YA QUEDA MENOS…

       Esta semana se cumplen dos años de unas elecciones que llevaron al “PP” al gobierno por mayoría absoluta, un tiempo que coincide, casi en los mismos días, con la catástrofe del Prestige (un 13 de noviembre de 2002) y con el fallo del tribunal gallego, por el que se condenó por desobediencia al capitán del barco a nueve meses de cárcel. La sentencia se conoció también un 13 de noviembre de 2013, once años después. Este paralelismo en fechas permite una comparación entre el desastre ecológico, uno de los mayores de nuestra historia con 10.000 millones de € de coste, y el acceso al poder del PP. Veamos: ambos sucesos fueron y son gestionados por la misma persona; en los dos se hizo un mal diagnóstico de la situación; existió en la gestión de ambos enormes dosis de improvisación; las soluciones fueron y están siendo equivocadas; también se han incumplido los compromisos asumidos en cada momento; en los dos casos, hasta ahora, no existen culpables en la administración. Por último, lo más digno de destacar ha sido que en ambos casos existió y existe la enorme solidaridad del pueblo español.

    En estos años, los más duros de la democracia, los recortes, gracias al gobierno, han correspondido a las autonomías y a los ayuntamientos, las instituciones gestoras del Estado de Bienestar. Mientras Europa ha dado una prórroga de dos años para el cumplimiento del déficit, el gobierno no ha trasladado esa mejora. Las autonomías y los ayuntamientos han cumplido el “déficit” y el del gobierno solo ha mejorado en 0,4% respecto al heredado en 2011. Por sus políticas, estamos cada vez más empobrecidos, más enfermos y más pesimistas: el 86%  del pueblo español no ve el final del túnel.

    No existe visión de futuro: la investigación en energías renovables, donde éramos avanzados, se ha paralizado, a lo que se une la mala gestión del déficit de tarifa que oscurecen el futuro energético. Los esquemas economicistas en los centros de trasplantes pueden evitar el avance en algo en que somos primeros, en donantes y técnicas. La caída de la investigación es general. Esta situación es enormemente grave para el crecimiento futuro y mejora del empleo. Nos costará años recuperarla.

    Este segundo año el gobierno lo van a celebrar, a su modo, con nuevas sorpresas: por un lado suprimiendo las libertades públicas: serán infracciones graves, sancionadas con multas entre 30.000 y 600.000 €, acciones como perturbación del orden en actos públicos religiosos, deportivos o espectáculos; concentraciones no comunicadas ante instituciones como el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos; escraches o actos de acoso a cargos públicos. Con multas entre 1.001 y 30.000 €: el uso de imágenes o datos de autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atenten contra su honor, su imagen o pongan en peligro su seguridad. Nos roban la libertad y ahora van a regular la huelga para evitarla. A todo esto, Rajoy nos dice que ignora las consecuencias de vallas con cuchillas. Interesante, ¿no?

    La fiesta sigue, en clave de corrupción, con la destitución de una inspectora de Hacienda de la “Oficina Técnica de Grandes Contribuyentes” por rechazar un recurso de la cementera Cemex (puede suponer una sanción de 450 millones de €), seguida de la dimisión del jefe y seis más, que ven consignas ajenas al buen hacer de la inspección. En dos años han cesado a 300 inspectores. Algo huele mal en Hacienda. Después de 458 indultos del Consejo de Ministro en los últimos 11 meses, ahora toca a dos políticos de CiU condenados por malversación y a un empresario canario, presidente de la UD Las Palmas que construyó en zona prohibida. Menos mal que el juez Ruz nos regala un auto en el que establece indicios de contabilidad B en el “PP”. A todo esto Rajoy responde: “no hay cambios porque las cosas se están haciendo bien”. Por fortuna, ya queda menos…

RUBALCABA GANA TIEMPO

 

    La Conferencia Política del PSOE nace sobre la estrategia ideada por Rubalcaba: “primero, el programa; y después el candidato”, llevada a cabo al final sin problemas gracias, entre otros, al apoyo de Susana Díaz. La reunión ha conseguido una importante reafirmación de la unidad del partido; ha sido una terapia de grupo para un nuevo estado de ánimo y también una recopilación de referencias socialistas, tal vez olvidadas. Todo ello dirigido por la Ejecutiva Federal, que ha ejercido con todo rigor su poder estatutario. Rubalcaba ha demostrado dotes negociadoras y fuerza en su discurso final, ganando un tiempo que esperemos sea bien utilizado para exigirle a él y a todos los dirigentes que le acompañan los sacrificios personales necesarios para dar credibilidad al retorno socialista. En una palabra, romper definitivamente la crisis de liderazgo.  

