LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

     “La responsabilidad política” es de esos valores que hay que definir y delimitar cuando los que deben asumirlo no reconocen su existencia. En estos momentos la democracia necesita para mantenerse reglas claras, compartidas, obligatorias e iguales para todos con objeto de dar contenido a ese valor. En política debe asumirse la culpa frente a una acusación razonable, sin que el camino procesal seguido elimine la evidencia de la culpa (casos Naseiro y Gürtel), sobre todo cuando se han conseguido datos evidentes de lo hecho. Tampoco debe ser válida la presunción de inocencia (imprescindible en procesos civiles o penales), ni esperar a que los tribunales celebren juicio o declaren una sentencia condenatoria. Debemos saber que “la responsabilidad política” no es un delito, es un acto de ética obligado cuando se ha cometido un hecho irresponsable o una conducta irregular o poco ejemplar, incompatible con el cargo; ante eso la reacción debe ser la retirada del cargo de manera voluntaria u obligada, con independencia de la existencia de otras penas. Caso de ser falsa la acusación sería necesario establecer penas políticas y mayores sentencias penales al calumniador y al partido político que le ha dado cobertura o se ha aprovechado, ofreciendo la rehabilitación e indemnización al inocente. La calumnia tampoco debe ser gratuita.  

    Digo esto ahora, porque esta situación de irresponsabilidad política no se ha dado hasta ahora en nuestra democracia. Veamos ejemplos de dimisiones fuera de la transición en las que hay planteamientos éticos: con Felipe González dimitieron Miguel Boyer (economía y hacienda), Narcís Serra cuando era vicepresidente del gobierno, Julián García Vargas (defensa), Vicente Albero (agricultura), José Luis Corcuera (interior), Julián Garcia Valverde (sanidad), Alfonso Guerra (vicepresidente)… con José María Aznar dimitió Manuel Pimentel (trabajo), con Zapatero, Mariano Fernández Bermejo (justicia), Jordi Sevilla (administraciones públicas), Bernard Soria (Sanidad), Pedro Solbes (Economía y hacienda)… La lista demuestra que en otro tiempo se asumieron responsabilidades políticas.  

    Ahora, el partido del gobierno está inmerso, desde hace años, en un caso de corrupción general, la trama Gürtel-Bárcenas, con una larga y escandalosa trayectoria, despertada de su sueño jurídico gracias a la publicación por El País de la contabilidad de Bárcenas. Un proceso en el que el único sancionado fue el juez del caso por unas escuchas, declaradas ilegales, que demostraban de manera evidente la culpabilidad de los inculpados. Un asunto que afecta a la cúpula del “PP” y a parte del gobierno, especialmente a su presidente. Además, éste es un gobierno del que sabemos que su presidente y la mayor parte de los miembros han mentido públicamente, han ocultado la verdad y han incumplido infinidad de compromisos; que han empobrecido a buena parte de los españoles y favorecido a la banca; que han destrozado la educación y la sanidad; bajado los sueldos de los trabajadores el 8,9% y disminuido sus derechos, cargando sólo sobre ellos el aumento de la competitividad; que su resistencia al cambio de la Ley Hipotecaria, causa de infinidad de daños y muertes, se va a realizar de forma rápida porque Europa ha declarado la Ley ilegal y contraria a los derechos humanos. Pese a todo nadie, tanto del partido como del gobierno, ha asumido responsabilidad política alguna. Ante la evidente falta de ética, deben  responder ante la justicia.

    Sin duda, los poderes ejecutivo y legislativo se han separado del pueblo, sin embargo los jueces han llegado a escuchar el clamor de los desahucios y ahora pueden frenarlos. Esperemos que en este tiempo definitivo para el caso Gürtel-Bárcenas, no ganen, como antes, los magistrados sumisos sino los justicieros. Sin duda el pueblo, al que corresponde lograr el cambio, ha demostrado que si quiere, puede. 

