NADA MÁS QUE MARKETING

      La obsesión del gobierno por el “marketing” político le hace estar más preocupado por cómo debe llegar el mensaje que por la repercusión social de su hacer. Esta distorsión le ha hecho desconocer la realidad y valorar sólo el uso de las palabras. Una estrategia que siguen todos con devoción, independientemente de la verdad, a la que pueden considerar perversa si contradice sus intereses. Esta actitud llega a ser tan disparatada que muchos pensamos que nos toman por tontos: en las elecciones generales sacaron el programa que interesaba y nos vendieron la eliminación del paro (3.000.000 de empleos) y colocaron líneas rojas que no cruzarían: el abaratamiento del despido, la sanidad, la educación y la dependencia. La realidad es tan distinta que deberían pedir perdón. En lugar de eso dicen que todo va mejor, que cumplirán el programa, que el rescate bancario no costará nada al contribuyente y que son los defensores de las clases medias. Cospedal, en éxtasis, llegó a decir que el “PP” era el partido de los trabajadores. Los españoles sólo tenemos que mirar nuestro entorno para ver el engaño.

      En las elecciones al europarlamento intentaron evitar hablar de “la corrupción”  y lo consiguieron, pese a que las noticias sobre el caso Gürtel/Bárcenas, en los diversos autos del juez Ruz, daban por cierto el empleo generalizado de cobros en “B” y la relación de donantes con adjudicaciones de servicios y obras. Cañete, al que presentaron como impoluto, resultó con problemas en sus empresas, además de mostrar un machismo que hace difícil presentarlo al Consejo en sustitución de Almunia. Ahora que se desmorona la “solvencia” del Tribunal de Cuentas, es un buen momento para recordar que sus informes han sido el único respaldo para demostrar la honestidad de sus cuentas. Todo apunta a que España perderá, aún más, la influencia en Bruselas. 

      El miércoles algo se movió pues, aunque parten de situaciones distintas que podrán tener variados desenlaces, se produjo: la imputación de doña Cristina, hermana del rey (gracias al juez Castro); dimitió de su cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, por su implicación en los ERE (curiosamente a propuesta del “PP” con extraño trasfondo) y Willy Meyer dimitió de europarlamentario en un gesto de ética política, al conocer que tenía un fondo de pensiones legal, pero amoral y opaco gestionado en Luxemburgo por medio de una SICAV. En ese ambiente, esperemos que la corrupción del “PP” empiece a tener imputados, pues el sentido común dice que, con lo que conocemos, existe relación entre adjudicaciones, donaciones y sueldos en “B”. De ser así, podríamos creer, gracias a Ruz, que todos somos iguales ante la ley. Aunque todo apunta a que quieren que Bárcenas sea el chivo expiatorio. Si miramos a Valencia, la corrupción parece un cuento de ladrones contado por un marciano, pues nadie en el “PP” toma decisiones para evitar esa desvergüenza.

      El “PP”, después de las europeas, mira ya al final de la legislatura e inicia su “marketing” electoral. La salida la marca la nueva fiscalidad, de la que han opinado Rajoy, Montoro y Cospedal que es oportuna, social y dirigida a las clases medias. La realidad es que un trabajador medio tendrá menos sueldo con más  horas que en 2011, a la vez que perjudica a despedidos, alquileres y dividendos. Siguen sin tocar la evasión fiscal que supone 70.000 millones de euros (según el Círculo de Empresarios), ni se persiguen los 12.000.000 de horas en que se estiman las realizadas y no pagadas que supondrían miles de puestos de trabajo. Mientras, la banca tendrá un impacto favorable de 6.400 millones de euros. Al mismo tiempo que Bruselas niega la oportunidad de la medida. Después, gobierne quien gobierne, serán necesarios nuevos recortes. 

      Rubalcaba abandona la política y le deseo lo mejor para su nuevo tiempo. Siempre ha sido un hombre honrado, cercano y un excelente ministro del Interior.

¿…Y AHORA, QUÉ?

    El fin del juancarlismo abre un tiempo en el que el nuevo rey debe ganar su propio prestigio. El primer discurso ha sido correcto, adecuado, frío y sin relevancia. A la vez que la puesta en escena del cambio dejaba clara la importancia del ejército en una monarquía como la española que carece del poder de gobernar. A la vez el pueblo, que aplaude en su mayoría a la corona, pide al monarca nuevas formas, cercanía, austeridad y transparencia para ganar su respeto, consciente de que representa la necesaria estabilidad institucional. Espera también más de lo que puede hacer con las funciones que le asigna la Constitución. Sin olvidar que aunque la decisión de “cómo hay que gobernar” corresponde al pueblo, la forma de hacerlo afectará al rey. No lo tiene fácil.