    En otros aspectos se ha echado de menos un espacio para buscar la revitalización y el compromiso con la Internacional Socialista, nuestra referencia internacional para la regulación de los mercados financieros pues, como se menciona, los problemas que padecemos son más internacionales que locales. También se ha omitido una necesaria estructuración de las medidas propuestas para demostrar su viabilidad y evitar que se vuelva a la creencia de que el ciudadano sólo tiene derechos pues, pese a quién pese, hacen falta sacrificios para conseguir un aumento de competitividad; sacrificios que debemos hacer todos de manera proporcional a nuestros medios y no sólo los trabajadores.

    Debemos reconocer que hoy no es posible lograr el socialismo si no es a través de la democracia política y de la exaltación cada vez más firme de la dignidad de la persona, de la ética y de la responsabilidad política. Los ciudadanos pedimos con insistencia una democracia representativa, pues muchos entendemos que los que están no nos representan. La ley electoral marca un camino que hoy daña la autenticidad de la democracia, a la vez que los partidos políticos practican un clientelismo interno, con listas que tampoco representan el sentir de sus militantes. Da la sensación de que los procesos electorales son una farsa que están viciando, por contagio, a los otros poderes del Estado, fomentando su corrupción. Los socialistas debemos comprometernos a terminar esta faceta de la transición que ya está agotada y empezar por cambiar nuestros estatutos, ya obsoletos, asumiendo las incomodidades y sacrificios que se impongan. 

    El éxito de esta Conferencia sería lograr el retorno de buena parte de los cuatro millones de seguidores perdidos, aunque ya apenas se habla de ella. La actual dirección debe hacer los cambios sin demora para abrir unas primarias limpias y libres y generalizadas, aunque sea necesaria una segunda vuelta, que permitan nuevos liderazgos auténticamente representativos. La demora en esta decisión puede aumentar la desesperanza, cuando no la división. Por otra parte, con el orden marcado en la Conferencia se abre un tiempo en el que pueden ser distintos el candidato a presidente y el Secretario General. Lo que indica que Rubalcaba seguiría teniendo la llave a pesar de las primarias. El PSOE debe luchar por una España en la que todos nos sintamos cómodos y representados. Para ello hay que empezar por reformar profundamente nuestro partido, para después lograr una democracia efectiva y limpia para todos que facilite la justicia social. Ya no valen estrategias de permanencia ni nuevos ensayos. 

EL “PP” Y LA CRISIS EN LAS INSTITUCIONES

    De manera natural, la crisis económica ha ido gestando, sin que nadie haya hecho nada para evitarlo, una crisis política asociada al desprestigio de las instituciones por la desconfianza en los que las gestionan. Entre sus causas hay aspectos ideológicos, de corrupción, clientelismo e ineptitud. Causas que no son exclusivas del “PP” pero que analizamos aquí por su mayor influencia en las instituciones al tener todo el poder.

    La ideológica se inicia con el proceso electoral y la formulación de su programa. Un programa que ellos dijeron pactado y que daba una salida a la crisis desde su ideología. Así lo vendieron a la vez que en el discurso establecían unas “líneas rojas” con las que intentaron y consiguieron ganarse la confianza de las clases medias.  Pues bien, de esos principios se ha hecho tabla rasa, incluso de la bajada de impuestos de la que hicieron la piedra angular de su ideología. Las llamadas reformas estructurales tan queridas por Rajoy y reflejadas en el programa han quedado en simples cambios legislativos en los que dominan los criterios de la derecha más radical. Han pasado a mejor vida valores democráticos como la participación, el consenso, las ruedas de prensa y el debate parlamentario dando paso a la opacidad, la improvisación, la mentira, la represión y el abuso del poder. El gobierno no es creíble y contagia la crisis a sus nombramientos en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas, entre otros.  