CONTINÚA EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO

    Durante el reinado de Isabel II se exigía el carácter gratuito, obligatorio y honorífico del cargo de Alcalde o Regidor, lo que impedía que estos cargos pudieran ser ejercidos por personas sin medios económicos. La situación colaboró a la extensión del caciquismo. Los momentos históricos democratizadores solían incluir el sueldo para los alcaldes con el sano objetivo de generalizar el acceso a esa responsabilidad y facilitar las libertades. Hoy, en franco retroceso democrático, el gobierno hace improvisados recortes y disminuye los cargos públicos municipales, en el marco de un discurso populista como si lo hiciera para castigar el enriquecimiento de los políticos.

     La reforma de la Ley de Régimen Local nace rodeada de razones exclusivamente economicistas: se realiza para ahorrar, sin conocer, como es costumbre, a cuánto alcanza ese ahorro, se habla de entre 3.700 y 10.000 millones de €, según las fuentes. La excepción parece ser Madrid (con más déficit que todos los ayuntamientos de España juntos), premiado con un ministerio a su Regidor. Lo difícil de entender es que los municipios, en su mayor parte, han respondido bien al saneamiento del déficit. El borrador nace también con la idea fija en deshacerse de personal, una obsesión aplaudida en una Europa que desconoce la importancia histórica de los ayuntamientos en España. Los expertos populares no pierden de vista el beneficiar al partido, pues buscan sacar provecho en las próximas elecciones locales al eliminar el 30% de los concejales, dificultando la representatividad de los partidos menores con los que no pactan; a la vez que facilitan y aceleran las privatizaciones de los servicios municipales. Para nada se tiene en cuenta la consideración de las demandas que atienden estas instituciones, sus escasos medios y la calidad democrática conseguida, pues han sido las únicas instituciones que han favorecido la participación ciudadana; situaciones que deberían ser muy tenidas en cuenta en la decisión final. 

     Es cierto que la Ley de régimen local vigente necesita una importante reforma para ordenar las haciendas locales y evitar arbitrariedades en contrataciones, materia de calificación de suelo y la utilización de servicios mancomunados entre otras. El hecho de resucitar las diputaciones, organismos de elección secundaria (son elegidos a dedo por los correspondientes partidos) y con escasísimas competencias, sobre los órganos de gestión municipales, supone un retroceso en la autonomía municipal que puede ser inconstitucional. Recordemos que el borrador impone que aquellos ayuntamientos menores de 20.000 habitantes (la inmensa mayoría) que incumplan la Ley de Estabilidad, traspasarán sus competencias a las correspondientes diputaciones.

     Supone además un nuevo ataque al medio rural al eliminar las entidades locales menores, las pedanías y el sueldo de los alcaldes de estos pequeños municipios. En este caso la situación se produce cuando se están suprimiendo en ellos los servicios médicos de urgencia y las escuelas; hay en marcha una ley que permitirá la venta de los montes públicos y se ha mermado el personal, maquinaria, helicópteros y torretas de vigilancia en materia de incendios. La disminución de población y recursos en este medio puede ser el principio del fin de nuestro inmenso patrimonio natural.

    Desde el punto de vista de la participación, el proyecto de ley no cuenta con el apoyo de ningún partido de la oposición, ni de FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), tampoco de la mayoría de las Federaciones regionales del PP. No se ha convocado a la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, el foro adecuado para el debate del borrador. De nuevo el gobierno improvisa y busca su  provecho en lugar de estudiar con los organismos adecuados una estructuración de los municipios que rentabilizara el gasto y fuera aceptada por todos. 

…Y, VUELTA A LO MISMO

     Parece que existe interés por parte del gobierno y del partido que lo soporta en no explicar de manera clara los sucesos que le rodean. No parecen interesados en conseguir algo que desde el plano político y el económico resulta imprescindible: la credibilidad. Por otro lado el pueblo español está sufriendo inexplicables recortes y enormes injusticias sociales, sin que estén surgiendo brotes significativos de violencia social. Pese a todo, el gobierno llena sus intervenciones con gestos despectivos, con falta de transparencia, con soberbia, con la irracionalidad que supone negar soluciones alternativas y con la mentira. Todos ellos, comportamientos que fomentan la violencia. El gobierno debiera controlar, al menos, sus gestos de suficiencia. Muchos tenemos la sensación de que los ministros desconocen nuestros problemas y no ven más allá del déficit y las cifras más o menos amañadas que nos cuentan, mejoras que nunca llegan a la economía real, pese a los discursos de un presidente cada vez más lejos de los ciudadanos.

