CORRUPCIÓN + MENTIRAS = DESPRESTIGIO

    Las últimas investigaciones indican que el “PP” se ha financiado de manera irregular y que sus dirigentes han cobrado enormes cantidades desde que se fundara el partido con el nombre de “AP”. Esta corrupción ha existido siempre. No es una herida abierta en su dignidad; es una metástasis en todo su cuerpo político.

    El gobierno, cuando se dirige a los españoles, acostumbra a decir: nunca haremos tal o cual cosa, para después dar como explicación: no queríamos hacerlo, no hemos tenido otra solución, la culpa la tiene... Uno de esos múltiples incumplimientos se ha producido en los recientemente aprobados Presupuestos Generales para el 2013. Según ellos eran equilibrados, realistas y abrían un nuevo tiempo. Montoro, el más atrevido, dijo: “son los más sociales de la democracia”. Pues bien, tres meses después resulta que las previsiones de decrecimiento se multiplican por tres (del -0.5% del PIB, al -1,5%), el déficit pasado del 3% del PIB al 6% y el desequilibrio entre ingresos y gastos previstos puede llegar a los 10.000 millones de €. La situación no es nueva, en los presupuestos de 2012 se hizo una previsión del déficit del 5,3% del PIB y acabó el año con el 10,3%, o el 7% si no contamos las ayudas a la banca. España cerró el 2012 con el mayor desfase de toda Europa. Ahora dicen que el crecimiento de 1,2% del PIB para 2014, del que presumía Rajoy, se reduce al 0,5% y bajando. Por la sensibilidad demostrada, al gobierno no le gusta la poesía, por ello decimos, parodiando a Caballero Bonal, que han decidido desahuciar la razón para meter en su lugar el desprestigio.

    González Pons nos prometió 3,5 millones de empleos (en realidad se perderán 1,3 millones). Rajoy dijo que habían venido a eliminar el paro. Por último la ministra del desempleo, hace poco decía: “ya empiezan los beneficios”. La Encuesta de Población Activa desmiente a todos ellos y nos trae otro trimestre negro con 330.000 parados más, con una tasa media que supera el 27% (el 22,6% con Zapatero), y en los jóvenes alcanza el 57%. En Albacete ésta llega al 34%, mientras el Ayuntamiento capitalino tiene un superávit de 8 millones de €. Es como si una familia presumiera de ahorrar a costa del hambre, la enfermedad y de la educación de sus hijos. La semana que viene, Europa, que obviamente no se fía, mandará una comisión para conocer el problema; hablará con partidos políticos, patronal y sindicatos, lo que debiera haber hecho el gobierno antes de legislar. Realmente una situación de emergencia nacional (definida así por Rajoy cuando iban 5 millones). Las previsiones gubernamentales dan un paro cercano al 26% para 2015. A la vez siguen con las políticas de austeridad, renunciando al crecimiento y al empleo.

     Pese a estas necesidades tienen en cartera nuevos despropósitos:

• Wert saca una nueva ley de educación que cuenta con el rechazo de la comunidad escolar, de los sindicatos, de los partidos y donde el Consejo de Estado cuestiona muchos aspectos. Otra mala ley de educación que morirá con la legislatura.
• Gallardón presentará una reforma del Código Penal en contra de una buena parte de los juristas y periodistas que constituirá un recorte significativo de derechos constitucionalmente protegidos. Llevándonos a un derecho penal autoritario.
• El mismo ministro va a proponer una nueva ley del aborto, dando como razón el programa electoral (curioso, ¿no?) que nos llevará a los años 80, volviendo atrás los derechos de la mujer y creando de nuevo inseguridad jurídica.

    Sr. Rajoy: ¿Cuándo va a empezar a gobernar? ¿Cuándo va a presentar en las Cortes un programa de gobierno que piense cumplir? ¿Cuándo espera comparecer en directo y dejar de ser un presidente virtual? ¿Cuándo espera dar explicaciones de los actos de corrupción que afectan a Vd. y a su partido? Si no va a cumplir, márchese.

