EL CONTINUO CONFLICTO ENTRE EL “PP” DE CASADO Y LA JUSTICIA

    El pasado miércoles, el ministro de Justicia anunció que antes de una semana el Gobierno iniciará la tramitación de las peticiones de indulto de los líderes del Procés condenados. Por el momento sólo hay dos peticiones. La Consellera de Trabajo, y la de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Los demás condenados no lo han pedido. Quieren la amnistía. La esperarán en vano. Lo anunciado por el ministro es irreprochable. El anuncio del ministro desató las iras de la oposición. “El Gobierno se baja los pantalones”, dijeron, “para conseguir el apoyo de los independentistas en el Presupuesto”. Olvidan que toda petición de indulto se tiene que tramitar y que la tramitación corresponde al ministro de Justicia. Otro tema en la misma línea anterior, añadió el ministro, el Gobierno tiene previsto modificar el Código Penal en lo que respecta al delito de sedición. Esta modificación puede beneficiar a los condenados y facilitar su salida de prisión, pero es igualmente irreprochable. Su actual texto tiene 144 años, en un tiempo histórico (1868) cargado de levantamientos revolucionarios, además de ser una extravagancia en Europa, como hemos comprobado con amargos revolcones.

     El ministro Campo también se ha referido a la ausencia del rey en Barcelona en el comienzo del año judicial con estas palabras: “Creo que tenemos que dar normalidad a las cosas y que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger la instituciones y, sin duda, la monarquía lo es”, ha señalado y ha pedido no sobredimensionar las cosas. A continuación ha manifestado que el compromiso del rey con la Justicia es “tan fuerte” y está “tan anclado en la mente e imaginario de los ciudadanos” que “no pasa nada, ni hay ruptura de nada”. Pero veamos circunstancias que pueden explicarlo.

    Sabemos que Casado en las reuniones con el Presidente del Gobierno no ha querido cumplir el mandato de la Constitución sobre el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, según el reparto de escaños en el Congreso y que debería haberse reformado hace ya dos años. La permanencia del máximo órgano de los jueces ha servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos. En 1995, la Sala de lo Penal del Supremo, la que sentencia sobre los casos de corrupción, estaba formada por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. En el año 2020, son 11 conservadores frente a dos progresistas, sin que se corresponda con una distribución de escaños, con mayoría del PSOE. Quizás este año no sea el más brillante en la independencia de la justicia, ni para celebrar a bombo y platillo el año judicial. 

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, opinaba en elDiario.es el 24/9/2020, al ser entrevistado por Ignacio Escolar: "Cuando el mandato del CGPJ caduca, pasa a estar en funciones y eso significa que carece de legitimidad democrática, porque depende de otras Cortes nuevas", añade que el bloqueo y la no renovación es algo "manifiestamente anticonstitucional". Ha recordado que el nombramiento de "presidentes y magistrados" en la Justicia es "una atribución tan importante", que la propia ley orgánica del poder judicial exige que estos nombramientos se hagan mediante un real decreto que tienen que ser firmados por el rey y refrendados por el ministro de Justicia, señalando: "El Gobierno no solo puede, sino que debe establecer un criterio general que señale que los nombramientos que emanen de un Consejo caduco  no se refrenden por el ministerio de Justicia", añadiendo: "Si no hay renovación, no hay refrendo". Ha dejado claro que España es el único país de la UE que no ha reformado su constitución nunca y ve esto como "un problema tremendo" porque desgasta la legitimidad del texto. Casado debería dar alguna explicación razonada y sin insultar.

POR FIN AL "PP" DE AZNAR, DE RAJOY Y DE CASADO SE LE CAYÓ LA MÁSCARA

  Casado, esta vez con alegría, ha realizado unas declaraciones en el patio del Congreso en las que ha aprovechado para insultar al Presidente, lo normal, a quien ha avisado de su "debilidad" por la derrota, diciendo que era la segunda del Gobierno en la convalidación de un decreto, ahora del superávit municipal, cosa incierta. Presumiendo de haber liderado la "rebelión" de los alcaldes en esta "victoria del municipalismo". El Gobierno, en esta ocasión, puso especial empeño en la derrota, aunque la ministra Montero intentó denunciar la hipocresía del PP por criticar la aplicación de una ley que fue aprobada con sus votos: "¿Acaso no es el PP el que ha impedido, durante una década, a los ayuntamientos el uso de los remanentes?" Ahora dice no, sin dar solución alguna, como siempre. El Gobierno, el pasado miércoles, encontró una solución. Además, ahora surgen Kitchen (y otros). Pronto les caerán las máscaras a Rajoy, a su mentor Aznar y a él, cumpliéndose el refrán: "dura poco la alegría en la casa del pobre". 