    La corrupción, posiblemente lo más visible, ha ido aumentando su volumen a medida que se conocen nuevos casos. En el centro, el Gürtel-Bárcenas ha ido evolucionando  haciendo cada vez más creíble a Bárcenas y menos al gobierno. Las supuestas mentiras de Bárcenas han sido sustituidas por verdades contrastadas, mientras el gobierno y el “PP” hacen declaraciones contradictorias o balbuceos impropios de su puesto. Ahora es la fiscalía la que intenta librar al PP de los delitos derivados de su caja B diciendo, de manera poco habitual, que no puede demostrarse la relación entre donaciones y adjudicaciones. También ha impedido imputar a Cascos, Acebes y a 15 empresarios. Cuando el sumario intenta demostrar ésta relación, el ministerio público interviene para evitarlo. La penúltima campanada la ha dado Cospedal con el recibí de 200.000€ : primero dijo que lo recibió, después lo negó y ahora su gerente, abogado de profesión, afirmó ante el juez que firmó pero no recibió el dinero. Un insulto a la inteligencia. La crisis, además de al gobierno y al “PP”, se extiende a la Fiscalía.

    El clientelismo supone normalmente una transgresión en la lógica de los nombramientos, al designar a los cercanos y no a los mejores. Vemos como todas las instituciones y empresas públicas se llenan con decenas de miles de “personas de confianza”. La presidencia del gobierno tiene 600 y muchos ayuntamientos y autonomías superan los 200 con sueldos que se acercan a los 50.000 €/año. La mayoría amigos personales, familiares o personas del partido, despreciando la valía de los funcionarios, desprestigiando a todas las instituciones, empresas públicas y partidos políticos. Así todo funciona peor, se gasta más y se degrada la función pública que está basada por ley en el mérito y la capacidad que se exige a los funcionarios.

    La ineptitud empezó con las improvisaciones, siempre a favor de los suyos, y ha seguido con ministros como Wert, Ana Mato, Fátima Báñez, Montoro y Gallardón, que cada uno con sus tendencias de ambición, orgullo u obediencia han tomado decisiones que han hundido la economía y el incipiente Estado de Bienestar. Todos tienen en común tener en contra a los sectores afectados. No resulta fácil para un español creer en el futuro cuando los que deberían defender nuestros derechos nos los quitan, se corrompen, sólo miran por los suyos o no son los más idóneos para el cargo.  

LA GLOBALIZACIÓN DE LA MENTIRA

     Tengo la sensación de que convivimos con la mentira como si ésta fuera la única normalidad posible. Sabemos que nos mienten el gobierno, los partidos políticos, los  sindicatos, la patronal, la jerarquía eclesiástica, las entidades financieras, los medios de comunicación e incluso buena parte de nuestro entorno y nos conformamos. Asumimos con naturalidad, por ejemplo, que en cada manifestación o huelga nadie se ocupe de la verdad del número de participantes, va siendo normal que un ministro o un presidente del gobierno mienta a los ciudadanos, a las Cortes o a la justicia y dé datos falsos sobre lo que está ocurriendo, no sabemos la verdad de cómo se toman las decisiones que nos afectan o porqué nos dicen que estamos bien cuando en nuestro entorno se vive mal; lo peor es que delante o detrás de la mentira está la injusticia, la corrupción, la violencia, la insolidaridad… La verdad está empezando a resultar sospechosa y los ciudadanos parecemos comparsa de una especie de dictadura democrática de la mentira.

     Un caso paradigmático en el que se mezclan la mentira y la verdad sospechosa puede ser el de Bárcenas-Gürtel. El caso Bárcenas, después de expulsar al juez Garzón de la carrera judicial, fue asignado al juez Ruz que estaba en la Audiencia Nacional en comisión de servicios desde julio de 2010, en sustitución del juez Carmona que era el titular. Por otro lado al juez Bermúdez le correspondió, como titular, el caso Gürtel e inmediatamente intentó relacionar las donaciones de empresas con sus adjudicaciones de obras o servicios, el auténtico delito de la trama. De manera fulminante el CGPJ le dejó fuera, ordenando la fusión de las causas y encargando al juez Ruz del conjunto. A su vez se ascendía al juez Carmona al tribunal de La Haya. No se han mandado aún registros en la sede del “PP” ni al domicilio de Bárcenas. Cuando el juez Ruz decide pedir los ordenadores y los libros de visitas, muchos meses después de ser imputado Bárcenas, desaparecen y manda una actuación a los juzgados de la Plaza de Castilla, pues considera que hay delito por destrucción de pruebas durante el periodo de imputación de Bárcenas. La fiscalía se niega a investigar el caso y la juez del juzgado núm. 32, asume que no hay delito, mientras el juzgado núm. 49 ha abierto nuevas diligencias sobre el caso, gracias a otra denuncia. Todo parece seguir su curso hasta que la instrucción avanza para inculpar al “PP”; entonces todo se altera. En los dos últimos años, se ha cambiado tres veces al jefe de la Udef, que tiene la responsabilidad en las investigaciones del caso Gürtel-Bárcenas. Este conjunto de decisiones, tomadas con la conformidad o iniciativa del gobierno, podrían ser verdades sospechosas.