UN GOBIERNO EN LA OPOSICIÓN

      Después de año y medio de Gobierno, parece cada vez más evidente que el ejecutivo y el partido que le apoya mantienen vigentes su lenguaje y comportamientos de oposición. Continúa como meses atrás, cuando no eran gobierno, atacando al PSOE culpándole de los recortes que ellos aplican sin fundamento. Sus ataques más furibundos siguen dirigiéndose a los que preguntan sobre lo que hacen y no explican. La política informativa necesaria para un gobierno democrático no existe, no hay más que ver su comportamiento en el caso de crisis institucional de corrupción, en las actuaciones sobre los recortes o en su política económica de cara a Europa, de la que es “oposición obediente” e incluso su silencio en las entrevistas con Uzkullu, el FMI y Bárcenas. En el ataque contra los “escraches”, se veía a los miembros del gobierno coordinados y sin tartamudeos a la hora de condenar sus actuaciones, criminalizándolos para culpar a las víctimas, como en sus mejores tiempos de oposición. Mirándose el ombligo de su seguridad no han contado los miles de niños que se han visto en la calle por culpa de una ley injusta para cuyo cambio existe una iniciativa popular con 1.500.000 firmas. Cospedal dice que sus militantes se aprietan el cinturón para pagar la hipoteca, condenando a los desahuciados. Lo mismo que hicieron con el 15 S nada más llegar al gobierno. Su obsesión es que todo lo hacen porque no tienen otro remedio y que son víctimas de situaciones sobrevenidas. Lo más difícil de explicar es cómo en la mayor parte de sus políticas, que dicen no hacer pero que hacen, obtienen beneficios. 

    Ya sabemos que la cúpula del “PP”, con Rajoy como presidente, realizó blanqueo de dinero; que las donaciones aumentaban sospechosamente en las inmediaciones de procesos electorales; que los papeles publicados están validados por su propia contabilidad; que han recibido donaciones fuera de la ley; que hay indicios  de impagos a la hacienda pública y que muchas de las empresas donantes han sido favorecidas por subvenciones o contratos de sus instituciones. Sabemos que su partido no registró los pagos que han admitido recibir algunos dirigentes y, con certeza, que Cospedal mintió públicamente sobre la situación de Bárcenas y que Montoro no dijo la verdad sobre sus sobresueldos en el Congreso. Mientras, el PP guarda silencio, presiona a jueces y fiscales para que terminen, y busca un chivo expiatorio sobre el que puedan ejercer su duro lenguaje de oposición y a la vez intentan matar al mensajero. Todo de sentido común, como dijo Bárcenas en el juzgado. 

      Las Cortes no las consideran el lugar adecuado para dar explicaciones, pues hay muchos preguntones como en las ruedas de prensa y además no votan sus propuestas. Pese a todo, sus voceros, piden la dimisión de “los otros” a los que culpan sin juzgar, mientras “ellos” exigen la presunción de inocencia.  Son sus formas.

      Para dejar sin algunas razones opositoras a este  gobierno irresponsable, el banco de España nos informa con gráficos que en los siete años de Zapatero la deuda de las administraciones creció lo mismo que en el año y medio de Rajoy y que, según Hacienda, el Ayuntamiento de Madrid sigue siendo el más endeudado de España, sin que eso tenga consecuencias. Además todos los recortes de este tiempo han servido para destrozar el “Estado de Bienestar” y desde el punto de vista macroeconómico para rebajar el “déficit” algunas décimas, respecto al que encontraron. Eso sí, sin contar la repercusión del rescate a la banca y otras trampas de Hacienda que llegarían al 10,3 % del PIB.
    El gobierno debería saber que las injusticias que producen marginación social, la corrupción sin castigo y los duros e injustos insultos hacia los que protestan, son generadores de la violencia que condenan.

LA REALIDAD IMPONE SU LEY

    Sin prisa pero sin pausa, el tiempo va descubriendo una realidad absolutamente distinta de la que nos ha ido relatando el gobierno del “PP”. Es cierto también que esta realidad que contradice sus compromisos y predicciones no parece preocupar al ejercicio de un poder asentado en intereses muy concretos. El informe de la Unión Europea (22/02/13) sobre nuestra economía, es resumido por su comentarista de forma bastante contundente: “La conclusión es única, España va hacia la ruina económica como consecuencia de una política de austeridad basada en ajustes irracionales y al saqueo de las arcas públicas por parte de la política y de la élite económica.” La realidad está dejando a Rajoy en su sitio, como el gobernante de las promesas incumplidas y con explicaciones personales pendientes como su situación como registrador de Santa Pola, los papeles de Bárcenas y las prebendas legislativas que para su futuro prepara Gallardón. Por otro lado Núñez Feijoo, su posible sucesor y eficiente líder gallego, pedía en la última campaña la dimisión de Anxo Quintana por una foto con un empresario y afirmaba que él nunca se prestaría a eso. Hoy conocemos que hizo infinidad de viajes con un contrabandista y posterior narcotraficante, reconociendo que algunas de sus empresas habían recibido subvenciones. Pide perdón, pero sin dimitir.