En estos mismos días, al "PP" de Aznar, Rajoy y Casado le han descubierto un extenso y detallado escrito de los fiscales, dentro de la "operación Kitchen" en el que solicitan al magistrado de la causa, Manuel García Castellón, que llame como investigados al exministro del Interior, Fernández Díaz, máximo responsable con Rajoy de toda la trama, pues les han descubierto parte de lo peor de su historia. 

Al parecer, los últimos tres líderes del PP, en la democracia, no sólo delinquieron, nos dice la Fiscalía, sino que pusieron a su servicio todos los recursos, ya no del partido, sino del propio Estado para obstruir a la Justicia. Casado no quedó fuera, pues tuvo cargo importante aun con Rajoy y participó, vio, calló, usó y negó, para evitar que se descubriera la trama. Ahora entendemos mejor su negativa a cumplir el mandato constitucional para renovar instituciones, entre ellas el CGPJ, pendiente de realizar nuevos nombramientos en el TS. Recordemos que ese tribunal, en la sentencia de la Gürtell, llamó al PP "organización criminal". Pues bien, pese a todo, quiero creer en la "presunción de inocencia", como manda la Constitución, aunque no puedo menos que recordar su comportamiento cuando a Pablo Iglesias le dieron por culpable, con la simple admisión a trámite del juez. Siempre aplican la ley del embudo.

Aun hay más. Pablo Casado aprovechó la publicación de la sentencia de los ERES de Andalucía para pedir responsabilidades a Pedro Sánchez. Incluso dijo que el presidente del Gobierno en funciones debería “dar un paso atrás, para ser coherente". La de la trama Gürtell, que afectó de lleno al Partido Popular, desencadenó la moción de censura que desalojó a los conservadores del poder. Sin embargo, el máximo dirigente popular debería reflexionar que sus argumentos contra el dirigente socialista, sin ser firme la sentencia y sin cargo representativo importante en ese tiempo, sería más razonable que se los aplicara a sí mismo, lo que exigía a Sánchez. Sr. Casado, no puede ser adalid de aquello que parece desconocer en sus hechos y en sus actos, me refiero a la Constitución y a España. Por favor, recapacite y obre en consecuencia.

Un grupo de expertos pidió una reunión que analizara objetivamente los aciertos y errores para gestionar mejor la pandemia en el futuro. Casado ha recogido la idea, transformándola en una comisión que dé a conocer la pésima gestión del Gobierno. Hace seis meses de la suspensión, por Casado, del Estado de Alarma y que los recursos a la justicia fallaran. Durante el verano la gestión ha sido básicamente autonómica, tiene responsabilidades y Casado ha seguido insultando, sin dar soluciones, véase Madrid y la gestión de Ayuso que ahora habla de confinamiento y se entrevistará con Sánchez. Ni hace ni deja. Lo tergiversa todo y así llevará a PP al desastre. Que mire el CIS.

EL PASADO DEL "PP" DE RAJOY PASARÁ FACTURA AL "PP" DE CASADO

  Quizás el título pueda parecer injusto porque, aparentemente, están pagando justos por pecadores. Nada más lejos de la realidad. Desde que tomó posesión de la presidencia del "PP", Casado ha estado retrasando cualquier clarificación del pasado que pudiera descubrir la verdad de ese tiempo. Para ello ha incumplido sistemáticamente el mandato constitucional, paralizando la renovación del CGPJ, intentado continuamente politizar la justicia, aunque no ha podido parar otros espacios más vulnerables, como el manejo de los cargos policiales o la utilización del espionaje militar, aprovechando los nombramientos y las estructuras creadas por el entonces ministro del Interior Fernández Díaz, ocultando y falseando a la justicia una información importante, que favorecía claramente sus intereses políticos. Por otra parte su forma, dañina para España, de ejercer la oposición ha sido un aliciente para intentar buscar la verdad y dar a conocer los manejos de Casado, absolutamente amorales. 