     No  podemos entender cómo Cospedal, una Abogada del Estado, relata esta semana la situación de Bárcenas, llenando su intervención de balbuceos y de irregularidades jurídicas, lo mismo que su vicesecretario, doctor en Derecho, que relata cosas inverosímiles para explicarnos la situación laboral de Bárcenas y Sepúlveda. Por no contar el discurso del presidente del gobierno, todo un Registrador de la Propiedad, para  explicar la falsedad de los papeles de Bárcenas delante de Ángela Merkel. Pero lo más vergonzoso es que a los pocos días los acontecimientos nos digan que todo lo que dijeron era mentira. Ya parece no tener valor lo que dijo Cospedal, “cada palo que aguante su vela”, o Rajoy: “hay que llamar al pan, pan y al vino, vino”. El cubrir una mentira con otra sólo hace más abultada la mentira inicial. No olvide Sr. Presidente que el asunto de su partido es para los españoles un problema exclusivamente político que afecta a su credibilidad y sólo a Vd. corresponde decir la verdad para desatascar de una vez por todas la agenda política de su gobierno, cuya paralización tanto perjudica a España. Otra cosa, no menos importante, son las responsabilidades civiles y penales en las que hayan podido incurrir miembros de su gobierno, de su partido o Vd. mismo, si así lo decide la justicia. Todos sabemos que los tiempos jurídicos no se corresponden con las urgencias de claridad que hoy necesitamos. Acelere sus explicaciones ante nuestro pueblo, fundamentalmente en sede parlamentaria y no nos haga más desprecios. Como Vd. dice tantas veces, la soberanía reside en el pueblo y no en la Sra. Merkel ni en su partido. 

     Nos cuentan, con un especial contento, que las cifras económicas son estupendas y en el mismo día conocemos que en 2012 hemos tenido un crecimiento negativo de -1,4% de PIB con el agravante de la aceleración de la caída en el último trimestre y que la inflación sube más que en el resto de Europa. Es decir vamos peor. ¿A quién creemos?... El anunciado déficit del Estado del 6,7% del PIB, con el aplauso de sus palmeros es, ya reconocido por Hacienda, del 10%. Ahora Montoro anuncia que no habrá más recortes sobre los 23.000 millones de € que se contemplan en el presupuesto, aunque esta vez parece no haber tenido en cuenta el aumento posterior de los intereses de la deuda. ¡Dios salve a nuestro pueblo!

     Los socialistas gallegos se han decidido por elecciones primarias, cosa que permite el reglamento del partido. Me gustaría que esa solución la compartiera todo el PSOE de forma rápida y unánime. Sería un buen comienzo del deseado cambio.

ÚNICO OBJETIVO: LA PERMANENCIA EN EL PODER

    El primer debate sobre “El Estado de la Nación”, celebrado tras quince meses de espera, ha dejado en muchos españoles la sensación de no haber resuelto los muchos problemas que tenemos pendientes. Como elemento importante para la estabilidad de gobierno y la marca España, seguimos con la duda sobre la implicación del propio presidente en la corrupción. Pero también hemos asistido al discurso de una oposición que no ha querido hablar como una sola voz y “exigir” que el debate se ajustara a las inquietudes de la calle, obligando al presidente del gobierno a dar explicaciones previas sobre el caso de corrupción que tan directamente le implica so pena de no participar por falta de legitimidad ética. La oposición ha preferido defender sus pequeños intereses electorales o patrióticos. Al final, sin agobios en el debate, se ha permitido un respiro a un gobierno acosado, entre la alegría de sus palmeros. De nuevo hay que esperar que el pueblo, las investigaciones de todo tipo y Bruselas vuelvan a poner las cosas en su sitio. 

