MIRAR PARA OTRO LADO

    Bárcenas nos cuenta con pelos y señales que el “PP” mantuvo durante más de 20 años una caja “B” en las agrupaciones provinciales, regionales y en la nacional añadiendo, con indiscutible lógica, que no se realizaban los cobros y pagos sin conocimiento del presidente y del secretario general del partido. Una afirmación  que nos lleva a la directa implicación de Rajoy en la trama. Conocemos que el candidato Arias Cañete, aún ministro, en su ficha de registro de intereses no comunicó al Congreso las relaciones de una de sus empresas con la Administración; sin embargo, Petrolíferas Ducan S.L. no sólo tiene contratos con la Administración, sino que funciona gracias a una concesión administrativa, y parece que aún hay más. También nos llega la noticia de que en plena salida de la crisis, España copa las cinco regiones con más paro de Europa por primera vez. Pese a todo, como siempre, Rajoy marca como estrategia para las europeas el que todos los suyos miren para otro lado. No esperábamos otra cosa.

    El Fiscal General del Estado, nombrado por el gobierno, dijo en comparecencia en el Congreso de los Diputados: “En España faltan medios en la Administración de Justicia e instrumentos legislativos adecuados en la lucha contra la corrupción, el segundo problema entre las preocupaciones ciudadanas, después del paro, según las últimas encuestas del CIS”. Dejando claro la falta de voluntad del gobierno para iniciar la tan prometida regeneración. Todos sabemos que esa regeneración debería empezar por ellos mismos y a eso no están dispuestos. A cambio, hacen proliferar noticias de distracción como el proceso contra el juez Elpidio Silva con una magistrada que ha sido consejera en Caja Madrid en tiempos de Blesa, a la vez que provocan el estupor por las declaraciones de Blesa (ya libre) y las expulsiones de los afectados por las preferentes; anuncian la creación de una fiscalía especial en Andalucía para estudiar un gran caso de corrupción del que aún no conocen los informes policiales y, ahora, reciben oportunas aportaciones como las de la jueza Alaya que recuerdan las actuaciones del juez Barbero. Cualquier cosa menos Bárcenas y Cañete. ¡Que difícil es encontrar alguien honrado!

    No hace tanto tiempo que oíamos a Rajoy ante Merkel, tartamudeando sobre los papeles de Bárcenas con aquello de todo es mentira…, menos algunas cosas, o a Dolores de Cospedal con la indemnización en diferido a Bárcenas. Todo aquello quedó atrás. En sus entrecortadas manifestaciones algunos quisimos ver que aún tenían un cierto sentido ético que los bloqueaba. Ahora con mucho más desparpajo y experiencia, en lugar de buscar fórmulas de regeneración pactadas y eficaces, optan por una política sin ética. La lógica común, que no la procesal, nos dice que si un grupo de empresarios dan cantidades importantes de manera reiterada a un partido político que ejerce el poder, es razonable pensar que lo hacen a cambio de favores. Entre los donantes están buena parte de las empresas importantes del país que tienen los mayores volúmenes de concesiones de obras y servicios con distintas administraciones, lo que hace que la tarea sea más difícil, aunque apreciaciones estadísticas y de frecuencias dan alguna luz. Esperemos que algún día se haga justicia, paguen sus penas y devuelvan lo obtenido ilegítimamente. 

    De otra forma, aún estamos a tiempo para que el voto ciudadano deje las cosas en su sitio. Pues no debemos olvidar que todo lo referido a la corrupción afecta enormemente al prestigio de España y a la legitimidad de la democracia. Muchos intereses deben estar en juego para que decidan tan unánimemente mirar para otro lado. 

83 ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA

     La muerte de Suárez ha provocado en muchos de nosotros el recuerdo de un periodo, casi olvidado, en que se consiguió, con la monarquía como sucesora del franquismo, una democracia homologable a las europeas. Muchos españoles vimos en la transición un resurgir de la libertad de otro tiempo y vimos, o quisimos ver, en la nueva democracia una restauración de la libertad de la República, como una referencia histórica donde se dio una democracia auténtica. La realidad nos hizo asumir una transición no demasiado entendida, explicada ni transparente. El deseo de paz y libertad de nuestro pueblo se interpretó como una necesidad de hacer tabla rasa de lo ocurrido durante la dictadura. Pese a los  muchos fallos que hoy vemos, hemos tenido años de paz y progreso, aunque algunos han pagado, sin reconocimiento posterior, un precio demasiado alto. Por otro lado, el deseo de olvido hizo que más de una generación desconociera la figura de Franco: resultaba vergonzoso su recuerdo y vivimos un tiempo como si nunca hubiera existido, salvo en la intimidad de algunas familias que no sabían siquiera dónde estaban enterrados sus muertos. No desclasificar la totalidad de ese tiempo para evitar que conozcamos cincuenta años de historia no es solución de futuro.

