domingo, 27 de enero de 2013

DE NASEIRO A BÁRCENAS, CADA VEZ PEOR


     El caso Naseiro, iniciado el 28 de noviembre de 1988, nació por un pinchazo de la Brigada de Estupefacientes de Valencia en el teléfono de Palop. El contenido de las grabaciones dejaría al descubierto, sin lugar a dudas, la existencia de operaciones inmobiliarias para financiar al “PP”. El juez Manglano ordenó la detención de Naseiro, Sanchís y Palop, dejando el caso en manos del Supremo por la condición de Diputado de Sanchís. El alto tribunal archivó el caso por escuchas ilegales. Desde entonces, sin responsables políticos, la corrupción ha seguido desacreditando la política e incluso la legitimidad de la democracia. A veces, lo legal no es lo justo ni lo conveniente. 
     El llamado caso Gürtel, abierto por el juez Garzón el 6 de febrero del 2009, se inició también en Valencia, aunque con un recorrido jurídico mucho más tortuoso, pues además de declarar ilegales las escuchas que demostraban las acusaciones, costaría la carrera (inhabilitado durante 11 años) al prestigioso juez del caso, en situación mucho más confusa y con un importante apoyo jurídico nacional e internacional sobre su inocencia. Garzón sería elegido el 7 de julio de 2011 miembro del Comité Europeo para la Prevención de las Torturas y los Tratos Inhumanos o Degradantes, toda una ironía a la que se uniría la petición, sin respuesta, realizada al ministro Gallardón para su indulto por la asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (15.000 jueces). Un ministro que ha demostrado menos escrúpulos en otros indultos.
     El caso Gürtel afecta a 23 empresas y cinco autonomías del “PP”; ha costado la dimisión de 1 consejero de la Comunidad de Madrid, 1 diputado y 2 senadores de las Cortes Generales, 1 diputado de las Cortes Valencianas y 2 alcaldes, todos considerados implicados por su partido. Pese a la gravedad y a la repercusión social e internacional, el gobierno evita un desenlace contundente en tiempo adecuado para ganar confianza. Así lo confirman los recientes compromisos de auditorías externas ya prometidos e incumplidos hace tres años; el anuncio por Cospedal de la desaparición del despacho de Bárcenas desde abril del 2010, en cuyo teléfono aún contesta su secretaria para desmentirlo; nadie niega que sus documentos están en la sede del “PP”, pero no los ponen a disposición del juez. Nadie actúa para conocer cómo han entrado los 10 millones de €, demora que facilita su salida a otro paraíso fiscal; Rajoy no va al pleno del Congreso y Montoro insulta a la inteligencia en la comisión de E y H. Esperaremos más datos, pues este caso parece unido a  una lucha interna, algo mafiosa, en el “PP”.
     Mientras la corrupción sigue imparable, el gobierno, que nos cree tontos, cuenta una extraña realidad de España para este año, pero los datos marcan algo muy distinto:
  • La EPA dice del primer año de Rajoy que han destruido 850.000 empleos y creado 700.000 parados. El paro juvenil ha subido al 55%, mientras el empleo es más precario y el salario más bajo. La nueva ley está siendo nefasta y no será suyo el éxito cuando el empleo suba con el crecimiento. Eso ha pasado siempre.
  • Pese a los enormes sacrificios incumplimos, el déficit supera al previsto en casi 1 punto. Otro fracaso en la meta principal del gobierno. 
  • Estamos siendo ninguneados por Europa. El único cargo es el socialista Almunia. En un solo año han desaparecido tres cargos españoles.
  • Mientras la zona euro frena su caída, el FMI da en 2013 para España una bajada de -1,50%, tres veces más de lo previsto por el gobierno…
  • Demasiados problemas para tan poco gobierno, 2013 puede ser el peor año de la crisis. La oposición debería reaccionar ilusionando a los suyos con caras nuevas. 


