Es frecuente escuchar entre historiadores la frase: "el pueblo que no conoce su historia corre el riesgo de repetirla". Estos días, gracias a una sentencia, por unanimidad de los seis jueces del Tribunal Supremo, podemos rectificar una injusticia histórica como es dedicar un monumento de culto a un dictador que permaneció en el poder durante casi cuarenta años y que alcanzó ese poder por un Golpe de Estado que provocó una guerra civil de tres años de duración. Sin duda la Guerra Civil produjo infinidad de muertos como ocurre en ese tipo de guerras, pero fueron los singulares treinta y seis años de dictadura, llenos de venganzas, de muertes, destierros y expropiaciones de bienes, los que produjeron la sensación permanente de vencedores y vencidos, a cambio los vencedores recibieron bienes, prebendas y facilidades de todo tipo durante todos esos años. Esta situación creó dos bandos irreconciliables que aún permanecen, después de un periodo de transición incompleto. Muchos pensamos que lo que no fueron capaces de arreglar los hijos del conflicto pueden arreglarlo ahora los nietos. Se presenta una ocasión para recuperar la dignidad de nuestra democracia y desterrar de manera definitiva los enfrentamientos por esta causa. Apliquemos la razón y pensemos que en ninguna democracia del mundo se ha permitido que un dictador fuera enterrado en un sitio público monumental con honores de santidad y haya seguido así durante 44 años.
Es cierto que en este momento aún dominan los sentimientos sobre la razón, y que estamos en un periodo electoral difícil. Es necesario, como nunca, escuchar y ponerse en lugar del otro para asumir una ética de la responsabilidad, que a todos corresponde por el bien de España y su futuro. Quizás debamos esperar al final de las elecciones para que el partido o coalición de partidos que alcancen el poder, dialoguen hasta declarar definitivamente la paz y poder celebrarlo todos los años. Es importante conocer, para recuperar algún espacio de optimismo, que la aprobación del traslado ha sido pedida por el Consejo de Ministros, por el Congreso de los Diputados y por unanimidad por el Tribunal Supremo, es decir, por los tres poderes del Estado. Pero antes veamos algunos aspectos de esa realidad histórica que ha estado escondida durante años, para no repetirla. jamás.
Es conocido que la basílica del Valle de los Caídos fue construida por presos republicanos que trabajaron como esclavos y que murieron muchos de ellos en la obra. Las obras duraron 18 años, desde 1940 y fueron inauguradas por Franco el 1/4/1959.
Se conoce menos, por ejemplo, que los restos humanos que se llevaron, siguiendo las instrucciones del Caudillo, no fueron tratados igual: los vencidos no tuvieron cabida en la necrópolis subterránea en las mismas condiciones que los vencedores, es decir, con su filiación completa, la unidad a la que pertenecía en caso de ser militar, la causa de su muerte y el lugar de enterramiento que se comunicó a sus familiares con posterioridad. Ningún soldado leal a la República fue enterrado con honor en el Valle de los Caídos. No se ofició un sólo funeral en memoria de los asesinados en zona rebelde. No dieron nunca conocimiento del traslado a sus familias. Sólo sirvieron como apunte estadístico. Como españoles sin nombre, alrededor de 30.000. La mayor fosa común de España que deberá dejar de serlo cuanto antes.
Para conocer lo sucedido es preciso reformar la Ley de Secretos Oficiales y reunir los archivos de ese tiempo para que los historiadores puedan mostrarnos lo ocurrido de manera cierta y que puedan estudiarse con naturalidad en los centros de enseñanza, para que todos conozcan un pasado que nunca deberá repetirse.