    Ahora, en un momento muy distinto, la mirada hacia atrás debe tener un sentido reparador con los que sufrieron. Para muchos ese recuerdo debe servir para hacer justicia a la memoria histórica y dejar atrás ese periodo, sin perder la conciencia de lo ocurrido. Hay que utilizar el perdón como una forma definitiva de exorcismo de los viejos demonios que aún hacen difícil el entendimiento. Debemos mirar hacia adelante, utilizando la experiencia vivida en estos años. Sabiendo que, si miramos al futuro, es mucho lo que nos une. Falta que busquemos entre todos un nuevo esquema de convivencia hasta que Europa funcione como una realidad política y no sólo como una reunión de países unidos por intereses económicos, sin solidaridad y con  nacionalismos que fomentan la superioridad frente al otro, creando fracturas infranqueables. 

    En España, la República es ahora un recuerdo mitificado y cargado de tópicos, pero puede ser la solución en un futuro aún no predecible, pero que llegará. Lo que no cabe duda es que, como republicano, considero que debe venir en paz, con mayoría de republicanos conscientes, fuera de crisis insolubles y tramposas y nunca como un parche para un tiempo concreto. No olvidemos que la Primera vino sin republicanos y la Segunda con tantos problemas dentro y fuera que ahogaron las ilusiones de aquellos que intentaron defenderla desde el Estado de Derecho que crearon los españoles libremente. Si viene de nuevo, deberá ser aceptada por la mayoría y para quedarse definitivamente. 

    Esta corta reflexión quiere ser el homenaje a una forma de Estado que se renueva a sí misma por elección popular, que fomenta la realidad de una igualdad ante la ley y que por su propio origen no se supedita a los derechos del nacimiento para dirigir un Estado necesariamente laico. También creo que desde la izquierda no debemos ver la República como un patrimonio exclusivo. La derecha es imprescindible para construir cualquier república. Sabemos que no es la única forma de ver el futuro, pero sí que la continuidad del poder por herencia es un elemento que tiende a ser degenerativo y conflictivo como tantas y tantas veces demuestra la historia. ¡El mejor de los futuros para la República!

METABOLIZAR LA CORRUPCIÓN

    Los españoles tenemos la sensación de que la corrupción nos rodea y que la política, la administración y una parte del mundo empresarial participan en ella. Bruselas considera que es un gran problema que afecta al 20% del PIB y que en algunos lugares como en España, las empresas pueden pagar un sobrecoste de hasta el 50%. Está presente en el desprestigio de la política y en la aparición de populismos, xenofobia y extremismos, pero ni Europa ni España propician directivas o normas que fomenten la transparencia, la independencia judicial, definan la responsabilidad  política y castiguen a los actuales culpables. Vemos asombrados que buena parte de políticos y empresarios han metabolizado la corrupción, es decir, la han incorporado de manera natural a su actividad, sin consecuencias. Los ciudadanos, que la consideran el segundo problema, después del paro, no la metabolizan. Una vez más, se distancian política y sociedad.

    Los expertos sobre la corrupción en España distinguen la corrupción política de la administrativa, la que consideran prácticamente inexistente. “En España a nadie se le ocurre sobornar a un policía, porque sabe que le denuncia.” Lo que explica que no se haya producido el hundimiento del sistema. Otro componente es la permanencia de cargos y partidos en el poder. En las imágenes del Funeral de Estado de Suarez se pudieron ver a muchos de los presentes con más de 20 años en sus puestos en organizaciones sindicales, empresariales, federaciones deportivas, gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos, etc. Lo que facilita la corrupción, el adocenamiento y la rutina. Ha llegado el momento de limitar los mandatos.

    Un caso que ha producido este despertar ciudadano ha sido el Gürtel/Bárcenas, que presenta la singularidad de afectar conjuntamente a las administraciones local, regional y nacional; implicando de lleno al mundo empresarial. Nace a la manera clásica en un partido político como el “PP” que hoy gobierna España y que tiene y ha tenido cargos en las más diversas instituciones con muchos años de continuidad. A medida que aumenta la información, conocemos su extensión en el tiempo (desde Naseiro en 1987 hasta 2010) que afecta a toda España y que funcionaba con una estructura organizada que conocían y se beneficiaban presuntamente Rajoy, Aznar, Acebes, Álvarez Cascos, Arenas y Cospedal…, es decir, una corrupción masiva en el “PP”, con infinidad de empresas que dieron dinero para obtener beneficios ilícitos. En su última resolución el juez Ruz sostiene: “aun con mayor fundamento (…) la existencia en el seno del Partido Popular de una corriente de cobros y pagos continuada en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”. En el “PP” ocurre algo que agrava el problema: se niegan sistemáticamente a dar explicaciones, a decir la verdad e incluso a colaborar con la justicia. Mienten hasta en sede parlamentaria. El partido y el gobierno deben afrontar sus delitos y dejar de hacer maniobras de distracción y declaraciones absurdas. Con su huida hacia adelante desprestigian la democracia en España y complican la salida de la crisis. Lo malo es que el PSOE de Rubalcaba tampoco ofrece la confianza necesaria. 