La historia comienza con las interferencias realizadas para reducir la trama Gürtell a un empresario que se sirvió del Partido Popular para cobrar comisiones. Comenzó prácticamente desde el mismo momento en que estalló el caso, recordemos, en 2009. Ciertas interferencias en la instrucción judicial no pudieron ocultarlas. Otras, más sencillas de llevar a cabo desde el poder, como las presiones que sufrieron los investigadores y sus jefes, derivaron en ceses, con el cambio de gobierno en la moción de Censura, aunque algunos de ellos aún guardan silencio. El espionaje a Bárcenas fue absoluto y ordenado desde el núcleo mismo del Gobierno de Rajoy, también con el fin de sabotear la instrucción judicial. La investigación del caso revela cómo el "PP" de Rajoy no dudó en recurrir a las, mal llamadas, Cloacas del Estado, ni tampoco lo dudó el "PP" de Casado, al ocultarlas y valerse de esas mismas cloacas del Estado. Más adelante, el caso Villarejo ayudaría a conocerlas mejor.

Ahora que le piden responsabilidades a Casado, responde que él no ocupaba cargos de responsabilidad. Pronto se ha olvidado que Rajoy le nombró vicesecretario y portavoz de campaña del PP el año que Cospedal y Villarejo aún espiaban a Bárcenas. Con ello queda más clara la catadura moral del que siempre mintió e insultó, haciendo una oposición destructiva, sin dar una sola idea para solucionar la pandemia, todo lo contrario, pues fue el culpable de la situación actual al impedir con su voto que continuara el aun necesario Estado de Alarma, ni a las consecuencias económicas, e incluso está impidiendo la renovación de CGPJ, pese a que con su postura violaba la Constitución de la que se proclama adalid principal. Esa irresponsable y amoral oposición ha sido la causa de que el gobierno haya cambiado de estrategia y pasado al ataque. Una vez que existen pruebas, ha pedido la creación de una comisión en el Congreso para que el debate sea público, aparte del camino de la justicia, que seguirá haciendo su trabajo,

Casado ha tenido la oportunidad  y el tiempo  para  hacer la  oposición que España necesitaba y los españoles pedían, para ayudar en la lucha contra la pandemia y buscar las soluciones de la crisis económica, en lugar de utilizar su partido en la UE. para impedir que el Presidente consiguiera sacar adelante sus peticiones, cosa que, ya sabemos, no consiguió.

Queda ahora que Casado entienda que su partido está atravesando un periodo de alto riesgo con la que está cayendo y sin tiempo para sustituirle adecuadamente, se mantenga en sus trece y vote en contra de la aprobación de los Presupuestos para 2021, pues salgan o no adelante, le irá mal a su partido y si sigue incumpliendo el mandato constitucional de renovar las instituciones como el Defensor del Pueblo, RTVE, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, pudiera plantarse un recurso o que el propio presidente del Consejo fuerce la situación. Espero que cambie sus posiciones.

No veo cómo el Gobierno ha llevado así la Ley del superávit de entes locales. 

EL PAÍS QUE TIENE MÁS NECESIDAD DE ACUERDOS, ATACADO POR EL VIRUS DEL ODIO

  Quizás la prueba más evidente de este contagio del virus del odio se ha producido en el Alcalde de Madrid. Antes de ser nombrado portavoz nacional del "PP" de Casado, decía: "el alcalde de todos, he de llegar a acuerdos con todas las formaciones". Una política sin líneas rojas que tocó techo a comienzos del mes de julio, cuando el consistorio madrileño sacó adelante los Pactos de la Villa, votados por todos los partidos. Descubriendo orgulloso los logros. Un tiempo después, recién nombrado como portavoz nacional y ya en estrecho contacto con Casado, lo ha hecho cargando contra el Gobierno central. El ya dirigente popular ha señalado que Pablo Casado no acudirá este miércoles a Moncloa para regalar “una foto” ni para dar un “cheque en blanco” al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos”. La voluntad del PP sigue siendo la de no apoyar los Presupuestos Generales del Gobierno, con o sin anteproyecto. Una negativa que ha justificado considerándose “incompatible” con las políticas de Podemos y de los aliados políticos del PSOE. Como puede verse el contagio del odio se ha producido. También hemos sabido que las razones que dio Casado a la salida de la "negociación" con Sánchez estaban determinadas, pasara lo que pasara. Sin duda la nueva estrategia no es tal. Todo sigue igual.