domingo, 20 de enero de 2013

AHORA, LA SANIDAD RURAL


    Castilla-La Mancha, debido a que su presidenta es también la secretaria general del “PP”, se está transformando en el territorio modelo de las políticas más duras del gobierno de Rajoy. Su interés por ser la adelantada está aumentando, pues parece adivinar un cambio de gobierno; además en su región, con un solo diputado de diferencia, sabe que tiene poco futuro. Por eso no debemos esperar concesiones, explicaciones ni razones de sus actos. Salvo que las movilizaciones creen un clima social que no esperan y se lo pida el propio Rajoy o exista sentencia firme del TSJCM.  
    Toca recorte en la sanidad rural, por ser ésta una parte del pastel que no es precisamente un nicho de negocio para la privatización como puedan ser los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Villarrobledo y Almansa y muy especialmente Toledo y Ciudad Real que al parecer van a seguir el camino que en este caso nos marca Madrid.
    La Orden de la Consejería de Sanidad por la que se reducen los horarios de las urgencias en los Puntos de Atención Continuada afecta a 21 localidades. No parece estar respaldada por un estudio solvente que justifique lo que ordena; no se han dado explicaciones, ni se ha contado con el respaldo de los profesionales implicados. En algunas poblaciones se vulnera la ley estatal que obliga a la atención continuada en poblaciones a una distancia máxima de 30 minutos. La presidenta, en un alarde de desconocimiento de su región, afirmó públicamente que en ningún caso se superaban los 15 minutos. La realidad del territorio afectado indica que hay al menos 12 itinerarios que superan los 30 minutos que marca la ley, como muestra tres casos: La Vegallera-Elche de la Sierra en Albacete (comprobados 44 minutos con acta notarial), Majaelrayo-Cogolludo e Irueste-Sacedón ambos en Guadalajara. Por esa y otras razones, algunos alcaldes, el primero el de Tembleque, han presentado recurso contencioso-administrativo y el TSJCM ha suspendido cautelarmente la Orden. No cabe duda que el TS ha visto el importante daño social de su aplicación para decretar la suspensión, pese a corresponder ésta a las potestades organizativas del gobierno regional.
    La decisión no parece haber tenido en cuenta que de los 100.000 vecinos afectados hay muchos mayores de 70 años, algunos viven solos y sin cobertura telefónica, no conducen y tienen poquísima movilidad, lo que hace difícil la utilización de alguna de las alternativas que se proponen. Hablamos de poblaciones que tienen caminos de montaña de difícil trazado y mala meteorología. Muchos profesionales dicen que es preciso ver al paciente  para decidir y que por teléfono no es posible. El consejero ha afirmado que hay una urgencia por noche; los médicos afirman que son 10 o 20. El presidente del Colegio de Médicos de la región se ha preguntado: ¿Quién será responsable ahora si ocurre una desgracia en alguno de los municipios afectados? 
    Tampoco se conoce un estudio económico que establezca detalladamente el ahorro y el coste de las alternativas propuestas (ambulancia, teléfonos y hasta helicóptero), tampoco se han buscado ahorros de menor coste social (suprimir la partida de divulgación y campañas institucionales, rebajar el número de cargos de confianza o suprimir privilegios a los expresidentes…). El consejero, como respuesta, va a recurrir la suspensión e incluso amenaza con un plan B más duro. Todo menos dialogar.
    Sra. Presidenta, en el periodo de su dirección política nos tiene acostumbrados a continuas contradicciones en su discurso, a costosas descoordinaciones en la gestión y a una gran insensibilidad hacia todo lo social. Tenga en cuenta que los ciudadanos afectados no tienen la culpa de vivir en lugares apartados de la región y tener que depender de sus decisiones.  

domingo, 13 de enero de 2013

IDEOLOGÍA, NEGOCIO Y CORRUPCIÓN (Continua el análisis del primer año de gestión)