     Unas horas después, gracias a la investigación de algunos expertos, conocemos que la presunción de Rajoy de haber conseguido un déficit inferior al 7% se debe a que no ha considerado las ayudas públicas a la banca como exige Europa, con lo que el déficit efectivo puede llegar al 10,3%. En el año 2011, con ese mismo cómputo el déficit estuvo próximo al 8,5%; si a ese dato le añadimos una deuda del 70%  en el final de aquel año (ahora estamos cerca del 100%) resulta que la herencia recibida no fue tan mala, y que la excusa no solo era inútil, era, como siempre, mentira. También sabemos que Hacienda ha retrasado las devoluciones del IVA y de sociedades, lo que supone no incluir como gasto alrededor de 5.000 millones de euros que se han pasado a 2013. Por otra parte Hacienda ha dado orden a la Intervención General del Estado para  no reconocer gastos y deudas de ayuntamientos y comunidades a partir de mediados de noviembre, lo que supone reducir considerablemente el gasto de estos organismos, falseando el déficit real. Es decir, el gobierno nos engaña con cifras no ajustadas a la realidad. El sufrimiento de millones de españoles en este último año no ha servido para nada. Europa ya advierte de otro nuevo engaño, al decir que buena parte del dinero dado a la banca deberá ser pagado por todos los españoles, pese a que Montoro, Guindos y Rajoy decían lo contrario.

    Por su parte Bruselas, como ya hiciera antes el FMI, ha desmontado la previsión del crecimiento multiplicando por tres las previsiones negativas del gobierno en la confección del presupuesto para 2013. A su vez, el mismo organismo europeo ha previsto para 2014 un déficit del 7,2% (sin contar las ayudas públicas a la banca), lo que supone que seguirá creciendo para el próximo año, echando por tierra las previsiones anunciadas por el presidente a la vez que empeora sus pronósticos del agujero fiscal. En pocas horas se han desmontado buena parte de las afirmaciones del Congreso, gracias a lo cual la euforia de la salida toca a su fin. La frase de Rajoy “antes no teníamos nada, ahora tenemos futuro”, resulta enormemente hueca a las pocas horas de pronunciarse.

    La pelota Bárcenas continúa creciendo: el jueves se enriqueció con la noticia de que éste había realizado ante notario, el pasado 14 de diciembre, “un acta de manifestación de hechos” advirtiendo al notario que la hiciera pública si iba a la cárcel. Además, intentó falsificar su letra ante el fiscal para eludir la autoría de los cuadernos. En resumen sabemos que son auténticos los publicados por El País el pasado 31 de enero y que el chantaje es cada vez más verosímil. Circunstancias, todas ellas, que obligan a una explicación urgente en las Cortes sobre las mentiras y las corrupciones o a pedir la dimisión. Si no es así y ante tanta evidencia ¿Para qué sirven las Cortes?

¡HASTA CUÁNDO!

    Esta semana he podido conocer que en sólo 24 horas altos personajes del gobierno han dicho hasta seis veces una cosa y su contraria. Lo malo no es la falta de credibilidad que ese tejer y destejer produce, lo perverso es que en sus afirmaciones y negaciones pretenden tener razón en ambas posiciones. Cospedal en esas horas de contradicciones afirmaría que “rectificar es de sabios”, sin acordarse de la segunda parte de ese dicho: “y es de necios hacerlo a diario”. Todo menos pedir perdón.

    El presidente Rajoy, respondiendo a un periodista británico en unas jornadas de “The Economist”, ha dicho: “No he cumplido mis promesas electorales, pero siento que he cumplido con mi deber”. Parece que, en el sentir del presidente, no cumplir lo prometido es un deber de su cargo. ¡Curiosa ética! Un día no lejano, habló de las grandes virtudes de Bárcenas y ahora, cuando está implicado, niega todo sin razones, a la vez que le mantiene en nómina. Para mayor confusión, huye de explicaciones parlamentarias y ruedas de prensa, dando pie a todo tipo de sospechas. Presenta, como un gran alarde de transparencia, sus declaraciones de la renta que han servido únicamente para demostrar que las afirmaciones públicas, cuando habló de sus estrecheces y ganancias, eran mentira.  La indignación pública sigue aumentando por lo que está ocurriendo, ahora el procesado Bárcenas, sin medidas cautelares, se encuentra desde hace una semana esquiando en Canadá, desde donde puede destruir pruebas o, si le conviene, fugarse. Y el gobierno como si nada ocurriera.  