    Además de las muchas mentiras de Rajoy, sabemos que Bárcenas entregó al juez una memoria electrónica que documenta 8,3 millones de dinero negro, a la vez que la Policía Científica informó que los datos aportados son de los años 90. Otro tesorero del PP, Ángel Sanchis tiene que depositar una fianza de 8 millones. Un nuevo testigo relanza la financiación ilegal de Camps. El PP niega ante el juez Ruz la entrega de 200.000 € que ya admitió como cierta públicamente Cospedal; pese a ello el juez imputa al gerente del PP en Castilla-La Mancha por un documento en el que presuntamente firmó el recibí. La caja B de una empresa apunta a la financiación ilegal del PP en Almería, siguiendo las mismas pautas. Ahora el juez llama como testigo a Esperanza Aguirre. Todo se enmarca con mentiras y ataque de amnesia. Esperemos que la internacionalización del caso por la investigación de Argentina sirva para clarificar.

    Se menciona este caso porque implica a la cúspide del partido que hoy tiene todo el poder y no quiero que se olvide. También podría ser ejemplo el caso de los ERE, el caso Arena, el caso Palau, el caso Noos… Desgraciadamente, hay demasiados casos.

CUANDO EL PUEBLO SE UNE

     Los recortes en Educación, la llamada Ley Wert, el abandono de la educación pública en beneficio de la privada, la falta de previsión en las nuevas tendencias como la Formación Profesional, los modos del ministro y el contexto absolutista y poco participativo en el que se han ido produciendo las decisiones del gobierno, han conseguido unir los más variados sectores relacionados con la educación. Indigna, además, que en un momento en que era necesaria una nueva ley se decida no contar con los afectados, salvo con los sectores ultracatólicos, perdiendo la ocasión de sacar una ley consensuada que tuviera permanencia y asegurara en el medio plazo la estabilidad social y un crecimiento menos clasista de nuestra economía, sin fractura social.

    En el espacio nacional los recortes han supuesto el despido de más de 65.000 trabajadores, disminuyendo el sueldo a los que se quedan, entre el 25,3% y el 35%, según las autonomías. Se ha disminuido la ayuda para libros, los comedores y el transporte escolar, las clases especializadas, se ha aumentado el coste de las matrículas en la Universidad... Con un ahorro económico de alrededor de 3.200 millones de € en el último año que representa el 1,2% de la ayuda prestada a la banca. El Santander, por ejemplo, ha ganado hasta septiembre 3.300 millones de €. Todo ello en el contexto de un aumento de la población escolarizable. Supone un daño social a muchas familias, la repercusión para el futuro de toda una generación de niños y jóvenes, y como consecuencia la estanqueidad social de las clases menos favorecidas. A su vez, el gobierno favorece al sector financiero, a los ricos y a las grandes empresas. Ahora, nacionalizarán las pérdidas en autopistas. Paga el pueblo, pero cuando ganan, dan facilidades impositivas para aumentar sus beneficios. No más privatizaciones.

    Si ponemos el foco en Castilla-La Mancha, todo es más grave debido al interés de la presidenta Cospedal por ser la aventajada de España y así garantizar sus ambiciones políticas; por ello se han producido más los recortes en éste y en otros campos sociales de competencia regional: han despedido más de 5.000 trabajadores que representan el 8,3% del total nacional y el ahorro se acerca a los 500 millones de € que representa más del 17% del ahorro total. La bajada de sueldos del sector público se estima en el 33%., una de las mayores de España. Hay que tener en cuenta que la población de Castilla-La Mancha representa el 4,5% del total nacional. Su gobierno, en cambio, no tiene recortes y su presidenta vive a todo lujo en un Cigarral en Toledo (casa de 600 m2 construido con parcela de 12.100 m2) y necesita 20 policías para su seguridad (doble que Rajoy). Ha dejado sin sueldo a los diputados para ahorrar mientras ha subido, desde que gobierna, el 170% los gastos de alta dirección pasando de 22 millones de € a 59; baja el sueldo a los que eligen los ciudadanos y se lo sube a los que ella elije. Eso sí, en nombre de la democracia y de los castellanomanchegos. Figura con cobros en los papeles de Bárcenas. Una forma de hacer política que no tiene en cuenta la “ejemplaridad” que necesita la crisis para tener fuerza moral al pedir sacrificios.