En las pasadas elecciones generales, el “PP” se presentó con un programa que pretendía marcar sus principios ideológicos. Estaba basado en la bajada de impuestos, el respeto a determinadas líneas rojas de tipo social y una serie de reformas estructurales escasamente definidas. Al mismo tiempo que pretendía un enflaquecimiento del Estado y un aumento del centralismo. La gestión del pasado año ha descubierto la realidad de lo que pretendían: las llamadas líneas rojas eran únicamente el reclamo para conseguir el voto de los desengañados por la crisis; las reformas estructurales no estaban pensadas ni tenían previsto cómo hacerlas; respecto al enflaquecimiento del Estado, el centro de su ideología, se ha ido transformando en una excelente línea de negocio para los suyos a la vez que la tarea pública, especialmente la autonómica, aumentaba la ya generalizada corrupción. Por último, la desesperada salida de CiU, su tradicional colaborador, ha dejado al descubierto la ausencia de ideas políticas del PP ante los problemas de Estado, a la vez que muchas de sus autonomías no admiten ya el centralismo. Han acertado en que el momento para defender sus intereses ha sido el adecuado, pues gracias al clientelismo generalizado en el país no existe fuerza moral en los partidos políticos, en los sindicatos ni en buena parte de los movimientos sociales. 
      En esta situación los afectados por el expolio social salen a la calle indignados ante las privatizaciones y los recortes, llenos de razones, a la vez que se ven impotentes para contener el empobrecimiento de unas clases medias que han experimentado en 2012 la mayor caída de ingresos desde que existe este dato, agudizado por las injusticias de un gobierno que obstaculiza la defensa jurídica de los ciudadanos y modifica las reglas democráticas relacionadas con la protesta. Mientras vemos cómo se pierde prestigio internacional, se incumplen los objetivos económicos marcados por Europa y España se hunde en una desesperante caída que hace inútiles los sacrificios realizados. Para mayor ignominia, el FMI, el mismo que propició y alabó los recortes, dice que por ese camino nuestro país va hacia la ruina. Pese a ello, nadie parece tener intención de cambiar el rumbo que nos ha llevado a los recortes, e iniciar de manera rápida políticas de crecimiento que disminuyan la gran lacra del paro.
      La privatización de la sanidad es un gran negocio que está siendo liderado por los grupos Capio y Rivera Salud (el de Alcira), donde se acercan a medrar muchos políticos del gobierno, quienes ocultan con eufemismos (“aprovechamos las sinergias entre lo privado y lo público” o “externalizamos servicios”), unas privatizaciones que se realizan sin estudios que las justifiquen y con una opacidad democrática absoluta. En la privatización de la enseñanza la gran beneficiada está siendo la jerarquía eclesiástica que actúa en esta cuestión como una sociedad anónima, aceptando con sus expresivos silencios las injusticias sociales de todo tipo que propician la pobreza. Mientras tanto, vemos impotentes cómo se degrada la enseñanza pública, disminuyendo los profesores en todos los niveles, los servicios complementarios, las becas, aumentando el coste de las matriculas, los másters…Muchos universitarios se van a estudiar a Francia por ser más barato.
      Vemos también que no hay interés en atajar la corrupción: el Banco de España, el organismo supervisor que podría evitar una parte, miró para otro lado; el Tribunal de Cuentas tarda años en sus informes así como las sentencias firmes en la justicia. Todo en un momento en que es más necesario que nunca conseguir el prestigio de la POLÍTICA para encontrar soluciones válidas, consensuadas y creíbles. 
      Ahora parece que la Camorra italiana busca cobijo en España. ¿Será casualidad?

domingo, 6 de enero de 2013

LA SENSACIÓN DE SER SUBDITO (Análisis de un año de gestión)


