AQUÍ, EN EL GOBIERNO, NO DIMITE NADIE

   La dimisión es una decisión ética, independiente de la justicia, que se asume personalmente en política como un acto de responsabilidad ante la ciudadanía no sólo como autor de un delito, sino también como conocedor, tolerante, encubridor o por ignorancia. Actualmente no se ejerce esta responsabilidad y la dimisión no llega  hasta la condena en firme del delito por la justicia. Pero cuando la instrucción, el juicio y los recursos duran hasta 10 años; las dimisiones no existen. Tampoco si se ha cometido el delito pero ha prescrito o si se eliminan las pruebas que lo evidencian por problemas procesales (existe, pero para la justicia no se autorizó la prueba). Para mayor desinterés, con fecha 10 de diciembre se publicó en el BOE  la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, del “PP”, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. ¿Para cuándo está prevista su entrada en vigor? Desde 2012 se han aprobado 52 decretos leyes que el Congreso ha convalidado sin apenas discusión parlamentaria y la  política del gobierno sigue adoleciendo de información pública y de transparencia. El viernes fue al Consejo de Ministros una Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos que servirá para cubrir la cara de Rajoy en el próximo debate. La ausencia del ejemplo que para los ciudadanos suponen las dimisiones, envilece la democracia.

    Pero la joven democracia española no siempre ha sido así: después de la “Transición”, con Felipe González, dimitieron ocho ministros, de ellos dos vicepresidentes, sin que fueran ni procesados; con Aznar dimitió uno y con Zapatero dimitieron cuatro. El momento actual tiene un gobierno que, además de su falta de respeto a los ciudadanos, carece de responsabilidad política, porque en los gobiernos anteriores no se hicieron leyes que crearan la necesaria asepsia preventiva. Muchos de esos políticos cubren la falta de ética política con su moral personal en la que basan las leyes civiles para todos, pese a que la Constitución define al Estado como aconfesional.

   Gallardón, en un debate sobre la Ley del Aborto, justificó el caso más duro (el de la malformación), diciendo que su mujer y él lo asumirían, la entrevistadora le contestó que “su moral personal no podía ser el motivo para imponerla a todas las españolas”. Con la actual ley de plazos, él y su esposa podrán seguir su moral, a la vez que disponen de medios para no seguirla. En la práctica son libres. Sin embargo obligan a asumir este sacrificio, a la vez que recortan las ayudas a la dependencia, condenando de por vida a la mujer sin recursos que no piensa como él. Sin embargo no tiene problemas en la reforma del Código Penal para criminalizar a los enfermos mentales, ni para eliminar la Justicia Universal por problemas económicos y comerciales. ¡Curiosa conciencia!
    El ministro del Interior debería justificar urgentemente que las pelotas de goma y los tiros de fogueo no fueron causa indirecta de la muerte de quince personas, pues los vídeos de interior demuestran disparos cerca de los inmigrantes. Todo si quiere eludir una parte de la responsabilidad política, pues ya le afecta la del director general de la Guardia Civil que mintió y debe irse. Si no, parecería que la vida de esas personas es de tono menor. Como respuesta, fuera de toda moral, legalizará las expulsiones en caliente.

    Vivimos una emergencia, donde las instituciones están iniciando un peligroso declive. El Estado se aleja de la sociedad, pues ésta vive en un mundo que no es el que describe el gobierno. La ausencia de valores está permitiendo, además de la enorme corrupción del gobierno, que lleven años intentando distraer la atención, hacer raros nombramientos y mentiras para salir indemnes de sus delitos. Hoy, fruto de luchas internas, ha dimitido Francisco Granados (no es gobierno), que sigue de presidente del “PP” de Valdemoro, amenazando si le echan. Alguien tendrá que explicar tanta incongruencia.

CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD

    El interés de la política que nos ha globalizado es hacernos creer que sólo es posible el crecimiento económico con desigualdad social. Su práctica se basa en la avaricia de unas minorías, el corto plazo y una ideología neoconservadora que ponen al mercado por encima de los ciudadanos. Sus finanzas se mueven a través de los medios electrónicos, apoyándose en tres principios: la gratuidad de sus transferencias por la desregulación del sistema financiero mundial, la ausencia de sentido democrático en sus negocios y el mantenimiento de las crisis para fomentar la inestabilidad y el control de los tipos de interés. La existencia de paraísos fiscales les permite guardar los beneficios sobre la base del secreto, la falta de control y la movilidad. Para operar necesitan el apoyo externo que prestan instituciones internacionales como el BM, el FMI, el BCE  y países con intereses en ese sistema como EE. UU., Reino Unido y Alemania entre otros. Es evidente que la mejor solución global sería eliminar la desregulación, los paraísos fiscales y los apoyos institucionales internacionales, haciendo que los mercados estén al servicio de los ciudadanos. Lo que puede hacerse en España, dentro de las limitaciones de esta globalización, es muy distinto a la política asocial con que se está gobernando.   

    El argumento dominante en el empresariado español, seguido por el gobierno, se basa exclusivamente en el empleo: salarios bajos y menos trabajadores harán más competitiva la empresa y tendrá más para invertir. Pero si hacemos esto en el conjunto de la economía, tenemos que hablar de lo que se llama “falacia de la composición”, que demuestra que lo que es bueno para intereses individuales puede no serlo para el interés colectivo. Lo que sucede en realidad es que si todos los empresarios adoptan el despido y la bajada de salarios, provocarán que los trabajadores en conjunto cobren menos o estén en paro y por lo tanto tengan menor capacidad de compra conjunta. El sistema entra en la llamada “crisis de demanda”. La situación se agrava con la subida de impuestos, el mayor coste de la educación y la sanidad, la supresión de la dependencia y la eliminación de la iniciativa con la supresión del I+D+I. Lo que está suponiendo menos ingresos en la administración, menor crecimiento y mayor desigualdad social.

    Antes de cualquier medida general europea, el gobierno necesita poner orden en la Administración eliminando los puestos de confianza, las dobles funciones, el clientelismo y buena parte de las empresas públicas,  haciendo que a una jefatura de la administración se llegue siempre por mérito y capacidad; hay que realizar una reforma fiscal homologable aplicando el principio de que el que más tiene más pague, sin nadie exento; hay que dar prioridad a la eliminación del fraude fiscal; aumentar el gasto en I+D+I; presentar un nuevo Plan Energético Nacional justo que fomente las energías renovables (no olvidemos que lo conseguido bajando salarios se ha perdido con la subida del coste energético); eliminar recortes y privatizaciones en los servicios públicos; invertir en justicia, eliminar las tasas y aumentar su eficacia: ordenar el mercado de trabajo con una nueva reforma laboral pactada; favorecer especialmente a las pequeñas y medianas empresas, aumentando la inversión pública, porque en la mayor parte de los casos sólo operan en el mercado interno y además son las que crean la mayor parte del empleo: en torno al 70 u 80%; obligar a los bancos y cajas saneados con dinero público y también al Sareb a sacar al mercado, a bajo precio, las viviendas adquiridas por impagos; reducir el IRPF y el IVA; modificar la ley antimonopolio para evitar abusos en eléctricas, bancos, combustible, etc.; modificar el Estatuto del trabajador Autónomo para favorecer su implantación. Con todo ello aumentarían los ingresos del Estado y disminuirían las desigualdades. Hay otros caminos.

SR. PRESIDENTE: ¿CUANDO SALDREMOS DE LA CORRUPCIÓN?

    En la “Convención” del “PP”, el Sr. Presidente ha contado que estamos saliendo de la crisis con el esfuerzo de todos. Hemos observado que los bancos y grandes empresas, los culpables de la crisis, aumentan sus ganancias, pero los ciudadanos que dependen de su trabajo, los que pagan la culpa, están cada vez peor: hay más represión ante la protesta, más paro, más desahucios, el trabajo es precario y con salarios de miseria, el 30% de los niños están en el umbral de la pobreza, las familias han disminuido sus ingresos un 20%, y de nuevo para abortar hay que ir al extranjero… Sr. Presidente, Vd. no habla para todos, habla para los suyos, buscando conseguir la unidad de su partido y el silencio de los demás. Los que mandan, Vd. incluido, actúan con absoluta opacidad, sin explicar la procedencia de sus recursos en las Cortes ni tampoco en los juzgados y sus promesas, mirando su pasado, no son creíbles. No sabemos cómo salir de la corrupción, la que puede afectarle y nos oculta. No pueden seguir callando, pues si son corruptos, no será posible bajo su mando ni la democracia, ni la libertad, ni la justicia social y menos generar confianza para salir de la crisis. Por eso, aunque no le guste, hay que hablar de corrupción para limpiar lo que ahora llama “la marca España”. 