    Después de más de un año, la reforma del mercado de trabajo nos traerá para el 25 de abril, según la encuesta de población activa del primer trimestre, un paro superior a seis millones, superaremos el 27%, con la mitad sin subsidio. Existe además un apagón estadístico en relación con la nueva ley: no hay datos sobre los contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores; tampoco sobre la negociación colectiva, donde se está produciendo una enorme caída de nuevos convenios, utilizado por empresarios para presión de los trabajadores; no hay registro electrónico obligatorio desde 2010 para que un convenio sea válido. Parece señora Báñez que su satisfacción es poco consecuente con la realidad. Por otro lado el endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada cuenta con el voto en contra de toda la oposición. Otro éxito, Sra. ministra.

    El caso Bárcenas sigue avanzando con mayores pruebas sobre la veracidad de los papeles del extesorero y que las donaciones al PP, durante más de 20 años, muchas de ellas ilegales, han servido para pagar a buena parte de sus políticos y que esas fechas pueden relacionarse con concesiones a las empresas donantes. Esperemos que la espera de más de un año en la conciliación previa del despido de LB no sea la norma. 

    El bloqueo del gobierno al debate parlamentario sobre sus corrupciones le está valiendo el aislamiento en las Cortes: la CNMV reconoce que BANKIA y otros sacaron preferentes por encima de su valor y que benefició a unos a costa de otros; pese a ello, en el Congreso han pasado el rodillo para ayudar a la banca. La batalla jurídica promete. 

    Andalucía ha dado una bofetada al gobierno sobre los desahucios unos días antes de que éste sometiera su propuesta en el Parlamento. Además, ante el trato que da el gobierno a la cultura con la subida del IVA y su idea de fomentar el número de ludópatas desgravando las pérdidas del juego en el IRPF, de nuevo Andalucía contraataca y declara desgravables en el IRPF los gastos en cultura. Mientras, González Pons pide la dimisión del presidente andaluz, sin estar enjuiciado, cuando en su región hay 141 imputados sin que dimita nadie, pero aquí invoca la presunción de inocencia.

    Por primera vez en la crisis se empieza a demostrar que existen otras formas sociales de ver los problemas y que la izquierda, si reacciona, tiene mucho que decir.

EL FINAL DE LA SOLIDARIDAD

     El 9 de mayo de 1950 se producía la declaración de Robert Schuman que expresaba los principios clave para entender el futuro de Europa. En uno de sus primeros apartados establecía: “Europa no se hará de una vez ni en una obra en conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho…”. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha tejido en Europa un modelo social específico, definido a través de un gran pacto, que permitió a la clase trabajadora aceptar las reglas del mercado a cambio de un papel importante del Estado en la regulación de la economía y la provisión de servicios sociales básicos. Asentando el principio de la solidaridad entre ricos y pobres, de jóvenes con ancianos y de unas generaciones con otras basados en la tutela del Estado de Bienestar. También nuestra Constitución se apoya en el principio de solidaridad financiera, que deberá ser proporcionado por las distintas Administraciones en la corrección de los desequilibrios interterritoriales. Con Felipe González, la palabra solidaridad se generalizó entre nosotros y adquirió su auténtico significado, sustituyendo los usos caritativos y compasivos por el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos sociales que garantizarían el bienestar general. Todo ello está desapareciendo, casi sin ruido, hasta llegar en muy poco tiempo a una pérdida importante de esos derechos, conseguidos y pactados en el espacio europeo hace más de sesenta años. ¿Qué ha pasado?

    Sin duda esos principios y derechos se están suprimiendo por el predominio en los dirigentes europeos de ideas neoliberales que han asumido como suyas las instituciones financieras como el FMI, BM y BCE, defensoras de un capital financiero no productivo que impone su crecimiento y garantías sobre el bienestar de los ciudadanos, haciendo su gran negocio en tiempos de crisis: Cameron ha hecho recientemente ese giro con el fin último de aferrarse a Downing Street; en Bulgaria, uno de los países más pobres, mucha gente se quema a lo bonzo, ante la imposibilidad de salir de la miseria; para asegurar el pago de Chipre no ha habido inconveniente en violar buena parte de las normas que nos han estado rigiendo; situaciones que, con otros esquemas, se dan en Portugal, Grecia, Italia…, incluso la misma Alemania, la cabeza visible del proceso, tiene planteada una auténtica batalla fiscal, donde los ricos estados meridionales (Hesse y Baviera) recurren al Constitucional para cambiar el modelo de solidaridad interterritorial, un discurso europeo, encubierto en lenguajes nacionalistas. El mantenimiento de los paraísos fiscales es la señal más clara del fin de la solidaridad. 