    Por otra parte, las políticas realizadas para salvarnos de la crisis, han servido para hacer más pobres a los débiles y más ricos a los fuertes, abriendo enormemente las diferencias sociales. Así, contemplamos cómo miembros representativos de la patronal deslocalizan sus empresas, pagan con dinero negro, sobornan políticos o estafan. Vemos  cómo muchos banqueros, los mismos que han estafado con engaños a los clientes, se enriquecen y el gobierno acude rápido a hacerse cargo de las pérdidas con el dinero de todos. Mientras, como no hay, hunden la educación, suben las matrículas, destrozan la investigación y ponen la sanidad en manos de empresarios amigos. En un mismo orden de cosas, a un año de la vigencia de la ley 3/2012, el paro supera el 26%, hace emigrar a buena parte de la juventud, lleva a los trabajadores a aceptar salarios de miseria, a la vez que se estima que las horas extraordinarias hechas y no pagadas pueden suponer el equivalente a 300.000 puestos de trabajo, abundando situaciones laborales cercanas a la esclavitud.

    Además de todo esto, su estilo de gobernar nos muestra un paisaje de ministros que siempre tienen razón, que humillan a los funcionarios, que son incapaces de dimitir pase lo que pase, que sólo escuchan bajo importantes presiones, que no les importan las consecuencias de acciones tan irresponsables como las tasas de la justicia o los desahucios, de los que, pese a los compromisos de la vicepresidenta, aun no saben si quiera cuántos son los afectados, habiendo cedido a las presiones después de una cadena de suicidios. Esperemos que la solución no tenga que venir de la denuncia puesta el pasado 23 de enero, desde Ecuador, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sería otra vergüenza pero que tampoco traería dimisiones.

    Estamos en un nivel tan bajo que, además de una lucha contra la crisis, tenemos planteada la reconquista de la dignidad de España y la recuperación de una democracia que sentimos se nos está escapando de las manos. Quizás deberíamos pensar que los indignos no llegan al poder por sus méritos, sino por los fallos, los descuidos y los silencios de los demócratas.

JAQUE A LA DEMOCRACIA

     El presidente Rajoy contaba, donde quisieran oírle, que iba a ser el líder de la transparencia. Era, según decía, la única forma para salir de la crisis. Ahora, ante un problema que pone en riesgo al país y que le obligaría a colaborar en su esclarecimiento, se limita a negarlo todo fuera de los cauces democráticos, permitiéndose dar más importancia a los intereses del partido que a los de España. Un jaque a la democracia.

    Cuando el pasado jueves El País sacó “los papeles secretos de Bárcenas”, un asunto que ha trascendido fronteras y dejado al país en estado de coma, el presidente reaccionó despreciando lo que le obliga su representación, las formas y los valores democráticos: primero se escondió, como siempre, dejando a la secretaria general que diera la cara con un guión aprendido y sin razones; después, en un acto exclusivamente de partido, permitió que los españoles, incluida la prensa (nunca sabremos por qué asistieron), pudiéramos ver y oír lo que decía a los suyos. Después hubimos de esperar dos días más para que, en presencia y con el apoyo de la Sra. Merkel, hiciera una comparecencia desde Alemania absolutamente vergonzosa. Transcribo exactamente lo que dijo, para que cada uno opine: “Todo lo que haya se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido mío que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera es total y absolutamente falso.” Un auténtico galimatías. Si quitamos las palabras nerviosas y las mal expresadas referencias (lo subrayado), lo que queda es absolutamente contradictorio y difícil de entender. Además, dio pié a una intromisión inexplicable de la Sra. Merkel en un asunto exclusivo de los españoles. Pues bien, con esas dos presencias, Rajoy ha considerado solventado el asunto desde el punto de vista político, dando órdenes a su portavoz para que su grupo bloqueara todas las comparecencias de él y de sus ministros en el Congreso. Una orden que supone dejar en suspenso una de las funciones importantes del Parlamento: el control del gobierno. 

