Poco a poco, gracias a fenómenos casuales, a la investigación periodística, a algunas oportunas sentencias y, por qué no, a las torpezas de Casado, quizás involuntarias, vamos transformado en certezas lo que eran antes sospechas fundadas. Sabemos que el "PP" desde Fraga se ha ido transformando en una estructura corrupta que ha buscado la connivencia de jueces, fiscales, funcionarios y empresas e intermediarios para conseguir la impunidad de su corrupción, incluso a veces dejando sin medios a los juzgados para conseguir la prescripción de los delitos y otras abandonando investigaciones o forzando sentencias inverosímiles. Favores pagados con nombramientos, adjudicaciones de obras y servicios, amnistías fiscales... Todo ello apoyado por una estructura de "policía patriótica" que investigaba a los contrarios y avisaba de los avances en las investigaciones para poder eliminar pruebas a tiempo.
Estas prácticas, que podríamos llamar mafiosas, han desprestigiado las instituciones, el ejercicio de la política, la credibilidad de la justicia y transformado el debate político del parlamento en un lodazal repleto de insultos y descalificaciones que no permiten abordar soluciones a los problemas de nuestra sociedad, para lo que fueron elegidos. Sin duda la característica singular de la corrupción en España está consustancialmente unida a la impunidad. Pero echemos una mirada crítica a todos y cada uno de los intervinientes.
En este momento, una mayoría del pueblo español echa la culpa de todo al hacer de los políticos. Pero ese análisis no es tan sencillo. Sin duda, a los políticos incumbe una parte importante de la culpa de esa corrupción. El problema que se suscita no es consecuencia de ninguna deficiencia del sistema constitucional, sino de un mal uso impuesto durante los últimos años como consecuencia del intento de predeterminar, desde los partidos, las sentencias sobre los grandes escándalos de corrupción. Siendo esto así, no se puede olvidar que ese mal uso sólo ha sido posible con la aquiescencia de los propios jueces y magistrados, que se han valido de él para afianzar sus carreras al calor de uno u otro partido. Así como también con la aquiescencia de técnicos, interventores, secretarios generales... y a veces por no crear un sistema legal que proteja al denunciante y se estudie la denuncia de inmediato para proteger a la persona cuanto antes. No olvidemos que el denunciante suele ser vulnerable ante el denunciado y tiene miedo. Hay en todo este proceso toda una pléyade de personas y situaciones que hacen compleja y difícil la solución del problema. Deberíamos además tener en cuenta que la politización de la justicia ha ocasionado también un desprestigio internacional en el "proces". Menos mal que hoy una mayoría de juristas españoles no están de acuerdo con la petición de sedición por el Supremo, lo que indica una toma de conciencia crítica de la situación, lo que puede ser el comienzo de la solución.
Ahora se habla de buscar un nuevo procedimiento para el nombramiento del CGPJ. Hay que tener en cuenta que los partidos son imprescindibles en todo sistema parlamentario, por ello, la crítica puede dirigirse a la manera en la que actúan, no a la razón constitucional por la que lo hacen. Negar la intervención de las fuerzas políticas en la conformación del Poder Judicial, sustituyéndolas por las decisiones de los propios profesionales, como piden ahora Rivera y Casado, no es sólo tomar posición, sin decirlo, acerca de la organización de un poder fundamental del Estado, sino también sobre su fundamento último, necesariamente democrático, como exige la Constitución. La actual postura de Casado de romper negociaciones, supone automáticamente perpetúar la actual cúpula judicial y eso puede ser de su interés. ¿También para Cs?