    En España, cambiamos el art. 131 de la Constitución, abriendo el camino a la supresión del Estado de Bienestar. Se nos impone que antes de cubrir las necesidades del pueblo, hay que pagar los gastos financieros. Para asegurar estos pagos se recorta a los más necesitados las prestaciones sociales básicas privatizándolas, pensando sobre todo en el enriquecimiento de los gestores oficiales y privados. En cambio, no aceptan la “dación en pago” en la Ley Hipotecaria o sancionan a los tenedores de preferentes o cuotas participativas, vendidas con engaños: todo para favorecer a la banca y a las multinacionales. Estas acciones se producen con un gobierno ahogado por la corrupción moral; que judicializa sus escándalos para demorarlos indefinidamente; que está aislado políticamente en el Congreso, sin comunicación con su pueblo y sin credibilidad. Una corrupción que llega al entorno de la jefatura del Estado. Mientras la jerarquía eclesiástica piensa básicamente en aumentar su dinero e influencia y poco en los pobres.

    La defensa del Euro no puede hacerse a costa de la solidaridad, sin ella no tenemos futuro, aunque aún nos queda la de los antideshucios y sus pacíficos escraches. 

LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN

    La corrupción empieza a tener significado cuando se han consolidado conceptos como justicia, ética o moral. En nuestra cultura aparece unido al desarrollo de la picaresca en una sociedad permisiva, donde se valora de manera positiva la riqueza con independencia de la forma de conseguirla. Ahora nos vamos dando cuenta de la importancia negativa de la corrupción en el desarrollo social y económico. Por eso la intransigencia penal debería ser el camino para su extinción. Es evidente además, que se desarrolla junto a la impunidad, el clientelismo, la sumisión y la indignidad.  

    Como claro ejemplo de su permisividad podemos citar las últimas elecciones municipales y regionales, en ese tiempo ya eran conocidos los casos de corrupción que hoy rechazamos. Los imputados obtuvieron mayorías absolutas en sus respectivas demarcaciones. Como caso paradigmático podemos citar a la Comunidad Valenciana, ya afectada por los excesos de gastos y los casos Naseiro y Gürtel y las investigaciones de Garzón. La gente callaba y votaba en buena parte por un sueldo, una revalorización de su piso o un favor. Lo curioso era que exigían honradez a los que elegían. Actitud muy representativa de esa doble moral judeo-cristiana que nos caracteriza.

    Para algunos, nuestro pueblo ha hecho ya, en este último año, la autocrítica de la situación y realizado la correspondiente catarsis. ¡Ojalá! En Madrid se piensa instalar Eurovegas, un paraíso fiscal en el centro de España, que puede traernos un exagerado crecimiento del sector financiero especulativo con relación a su producción real que puede ocasionarnos la ruina, amén de otras situaciones morales indeseables. Pese a todo, a muchos ciudadanos les parece bien por la sencilla razón de que tendrán trabajo. Lo mismo que pueden opinar ante la nueva ley de agricultura que admitirá la recalificación de los montes quemados, la venta de montes públicos o la permanencia de construcciones en la zona de dominio público marítimo. Síntomas evidentes, todos ellos, de que podemos volver a aplaudir la corrupción. Ante ello sólo cabe un proceso revolucionario de honestidad y transparencia, pues la aplicación de la ley no parece ofrecernos demasiada seguridad. Debemos tener en cuenta que la vía jurídica ha sido elegida por los políticos corruptos que tienen el poder y que se hallan inmersos en la confusión entre lo público y lo privado. Ante las primeras decisiones jurídicas del caso Bárcenas la desconfianza va aumentando y más si tenemos en cuenta el resultado de pasadas experiencias: no conocemos casos de políticos con sentencias firmes de corrupción; nunca se recupera el dinero robado; el caso de Carlos Fabra, por ejemplo, lleva diez años, nueve jueces y cuatro fiscales y ahora parece empezar de nuevo el proceso; el caso Gürtel lleva siete años, han expulsado a un juez y ahora se produce un conflicto de competencias con el caso Bárcenas, ganando el que quiere el gobierno. Sabemos que el juez Bermúdez, el apartado del caso, en 15 días ha descubierto las mentiras del enriquecimiento de Bárcenas y algunas conexiones entre las empresas donantes del PP y las adjudicaciones hechas por administraciones de ese mismo partido. Todo apunta a que pueden pasar muchos años más, debido al volumen reunido del asunto y desaparecer definitivamente si admiten la nulidad de las  pruebas que ahora reclaman los defensores de los inculpados, como ya ocurrió con anterioridad. 

