El sistema financiero actual está formado por instituciones públicas y organizaciones privadas que no tienen carácter productivo, sino únicamente especulativo. Proporciona los medios de financiación a la economía internacional, casi siempre aumentando su influencia sobre el poder político de los estados sometidos a su especulación. Forma en su conjunto un nuevo sistema capitalista, no democrático ni sometido a las normas fiscales de las naciones por estar amparado en la liberalización que facilitan las políticas dominantes. Es un campo plagado de ideologías e intereses individuales; sus métodos de trabajo no están ajustados a ningún esquema de técnica económica ni a normas de carácter moral. Parte de su trabajo se basa en ocultar los desarreglos que producen en el sistema productivo, circunstancia que utilizan aumentando sus ganancias en los países sin solucionar su crisis. Los gestores basan su éxito en mover capitales con simples anotaciones y complejas situaciones de gestión, lo que les hace estar exentos de huelgas u otras presiones sociales. La presencia real de sus inmensos capitales se detecta fundamentalmente en los paraísos fiscales.
En España dominan en estos momentos, pues gozan de una desregulación total y una clara protección fiscal. Se evidencia, además, en la ausencia cada vez más notoria de POLÍTICA, en el hundimiento del sistema productivo, en el crecimiento de las desigualdades sociales, en el enflaquecimiento del Estado y en la adaptación del sistema legislativo fundamental a favorecer los objetivos que persiguen.
Respecto a esto último basta citar la modificación del art. 135 de la Constitución que, entre otras cosas, el apartado 3, establece: "los créditos para satisfacer los intereses y el capital de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”. Un texto vigente desde el 27 de septiembre de 2011. Un dominio financiero sobre los aspectos sociales, situación que se endurece notablemente en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Normas del más alto nivel jurídico, de difícil modificación, que crean unas rigideces financieras que hacen inviable el Estado de Bienestar. A lo que habría que unir las leyes que merman los derechos de los trabajadores, la práctica congelación del salario mínimo (sube el 0,6%) o la privatización de los servicios públicos. Aspectos que reflejan un panorama de empobrecimiento de la población, una pobreza cada vez más abundante, de la que será cada vez más difícil salir.
Si nos asomamos al panorama internacional, la situación se complementa con la disminución de más del 65% de las ayudas a los países más pobres de Asia, África y América del Sur, así como a los campamentos de refugiados; a la vez que el afán de ganancia acelera la explotación inhumana de los recursos estratégicos de estos países. Lo que está produciendo el aumento de los conflictos bélicos locales, el trabajo de la infancia, las violaciones, el aumento de enfermedades y epidemias, la desnutrición… Aspectos que traen como consecuencia la muerte de millones de personas, especialmente niños. Una mortandad que supera con creces algunas de las grandes guerras. Lo peor es que los que propician estas situaciones están lejos, no se creen culpables y se permiten los mayores lujos protegidos por la más absoluta impunidad.
Esperemos que el año próximo nos traiga la regulación de los servicios financieros, su democratización, la supresión de los paraísos fiscales y una buena salud.