    La Comisión Europea ha emitido un informe poniendo de relieve que los controles actuales no son suficientes. Pone el foco de la vigilancia en los partidos, el urbanismo y las licitaciones públicas. Estima que entre un 20% y un 25% del dinero gestionado en las contrataciones públicas se pierde en prácticas corruptas y en algunos casos hasta el 50%. Son especialmente preocupantes los resultados del Eurobarómetro que acompaña al informe que señala que el 97% de las empresas españolas detectan casos de corrupción en la Administración y un 83% considera que esas prácticas ilegales están muy extendidas en la contratación pública gestionada por las “administraciones nacionales”. Bruselas ha advertido de la mala reputación de España por el aumento de la corrupción. El caso “PP” (antes caso Bárcenas”), el mayor de la democracia, tiene, de momento, 187 imputados, 74 de ellos políticos del más alto nivel, además de considerar afectados a la cúpula del partido y del gobierno, sin que haya dimisiones. Ante esta falta de ética menudean declaraciones incongruentes, silencios aparatosos, ignorantes balbuceos y mentiras. El propio Consejo de Europa también duda de la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General.

    Si miramos hacia atrás, el clientelismo vinculado a los ayuntamientos señala que entre 1996 y 2009 se registraron 5.144 casos de corrupción, en los que estuvieron implicados 600 municipios. Con la gravedad añadida de que esta circunstancia no influyó en las votaciones para su reelección. La crisis está teniendo la virtualidad de concienciar sobre este mal endémico que ha condicionado, durante muchos años, nuestra administración. Va siendo hora de anunciar “tolerancia cero” con la  corrupción.

     El último Barómetro del CIS recuerda que la corrupción y el fraude constituyen la principal preocupación de los españoles tras el paro. Una de las primeras cuestiones antes de las próximas elecciones, sería resolver con diálogo la financiación de la política y del gasto electoral, pues para el 87% de los españoles existe una corrupción permanente en la Administración y en los políticos. El problema, más que jurídico, es ético y el Parlamento debe debatir, en sesiones monográficas, la salida política de la situación. Escurrir el bulto y esconder la corrupción llamando a la unidad y al silencio como si no existiera, sólo puede llevarnos al desastre. Sr. Rajoy haga autocrítica, explique lo ocurrido, pida perdón por el tiempo perdido, deje libertad a la justicia y empiece a sanear su partido. Y en caso de ser culpable, dimita. Así servirá a su partido y a su país.

LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE

    Rajoy, necesitado de votos en sus campañas, trazó unas inviolables líneas rojas para dar seguridad a sus votantes. En la sanidad pública, se comprometió a que no se vería afectada. Ya en el gobierno, todo ha resultado ser distinto. La sanidad la puso en manos de una ministra que no llegó a ser imputada en el caso Gürtel por estar prescrito el presunto delito y por ello mal elegida. La tarea ministerial la ha realizado con opacidad, sin dialogo, desprestigiando lo público y forzando unas privatizaciones en beneficio de elegidas empresas, alegando un ahorro que la realidad ha desmentido.

    En 2011 España tenía la mejor sanidad de Europa, con uno de los gastos más bajos respecto del PIB. Sin duda la relación calidad/precio era, en este servicio público, una de las mejores del mundo. Además, el sector sanitario tenía una importancia considerable en la economía y algunos de sus subsectores, como el farmacéutico, era de los más relevantes en I+D de nuestra economía. Y en esto llegó Rajoy con los recortes (“regularizaciones”) y las privatizaciones (“externalizaciones”) y todo cambió.

    La “regularización” inversora, de la que el gobierno no facilita datos, se estima por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en 150 €/habitante al año. El sistema de salud está funcionando con 3.000 millones de € menos que hace tres años. La plantilla, reconocido por Hacienda, ha disminuido entre 2012 y 2013 en 25.543 sanitarios y si incluimos contratados y eventuales la cifra puede llegar a los 40.000. Lo cual ha supuesto importantes carencias en los servicios: drástica reducción del tratamiento de reproducción asistida; eliminación de comidas especiales de pacientes; el considerable aumento de las listas de espera (situación opaca y desigual según las autonomías, llegan a dos años de espera). En productos farmacéuticos: el copago farmacéutico, el de farmacias hospitalarias y la exclusión de 400 medicamentos de la financiación pública han supuesto, pese a las previsiones, la subida del gasto y la bajada del consumo de los crónicos a costa de su salud. En el campo de los derechos humanos la negativa a prestar servicios sanitarios a los sin papeles ha sido considerada ilegal por el Consejo de Europa. El inventario final ha sido que el ahorro no es representativo y que están consiguiendo desprestigiar la asistencia sanitaria pública. La mortalidad ha crecido en los dos últimos años y los suicidios han subido un 11%. ¿Casualidad?