    Por otra parte el momento exige muchos cambios que deberá decidir el ciudadano a través de las Cortes: la Constitución de 1978 no es ya la adecuada para la España de hoy; la secesión de Cataluña es muy grave; la UE atraviesa un periodo de incertidumbre con contradicciones tan importantes como que mientras los socialistas presentan un plan contra las medidas de austeridad, Merkel y sus socios socialdemócratas insisten en mantener las regulaciones fiscales y los recortes, lo que puede hacer peligrar la reforma fiscal que nace con engaño y un notable tufo electoral. Pero el problema más grave para el nuevo rey y para España es la crisis general con un gobierno absolutamente desprestigiado, alejado del pueblo al que enfurece cada vez más con sus decisiones, silencios, incumplimientos y mentiras. La urgente medida de aforamiento civil y penal del monarca saliente nace con improvisación, rompiendo el aforismo: “Quién ninguna función ejerce, ninguna protección especial merece”. No es un acierto, con independencia de su legalidad. Mientras el PSOE, que ha estado fuera del mundo, está en un periodo de cambio, que permite alguna esperanza.  

    El tiempo de elecciones europeas, cambio de monarca e incluso el mundial de futbol, ha permitido un respiro al gobierno que ha intentado dejar atrás en la memoria las arbitrariedades, el clientelismo y la corrupción. Debemos recuperar su seguimiento, pues la inmediata realidad nos apunta a situaciones de millones de familias que no llegan al mínimo vital y a las que el gobierno, si tuviera decencia, debería dar total prioridad. La actividad política, si quiere ser auténticamente democrática, dignificadora del hombre y de la colectividad, y no una mera lucha por el puro poder, debe tomar las decisiones teniendo en cuenta siempre la perspectiva de aquellos que se encuentren más necesitados. Por ello la prioridad dada en las ayudas a bancos y empresas, la fiscalidad y las privatizaciones de empresas rentables o sociales resultan absolutamente inmorales. 

    La tarea política en una democracia bien estructurada debe distinguir entre responsabilidad moral, política y penal: la última la delimitan los jueces, la segunda la controlan los parlamentarios o los partidos, y la primera, además de estos, la ciudadanía. El actual gobierno con su mayoría parlamentaria obstaculiza la acción de los jueces, desprecia la tarea del Parlamento imponiendo los asuntos a tratar y soporta, gracias a su obscurantismo y al desprecio por la división de poderes una corrupción que afecta a buena parte de la cúpula de su partido y del gobierno. Una forma de proceder que está produciendo la sensación en los ciudadanos de que vivimos en una democracia que aunque elegida democráticamente ya no representa a los españoles.

    Por último delatar que muchas decisiones y leyes del gobierno en el futuro, aunque se presenten a la ciudadanía revestidas de un aparente interés general, se sabe claramente que son meras estratagemas para aumentar votos, eliminar libertades o beneficiar a personas o instituciones de su interés, posponiendo los recortes.

HACIA UNA NUEVA CONVIVENCIA

    Una mirada al panorama político después del debate que ratificaba la abdicación del rey Juan Carlos, presentó un juego político demasiado confuso y revuelto: la izquierda apareció absolutamente dividida, IU se aferró al “referéndum”, uniendo su suerte al emergente “Podemos”, como si no hubiera nada más; mientras el PSOE, en una espera demasiado larga, nos presentaba a un Rubalcaba que, en su excelente discurso de despedida, parecía dar por terminado con su “sí” el “pacto constitucional”, con lo que eliminaba compromisos a su partido para las grandes transformaciones que más pronto que tarde deberá realizar. Los nacionalismos, una vez más, parecían obligados a dejar constancia de su desprecio ante los problemas del Estado español. Por su parte el “PP”, aparecía como ganador, con Rajoy como funcionario de alto nivel, sin tener en cuenta que la corrupción y el paro, las mayores preocupaciones de los españoles, le pueden pasar factura política. Sin duda, el mayor obstáculo a un nuevo pacto de convivencia lo representa un gobierno y un partido que no parecen estar dispuestos a sufrir la necesaria regeneración que piden los españoles. Lo extraño fue que en ese pleno nadie pidiera la dimisión del gobierno como paso necesario para un cambio en el Parlamento donde pudiera entrar el debate monarquía-república. La preocupación de una parte de la izquierda fue humillar al PSOE y agrandar sus fisuras.