    La razón dada ha sido: “como está en manos de la justicia no deben realizarse intromisiones con el caso Bárcenas”, lo que supone alejar del debate las responsabilidades políticas y el esclarecimiento de los hechos, a la vez que amenazan con infinidad de pleitos. ¡Qué poco da de sí la política para los que no creen en ella! A la vez siguen desprestigiando al PSOE y a Rubalcaba, diciendo auténticos disparates, sin tener en cuenta la situación política. Deberían saber, de una vez por todas, que lo que interesa a los ciudadanos es su futuro y saber si estamos gobernados por un grupo de corruptos. El PSOE, al que se castigó duramente en elecciones pasadas, no puede ser la coartada que se emplee para ocultar la corrupción y el mal gobierno. Al mismo tiempo, el grupo dirigente mantiene una arrogancia que crispa cada vez más a los ciudadanos, mientras que la pelota del desprestigio crece y crece cada día. La permanencia de Ana Mato en el gobierno, por ejemplo, no lo entiende ninguna mente sensata; nos dicen además, con una ignorancia supina de sus leyes, que no pueden despedir al exmarido de la ministra. Los cambios en el gobierno y en el “PP” deben ser para ya. 

    Es urgente una ley de transparencia, que garantice que una elección democrática no es un cheque en blanco para que el elegido haga lo que quiera. La democracia no es una dictadura que se cuestiona cada cuatro años. La esperanza última está en un pueblo que cada vez toma la calle en mayor número, motivado por la desconfianza, la intranquilidad, la confusión y la rabia que les inspira las políticas y los políticos, sólo es consciente de que le están quitando el futuro. La justicia, que parece estar actuando adecuadamente, debe acelerar sus resoluciones. Así lo espero.

UN GOBIERNO SIN CREDIBILIDAD Y BAJO SOSPECHA

     En  pocos días, el huracán informativo de El País ha barrido la vieja estrategia del “PP” para ocultar su corrupción. Sin querer, me ha traído la memoria el excelente trabajo de la SER sobre la autoría del 11M. Otra inmoral trama del PP. 

     Más de dos años atrás, herencia de Zapatero, se iniciaba el caso Gürtel sobre la financiación ilegal del “PP”. Cospedal, desde Costa Rica, realizaba las siguientes declaraciones: “denuncio a todas las instituciones del Estado y de una manera especial a la fiscalía general, a la policía judicial y a la vicepresidenta De la Vega por su política partidaria en la persecución del “PP”; luego le tocaría el turno al juez Garzón. Era el estilo de la oposición de entonces. Hace unos meses, ya con aquellos del “PP” en el gobierno, la estrategia consistía en resaltar las virtudes de Bárcenas; después, para irse alejando del personaje, resaltaron que ya no militaba en el partido; más adelante negaron sin éxito, algo tan rocambolesco como que aun le tenían en la sede de Génova despacho, secretaria, coche y aparcamiento. Ya olía a chantaje. Más adelante todo el “PP”, incluido Rajoy, opinaban sobre el pago con sobres, repitiendo, “no me consta” a la vez que Cospedal decía con dureza “que cada palo aguante su vela”, pretendiendo autoexculparse. Todos mintieron una y otra vez, sin importarles el daño a su pueblo.