    En las privatizaciones, el “PP” realizó un primer ensayo en la Comunidad Valenciana, en Alcira (1999), con financiación pública y gestión privada; la experiencia costó a la administración más de 70.000.000 € en indemnizaciones y fallos asistenciales. En Madrid existen tres hospitales con este tipo de gestión: el de Torrejón de Ardoz, el Infanta Elena (Valdemoro) y el Rey Juan Carlos I (Móstoles). En ninguno de ellos se realizan intervenciones complejas, no han supuesto ahorro y hay procesos abiertos por irregularidades. En comparación realizada entre el hospital Giménez Díaz de gestión privada y el hospital Ramón y Cajal de gestión pública, este último, con un presupuesto un 13% superior al primero, gestiona el doble número de camas y quirófanos, con pacientes y patologías más complejas. La experiencia inglesa avala este encarecimiento. La renuncia de la privatización de seis hospitales madrileños, gracias a sanitarios, pacientes, partidos políticos y TSJM debe llevar la racionalidad al “PP”.

    Hay que resaltar que los fallos en tramitación privatizadora y las adjudicaciones reiteradas a determinadas empresas hacen pensar en la existencia de intereses espurios, a lo que habría que añadir las “Puertas Giratorias”, nombre con el que conocemos los trasvases entre responsables de la sanidad pública y privada. Se ha observado que en el último año, este trasvase ha fluido con intensidad. Recordemos los casos Güelmes, Elena de Mingo, Manuel Lamela…Todo demasiado caro y demasiado oscuro.

LA EDUCACIÓN SEGUIRÁ EN EL TUNEL

    Aristóteles decía, en una magnífica definición, que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Un concepto, más fácil de analizar, apunta que la educación es un proceso por el que se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar estando presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Los valores educativos se transmiten por la familia, la escuela y la sociedad. Nuestro gobierno, que está tratando la educación como un problema estrictamente económico y de transmisión de los valores del catolicismo trentino, debería saber que existe una estrecha relación entre el desarrollo de los países con su sistema educativo y el de su investigación científica y tecnológica. No  puede existir un crecimiento sostenido sin que crezca adecuadamente el nivel del sistema educativo público. Sin educación igual y generalizada no hay crecimiento en una democracia.

    Desde finales de 2011 se ha ido perdiendo la validez de conceptos como comunidad educativa, participación y valores educativos, aspectos que se mencionan en la definición de educación. El sentido economicista con que se trata la educación ha supuesto, de hecho, que se actúe sobre ella sin contar con los colectivos sociales y políticos y sin las aportaciones de aquellos grupos más directamente implicados en la tarea. Estas ausencias en el procedimiento han hecho creer al gobierno que no influían en la calidad educativa: el aumento de la ratio de alumnos por clase; el cierre de bibliotecas; la eliminación de becas y ayudas de estudio (idiomas, libros y residencias); cambios de condiciones en las becas; repago en FP; recortes en número de profesores (más de 20.000 en dos años); reducción a seis meses de las becas Erasmus; subida de tasas universitarias; subida del precio de las guarderías; no cubrir bajas de profesores de menos de dos semanas; menor número de ramas en los institutos; ERES a docentes de manera continuada; disminución de medios en la lucha contra el absentismo escolar y la supresión de Educación para la Ciudadanía. Además de enormes reducciones en I+D+I.

    Todos estos recortes han supuesto una disminución del presupuesto en educación del 4,1% en 2012 y del 7,3 en 2013, lo que supone que el gasto sea del 4,2% de PIB, frente al 4,9% de la media europea. Nos vamos quedando atrás en cantidad y calidad educativa. Lo que impedirá el crecimiento económico continuado.

