AQUÍ, EN EL GOBIERNO, NO DIMITE NADIE

   La dimisión es una decisión ética, independiente de la justicia, que se asume personalmente en política como un acto de responsabilidad ante la ciudadanía no sólo como autor de un delito, sino también como conocedor, tolerante, encubridor o por ignorancia. Actualmente no se ejerce esta responsabilidad y la dimisión no llega  hasta la condena en firme del delito por la justicia. Pero cuando la instrucción, el juicio y los recursos duran hasta 10 años; las dimisiones no existen. Tampoco si se ha cometido el delito pero ha prescrito o si se eliminan las pruebas que lo evidencian por problemas procesales (existe, pero para la justicia no se autorizó la prueba). Para mayor desinterés, con fecha 10 de diciembre se publicó en el BOE  la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, del “PP”, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. ¿Para cuándo está prevista su entrada en vigor? Desde 2012 se han aprobado 52 decretos leyes que el Congreso ha convalidado sin apenas discusión parlamentaria y la  política del gobierno sigue adoleciendo de información pública y de transparencia. El viernes fue al Consejo de Ministros una Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos que servirá para cubrir la cara de Rajoy en el próximo debate. La ausencia del ejemplo que para los ciudadanos suponen las dimisiones, envilece la democracia.

    Pero la joven democracia española no siempre ha sido así: después de la “Transición”, con Felipe González, dimitieron ocho ministros, de ellos dos vicepresidentes, sin que fueran ni procesados; con Aznar dimitió uno y con Zapatero dimitieron cuatro. El momento actual tiene un gobierno que, además de su falta de respeto a los ciudadanos, carece de responsabilidad política, porque en los gobiernos anteriores no se hicieron leyes que crearan la necesaria asepsia preventiva. Muchos de esos políticos cubren la falta de ética política con su moral personal en la que basan las leyes civiles para todos, pese a que la Constitución define al Estado como aconfesional.

   Gallardón, en un debate sobre la Ley del Aborto, justificó el caso más duro (el de la malformación), diciendo que su mujer y él lo asumirían, la entrevistadora le contestó que “su moral personal no podía ser el motivo para imponerla a todas las españolas”. Con la actual ley de plazos, él y su esposa podrán seguir su moral, a la vez que disponen de medios para no seguirla. En la práctica son libres. Sin embargo obligan a asumir este sacrificio, a la vez que recortan las ayudas a la dependencia, condenando de por vida a la mujer sin recursos que no piensa como él. Sin embargo no tiene problemas en la reforma del Código Penal para criminalizar a los enfermos mentales, ni para eliminar la Justicia Universal por problemas económicos y comerciales. ¡Curiosa conciencia!
    El ministro del Interior debería justificar urgentemente que las pelotas de goma y los tiros de fogueo no fueron causa indirecta de la muerte de quince personas, pues los vídeos de interior demuestran disparos cerca de los inmigrantes. Todo si quiere eludir una parte de la responsabilidad política, pues ya le afecta la del director general de la Guardia Civil que mintió y debe irse. Si no, parecería que la vida de esas personas es de tono menor. Como respuesta, fuera de toda moral, legalizará las expulsiones en caliente.

    Vivimos una emergencia, donde las instituciones están iniciando un peligroso declive. El Estado se aleja de la sociedad, pues ésta vive en un mundo que no es el que describe el gobierno. La ausencia de valores está permitiendo, además de la enorme corrupción del gobierno, que lleven años intentando distraer la atención, hacer raros nombramientos y mentiras para salir indemnes de sus delitos. Hoy, fruto de luchas internas, ha dimitido Francisco Granados (no es gobierno), que sigue de presidente del “PP” de Valdemoro, amenazando si le echan. Alguien tendrá que explicar tanta incongruencia.

CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD

    El interés de la política que nos ha globalizado es hacernos creer que sólo es posible el crecimiento económico con desigualdad social. Su práctica se basa en la avaricia de unas minorías, el corto plazo y una ideología neoconservadora que ponen al mercado por encima de los ciudadanos. Sus finanzas se mueven a través de los medios electrónicos, apoyándose en tres principios: la gratuidad de sus transferencias por la desregulación del sistema financiero mundial, la ausencia de sentido democrático en sus negocios y el mantenimiento de las crisis para fomentar la inestabilidad y el control de los tipos de interés. La existencia de paraísos fiscales les permite guardar los beneficios sobre la base del secreto, la falta de control y la movilidad. Para operar necesitan el apoyo externo que prestan instituciones internacionales como el BM, el FMI, el BCE  y países con intereses en ese sistema como EE. UU., Reino Unido y Alemania entre otros. Es evidente que la mejor solución global sería eliminar la desregulación, los paraísos fiscales y los apoyos institucionales internacionales, haciendo que los mercados estén al servicio de los ciudadanos. Lo que puede hacerse en España, dentro de las limitaciones de esta globalización, es muy distinto a la política asocial con que se está gobernando.   