Estos presupuestos son absolutamente necesarios para que España pueda salir de la crisis. Su no aprobación pone en riesgo los 140.000 millones de € de la UE. No se trata tanto de un problema puramente técnico, como de que para canalizar correctamente los fondos para lo que están pensados se necesitan presupuestos. ¿Por qué? Porque los fondos van destinados a financiar programas específicos diseñados por los países, que si no están insertos en un marco presupuestario, son más complicados de diseñar. Y, a veces, puede resultar imposible. Casado ha aplicado como estrategia política el primero de los 11 principios de Goebels (jefe de propaganda de Hitler), que establece: "Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo". En este caso, el enemigo único es UP y el adversario único personificado sería Pablo Iglesias. Casado ha utilizado políticamente la pandemia y jamás ha realizado aportación alguna a la solución, ni siquiera en las autonomías donde tiene el gobierno, ni tampoco a las consecuencias económicas de la misma. El horizonte del "PP" de Casado es, exclusivamente, recuperar el poder perdido a cualquier precio.

La reunión con Cs fue bien e Inés Arrimadas salió con la impresión de que Pedro Sánchez quiere intentar un acuerdo de Presupuestos con Ciudadanos. Por otro lado, la postura de Cs en su reunión con el Presidente fue sensata y realista. Esperemos que no se tuerza, ni que UP establezca una incomprensible línea roja, pues los 10 votos de Cs nos acercan bastante a la mayoría necesaria de 176, pues llegaríamos a los 165 votos. Espero que lo que se juega España mantenga el buen sentido. Como dijo el Presidente Sánchez: "Es tiempo de negociar y tiempo de honestidad.”

Por su parte, Rufián (ERC) condiciona su apoyo a los presupuestos a la mesa de  diálogo y advierte de que su apoyo es incompatible con Ciudadanos. Recordemos que ERC tiene 13 diputados. Los cinturones de seguridad no son de izquierdas, pues no se ha razonado sobre programas, ni para este momento tan condicionados por la UE.

EL Presidente no ha estado parado. Antes de las reuniones con  los partidos, convocó a la flor y nata de las empresas españolas junto a algunos agentes sociales y representantes de la sociedad civil, a fin de exponer la necesidad de unir fuerzas para combatir la enfermedad y la crisis. Fue bien acogida, pues hasta a la presidenta del Santander le pareció incuestionable el programa propuesto. El patriota Casado deja fuera a España.

CASADO SIGUE SIN ENTENDER NADA DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESPAÑA

  Casado sigue obsesionado con llegar a la Moncloa. Un deseo que se ha ido transformando en sentimiento de odio contra todos los que se interponen, produciéndole alejamiento de la realidad, que afecta a sus decisiones políticas. Es difícil que cambie, pues la retórica del odio es un virus muy difícil de curar y además asintomático. Sus respuestas están cargadas del mismo odio que tenían con Cayetana Álvarez de Toledo.

Últimamente ha tenido la ocurrencia de marcar una nueva estrategia política, que no es otra cosa que asegurar su Presidencia en el "PP", pues el compromiso de Feijoo de no presentarse más a las elecciones gallegas y su fracaso en Euskadi, le hacen pensar que peligra su sillón y ya ha empezado a rodearse de sus más fieles con el fin de cerrar el paso a Feijoo. Lo que está suponiendo una aparatosa movida interna, que bien pudiera acelerar su salida.  Además pretende un adelanto electoral, intentando que no se aprueben los Presupuestos, una actitud absolutamente irresponsable. 

En estos momentos España tiene dos importantísimas urgencias: la primera, invertir, cuanto antes, el crecimiento acelerado de la pandemia. Lo que exigirá un trabajo conjunto y coordinado de  todas las instituciones, como piden la mayoría de españoles en las encuestas. Máxime teniendo en cuenta que estamos muy próximos al comienzo del curso escolar. La segunda, aprobar los PGE para 2021 que, aunque el 1 del pasado enero, entró en vigor la reforma del artículo 135 que convierte el exceso de déficit y deuda en inconstitucionales, sin embargo, la Comisión Europea propuso, a finales de marzo, la activación de una cláusula para suspender temporalmente el Pacto de Estabilidad, abriendo la puerta a que los diferentes Gobiernos pudieran elevar su gasto público y así poder paliar, rápidamente, los efectos económicos de la pandemia. Con ello, no resultaría aplicable el 135.2 y en esta ocasión tampoco habrá restricciones. Una situación que unida a los 140.000 millones de € conseguidos y, últimamente, otros 21.300 millones para los ERTE a pagar en 15 años y a bajo tipo de interés. Oponerse ahora a la aprobación de estos Presupuestos es una actitud absolutamente irresponsable. Casado debería tener en cuenta que empresarios, autónomos y trabajadores, que han pactado con Sánchez, y muchos más, se verían ahogados por los efectos de la crisis y sin soluciones en el medio plazo. Además con su partido dividido y teniendo que soportar la reapertura de los casos Gürtell, Púnica y Lezo. La realidad, que ahora no percibe, es que negar la aprobación de los PGE no es bueno para él y muy malo para España.