    Estas actuaciones, canalizas por la Ley Wert, tienden a un fin concreto: la privatización de la enseñanza pública. Para cumplir este fin emplean tres elementos: ahogarla económicamente, desprestigiarla y eliminar condiciones para subvencionar los colegios concertados. Si tenemos en cuenta que el 70-80% de los centros privados concertados están en manos de organizaciones religiosas católicas, es fácil deducir que con esta ley el Estado ya no será garante de la escuela pública. El mismo proceso se está produciendo en las Universidades, en las que intentan crear una educación de élite que dé continuidad al proceso iniciado. De esta forma la bondad de la escuela pública, que constituye un instrumento decisivo para la cohesión social, perderá esta virtualidad para ser fuente y motivo de diferencias sociales cada vez más acentuadas.

    Una tarea de insistente demolición, con trasfondo ideológico conservador e impregnada de intereses económicos bastardos, no se eliminará hasta que el “PP” salga definitivamente del poder y un nuevo gobierno busque el consenso de la comunidad escolar, la participación de los sindicatos y partidos políticos, definiendo los medios para conseguir en la forma y el fondo los valores educativos que el país necesita, buscando una permanencia necesaria en el tiempo que pueda ir adoptando los cambios puntuales necesarios en función de las experiencias, como requiere tan importante tarea de Estado.

NO OLVIDEMOS LA CORRUPCIÓN

    Pese a que los españoles vuelven a situar la corrupción en el segundo lugar de sus inquietudes (el primero es el paro), el caso Bárcenas, paradigma público de la corrupción en España, y muchos más vuelven a desaparecer de las primeras páginas. Los partidos de la oposición parecen agotados y los medios de comunicación la mencionan estos días sin demasiada contundencia. Resulta peligroso que el asunto más culpable de la crisis pase a segundo plano en un año electoral. El gobierno y el “PP”, bastante implicados en casos de corrupción, insisten en hablarnos de la salida de la crisis, lanzando señuelos informativos para crear debates de distracción. Todo para ir ganando un tiempo que necesita para salir indemnes. El 78% de los españoles creen razonablemente en la existencia de la caja B del “PP” y en los cobros en negro de Rajoy, sin olvidar la trama de los ERE y la corrupción en UGT. Corremos el riesgo de votar para el Europarlamento unos representantes sin ética política, cuando se van a tomar las decisiones más importantes desde su creación. 

    El grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público un duro informe sobre la corrupción en España. En un documento titulado “prevención de la corrupción en los diputados, jueces y fiscales” se afirma que “los recientes escándalos de corrupción atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones” y, entre otras cosas, pide que se modifique el método de elección del Fiscal General del Estado que nombra directamente el Gobierno y es especialmente duro y crítico con las instituciones judiciales: duda de la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial, lo que supone poner bajo sospecha todo el poder judicial español. A ello hay que añadir que los juzgados para resolver estos complejos casos carecen de medios para dar justa respuesta con prontitud.

    Por otra parte el ahora “verso suelto”, Cospedal, nos ha acostumbrado a que hoy diga una cosa y mañana su contraria. Ahora recurre el archivo de su demanda contra Bárcenas, pese a su expresada satisfacción por la sentencia. En el recurso, una nueva oportunidad para que Bárcenas siga largando, añade una perla al afirmar que no considera oportuno el fallo del juez que debió seguir “las reglas del pensar” y “no las jurídicas”. Sin duda, una curiosa forma de la Secretaria General del Partido del Gobierno, de entender el Estado de Derecho que tanto invocan cuando les conviene.

   Además, el caso Bárcenas sigue ampliándose: el juez Ruz ha tomado declaración como testigo al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, sobre los 200.000 € en metálico dados al “PP”; también a su sobrino Vicente le ha imputado por esa misma causa. Además añade a otros nueve empresarios por la supuesta contabilidad B en el “PP”. Estos diez empresarios se suman a otros siete que ya lo estaban al ser admitida la querella de IU, que considera a los imputados, tanto empresarios como encargados de las cuentas en el “PP”, culpables por ocultar el “dinero negro”.