     Tengo esa mala sensación, mientras veo como el gobierno limita los derechos básicos de una democracia que, en un tiempo atrás, la sentía como ciudadano. Me refiero a la merma que están provocando en la calidad de los servicios públicos básicos por su utilización economicista; excusa con la que realizan recortes para privatizar la educación, la sanidad, así como para encarecer la justicia para eludir de su uso a los que menos tienen o abandonar a los dependientes. Al mismo tiempo que limitan el derecho de protesta y proliferan las investigaciones policiales sin control. Comprendo la necesidad de sacrificios para superar la crisis pero no la prepotencia que exhibe una mayoría que manda sin gobernar, tampoco la ausencia de explicaciones sobre lo que se nos  impone y, sobre todo, me domina una sensación de impotencia hacia un gobierno que exige sacrificios al pueblo, con frecuencia injustos, sin contar con ese pueblo. Mientras hace esto, protege a la banca, a los que evaden capitales, a los suyos con los que comparte una extraña mezcla de ideología y negocio, así como a las grandes corporaciones como las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Observo también cómo los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, o cómo los jóvenes, muchos de ellos bien preparados, tienen que emigrar por no tener futuro en su país. Por todo ello me siento súbdito. Aunque bastaría para sentirme así, el que no me considero representado por unos partidos políticos que fomentan la sumisión.

     Por otro lado, la evolución de la economía para cumplir con el déficit ha sido:

     Podemos decir que a doce meses de su investidura todos los indicadores económicos han acelerado su deterioro, a la vez que aumenta el paro. Hoy tenemos la misma población activa que en 2003 con cinco millones de habitantes más; con una disminución del 20% en las políticas activas de empleo. A su vez, la falta de transparencia ha creado 300 casos de corrupción política. Casos como el de Bankia y otros menos conocidos como el caso del Banco de Valencia al que se inyectaron 7.000 millones de euros de dinero público, vendiéndose poco después a la Caixa por el precio de un euro. Esa mala administración nos llevará a un déficit cercano al 7% del PIB.

     Otro elemento alarmante de este primer año ha sido la improvisación, pues si tuvieran un proyecto serio, profundo y consistente lo presentarían como un paquete conjunto y con sentido y no a base de decretos inconexos cuyos contenidos nadie conoce antes de que se anuncien.

     Rajoy ha dedicado mucho tiempo a oscurecer el pasado pero no ha conseguido iluminar el futuro. En 2013, hará una nueva exhibición de resistencia con improvisaciones, eufemismos y promesas. Como ha hecho siempre. Me está haciendo pensar que lo que es bueno para España no es bueno para los españoles. Curioso, ¿no?

domingo, 30 de diciembre de 2012

EL SISTEMA FINANCIERO: UN ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA


     El sistema financiero actual está formado por instituciones públicas y organizaciones privadas que no tienen carácter productivo, sino únicamente especulativo. Proporciona los medios de financiación a la economía internacional, casi siempre aumentando su influencia sobre el poder político de los estados sometidos a su especulación. Forma en su conjunto un nuevo sistema capitalista, no democrático ni sometido a las normas fiscales de las naciones por estar amparado en la liberalización que facilitan las políticas dominantes. Es un campo plagado de ideologías e intereses individuales; sus métodos de trabajo no están ajustados a ningún esquema de técnica económica ni a normas de carácter moral. Parte de su trabajo se basa en ocultar los desarreglos que producen en el sistema productivo, circunstancia que utilizan aumentando sus ganancias en los países sin solucionar su crisis. Los gestores basan su éxito en mover capitales con simples anotaciones y complejas situaciones de gestión, lo que les hace estar exentos de huelgas u otras presiones sociales. La presencia real de sus inmensos capitales se detecta fundamentalmente en los paraísos fiscales.
     En España dominan en estos momentos, pues gozan de una desregulación total y una clara protección fiscal. Se evidencia, además, en la ausencia cada vez más notoria de POLÍTICA, en el hundimiento del sistema productivo, en el crecimiento de las desigualdades sociales, en el enflaquecimiento del Estado y en la adaptación del sistema legislativo fundamental a favorecer los objetivos que persiguen.
      Respecto a esto último basta citar la modificación del art. 135 de la Constitución que, entre otras cosas, el apartado 3, establece: "los créditos para satisfacer los intereses y el capital de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”. Un texto vigente desde el 27 de septiembre de 2011. Un dominio financiero sobre los aspectos sociales, situación que se endurece notablemente en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Normas del más alto nivel jurídico, de difícil modificación, que crean unas rigideces financieras que hacen inviable el Estado de Bienestar. A lo que habría que unir las leyes que merman los derechos de los trabajadores, la práctica congelación del salario mínimo (sube el 0,6%) o la privatización de los servicios públicos. Aspectos que reflejan un panorama de empobrecimiento de la población, una pobreza cada vez más abundante, de la que será cada vez más difícil  salir.
     Si nos asomamos al panorama internacional, la situación se complementa con la disminución de más del 65% de las ayudas a los países más pobres de Asia, África y América del Sur, así como a los campamentos de refugiados; a la vez que el afán de ganancia acelera la explotación inhumana de los recursos estratégicos de estos países. Lo que está produciendo el aumento de los conflictos bélicos locales, el trabajo de la infancia, las violaciones, el aumento de enfermedades y epidemias, la desnutrición… Aspectos que traen como consecuencia la muerte de millones de personas, especialmente niños. Una mortandad que supera con creces algunas de las grandes guerras. Lo peor es que los que propician estas situaciones están lejos, no se creen culpables y se permiten los mayores lujos protegidos por la más absoluta impunidad.
     Esperemos que el año próximo nos traiga la regulación de los servicios financieros, su democratización, la supresión de los paraísos fiscales y una buena salud.

