Este otoño se presenta lleno de incertidumbres, tanto en el panorama nacional como en el internacional: la guerra contra el islamismo, la de Ucrania, el ébola, el hambre en el mundo, la incertidumbre económica… España no podrá permanecer ajena a lo que ocurre pero, queramos o no, muchas políticas deberán leerse en clave electoral.
La nueva estación ha traído la retirada de la ley del aborto en los términos presentados por Gallardón, un ministro con perfil propio que podía estorbar a Rajoy y que además presentaba una ley poco aceptada en las encuestas, incluso en su partido. Una ley que gozó de la aceptación del gobierno y pasó el filtro de la vicepresidenta, la más favorecida con el nombramiento de Catalá, que la aprobó en la reunión de subsecretarios. Rajoy, el máximo culpable, cambia de idea y no asume consecuencias. Ventajas de la ausencia de ética. La decisión ha supuesto enfrentarse con parte de su partido y la jerarquía eclesiástica. Su estrategia parece que será maquillar la ley para que los disidentes vuelvan a votarle y hacer una intensa propaganda de descalificación, amenazando hasta con la llegada del “frente popular”. Aunque es posible el crecimiento de VOX, que puede dar presencia a una extrema derecha, hasta ahora oculta.
La corrupción del “PP”, otro de sus frentes, es creíble e incluso evidente para una mayoría de españoles. Esta semana el juez Ruz sacó otro auto en el que denuncia: “De acuerdo a todos los indicios obrantes en la instrucción, el PP se ha beneficiado a título lucrativo de los fondos obtenidos de modo presuntamente ilícitos por los diputados Jesús Sepúlveda Recio y Guillermo Ortega Alonso, que eran propiedad, al menos en parte, de los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda”, e insiste en pagos electorales a estos dos alcaldes. Además también desecha la tesis del “PP” de que su contabilidad ya había sido examinada por el Tribunal de Cuentas, añadiendo la posibilidad de ocultamiento de datos contables. En un país democrático lo dicho en la instrucción haría caer al gobierno. Este otoño puede traer el final de la instrucción y la designación del juez que deberá juzgar lo ocurrido. Cospedal propone a su amiga Concepción Espejo, que ya se definió en el incendio de Guadalajara y que ha sido recusada. Si fallara, podrían encontrar razones jurídicas para demorar el nombramiento.
Por otro lado, las frondosas raíces del crecimiento parecen secarse. El BCE ve riesgo de recaída y la locomotora alemana no tira. La gravedad ha hecho que Montoro haya tenido que reconocer el fracaso del IVA de caja y su compromiso de revisarlo. El Banco de España se suma a las alertas. Pese a todo, los presupuestos son optimistas, pero los recortes de 4.000 millones de € aumentarán la fractura social. Rajoy parece que seguirá huyendo de los conflictos, ocultando información y negando la realidad.
En esta situación, el gobierno busca nuevas estrategias: la vicepresidenta ha encargado un informe jurídico para retrasar las elecciones hasta 2016; las cifras del paro pueden bajar, como ha hecho Cospedal, buscando una empresa que ha conseguido bajar el paro en 50.000 personas, sin crear empleo; no subirán el IVA y bajarán las retenciones del IRPF y buscarán con fuerza y compromisos el apoyo de UPyD. La renovación de RTVE, con Peñalosa como nuevo presidente, puede ser otra estrategia más. Pese a todo, cumplir el déficit del 3% exigirá recortes más importantes que tratarán de ocultar.
En su favor actuarán, si una fuerza superior no lo remedia, la división de la izquierda, los avances programáticos de Podemos y sus dificultades para dotarse de estructura, la especial situación de IU y el retraso de la renovación en las agrupaciones locales, provinciales y regionales por parte del PSOE. Estamos empezando el otoño y aún queda mucha estación por delante. Esperemos nuevas estrategias electorales.