    No es fácil en estos momentos distinguir las políticas de izquierda, no sólo de las de derechas sino de los populismos que hoy ofertan la inmediatez de determinados cambios. Si nos fijamos en la actuación del Estado, deducimos que la clave no es la intervención o no en el mercado (antes la derecha propugnaba un mercado libre), sino en qué dirección se ejercen sus influencias. Las derechas actúan favoreciendo los grupos económicos que las financian. Las izquierdas deberían favorecer que lo hagan los ciudadanos con la fuerza de Estado democrático (ese sí que es requisito imprescindible). Lo importante no es quién gobierna sino cómo gobierna. Sabemos que la política europea favorece a los sectores financieros, impidiendo políticas como la unidad bancaria, la supresión de los paraísos fiscales y el cobro de tasas por los movimientos financieros. España no puede cambiar sola esta situación. Pero sí debemos luchar para lograr la unidad de la izquierda europea y caminar en esa dirección con doctrinas y liderazgos que ilusionen por sus logros en actuaciones sociales y políticas urgentes. La demora necesaria, mientras se camina en la dirección adecuada, no es renuncia.

    El PSOE en su renovación sabe que estamos en un momento en el que el partido se ha alejado de la calle, que debe recuperar su orgullo y no olvidar que el pueblo en sus manifestaciones, llamadas transversales, pedía y pide el retorno al Estado de Bienestar, a la recuperación de los derechos de los trabajadores y de las libertades civiles, logros todos ellos, de gobiernos socialistas dentro del pacto constitucional. Pero ahora nos piden transparencia, mayor y mejor calidad democrática, eliminar la corrupción y el clientelismo, no aferrarnos al poder, ser honestos…Todas, sencillas políticas de izquierdas. También es necesario pactar una profunda reforma de la Constitución que separe los viejos poderes, una nueva Ley Electoral, listas abiertas y los cambios que obliguen a la total transparencia en la gestión. Cada vez parece más necesaria una Comisión de Ética, ajena a los gobiernos, que defina la responsabilidad política. Por todo ello el PSOE deberá buscar la mayoría para las próximas elecciones. La urgencia de las fechas no admite demora y al final deberá producirse la unidad y el trabajo de todos en la dirección que marque la nueva Ejecutiva Federal. Lo contrario sería el final.

DESEO Y OPORTUNIDAD

    La abdicación del rey ha sido un catalizador que ha ayudado a poner de nuevo vigente una transición: un tiempo en el que el miedo y el deseo de paz de nuestro pueblo fueron interpretados por los líderes políticos como la necesidad de aceptar la monarquía y hacer tabla rasa de lo ocurrido durante la dictadura, y con el disfraz de la “amnistía general” nos impusieron una “ley de punto final” que aun está vigente. Gracias a esas concesiones de la izquierda y bajo la tutela del rey conseguimos una democracia homologable a las europeas y un crecimiento durante 35 años. Pero sobre todo, la abdicación  ha hecho volver los ojos a la República; no como un remedio mágico para la crisis sino porque representa para muchos la máxima expresión de igualdad jurídica entre todos y la democratización de la sucesión a la jefatura del Estado. El debate se produce en un momento de debilidad democrática, pues han desaparecido del gobierno valores éticos como la justicia, la honradez y la transparencia. Su único apoyo es la legalidad que sirve para permanecer pero no para conseguir credibilidad. Las imágenes de las manifestaciones pidiendo un “referéndum” sobre monarquía o República han producido emoción a muchos españoles, pero pienso, como amante de la República, que cuando llegue lo hará en paz y cumpliendo la legalidad democrática. La III República debe venir para quedarse definitivamente; ese es, ha sido y será siempre el deseo.

    Respecto a la oportunidad: la posibilidad de un referéndum como el que se pide aparece prevista en el artículo 92 de la Constitución, que afirma: “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”, atribuyendo su convocatoria al Rey a propuesta del Presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso. La Ley Orgánica de regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum dice que cabe una iniciativa para someter a referéndum cualquier decisión política de especial trascendencia como lo es un cambio de la forma del Estado. Pero la decisión política o la iniciativa corresponden también al Congreso y al Presidente de Gobierno.

    Por otro lado La Constitución de 1978 protege de forma especial a la Corona, por encima de otras instituciones del Estado como el Congreso o el Senado. Por lo que una reforma dirigida a modificar la forma política sustituyendo la monarquía por la República, para realizarse dentro de los cauces previstos por el sistema constitucional actual obligaría, conforme al artículo 168, al siguiente procedimiento:

   - Aprobación por mayoría de 2/3 de cada cámara y su inmediata disolución.
   - Las nuevas Cámaras elegidas deberían ratificar dicha decisión y proceder al estudio del nuevo texto, que  deberá ser aprobado nuevamente por mayoría de 2/3.
   - Finalmente la reforma habría de ser ratificada por referéndum.  