    Pese al pesimismo razonable de muchos, la actitud unida de la comunidad educativa dejó la sensación de que juntos podemos. Para el ministerio fue un fracaso, aunque ahora llama al diálogo. Mientras tanto, Susana Díaz, la presidenta de la esperanza en Andalucía, anunció ese mismo día un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Esperemos que en el próximo trámite se negocie. En caso contrario deberían seguir las movilizaciones. Pero sobre todo no debemos olvidar que los pueblos en democracia tienen lo que votan y que en las elecciones sucesivas debemos votar con memoria, pues el que olvida el pasado suele repetirlo.

       

DESENCANTO

     Las noticias de cada día suponen una continua merma de nuestro estado de ánimo. Las decisiones del gobierno se mezclan normalmente con mentiras, eufemismos para ocultar la realidad, arranques de soberbia, cuando no casos de corrupción, lo que hace difícil la esperanza. Nunca ha habido tanta basura que esconder bajo la alfombra de la palabra. El artífice de muchas de ellas, Rajoy, nos daba, en el comienzo del discurso de investidura, una directriz moral de la que dijo haría bandera: “Decir siempre la verdad aunque duela, decir la verdad sin aderezos y sin excusas. Llamar al pan, pan y al vino, vino”. Unas palabras que más que bandera de la legislatura está siendo la alfombra bajo la que ha escondido las más grandes miserias. Como dice Millás (El País 18/10/2013): “La relación del “PP” con la mentira es la del toxicómano con la droga”.

    Por otro lado, el Tribunal de Cuentas, al que  corresponde el control de la actividad económico/financiera de gobiernos y partidos es perfectamente inútil. Sabemos que la demora de sus intervenciones provoca que muchos de los asuntos se informen cuando están prescritos. La última memoria presentada, la correspondiente a 2008, deja constancia que ninguna de las 32 formaciones políticas fiscalizadas remitió al tribunal el informe relativo a la auditoría interna o que 14, entre ellas el “PP”, no identificaron a sus donantes como marca la ley (el PSOE sí lo hizo). Sus 12 consejeros están ahí por los partidos políticos. Desde tiempos de Zapatero, el bloqueo de su renovación por parte del “PP” hizo que este partido haya tenido una cómoda mayoría durante los últimos 15 años. No hemos conocido por su intervención la actividad de Gürtel, de Bárcenas, de Pallerol, de Ideas, de Palau. Los consejeros permanecen años y años, tentados por un sueldo de 112.000€/año, más antigüedad. 

    Gracias a este órgano, los dirigentes del “PP” garantizan la seriedad de sus cuentas, invocando que han sido revisadas por él. El asunto es grave pues las cuentas de los partidos políticos no están bajo la vigilancia de la Agencia Tributaria, salvo que lo ordene un juzgado. Por la Agencia Tributaria, por ejemplo, sabemos que el PP se financió irregularmente en la Comunidad Valenciana entre los años 2007-2008. Además el gobierno nombra al Fiscal General del Estado, tiene mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. La ausencia de legislación y de hábitos sobre la “responsabilidad política” de nuestros dirigentes hace que las normas democráticas y razonables para su elección sean de alto riesgo.

    La impunidad se la permiten por la mayoría absoluta, y así la injusticia acampa por sus respetos: la manifestación de las ONG, el pasado miércoles, nos pone al día sobre la existencia de más de 12.000.000 de pobres y excluidos y que ellos están realizando una ingente tarea que correspondería al Estado, a cambio España ya se ha situado entre los 10 países con mayor número de ricos; Estrasburgo veta el desalojo de 16 familias en Gerona por clausulas abusivas en la Ley Hipotecaria; Comunidades y Ayuntamientos tendrán que afrontar una reducción de 17.500 millones en recortes de gastos, subidas de impuestos y otros ingresos, según figura en el Plan Presupuestario para 2014/15 remitido a Bruselas por el Ministerio de Economía (sin que lo conozcan las Cortes), lo que aumentará la pobreza y disminuirá las atenciones sociales. Se mantienen intocables la Iglesia, los puestos de confianza, la banca, los más ricos y seguirán ocultando las cuentas en Suiza de los españoles que están en la lista Falciani.  