domingo, 23 de diciembre de 2012

LAS MOVILIZACIONES TRANSVERSALES


      Las movilizaciones del 15M en 2011, modelo para muchos países del mundo, hicieron surgir un nuevo lenguaje político, desestructurado desde un punto de vista clásico, que conectó con un descontento general ya existente. Se puso en duda la representación democrática y el valor actual de muchas leyes que se consideraban, hasta entonces, inmutables y justas. Un nuevo discurso que empezó a oírse en esas originales movilizaciones que se llamaron, por primera vez, transversales. Casi dos años después no se ha avanzado nada, pues las cúpulas de las grandes formaciones políticas continúan sin estar interesadas en la transparencia democrática.
     Ahora, de nuevo, nuestra sociedad está viviendo un tiempo de movilizaciones sociales que tampoco están siendo promovidas por partidos políticos ni sindicatos. Más bien se están convocando por reivindicaciones profesionales, aspectos sociales concretos o intereses de muy distinto tipo. A estos colectivos que llenan las calles, tampoco les gusta la sociedad a la que caminamos, ni se consideran representados por las organizaciones que dirigen la vida política ni se fían de ellos. Muchos de los movilizados no se habían visto nunca juntos ni en actitudes como las que muestran en público, por lo que puede deducirse que viven una situación que consideran excepcional, única y grave.  
     Curiosamente, muchas de estas recientes movilizaciones de descontentos las protagonizan las élites sociales: rectores, catedráticos y profesores de universidad; profesores de educación primaria, secundaria y de escuelas infantiles; médicos, enfermeras y auxiliares; jueces, fiscales, secretarios de juzgados y abogados de ejercicio libre; inspectores de hacienda y economistas; científicos e investigadores... Se movilizan, además de por sus intereses corporativos correspondientes, contra cualquier forma de privatización, a la vez que expresan su deseo de mantener la gestión pública de los distintos asuntos que les competen. Proclaman también la igualdad, gratuidad y generalización de los servicios que prestan, considerando los recortes como un error económico que perjudica el futuro del país. Asuntos, en su mayoría, que pueden mirarse con simpatía por ideologías de izquierdas, pero para los que los participantes no piden el apoyo de partido político alguno. Únicamente pretenden que el gobierno desista, a través del diálogo, de sus actuales políticas que consideran perniciosas.
     Por otra parte los jubilados, los parados, los abandonados por los recortes a la ley de dependencia, los contrarios a los desahucios, los engañados por la compra de deuda subordinada y preferentes, además de otros colectivos afectados por las muchas injusticias del gobierno, están realizando igualmente manifestaciones transversales con fines más sociales o de supervivencia, dentro de descontentos similares. Es evidente que están sugiriendo nuevas y autónomas formas de ver y hacer política que van a requerir por los partidos políticos clásicos mayor cercanía a las peticiones que realizan para analizarlas y hacer una tarea integradora que pueda aplicarse a todo el país, facilitando la participación en las necesarias reformas estructurales de carácter político, económico o social que son cada vez más necesarias. 
