Con frecuencia analizamos las actuaciones de este gobierno desde un plano económico y a veces ideológico. Nada más lejos de la realidad, el “PP” elabora su explicación política mezclando aspectos del “franquismo”, aportaciones de los “neocon” y un estratégico acercamiento a los grupos más radicales y poderosos del catolicismo. Una mezcla que la FAES intenta hacer digerible al exterior. Pero hay que tener en cuenta que su doctrina política más utilizada es el oportunismo de cada momento. Sin duda en sus contactos europeos algunos han asumido planteamientos democráticos, incluso centristas, que asumen con sinceridad (situación que no debe desconocerse al analizarlos). Ahora el gobierno está privatizando la sanidad y la enseñanza, la cultura y los medios de comunicación, pero lo hace sin método y sin saber sus consecuencias, pues no tienen sensibilidad social. Realmente la obsesión que les mueve no es ideológica es, sencillamente, la de su particular interés. Mantienen un conservadurismo acomodaticio que hoy se llama Alemania y mañana puede tener otro nombre. Sabemos que no tienen la idea de conseguir un más eficiente funcionamiento del servicio afectado, aunque ése sea el discurso público con el que han convencido a muchos votantes que hoy se encuentra confusos. Ahora entendemos porqué no les ha costado esfuerzo cambiar los compromisos electorales, aunque muchos de ellos estuvieran ajustados a la ideología que predican. El fin fue sencillamente llegar al poder y una vez en él, mantenerlo. La mentira es un arma política que no dudan en utilizar si lo consideran útil. La ética no cuenta.
En otro orden de cosas el gobierno tiene especial obsesión por eliminar los controles democráticos como el Parlamento, las ruedas de prensa, las explicaciones públicas, los debates, la participación de sindicatos, de las asociaciones de consumidores y de todo lo que suponga una participación que pueda llegar a conclusiones distintas a sus decisiones. Se lo impide su arraigado principio de autoridad: “Como mandamos no tenemos que dar cuentas a nadie. Los que nos discutan recibirán su merecido”. Venden sus decisiones, con un gran aparato propagandístico y con un lenguaje lleno de dogmas ingenuos que hay que creer sin que nos den razones políticas o nos marquen prioridades. Dicen: "Es imprescindible", "Nos duele hacerlo" y cosas por el estilo. No creen en la política. Algunos ministros se definen apolíticos.
Les obsesiona el centralismo y no creen en el Estado de las Autonomías. El fundador de AP (luego PP), Fraga Iribarne, lo dejó claro con sus críticas hacia el título VIII de la Constitución. No quieren la diversidad de idiomas, el reparto de poder del Estado, la variedad cultural o de costumbres que hoy nos enriquecen. Tratan a los dirigentes autonómicos, la mayoría de los suyos, como simples cumplidores de los mandatos del poder central. Antes, las autonomías que gobernaban eran un ariete contra el gobierno de la nación y mantenían sus posiciones frente a él. Fraga fue un presidente autonómico enormemente galleguista. Para no dejar al descubierto una idea que podía dividir el partido, emplean argumentos arraigados en el primitivo colectivo de muchos españoles, como los mitos nacionales y patrióticos mezclados con los antiguos odios y prejuicios del franquismo. Ahora añaden la idea de culpar de todo al proceso autonómico, sin aclarar que ellos han utilizado el caciquismo y el mal gobierno cuando les interesaba. Grandes defectos que deben corregirse con urgencia, pero no eliminando las autonomías. Como no se elimina la democracia por la existencia de un mal gobierno.