     Ya con El País en la calle, descubiertos los papeles de Bárcenas con los sobresueldos a la misma Cospedal, Rato, Mayor, Arenas, Acebes, Cascos, los viajes de Ana Mato (con informe detallado de la policía) y Rajoy, entre otros, y las donaciones al partido de personas y empresas hasta 7.500.000 €., la secretaria general del “PP” convocaba una rueda de prensa en la que afirmaría: "Niego “rotundamente” lo que dicen los documentos publicados y proclamo la “absoluta” transparencia de mi partido"; además anunciaba una querella contra el mensajero y no contra Bárcenas, a la vez que pretendía hacernos creer que la solución a todo eran las conocidas auditorías. Mientras esto hablaba, García Escudero, presidente del Senado, afirmaba que era cierto lo que decía el periódico, pues efectivamente había recibido un préstamo de 5.000.000 de pts. Al día siguiente sabíamos que el 70% de los donativos eran ilegales, a la vez que otros destacados miembros del “PP” afirmaban que era cierta la información, al mismo tiempo que un calígrafo afirmaba que era la letra de Bárcenas la que figura en los documentos. Las mentiras ahora  para ganar tiempo. 

      Pero la cosa no acaba aquí, Montoro, designado por Rajoy (el que nunca comparece), con su habitual cinismo y tono despectivo, afirmaba en el Congreso que desconocía que Bárcenas hubiera utilizado los beneficios de su amnistía fiscal y que no habría problemas, pues no se permitía el uso a procesados. La afirmación sería inmediatamente desmentida por el propio Bárcenas al presentar en la Audiencia Nacional los documentos que acreditaban que se benefició en casi 11 millones, pagando algo más de 1 millón de impuestos (le hubiera correspondido pagar casi cinco millones); a la vez que los inspectores de su ministerio aclaraban las dificultades para el castigo, dejando en ridículo al ministro y con cara de idiotas a los sufridos ciudadanos que veían como una ley del gobierno legalizaba el dinero de todo tipo de delincuentes y además con ventajas fiscales. 

     La comparecencia de Rajoy, no permitiendo la entrada a periodistas cuando se dirigía a la cúpula del partido en una reunión extraordinaria, es un tanto irregular y poco democrática. Abundó en la estrategia de Cospedal: declaró apócrifo el documento, negó cualquier cobro irregular de él y de su partido, insinuó una conspiración y dijo que haría pública su declaración de la renta y patrimonio. Seguimos necesitando explicaciones en sede parlamentaria donde se discuta el futuro de su actual gobierno, a la vez que se pacta una dura ley para que esto no ocurra jamás. La crisis necesita para su solución un gobierno con fuerza moral suficiente para exigir sacrificios, dialogar y dar explicaciones; el actual ha demostrado su total incapacidad para esta tarea. Nuestro pueblo, que ha soportado la soberbia de unos dañinos recortes que le han empobrecido, ha visto en ese tiempo triunfar a banqueros, empresarios y políticos corruptos. Sería un error dejar exclusivamente en manos de la justicia esa enorme falta de honradez y de escrúpulos, así como el frecuente uso de mentiras. Buscamos legitimar nuestra democracia con valores morales. La legalidad de la justicia va a tropezar con un sistema que no es precisamente activo contra la corrupción, además ya se ha producido la prescripción de algunos de los delitos; van a existir enormes dificultades para obtener las pruebas que demuestren que los dirigentes de las instituciones más diversas han utilizado en beneficio propio y de su partido el dinero de todos. Tenemos la seguridad que nos da la experiencia de que nunca se devolverá lo robado y que esos culpables no irán a la cárcel. Cuando termine el proceso ya habrá pasado la legislatura y todos mirarán para otro lado. Es muy previsible que en la estrategia del gobierno esté prevista la utilización de esta vía, pues la maraña de pleitos hará cada vez más difícil y tardío el esclarecimiento de todo. ¡Ojalá tenga que escribir lo contrario! 

     Por último, siendo verdad que el gobierno dedica más tiempo a desprestigiar a la oposición que a explicar y razonar sus propias políticas, el PSOE tiene también la responsabilidad de acelerar sus necesarios y radicales cambios para presentar una alternativa creíble que elimine la actual incertidumbre y propicie el diálogo con todos los partidos y ciudadanos, pues España vive el momento más difícil de los  últimos años. Hasta la monarquía está en tela de juicio y demasiados ciudadanos empiezan a dudar de las ventajas de la democracia.