Casado no ha tenido en cuenta, aunque se sabe, que él fue el culpable de la suspensión temprana del Estado de Alarma con el absurdo razonamiento jurídico de que la ley no permitía más de 60 días de prórroga. Ahora culpa de la epidemia y hasta de los muertos a Pedro Sánchez al permitir la manifestación del día 8 de marzo. Sigue sin entender nada.

A este respecto, Fernando López Miras, ex alto dirigente del "PP" ha dicho estos días, entre otras cosas: "Cuando se estudia la carrera de Derecho como Dios manda, y no en cursos acelerados en universidades periféricas, se aprende lo que es la fuerza mayor". La Jurisprudencia del Supremo define la fuerza mayor como «acontecimiento que, aun cuando se hubiese previsto, habría sido inevitable». Y el Código Civil dice: «Nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables» (artículo 1105). El Derecho es sentido común. ¿De verdad podremos responsabilizar a Pedro Sánchez del origen y consecuencias de la epidemia de coronavirus? Esperemos, por el bien de España, que al final se imponga la cordura. No será fácil.

EL MAL USO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

  La Constitución española elevó la presunción de inocencia al rango de derecho fundamental de la persona, como se refleja en el artículo 24.2, situación que deben tener en cuenta al menos jueces, fiscales y medios de comunicación. La realidad es que, pese a las muchas sentencias del T. Constitucional, normalmente previo recursos de amparo ante ese mismo tribunal, abunda de manera generalizada el incumplimiento de este derecho fundamental, uno de los más importantes derechos humanos vigentes en Europa y reconocidos por España. Últimamente conocemos el caso de Pablo Iglesias, para el que piden su dimisión, dando por hecho que es culpable, simplemente porque el juez ha admitido a trámite la denuncia del ex abogado de su formación. En el caso del "rey emérito", se violó este derecho sin estar siquiera imputado. Tendencia generalizada en estrategias políticas y medios de comunicación.  

Es necesario advertir que establecer de forma expresa el derecho a la presunción de inocencia como un derecho fundamental, supone otorgar inmunidad a sus titulares, ya que este derecho acompaña una inmunidad para su titular cuando este está exento de los efectos de un acto de otro sujeto, de tal manera que este último va a ser incompetente para alterar la situación jurídica del titular con ese acto. Esto implica que, mientras esté vigente la presunción de inocencia, no se podrá alterar la situación jurídica del sujeto. Derechos que la denuncia de Casado no ha tenido en consideración.

Aunque esta presunción fue concebida básicamente para el proceso penal, el Tribunal Constitucional ha extendido sus efectos a todos aquellos supuestos en los que se sanciona una conducta tipificada como infracción de una norma del ordenamiento jurídico. Más aún: dicho Tribunal considera -y esto es lo que ahora me interesa destacar- que la presunción de inocencia juega también en las situaciones extraprocesales, dando derecho, en este ámbito, a "recibir la consideración y el trato de no autor". Pese a todas estas protecciones, podemos afirmar que en España se suele hacer pública la culpabilidad del procesado antes de la sentencia, sin consecuencias. 

Desde hace décadas, la información de sucesos en los medios de comunicación españoles ha adquirido una relevancia de primer orden y, con ello, un papel destacado en el debate político y del público en general, que evidencia la necesidad de tenerlo presente en el trabajo que realizan los profesionales, el público, y cómo sus notas e interpretaciones contribuyen a formar los imaginarios sociales del mundo del delito, sin esperar a adjetivar después del fallo definitivo de la justicia. Debe ser obligado esperar la sentencia definitiva en los conflictos que se producen entre la libertad de información y las garantías procesales. Dando un paso más, es obligado que la información tiene que ser respetuosa con los derechos de toda la ciudadanía y especialmente la que está sometida a un proceso penal. Por ello está fuera de lugar pedir dimisiones o destituciones, pues debe recordarse que, en sus orígenes, este derecho se positiviza con la finalidad de garantizar la libertad e integridad tanto personal como jurídica, por lo que no se pueden exigir situaciones y acciones que solo se producirían si fuera declarado culpable.

