis en Europa. Por un lado, nuestra vecina Francia decidió apostar por el socialista moderado François Hollande que se postulaba como el político que intentará conseguir que los líderes europeos dirijan una mirada humana sobre el ciudadano, entre tanto razonamiento político neoliberal sobre macroeconomía. En sus primeros días de gobierno ha asumido, antes de cualquier otra decisión, un código ético y la bajada del 30% de todo el gobierno y altos cargos. Por otro lado, las elecciones griegas parecen haber demostrado a Europa que la intransigencia en los recortes está propiciando el ascenso de los partidos de ideología extrema, con la consiguiente merma de los moderados. La coalición de izquierdas encabezada por su líder, Alexis Tsipras (la segunda fuerza electoral), exige para gobernar la ruptura de los acuerdos con la troika. Las nuevas elecciones pueden traer sorpresas, para cuyas soluciones no servirá la intransigencia alemana. En un tercer frente, las elecciones en el pequeño länder alemán de Schleswig Holstein, han dado el gobierno, por primera vez en muchos años, a la coalición socialdemócrata-verdes.

La situación del Gobierno de Ángela Merkel se complicó de nuevo el pasado domingo 13 de mayo, tras la clara derrota de su partido en las elecciones regionales de Renania del Norte-Westfalia (el más poblado de Alemania), la peor en su historia en ese estado federado, que le lleva a tener minoría en el Senado alemán. Ante esta nueva situación ha insinuado un posible compromiso con la oposición social-demócrata, pues necesita su apoyo para sacarlo adelante. Ya admite que "cuanto más crecimiento hay, más posibilidades de reducir la deuda". La nueva situación y las conversaciones con Hollande, abren un camino a la esperanza. La Alemania intransigente y despótica, puede dar paso a una Europa con más contenido social.

El presidente del Consejo de Europa Van Rumpuy ha convocado una reunión de los dirigentes europeos para el 23 de mayo. Esperemos que si hay decisiones para favorecer el crecimiento, el gobierno del PP sea tan diligente para construir, como lo está siendo para destruir. Ahora sí que puede decirse que el nuevo camino es culpa de los socialistas “europeos”. En España, Andalucía, pese a las muchas trabas, ha realizado los recortes sin sobrepasar las llamadas líneas rojas sociales. Parece que se puede acabar el pensamiento único y poco razonable de: “no hay otra forma de actuar”, “no hay otra salida”, “es absolutamente necesario”, con el que hasta ahora nos han explicado los recortes.

SOBRE BANKIA

     Este banco, la joya financiera del PP, nació en el verano de 2010 como consecuencia de la reforma del sector que incentivaba las uniones de cajas. La unión para su formación estuvo encabezada por dos cajas señeras para el PP: Caja Madrid (el eje de todo el conjunto) y Bancaja (con Caja Valencia, que sería intervenida por un agujero de 562 millones de euros); además de otras cinco: Caja Canarias, Caja Layetana, Caja La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.

       Bankia es ahora, menos de dos años después, la cuarta entidad financiera del país y la mayor institución bancaria en préstamos al sector inmobiliario: 37.500 millones de euros. Su financiación en la compra de suelo, su mayor problema, se eleva a 11.594 millones de euros. A finales de 2010 recibió del Fondo de Restauración y Ordenación Bancaria (FROB), casi exclusivamente formado por fondos públicos, 4.665 millones de euros por la fusión, fondos que podían transformarse en acciones del capital si fuera necesario. 

     Esta semana se ha convertido en la mayor preocupación del sistema financiero español, advertido por el Fondo Monetario Internacional. Su desplome en bolsa ha sido del 42%. Las cuentas de la entidad, presentadas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no han podido ser auditadas por su “complejidad” debido, entre otras cosas, a incluir como activos 10.524 millones en créditos dudosos y 1.748 millones en activos fallidos. Además, la auditora Deloitte rebaja a cero el patrimonio actual del grupo. 

        El presidente desde sus comienzos, Rodrigo Rato, con mayoría absoluta en el consejo de políticos del PP, fue presidente antes de Caja Madrid (nombrado por recomendación de Esperanza Aguirre, después de extrañas truculencias), Ministro de Economía con Aznar y el autor del Milagro Español gracias al ladrillo, además de director -dimitido sin causa- del Fondo Monetario Internacional. Este hombre de prestigio, defendido por todos hasta hace unos días, ha sido expulsado de su puesto a petición del Ministro de Economía, después de no aprobar su plan de viabilidad y considerarlo así la plana mayor del PP. Sólo nos falta saber cuál será el importe de su indemnización por el despido (pagada, claro está, con dinero público) y el nuevo destino que se le asigna. Además sería importante conocer el papel del Banco de España en este asunto que ha estado guardando una sospechosa opacidad informativa, no sabemos si compartida con el actual gobierno. Conocemos, eso sí, que su sucesor, José Ignacio Gorigolzarri, fue jubilado de su anterior puesto directivo en BBVA con una indemnización de 62 millones de euros. Parece que la banca vive la crisis de otra manera. 

     A mayor abundamiento, Rajoy ya anunció que estaba dispuesto a poner 7.000 millones de euros de dinero público (al parecer al 8% de interés o participación en el capital, previa aprobación del plan de viabilidad) para su saneamiento, todo ello ajustado a su intachable lógica política: “Tengo que hacer las cosas como Dios manda, aunque haya prometido antes lo contrario”. Resulta interesante la facilidad con la que se da dinero público por mala gestión de sus directores y las dificultades para poner este dinero en servicios públicos para la población. Al final ha decidido transformar en acciones los fondos del FROB anteriores, lo que hace al Estado dueño del 45% del capital de BANKIA. De no acertar en esta decisión el dinero aportado se transformaría en aumento del “déficit público” y los españoles deberíamos pagar dos veces, una al perderlo y aumentar el déficit y otra para eliminarlo con nuevos recortes, circunstancia que no impedirá una futura aportación de entre 7.000 y 10.000 millones de euros si fueran necesarios. 