    El juez Silva, imputado por prevaricación al ordenar dos veces el ingreso en prisión de Blesa, se ha defendido diciendo: “Es una grave irresponsabilidad que Blesa esté en libertad porque ahora hay riesgo espectacular de manipulación de pruebas”. La publicación de los correos de Blesa deja claro que Caja Madrid (ahora Bankia) facilitaba dinero, de todos los españoles, a sus amigos (mayoría del “PP”). Ahora lo importante no es la apropiación, sino si los correos son “corporativos” o “privados”, aunque aplicando “las reglas de pensar” de Cospedal, todos deberían estar en la cárcel. Silva recuerda a Garzón, cuyo expediente de indulto se ha traspapelado año y medio entre el Supremo y Justicia. Todo huele a podrido y no debe olvidarse nunca. 

EL DISCURRIR DE LOS CAMBIOS EN EL PSOE

    El 2 de abril de 2011, Zapatero anunciaba que no se presentaría a las elecciones. Poco tiempo después, Rubalcaba, que había demostrado su capacidad en los más diversos puestos, dimitiría como vicepresidente primero para ser nombrado por el “Comité Federal” candidato a la presidencia del gobierno, presentándose a las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2011. Después, sería elegido secretario general del PSOE en las primarias de 4 de julio de 2012 con 22 votos más que su rival. 

    Sin analizar culpabilidades individuales (no sería acertado, práctico ni razonable), lo cierto es que, desde entonces, el derrumbe socialista ha ido creciendo: el PSOE se dejó siete puntos y un millón y medio de votos en las municipales respecto de las anteriores. En las generales de noviembre (sólo 6 meses después y con Rubalcaba de candidato), fueron 15 los puntos y 4,3 millones los votos perdidos respecto de las anteriores. Pese a esas enormes derrotas históricas, el análisis de lo ocurrido no se produjo, por el contrario, muchos dirigentes hablaron de excelente campaña, líder adecuado y programa electoral sólido y participativo. Después, como hemos relatado, todo se centró en unas primarias con candidatos muy seleccionados, Rubalcaba ganó, y el PSOE siguió con la misma hoja de ruta. Desde esa fecha muchos militantes han expresado  la necesidad de nuevos e importantes cambios pero, como siempre, “nunca es el momento adecuado”. Vemos, sin que se analicen las causas, que en las muchas manifestaciones contra las políticas de Rajoy, la sigla PSOE no tiene espacio. Las encuestas, de manera machacona, dan el esperado desgaste al gobierno, mientras el PSOE, inexplicablemente, sigue cayendo sin recuperar electores. Ante esta situación, para intentar hacer un programa y ganar tiempo, se organizó una conferencia política con los esquemas de participación de siempre.  

     La “Conferencia Política”, llevada con disciplina estatutaria, aportaba elementos aislados que en otro escenario hubieran supuesto una auténtica revolución en el partido. Pero que ahora, a tres meses de su celebración, nadie se acuerda y todo sigue igual. Esta experiencia nos dice, sin lugar a dudas, que un mensaje, mejor o peor elaborado, no es la solución. Para conseguir la imprescindible credibilidad de la sigla PSOE, hace falta democracia interna con nuevos estatutos, un liderazgo distinto y un equipo que dé esperanza, unidad e ilusión a los militantes para después arrastrar con esos sentimientos a la sociedad. Ese cambio que es necesario e imprescindible no es, sin embargo, garantía de éxito a estas alturas. Lo que sí es seguro es que alargando los plazos del cambio necesario, todo irá a peor. Observamos cómo las alternativas que han sido prudentes y no se han salido del guión, se están quemando antes de actuar y dar a conocer su pensamiento político. Nos guste o no, la iniciativa política y los tiempos en el uso de la comunicación, los maneja el PP; además, ha ganado en estos dos años la batalla del desprestigio del PSOE. El año 2013 ha sido un año pésimo en resultados económicos, en gestión política, en desestructuración social y un año en el que los ciudadanos han percibido con mayor claridad la corrupción en el PP y el gobierno. Pese a todo el PSOE no remonta, sigue sin ser alternativa y Rubalcaba sigue mal valorado. El próximo 18 de enero el “Comité Federal” deberá anunciar las primarias a elecciones generales y regionales. Pero todo apunta, según algunos medios de comunicación, a que  dejarán pasar el otoño por la consulta catalana y fijarán antes las primarias para las autonómicas. Lo que mantendría el partido bajo el mismo control hasta casi el final de la legislatura. Si perdemos esta oportunidad para la apertura del partido a la sociedad, seguirá el deterioro, la desmovilización y disminución de los militantes hasta el final.