      Lo que sí queda claro es que el gobierno se está quedando sin apoyo social y político, además de carecer de la complicidad de los expertos implicados en los recortes y en las nuevas leyes, muchos de ellos votantes asiduos del PP. Pese a todo, sigue empeñado en su vocación de partido único y totalitario, manteniendo en su lenguaje público dos obsesiones: echar la culpa de todo al PSOE y decirnos que todo lo que hace es lo único que puede hacerse. En la primera parte debería analizar que su forma despótica de gobernar; de hacer  los cambios por decreto, despreciando el parlamento; la falta de transparencia en los problemas financieros; los errores de BANKIA con un consejo de dominio del PP; las amnistías del Consejo de Ministros a los condenados por corrupción y engaños inmobiliarios; la falta de medios para perseguir el fraude fiscal; la ley sobre los depósitos bancarios de tipo cero (única en el mundo) para evitar ingresos a las autonomías y favorecer a los bancos; el déficit sanitario y general de autonomías como Madrid, Valencia o Murcia…Son, entre otras muchas cosas, de su exclusiva responsabilidad. Por otra parte, que nos quieran hacer creer que no se equivocan nunca, hace imposible cualquier participación o acuerdo. 
     El PSOE, la otra alternativa política, no es reconocida como tal en las movilizaciones. Su cúpula de poder se muestra recelosa a los grandes cambios, en los que cree ver evidentes riesgos, encontrándose a la espera de un futuro imprevisible que le lleve el poder, aportando ligeros maquillajes en personas y comportamientos. No se da cuenta de que en el actual momento no es creíble y que necesita mayor generosidad en su interpretación del cambio político. Posiciones que hacen más desesperada la situación a una mayoría de ciudadanos que aspiramos a importantes cambios sociales y políticos, o que se encuentran perjudicados por los recortes, están parados, perjudicados por corrupciones o por las muchas injusticias y las malas formas que tanto abundan. 
     Parece claro que la única solución  a la que avocan consiste en aumentar el nivel de las movilizaciones, concentrando todos los descontentos, hasta conseguir el diálogo con el gobierno e intentar un gran pacto de Estado. Mientras tanto iremos viendo cómo crecen los nacionalismos extremos que amenazan la unidad del país, a la vez que los recortes, las deudas de las instituciones a las empresas, el aumento del paro y la ausencia de préstamos bancarios van aplazando la posibilidad de una salida en un tiempo razonable. Ya se empieza a hablar, desgraciadamente con razón, de una década perdida.
     Mientras la Europa-germana, de la Sra. Merkel, sigue ensimismada en el nacionalismo-calvinista de los dirigentes, protegiendo sus intereses nacionales a toda costa, a la vez que retrasa cualquier decisión común que pueda distraerla, todo hasta que llegue septiembre.
Salud, que la Navidad os sea leve y si podéis, sed felices.