        La decisión ha sido contestada por autonomías como Cataluña y Galicia (del PP) por considerar que están dando a BANKIA un trato de favor. Recordemos que cuando se intervino Caja de Castilla-La Mancha, aunque pueda parecer mentira, la presidenta de esta autonomía, entonces en la oposición, recomendó a los impositores la retirada de fondos de la entidad financiera, consiguiendo su descapitalización, pese a que su marido era miembro del consejo de administración de la institución intervenida. Pese a todo, estoy seguro de que los miembros del PP a la hora de una explicación, que aun no han dado, seguirán con el latiguillo de: “La culpa la tienen los socialistas”. He escuchado que ahora echan la culpa a Fernández Ordoñez. Mientras tanto, el gobierno saca su segundo plan financiero ante una Europa que desconfía, pero que tampoco da soluciones. 

     Sin duda a estos políticos les gusta más la macroeconomía que el ser humano al que dicen servir. Señor que cruz.

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

   En este difícil tiempo, el ejercicio de la política está perdiendo el escaso prestigio de que disponía. Para el actual gobierno los compromisos públicos no presuponen una obligación ética ni un pacto con el pueblo al que dice servir; si lo prometido se rompe, no consideran necesario justificarlo ni pedir disculpas. Resulta sonrojante contemplar, en la “red” o en los medios de comunicación clásicos, las imágenes y las palabras cuando defendían con enorme vehemencia lo contrario de lo que están haciendo. En sus manos la política carece de principios. Por otra parte la unidad de las personas del partido en la defensa de estas prácticas resulta aun más bochornosa al ver como todos, formando un sólido bloque, cambian de idea a la vez, defendiendo una acción y su contraria, sin el más mínimo sonrojo. Hay que recordar con vergüenza la unanimidad de votos, aplausos y risas en el Congreso de los Diputados cuando el país, en tiempos de Aznar, entró en la guerra de Irak. Sin duda, como cuando estaban en la oposición, siguen practicando el Método Goebbels.

   Ante tanto sacrificio impuesto  por los recortes, únicamente dan razones como: “es imprescindible que se haga así”, “no existe otro camino”; como si se tratara de un dogma que se explicara por sí mismo. Parecen no entender que el debate europeo camina ahora en otra dirección y presenta nuevas soluciones para iniciar el necesario crecimiento, sin abandonar la contención del déficit. Cuando explican la causa de los recortes, se limitan a decir: “la culpa de todo la tienen los socialistas”; sin pensar que han llegado al poder gracias a esos errores. Así lo vieron antes los españoles cuando decidieron votarlos. ¿O es que creen que si no hubiera sido por la crisis, sin programa ni líder, hubieran ganado las elecciones? Deberían haber comprendido ya, que fueron elegidos para dar soluciones y no  para enrocarse haciendo de oposición de la oposición para justificar sus errores. Sus logros más notables en cuatro meses de gobierno han sido: 

• El déficit ha subido 1,85% 
• El paro, según la EPA, ha aumentado en 365.900 personas (además de los dramas personales, las indemnizaciones suponen para el empleador más de 1.500 millones de euros, la S.S. dejará de ingresar más de 1.000 millones anuales y la protección al desempleo aumentará su gasto en más de 4.000 millones de euros).
• La inversión extranjera ha disminuido, sólo el mes de febrero lo ha hecho en 13.500 millones de euros. 
• Los principales bancos han bajado su calificación. 
• La bolsa en el pasado abril ha perdido el 13,6%, la mayor caída de los últimos años.
• La empresa Standard & Poor´s ha bajado la calificación de los bonos de España, acercándolos a los bonos basura, nuestra calificación es peor que la italiana y hemos entrado en recesión con una bajada en el último trimestre del 0,3% del PIB. 
• En el exterior, Argentina ha expropiado YPF y Bolivia expropia las acciones de la filial de Red Eléctrica Española.
• Además están destrozando la educación pública, la sanidad, la investigación y los derechos de los trabajadores. 
• Encima no han conseguido la credibilidad de los mercados. 

   En cuanto al diálogo, más necesario que nunca, ha sido desterrado del Parlamento y de las relaciones con los sindicatos. Lo más penoso es que su obsesión por recortar derechos sociales, responde a los mandatos ideológicos de sus afines europeos y americanos. España no cuenta para ellos.

    Por último recordar que la pérdida de derechos, la dramatización que de la situación hace el gobierno y la falta de confianza en la justicia han llevado el miedo a la gente, junto a sensaciones de rabia y desesperación. Este es un conjunto de sentimientos capaz de propiciar la violencia. Una reflexión sociológica que el gobierno debería hacerse en lugar de preparar una reforma de código penal que criminalice cualquier tipo de manifestación de protesta. También deberían abandonar la estrategia del pesimismo social, que tampoco ayuda a la credibilidad exterior. En el próximo otoño cualquier error en la tarea represiva puede ser la mecha que prenda el conflicto. Todo lo que está ocurriendo no debe pasar al olvido de nuestro pueblo, aunque sólo sea por llevar la contraria al 5º principio de Goebbels.