Muchos españoles tenemos la sensación de que el “PP” valora su mayoría absoluta como un permiso para hacer lo que quieran durante cuatro años. La experiencia de estos últimos ocho meses nos confirma que el actual gobierno, elegido con un programa que ha decidido incumplir, se ampara en las “exigencias de la crisis” para ejercer un autoritarismo amoral. A esa ausencia de sensibilidad se une la falta de interés por el sufrimiento que causan sus recortes. Hay que tener en cuenta que hay más de un millón de familias en situación de exclusión social, a las que es necesario facilitar los servicios mínimos para seguir viviendo. Nuestro sistema democrático establece que el Estado debe estar al servicio del ciudadano, amparado en un “corpus” legal, que establece y regula la vida nacional. Resultan inexplicables las sonrisas de Montoro cuando nos anuncia que el 2013 será peor que el 2012, o las dudas para tomar la decisión de mantener los 400 € de ayuda a los que han agotado el paro y sin embargo, son unánimes para dar una ayuda de 23.000 millones de € a Bankia. Además, pese a todos los sacrificios realizados no se crece, no se crean empresas y no aumentan la confianza ni el empleo; así no se cierra la crisis. Si no se pone remedio a esta forma de gobernar España iremos siendo cada vez más pobres, perdiendo espacios de libertad y democracia, y haciendo cada vez más profunda la diferencia entre ricos y pobres.
Este gobierno es cada vez menos amigo de los usos y prácticas que impone la democracia. Huyen de las explicaciones parlamentarias y cada vez son más partidarios del ocultismo y de las medias verdades. Siendo la situación de España tan excepcional, se han negado a celebrar el debate del estado de la nación, impidiendo la búsqueda de puntos de encuentro con los partidos. Es necesario recordar que los recortes no son irremediables, ni son decisiones penosas y absolutamente necesarias como nos dice D. Mariano con voz lastimera. Son sobre todo injustos, improvisados y producen rabia, indefensión y la extendida sensación de que el gobierno ya no representa nuestra soberanía. No es ético hacer recortes sobre la miseria como están haciendo con la sanidad de los sin papeles, pues más que una medida económica parece una actuación xenófoba para dar satisfacción a algunos sectores radicales. El gobierno japonés, que como el español ha incumplido el programa electoral, ha convocado elecciones anticipadas.
Estamos asistiendo a un ataque desmesurado a la libertad de información: los medios públicos que habían recuperado la objetividad, están siendo controlados. Las ruedas de prensa, que escasamente nos ofrecen, son normalmente monólogos, de los que los periodistas protestan pero aceptan. Para conocer nuestro futuro es necesario leer la prensa extranjera. Todo esto recuerda un viejo tiempo al que no queremos retornar.
Contemplamos con estupor la carta que la secretaria general de Sanidad ha enviado a la asociación de consumidores FACUA, intentando amordazarla en su lucha contra los recortes sociales. Se está negando hasta el derecho de protesta ante las injusticias. Están empleando fichajes policiales y duras represiones en las que se usa una violencia excesiva que no se investiga.
Cuando alguien deja de pagar a Hacienda, se produce de manera inmediata un enorme recargo (20%) y se aplica de forma inmediata todo el peso de la ley. Cuando quien no paga es la Administración, no nos deja otra alternativa que recurrir a una justicia cara, lenta y con escaso prestigio que no resuelve nuestros problemas.
La fragilidad de los derechos con la que ahora trabajan los funcionarios les hace enormemente vulnerables a las peticiones de los políticos, por lo que resulta más complicado el control de la corrupción.
Ahora el BCE, que tan escrupuloso se muestra a la hora de evitar los abusos sobre la deuda soberana, pronostica a la vez que recomienda otra nueva disminución de los derechos de los trabajadores de España. Esta actitud demuestra un profundo desconocimiento de los recortes del gobierno en materia laboral, a la vez que juega un papel político que no le corresponde y que no beneficia a la economía española, como acertadamente le han dicho la OIT y el comisariado de empleo de Europa. El BCE no encuentra su espacio para solucionar los problemas del euro y está animando, con su inoperancia, la especulación de los mercados.
Por último recordar a todos los españoles que no podemos resignarnos a que la participación en la democracia se limite a la emisión de voto una vez cada cuatro años, para elegir sobre unas listas electorales cerradas que nos presentan unos partidos políticos que no garantizan su democracia interna. El miedo no puede callarnos; si hoy le toca la desgracia a tu vecino, mañana te tocará a ti y ya será tarde.
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