    El argumento dominante en el empresariado español, seguido por el gobierno, se basa exclusivamente en el empleo: salarios bajos y menos trabajadores harán más competitiva la empresa y tendrá más para invertir. Pero si hacemos esto en el conjunto de la economía, tenemos que hablar de lo que se llama “falacia de la composición”, que demuestra que lo que es bueno para intereses individuales puede no serlo para el interés colectivo. Lo que sucede en realidad es que si todos los empresarios adoptan el despido y la bajada de salarios, provocarán que los trabajadores en conjunto cobren menos o estén en paro y por lo tanto tengan menor capacidad de compra conjunta. El sistema entra en la llamada “crisis de demanda”. La situación se agrava con la subida de impuestos, el mayor coste de la educación y la sanidad, la supresión de la dependencia y la eliminación de la iniciativa con la supresión del I+D+I. Lo que está suponiendo menos ingresos en la administración, menor crecimiento y mayor desigualdad social.

    Antes de cualquier medida general europea, el gobierno necesita poner orden en la Administración eliminando los puestos de confianza, las dobles funciones, el clientelismo y buena parte de las empresas públicas,  haciendo que a una jefatura de la administración se llegue siempre por mérito y capacidad; hay que realizar una reforma fiscal homologable aplicando el principio de que el que más tiene más pague, sin nadie exento; hay que dar prioridad a la eliminación del fraude fiscal; aumentar el gasto en I+D+I; presentar un nuevo Plan Energético Nacional justo que fomente las energías renovables (no olvidemos que lo conseguido bajando salarios se ha perdido con la subida del coste energético); eliminar recortes y privatizaciones en los servicios públicos; invertir en justicia, eliminar las tasas y aumentar su eficacia: ordenar el mercado de trabajo con una nueva reforma laboral pactada; favorecer especialmente a las pequeñas y medianas empresas, aumentando la inversión pública, porque en la mayor parte de los casos sólo operan en el mercado interno y además son las que crean la mayor parte del empleo: en torno al 70 u 80%; obligar a los bancos y cajas saneados con dinero público y también al Sareb a sacar al mercado, a bajo precio, las viviendas adquiridas por impagos; reducir el IRPF y el IVA; modificar la ley antimonopolio para evitar abusos en eléctricas, bancos, combustible, etc.; modificar el Estatuto del trabajador Autónomo para favorecer su implantación. Con todo ello aumentarían los ingresos del Estado y disminuirían las desigualdades. Hay otros caminos.

SR. PRESIDENTE: ¿CUANDO SALDREMOS DE LA CORRUPCIÓN?

    En la “Convención” del “PP”, el Sr. Presidente ha contado que estamos saliendo de la crisis con el esfuerzo de todos. Hemos observado que los bancos y grandes empresas, los culpables de la crisis, aumentan sus ganancias, pero los ciudadanos que dependen de su trabajo, los que pagan la culpa, están cada vez peor: hay más represión ante la protesta, más paro, más desahucios, el trabajo es precario y con salarios de miseria, el 30% de los niños están en el umbral de la pobreza, las familias han disminuido sus ingresos un 20%, y de nuevo para abortar hay que ir al extranjero… Sr. Presidente, Vd. no habla para todos, habla para los suyos, buscando conseguir la unidad de su partido y el silencio de los demás. Los que mandan, Vd. incluido, actúan con absoluta opacidad, sin explicar la procedencia de sus recursos en las Cortes ni tampoco en los juzgados y sus promesas, mirando su pasado, no son creíbles. No sabemos cómo salir de la corrupción, la que puede afectarle y nos oculta. No pueden seguir callando, pues si son corruptos, no será posible bajo su mando ni la democracia, ni la libertad, ni la justicia social y menos generar confianza para salir de la crisis. Por eso, aunque no le guste, hay que hablar de corrupción para limpiar lo que ahora llama “la marca España”. 

    La Comisión Europea ha emitido un informe poniendo de relieve que los controles actuales no son suficientes. Pone el foco de la vigilancia en los partidos, el urbanismo y las licitaciones públicas. Estima que entre un 20% y un 25% del dinero gestionado en las contrataciones públicas se pierde en prácticas corruptas y en algunos casos hasta el 50%. Son especialmente preocupantes los resultados del Eurobarómetro que acompaña al informe que señala que el 97% de las empresas españolas detectan casos de corrupción en la Administración y un 83% considera que esas prácticas ilegales están muy extendidas en la contratación pública gestionada por las “administraciones nacionales”. Bruselas ha advertido de la mala reputación de España por el aumento de la corrupción. El caso “PP” (antes caso Bárcenas”), el mayor de la democracia, tiene, de momento, 187 imputados, 74 de ellos políticos del más alto nivel, además de considerar afectados a la cúpula del partido y del gobierno, sin que haya dimisiones. Ante esta falta de ética menudean declaraciones incongruentes, silencios aparatosos, ignorantes balbuceos y mentiras. El propio Consejo de Europa también duda de la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General.