    Con la Constitución, el gobierno y el Parlamento (con acuerdo de PP y PSOE, éste en vías de cambio) actuales se hace  imposible el “referéndum”, de ahí su falta de oportunidad. Además hay razones sociales, políticas y económicas. Es correcto que los convocantes pretendan, con su exigencia de un inmediato “referéndum”, enviar el mensaje de que la República está viva y que debe ser tenida en cuenta en el futuro.

    Lo que sí es posible y necesario es una reforma constitucional importante que permita el cambio que hoy demanda la sociedad, con menores exigencias para su reforma posterior. Sin olvidar que la Constitución de 1978 se redactó por unas Cortes que no fueron convocadas como constituyentes. Cualquier cambio, por muy radical que sea, sólo necesita del consenso necesario para poder llevarse a cabo. Por lo tanto, con unas nuevas Cortes en las que dominara una mayoría republicana todo sería posible.

APRENDAMOS LA LECCIÓN

    No hay que olvidar que son elecciones europeas y todas las cautelas son pocas al calibrar sus resultados pero, pese a ello, parecen indicar que la construcción europea no va por el buen camino: crecen el antieuropeísmo, el populismo y el extremismo, a la vez que no se habla de “la solidaridad entre los pueblos”, “la Europa de los ciudadanos” y “la unión política”. Sólo se oyen tecnicismos económicos, soluciones únicas que no hay más remedio que cumplir aunque aumenten la injusticia y la pobreza, y egoísmos nacionalistas que hacen crecer la brecha Norte-Sur. La esperanza es que, desde ahora, seamos capaces de no repetir los pasados errores porque hayamos aprendido la lección.

     En España salta al escenario político un nuevo líder, Pablo Iglesias (con ese nombre me tiene que caer bien), que merece seguimiento, pues ha sido la esperanza de muchas personas de izquierdas. En cuanto al “PP” y su victoria pírrica, decir que han prostituido la palabra “autocrítica” al no mencionar la corrupción, los incumplimientos ni las mentiras; eso sí, presentan dos cosas únicas hasta ahora: reconocer, aunque sea tímidamente, que algo no han hecho bien y, sobre todo, no culpar de ello a Zapatero; por algo hay que empezar. Sigue la preocupación en Cataluña, pues el error fatal de Mas de convocar elecciones en noviembre de 2012, devolvió a ERC el protagonismo perdido al asumir CiU mansamente sus exigencias. Estas elecciones europeas sitúan a ERC como el primer partido en Cataluña, pasando en pocos años de la insignificancia al primer lugar. El ascenso de IU indica que además de ganar votos al PSOE le ha favorecido la circunscripción nacional, lo que nos dice que hay que modificar la Ley Electoral para que sea más proporcional la representación en los sucesivos procesos electorales y no favorezcan, como siempre, a los dos grandes partidos y a los nacionalistas.

     La mayor debacle la ha sufrido el PSOE, que después de unas generales en las que perdió 4,5 millones de votos; ahora ha perdido más de tres millones. En esta ocasión es más grave pues, pese a las políticas asociales e injustas llevadas a cabo por el gobierno, el pueblo español no ha visto en el PSOE  la alternativa. El problema no es de un simple cambio de ejecutiva, es de una total renovación de una generación que ha agotado sus recursos para llevar adelante una política de izquierdas entendida y participada. Necesitamos un nuevo modelo de partido. La salida de Rubalcaba es un primer paso en la buena dirección, como también que el Congreso Extraordinario para el 19 y 20 de julio sea abierto y todos los militantes participen en la elección del secretario general. El prestigio alcanzado por Susana Díaz es una garantía, pero debería pasar por el proceso general. Sería conveniente que el Congreso Federal designara una “Comisión de Ética” que se extienda a todas las agrupaciones y que informe en los nombramientos de cargos y asesores, garantice la democracia interna de las listas, dando cuenta a las asambleas o comités, y confíe en las responsabilidades políticas o expulsiones en casos de corrupción u otros asuntos. La necesaria modificación de los estatutos debe dar más importancia a las iniciativas de los militantes, garantizando la participación y la democracia interna. Sin olvidar el compromiso de primarias con participación abierta y externa para la designación de candidatos en todos los niveles. En la idea de que hay que dejar pronto de hablar de nosotros mismos. España necesita más que nunca un PSOE fuerte, abierto y participativo que dé respuesta a los problemas con un proyecto creíble y vertebrador de la diversidad del país pilotando, con diálogo, esta nueva transición.