    Con este panorama en la cúspide del poder, la trama de corrupción se extiende y metaboliza: el Tribunal de Cuentas informa que el rescate bancario y de cajas nos ha costado, hasta ahora, 107.915 millones de €, como consecuencia de la mala gestión hay procesados 195 banqueros, ni uno está en la cárcel ni han devuelto un euro, pero todos han cobrado finiquitos o pensiones enormes. La conexión política complica la solución del problema (Blesa fue asesor fiscal del “PP”): se carga contra los jueces y hacen lo que sea para conseguir la impunidad o un infinito alargamiento de los procesos, cuando no, esperan la prescripción del delito para salir indemnes, sonrientes y millonarios.

LA QUE NOS ESPERA

    Debido a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, el gobierno ha ralentizado la actividad: paraliza leyes que limitarán las libertades civiles, y retrasa medidas fiscales y económicas que aumentarán la fractura social y bajarán el poder adquisitivo. A la vez vocea la salida definitiva de la crisis, echan la culpa de todo a Zapatero, aumenta la opacidad informativa y mira para otro lado cuando crece el caso Bárcenas en cuantía, personas y territorios. Mientras esperamos que el divino dedo de Rajoy designe al candidato del “PP”, sondearemos el futuro legislativo y económico que prepara el gobierno para después de las elecciones, si no obtienen un rotundo fracaso.

    En el aspecto legislativo el pleno del Poder Judicial, por unanimidad, tacha de inconstitucional la Ley Fernández, cuestionando los cacheos de los ciudadanos en la calle y dejando claro que la seguridad ciudadana es tarea y competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad del Estado. Declarando de dudosa legalidad siete artículos (16, 17, 19, 42, 47, 54 y la disposición final). Europa ha incluido a España en la lista negra de los países sin libertad. El compromiso de modificar el texto se pospone a junio. La reforma del Código Penal de Gallardón ha sido calificada por un grupo de expertos jurídicos como la reforma de “la peligrosidad”, afirmando desde: “Hay atentados a la libertad de expresión, reunión y manifestación” (Díez Ripollés, Catedrático), hasta “nos acerca a la vieja idea de peligrosidad social que inspiraba la vieja Ley de Peligrosidad” (García Arán, Catedrático). No tiene informes previos y se ha pedido por ello su retirada. La solución se pospone para junio. La Reforma Local de Montoro ha puesto en guardia a buena parte de las autonomías y de ayuntamientos de todos los grupos: la Xunta de Galicia y Castilla-León están legislando para contrarrestar la Ley; Andalucía ha recurrido 23 artículos al Constitucional. La ley dejará sin competencias sociales a buena parte de los ayuntamientos, los únicos que no tienen déficit. Su debate y cambios, como todo, se aplazan para junio. Y así ocurre con la nueva Ley del Aborto, aprobada hace unos días en Consejo de Ministros, siguiendo el lema de Gallardón de “reformar para controlar” considerada un peaje más a la Iglesia a cambio de su silencio. Y para junio queda también la reforma fiscal en la que pueden hacer de todo.

    Respecto a la economía podemos afirmar: que la llamada pobreza energética se dispara pese a la disminución de la demanda (la factura ha subido un 60% desde 2007, mientras las rentas han bajado un 8,5%); el crédito a empresas ha bajado pese al optimismo del Gobierno; las compañías dominantes controlan los precios de los combustibles sin que el Gobierno haga nada por evitarlo; la Seguridad  Social en 2013 gastó 11.648 millones del Fondo de Reserva dejado por Zapatero; el informe de Cáritas es demoledor pese a Montoro; el banco malo pierde 261 millones en su primer ejercicio económico; sigue aumentando la morosidad; la investigación está en proceso de desaparición; el IPC vuelve a caer hasta marzo y puede meternos en deflación; la deuda crece 210 millones al día; la intervención en las autopistas puede costarnos 3.000 millones. Todo lo expuesto y la disminución de las asignaciones a las autonomías en los Presupuestos de Estado, unido al incumplimiento de los déficits por parte del gobierno central y las autonomías nos llevan a pensar en nuevos recortes a partir de junio.

    Por otro lado, los datos de la mejora laboral no hablan de calidad, pero vemos un aumento de excluidos sociales con trabajo y la disminución de prestaciones sociales. Hace falta trabajo con dignidad. No se entiende el exultante optimismo de la ministra.

    Es evidente que la experiencia del pasado en el que se votó sobre un programa que no se ha cumplido, nos facilita el futuro. Hay que votar, pero no al “PP”.