domingo, 16 de diciembre de 2012

LAS OCURRENCIAS DE MONTORO



Hace tiempo, allá por los comienzos de los años noventa, su señoría Montoro, era un simple diputado de a pié en la oposición, que aguantaba con heroico estoicismo las frecuentes risas de los diputados hacia su persona sin que se conozca la causa, salvo su voz aflautada en sus escasas intervenciones. Lo cierto es que en algunos debates, una voz potente en el hemiciclo rompía el silencio sin motivo, afirmando: “Montoro dimisión”, seguido de una cascada de risas ante la ocurrencia.  Desde entonces hasta ahora la carrera de Montoro ha sido casi meteórica y hoy, ya ministro de Hacienda, ha adquirido un tono de suficiencia en la Cámara que nos impide ver, debido al momento trágico que vive el país, la parte cómica que aún permanece en tan importante personaje.
     Los derroteros del nuevo Cristóbal Montoro se están inclinando hacia la ocurrencia, posiblemente aderezada con el resquemor de tiempos pasados. Algunas son bienintencionadas como cuando dijo en la radio: "Vamos a exigir responsabilidades penales a los malos gestores públicos”, dando la impresión de que pretendía meter a la mitad del PP en la cárcel; afirmación que tuvo que ser desmentida por su propio partido. Recientemente nos anuncia que 2013 será el final de la crisis, una predicción difícilmente creíble.  La última, peor intencionada, ha sido amenazar con difundir una relación de los principales evasores y morosos con el fisco. Una lista negra que pretende sacar en 2013. El asunto sería una ocurrencia más, si no fuera porque viene precedida de una advertencia a la prensa que le critica: “Escucho y leo palabras éticas, también pronunciadas en editoriales de medios de comunicación, que no tienen duda a la hora de referir a la sociedad española la importancia que tiene aflorar bases imponibles para financiar nuestros servicios públicos cuando esos medios de comunicación tienen importantísimas deudas con la Hacienda Pública. Yo pido a todos más coherencia y más lógica y recuperar lo que hubo en esta Cámara en pasados episodios de regularización fiscal”. Todo apuntaba a que estaba amenazando con publicar listas si continuaban haciendo críticas a su gestión. Esta figura se llama “chantaje”. A la vez, me pregunto: ¿Es que la Hacienda Pública no tiene medios para hacer pagar a un contribuyente del que conoce su nombre y cuantía de la deuda? De todos modos parece que la medida es buena, pues puede colaborar a la claridad que debe rodear a la  función pública. Pero esta sensata transparencia debe generalizarse sin excepciones.
     En esta línea debería hacerse pública la lista de los indultados por la amnistía fiscal para que conozcamos a los sinvergüenzas que conviven entre nosotros, junto a otras tantas listas:
  • La de los indultados en Consejo de Ministros, para que veamos que los indultos no son neutros.
  • La lista denunciada y conocida por el fisco de los que tienen cuentas en Suiza, para que los conozcamos a todos y podamos pedirles explicaciones o dimisiones merecidas.
  • La relación de cargos de confianza de los distintos partidos con sus correspondientes sueldos y méritos en las administraciones local, autonómica y central, para que sepamos el ahorro que supondría su desaparición y la sustitución por funcionarios ya existentes a los que se presume imparcialidad y formación, con lo que ahorraríamos en gasto  y disminuiríamos los despidos.
  • La relación de aquellos diputados y senadores que cobran residencia y que disponen de pisos de su propiedad en Madrid. Así como la justificación de las Cortes para este pago, una vez conocida esta realidad.
  • La relación del patrimonio rústico y urbano de la Iglesia, para que los españoles sepamos su riqueza y el ahorro en impuestos que le supone no cobrar al primer propietario del país. Quién por cierto no levanta su voz a favor de los pobres y únicamente aporta el 1,8% de su coste a la importante labor de Cáritas.
  • La lista de los colocados a dedo en las empresas públicas.
  • La relación de empresas españolas que pagan sus impuestos fuera del país y los que tienen su dinero en otros paraísos fiscales…

     Sr. Montoro, no se quede en las primeras matas y llegue hasta el final y saque una ley de transparencia que haga creíble al gobierno. De esa forma lo que ahora es una ocurrencia pasaría a ser una excelente idea. Así no existirá la tentación de repetir lo que en tiempos de Franco se dijo ante el sorprendente nombramiento, como ministro de Agricultura, de D. Cirilo Cánovas. Ante la designación un intimo amigo del recién nombrado, para comunicar el nombramiento a otro amigo común, mandó el siguiente telegrama: “Cirilo ministro. Te lo juro por mi madre”. Un nombramiento tan sorprendente que el comunicante tuvo que jurar por su madre para ser creído.