    Si miramos hacia atrás, el clientelismo vinculado a los ayuntamientos señala que entre 1996 y 2009 se registraron 5.144 casos de corrupción, en los que estuvieron implicados 600 municipios. Con la gravedad añadida de que esta circunstancia no influyó en las votaciones para su reelección. La crisis está teniendo la virtualidad de concienciar sobre este mal endémico que ha condicionado, durante muchos años, nuestra administración. Va siendo hora de anunciar “tolerancia cero” con la  corrupción.

     El último Barómetro del CIS recuerda que la corrupción y el fraude constituyen la principal preocupación de los españoles tras el paro. Una de las primeras cuestiones antes de las próximas elecciones, sería resolver con diálogo la financiación de la política y del gasto electoral, pues para el 87% de los españoles existe una corrupción permanente en la Administración y en los políticos. El problema, más que jurídico, es ético y el Parlamento debe debatir, en sesiones monográficas, la salida política de la situación. Escurrir el bulto y esconder la corrupción llamando a la unidad y al silencio como si no existiera, sólo puede llevarnos al desastre. Sr. Rajoy haga autocrítica, explique lo ocurrido, pida perdón por el tiempo perdido, deje libertad a la justicia y empiece a sanear su partido. Y en caso de ser culpable, dimita. Así servirá a su partido y a su país.

LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE

    Rajoy, necesitado de votos en sus campañas, trazó unas inviolables líneas rojas para dar seguridad a sus votantes. En la sanidad pública, se comprometió a que no se vería afectada. Ya en el gobierno, todo ha resultado ser distinto. La sanidad la puso en manos de una ministra que no llegó a ser imputada en el caso Gürtel por estar prescrito el presunto delito y por ello mal elegida. La tarea ministerial la ha realizado con opacidad, sin dialogo, desprestigiando lo público y forzando unas privatizaciones en beneficio de elegidas empresas, alegando un ahorro que la realidad ha desmentido.

    En 2011 España tenía la mejor sanidad de Europa, con uno de los gastos más bajos respecto del PIB. Sin duda la relación calidad/precio era, en este servicio público, una de las mejores del mundo. Además, el sector sanitario tenía una importancia considerable en la economía y algunos de sus subsectores, como el farmacéutico, era de los más relevantes en I+D de nuestra economía. Y en esto llegó Rajoy con los recortes (“regularizaciones”) y las privatizaciones (“externalizaciones”) y todo cambió.

    La “regularización” inversora, de la que el gobierno no facilita datos, se estima por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en 150 €/habitante al año. El sistema de salud está funcionando con 3.000 millones de € menos que hace tres años. La plantilla, reconocido por Hacienda, ha disminuido entre 2012 y 2013 en 25.543 sanitarios y si incluimos contratados y eventuales la cifra puede llegar a los 40.000. Lo cual ha supuesto importantes carencias en los servicios: drástica reducción del tratamiento de reproducción asistida; eliminación de comidas especiales de pacientes; el considerable aumento de las listas de espera (situación opaca y desigual según las autonomías, llegan a dos años de espera). En productos farmacéuticos: el copago farmacéutico, el de farmacias hospitalarias y la exclusión de 400 medicamentos de la financiación pública han supuesto, pese a las previsiones, la subida del gasto y la bajada del consumo de los crónicos a costa de su salud. En el campo de los derechos humanos la negativa a prestar servicios sanitarios a los sin papeles ha sido considerada ilegal por el Consejo de Europa. El inventario final ha sido que el ahorro no es representativo y que están consiguiendo desprestigiar la asistencia sanitaria pública. La mortalidad ha crecido en los dos últimos años y los suicidios han subido un 11%. ¿Casualidad?

    En las privatizaciones, el “PP” realizó un primer ensayo en la Comunidad Valenciana, en Alcira (1999), con financiación pública y gestión privada; la experiencia costó a la administración más de 70.000.000 € en indemnizaciones y fallos asistenciales. En Madrid existen tres hospitales con este tipo de gestión: el de Torrejón de Ardoz, el Infanta Elena (Valdemoro) y el Rey Juan Carlos I (Móstoles). En ninguno de ellos se realizan intervenciones complejas, no han supuesto ahorro y hay procesos abiertos por irregularidades. En comparación realizada entre el hospital Giménez Díaz de gestión privada y el hospital Ramón y Cajal de gestión pública, este último, con un presupuesto un 13% superior al primero, gestiona el doble número de camas y quirófanos, con pacientes y patologías más complejas. La experiencia inglesa avala este encarecimiento. La renuncia de la privatización de seis hospitales madrileños, gracias a sanitarios, pacientes, partidos políticos y TSJM debe llevar la racionalidad al “PP”.

    Hay que resaltar que los fallos en tramitación privatizadora y las adjudicaciones reiteradas a determinadas empresas hacen pensar en la existencia de intereses espurios, a lo que habría que añadir las “Puertas Giratorias”, nombre con el que conocemos los trasvases entre responsables de la sanidad pública y privada. Se ha observado que en el último año, este trasvase ha fluido con intensidad. Recordemos los casos Güelmes, Elena de Mingo, Manuel Lamela…Todo demasiado caro y demasiado oscuro.