    Ana Colau, la líder de los antidesahucios, es insultada por la delegada del gobierno de Madrid que la considera una terrorista y la infamia se agranda con mayores lindezas en la prensa afín. Lo digo porque la corrupción también genera autoritarismo y pérdida de derechos democráticos.

LA INCOMUNICACIÓN DE LOS POLÍTICOS

    Últimamente, el presidente Rajoy, para evitar preguntas incómodas, alega: “estoy cansado”, “tengo mucho sueño”, “tengo poco tiempo”, “las cosas no pueden hacerse de otra manera”… Marcando un estilo personal donde la información no cuenta.

    En esa línea, no importa descalificar o deslegitimar a los jueces cuando sentencian lo que no les conviene; nos dicen, con la más absoluta desvergüenza, que buscarán caminos para salirse con la suya cuando los tribunales europeos declaran ilegales las leyes en las que se apoyan, demorando cualquier tipo de información a los interesados. Pese a su desprecio por dar explicaciones, utilizan la información para crear cortinas de humo donde refugiarse, creando nuevos centros de atracción informativa que borren sus corrupciones. Después de la exhibición dialéctica en la explicación de la situación de Bárcenas, contemplamos con estupor la maraña judicial que empieza a envolverle; veremos en meses sucesivos las maniobras judiciales e informativas para enterrar definitivamente el caso Bárcenas-Gürtel. Los recortes no han cumplido los supremos objetivos de déficit que con tanto énfasis destacaba Rajoy como objetivo número uno. ¿Para qué han servido los sacrificios y el empobrecimiento de nuestro pueblo? Ante todo lo que ocurre, nada razonable nos dicen; la suprema y única explicación que nos dan es que la culpa de todo la tiene el gobierno anterior, explicación que también sirve para ayuntamientos y autonomías. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, anuncian un plan de supresión de urgencias a 21 municipios; la presidenta afirma rotundamente que ningún núcleo de población de esos municipios dista más de 15 minutos; cuando se demuestra que muchos distan más de 45, no dice nada, pero siguen adelante; cuando los tribunales fallan contra el plan, el consejero de sanidad llama a los jueces ignorantes y desinformados, no razona ni explica, pero siguen adelante. Ahora presumen de reducir el déficit, pero cuando sabe que es la región que más se ha empobrecido, el -3% del PIB (España ha perdido -1,4%), la culpa es del gobierno anterior. Llevan cerca de 700 días gobernando. ¿Para cuándo esperan ser responsables? Todos ellos han hecho de la política un ejercicio oscuro, opaco, corrupto y realizado de espaldas al pueblo.

    Pero la desesperanza aumenta cuando el partido que debería ser alternativa, el PSOE, ha perdido la calle; pues nadie, en las miles de manifestaciones, le considera alternativa. Se hacen tareas de maquillaje que no llegan a dar respuesta a los cambios que la sociedad necesita. Las bases piden nuevas caras elegidas por todos que trasmitan credibilidad. Almudena Grandes, en un artículo en El País del 18 de marzo, afirmaba: “Señor Rubalcaba, ¿es usted consciente de que sus componendas internas representan el único balón de oxígeno con el que cuentan los populares desde que estalló el caso Bárcenas?” Cambiar sin miedo, este país necesita una alternativa progresista.

    En las decisiones sobre Chipre, Alemania, el BCE y la Comisión se cruzan acusaciones sobre las soluciones al rescate de Nicosia. Mientras, los bancos alemanes, protegidos por su gobierno, no han sido sometidos a “stress test” (pruebas de resistencia de los bancos), lo que demora indefinidamente la necesaria unidad bancaria europea. Situación que está en el fondo de muchas interesadas decisiones europeas, posiblemente también sobre Chipre. La única lectura de lo que está pasando es que en los próximos meses vamos a ser víctimas de decisiones muy duras dictadas y tomadas en ambiente electoral. Ahora dicen, para caldear, que españoles e italianos somos más ricos que ellos. El martes veremos qué pasa en Chipre y sabremos por dónde van los intereses de Merkel.