Las demandas informativas no pueden devaluar los derechos fundamentales, ni crear juicios paralelos. Encontrar un equilibrio entre la información y las garantías procesales continúa siendo un reto pendiente en la actividad periodística. Así podemos y debemos hacerlos compatibles, sin daño: libertad de información, presunción de inocencia, garantías procesales y derechos humanos. La justicia, por su  parte, debería castigar la vulneración de esos derechos, en función del daño.

LA OPOSICIÓN TAMBIÉN TIENE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

  En este avanzado tiempo de la comunicación, tengo la sensación de que su perverso uso está alejándonos unos de otros. La comunicación es fluida, gracias a las enormes posibilidades técnicas de las que disponemos, pero hay más odio, más mentiras y más bulos que nunca. Afortunadamente, suelen acompañarse de grandes ideas, emociones y sentimientos que ayudan a mantener la esperanza en el ser humano, pese a que muchos se alimentan en las cloacas, induciendo a otros a seguir los pasos del pensamiento del grupo que dirigen. Para ellos, ser demócrata ya es considerado una posición de extrema izquierda, olvidan que el ser humano tiene capacidad para decidir al margen de cualquier etiqueta. Necesitamos que el pensamiento político más numeroso sea mejorar la sociedad en la que vive y ser capaz de ejercer la autocrítica. Tener ideas políticas no es una perversión. Puede serlo si se emplean exclusivamente en beneficio propio.

En este ambiente, la democracia española ha borrado de su ejercicio el papel de la oposición, olvidando que tienen obligaciones y responsabilidades, por ello cobra, pero la derecha no las ejerce. Su hacer es atacar al Gobierno, haga lo que haga y punto.

Estos días, asistimos al recrudecimiento de la pandemia. Es cierto que hay menos fallecimientos y no se ha colmado la sanidad, pero ya está afectando a la economía, especialmente al turismo. Desde la oposición se pide ahora más implicación del Gobierno. Los números son alarmantes y no es consuelo lo que pasa en otros países. Hay que actuar ya, todos unidos para ser más eficaces. Veamos el reciente pasado.

El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros extraordinario el pasado 14 de marzo, presidido por el presidente Sánchez, aprobó declarar el Estado de Alarma en todo el territorio nacional por un periodo de quince días, para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, previsto en el artículo 116 de la Constitución, con el fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública. Las sucesivas ampliaciones del Estado de Alarma requerirían la aprobación del Congreso. El "PP" de Casado era clave por liderar la oposición, pero quedó voluntariamente a un lado, absteniéndose, salvo en la primera votación que votó a favor. Eso sí, desde el comienzo, todas sus intervenciones estuvieron cuajadas de insultos, descalificaciones y mentiras contra el Gobierno. Incluso acusaron al Presidente de la muerte de los afectados, considerando además el día de la mujer trabajadora como el comienzo de todo por haber autorizado la manifestación e incluso recurrieron a la justicia, que archivaría el caso. La sexta, y última vez, que se aprobó el Estado de Alarma, se hizo con el voto en contra del "PP" de Casado. Añadir que Vox siempre votó en contra y Cs siempre a favor. Casado jamás aportó idea alguna, ni razones jurídicas válidas para oponerse, repitiendo, sin base legal, que era ilegal aprobarlo por más de sesenta días. Cuando el presidente Sánchez intentaba buscar aliados para sacar adelante otras prórrogas con los independentistas catalanes, Casado le llamaba traidor, acusándole de concesiones que nunca se produjeron. Tampoco ha hecho autocrítica sobre su papel en Europa para evitar lo conseguido por el Presidente Sánchez. Su papel de líder de la oposición ha sido, hasta ahora, irresponsable e irrelevante. 

Por otra parte, en cuanto a las autonomías que lidera, con casi la mitad de la población de España, no se preocupa de su gestión. Las ha estado utilizando exclusivamente para atacar al Gobierno. El caso más representativo ha sido el de la autonomía madrileña, que cuando no pasó a la fase 1, Casado afirmó que Sánchez odiaba a Madrid. Nunca pensó que tenía obligación de actuar para hacer una buena gestión.