    La alternativa, el “PSOE”, parece encontrarse en otro universo sin darse cuenta de que nadie los ve como solución. Sus siglas no figuran en las protestas y ahora, en pleno proceso de descomposición, dicen cuando piden la primarias que “aún no toca”. 

LA DERECHA EN ESTADO PURO

    Las buenas palabras de Rajoy se las lleva el viento con demasiada frecuencia. En Sevilla (18/02/2012) decía a los suyos: “La sabiduría siempre es humilde y la necedad, por el contrario, arrogante. Nosotros preferimos la humildad.” y “Para abordar con eficacia los problemas lo mejor es tener paciencia y comenzar el diálogo. Diálogo con los afectados, con los responsables, con los expertos en la materia…con todo el que tenga que aportar”. Pero cuando juegan sus intereses, esas palabras son calentones morales sin efecto práctico alguno. Veamos tres ejemplos:

    El primero, el más necesario para nuestro futuro, la “Ley Wert” (LOMCE), se ha presentado en el Congreso con el rechazo de toda la oposición y de la comunidad educativa (menos la CONCAPA). Un séptimo intento de la democracia que requería y requiere permanencia que nace, si no hay arreglo en el Senado, sin futuro en un momento en que, no lo negamos, es necesaria. Recordemos que en marzo de 2010 el ministro Gabilondo  hizo una propuesta abierta para poner de acuerdo a todas las partes; sin explicaciones, Cospedal dejó la negociación y la propuesta fue retirada. Ahora la ley que ha suscitado el máximo desacuerdo, sigue adelante. Parece que la fractura histórica entre izquierda y derecha no permite puentes. La ley, muy ideológica, incluye aspectos como: la presencia de agentes privados en la educación pública; las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional; trata las lenguas cooficiales como idiomas extranjeros; blinda la escolarización por sexos; elimina la Educación para la Ciudadanía y da entrada a la asignatura de Religión; suprime la democracia anterior al no tener en cuenta la voz de profesores y padres... Así es difícil cualquier acuerdo.

    La reforma de la Ley de Interrupción del Embarazo que presenta Gallardón, después de cuatro intentos, para aprobarla en octubre, sustituye a una ley que ha sido aceptada socialmente, que tiene una importante seguridad jurídica, que es constitucional y que es similar a la existente en buena parte de los países avanzados. La reforma de Gallardón es más restrictiva que la de los países de gran tradición católica como Italia y Polonia. La prohibición del aborto en casos de malformación fetal, uno de los orgullos de Gallardón, sólo existe en Andorra, Malta, Mónaco, Liechtenstein y San Marino. Pasaremos de ser el país de las libertades civiles al que nos llevó Zapatero a ser uno de los más restrictivos. No es buena idea que la penitencia que conlleva los pecados de la moral católica se incluya en el Código penal. Además las dificultades serán solo para los pobres, puesto que los ricos podrán ir a los países europeos en los que el aborto es legal. Afortunadamente el Papa Francisco ve de otra forma estas intromisiones.

    Por último, el Gobierno está avanzando para dar cobertura legal al “fracking”, aprovechando la nueva tramitación de ley de Evaluación Ambiental que agiliza los tiempos, acortándolos de dos años a cuatro meses. Siempre en la idea de que los espacios que afectan a una sola comunidad autónoma son competencia de ésta. El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, en su informe, calcula que existen recursos de este tipo de gas para 39 años de consumo. Sin duda el olor del negocio está generando la imprudencia, pese al caso Castor, aún sin resolver, a los posibles daños en acuíferos y a las advertencias de ausencia de estudios de grupos ecologistas y decenas de Ayuntamientos y diputaciones. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por ejemplo, lleva recogidas 103 mociones en contra de su práctica. Antes de actuar sería necesario contar con muchos resultados y experiencias, pues precipitarse puede ser fatal para la naturaleza y para el hombre.