    Si Alemania no recupera la actuación conjunta y solidaria, la visión a largo plazo en las decisiones y la información veraz, no haremos una Europa para los ciudadanos.

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

     “La responsabilidad política” es de esos valores que hay que definir y delimitar cuando los que deben asumirlo no reconocen su existencia. En estos momentos la democracia necesita para mantenerse reglas claras, compartidas, obligatorias e iguales para todos con objeto de dar contenido a ese valor. En política debe asumirse la culpa frente a una acusación razonable, sin que el camino procesal seguido elimine la evidencia de la culpa (casos Naseiro y Gürtel), sobre todo cuando se han conseguido datos evidentes de lo hecho. Tampoco debe ser válida la presunción de inocencia (imprescindible en procesos civiles o penales), ni esperar a que los tribunales celebren juicio o declaren una sentencia condenatoria. Debemos saber que “la responsabilidad política” no es un delito, es un acto de ética obligado cuando se ha cometido un hecho irresponsable o una conducta irregular o poco ejemplar, incompatible con el cargo; ante eso la reacción debe ser la retirada del cargo de manera voluntaria u obligada, con independencia de la existencia de otras penas. Caso de ser falsa la acusación sería necesario establecer penas políticas y mayores sentencias penales al calumniador y al partido político que le ha dado cobertura o se ha aprovechado, ofreciendo la rehabilitación e indemnización al inocente. La calumnia tampoco debe ser gratuita.  

    Digo esto ahora, porque esta situación de irresponsabilidad política no se ha dado hasta ahora en nuestra democracia. Veamos ejemplos de dimisiones fuera de la transición en las que hay planteamientos éticos: con Felipe González dimitieron Miguel Boyer (economía y hacienda), Narcís Serra cuando era vicepresidente del gobierno, Julián García Vargas (defensa), Vicente Albero (agricultura), José Luis Corcuera (interior), Julián Garcia Valverde (sanidad), Alfonso Guerra (vicepresidente)… con José María Aznar dimitió Manuel Pimentel (trabajo), con Zapatero, Mariano Fernández Bermejo (justicia), Jordi Sevilla (administraciones públicas), Bernard Soria (Sanidad), Pedro Solbes (Economía y hacienda)… La lista demuestra que en otro tiempo se asumieron responsabilidades políticas.  

    Ahora, el partido del gobierno está inmerso, desde hace años, en un caso de corrupción general, la trama Gürtel-Bárcenas, con una larga y escandalosa trayectoria, despertada de su sueño jurídico gracias a la publicación por El País de la contabilidad de Bárcenas. Un proceso en el que el único sancionado fue el juez del caso por unas escuchas, declaradas ilegales, que demostraban de manera evidente la culpabilidad de los inculpados. Un asunto que afecta a la cúpula del “PP” y a parte del gobierno, especialmente a su presidente. Además, éste es un gobierno del que sabemos que su presidente y la mayor parte de los miembros han mentido públicamente, han ocultado la verdad y han incumplido infinidad de compromisos; que han empobrecido a buena parte de los españoles y favorecido a la banca; que han destrozado la educación y la sanidad; bajado los sueldos de los trabajadores el 8,9% y disminuido sus derechos, cargando sólo sobre ellos el aumento de la competitividad; que su resistencia al cambio de la Ley Hipotecaria, causa de infinidad de daños y muertes, se va a realizar de forma rápida porque Europa ha declarado la Ley ilegal y contraria a los derechos humanos. Pese a todo nadie, tanto del partido como del gobierno, ha asumido responsabilidad política alguna. Ante la evidente falta de ética, deben  responder ante la justicia.

    Sin duda, los poderes ejecutivo y legislativo se han separado del pueblo, sin embargo los jueces han llegado a escuchar el clamor de los desahucios y ahora pueden frenarlos. Esperemos que en este tiempo definitivo para el caso Gürtel-Bárcenas, no ganen, como antes, los magistrados sumisos sino los justicieros. Sin duda el pueblo, al que corresponde lograr el cambio, ha demostrado que si quiere, puede.