LA CULTURA DE LA CORRUPCIÓN

    La corrupción empieza a tener significado cuando se han consolidado conceptos como justicia, ética o moral. En nuestra cultura aparece unido al desarrollo de la picaresca en una sociedad permisiva, donde se valora de manera positiva la riqueza con independencia de la forma de conseguirla. Ahora nos vamos dando cuenta de la importancia negativa de la corrupción en el desarrollo social y económico. Por eso la intransigencia penal debería ser el camino para su extinción. Es evidente además, que se desarrolla junto a la impunidad, el clientelismo, la sumisión y la indignidad.  

    Como claro ejemplo de su permisividad podemos citar las últimas elecciones municipales y regionales, en ese tiempo ya eran conocidos los casos de corrupción que hoy rechazamos. Los imputados obtuvieron mayorías absolutas en sus respectivas demarcaciones. Como caso paradigmático podemos citar a la Comunidad Valenciana, ya afectada por los excesos de gastos y los casos Naseiro y Gürtel y las investigaciones de Garzón. La gente callaba y votaba en buena parte por un sueldo, una revalorización de su piso o un favor. Lo curioso era que exigían honradez a los que elegían. Actitud muy representativa de esa doble moral judeo-cristiana que nos caracteriza.

    Para algunos, nuestro pueblo ha hecho ya, en este último año, la autocrítica de la situación y realizado la correspondiente catarsis. ¡Ojalá! En Madrid se piensa instalar Eurovegas, un paraíso fiscal en el centro de España, que puede traernos un exagerado crecimiento del sector financiero especulativo con relación a su producción real que puede ocasionarnos la ruina, amén de otras situaciones morales indeseables. Pese a todo, a muchos ciudadanos les parece bien por la sencilla razón de que tendrán trabajo. Lo mismo que pueden opinar ante la nueva ley de agricultura que admitirá la recalificación de los montes quemados, la venta de montes públicos o la permanencia de construcciones en la zona de dominio público marítimo. Síntomas evidentes, todos ellos, de que podemos volver a aplaudir la corrupción. Ante ello sólo cabe un proceso revolucionario de honestidad y transparencia, pues la aplicación de la ley no parece ofrecernos demasiada seguridad. Debemos tener en cuenta que la vía jurídica ha sido elegida por los políticos corruptos que tienen el poder y que se hallan inmersos en la confusión entre lo público y lo privado. Ante las primeras decisiones jurídicas del caso Bárcenas la desconfianza va aumentando y más si tenemos en cuenta el resultado de pasadas experiencias: no conocemos casos de políticos con sentencias firmes de corrupción; nunca se recupera el dinero robado; el caso de Carlos Fabra, por ejemplo, lleva diez años, nueve jueces y cuatro fiscales y ahora parece empezar de nuevo el proceso; el caso Gürtel lleva siete años, han expulsado a un juez y ahora se produce un conflicto de competencias con el caso Bárcenas, ganando el que quiere el gobierno. Sabemos que el juez Bermúdez, el apartado del caso, en 15 días ha descubierto las mentiras del enriquecimiento de Bárcenas y algunas conexiones entre las empresas donantes del PP y las adjudicaciones hechas por administraciones de ese mismo partido. Todo apunta a que pueden pasar muchos años más, debido al volumen reunido del asunto y desaparecer definitivamente si admiten la nulidad de las  pruebas que ahora reclaman los defensores de los inculpados, como ya ocurrió con anterioridad. 

    Ana Colau, la líder de los antidesahucios, es insultada por la delegada del gobierno de Madrid que la considera una terrorista y la infamia se agranda con mayores lindezas en la prensa afín. Lo digo porque la corrupción también genera autoritarismo y pérdida de derechos democráticos.

LA INCOMUNICACIÓN DE LOS POLÍTICOS

    Últimamente, el presidente Rajoy, para evitar preguntas incómodas, alega: “estoy cansado”, “tengo mucho sueño”, “tengo poco tiempo”, “las cosas no pueden hacerse de otra manera”… Marcando un estilo personal donde la información no cuenta.

    En esa línea, no importa descalificar o deslegitimar a los jueces cuando sentencian lo que no les conviene; nos dicen, con la más absoluta desvergüenza, que buscarán caminos para salirse con la suya cuando los tribunales europeos declaran ilegales las leyes en las que se apoyan, demorando cualquier tipo de información a los interesados. Pese a su desprecio por dar explicaciones, utilizan la información para crear cortinas de humo donde refugiarse, creando nuevos centros de atracción informativa que borren sus corrupciones. Después de la exhibición dialéctica en la explicación de la situación de Bárcenas, contemplamos con estupor la maraña judicial que empieza a envolverle; veremos en meses sucesivos las maniobras judiciales e informativas para enterrar definitivamente el caso Bárcenas-Gürtel. Los recortes no han cumplido los supremos objetivos de déficit que con tanto énfasis destacaba Rajoy como objetivo número uno. ¿Para qué han servido los sacrificios y el empobrecimiento de nuestro pueblo? Ante todo lo que ocurre, nada razonable nos dicen; la suprema y única explicación que nos dan es que la culpa de todo la tiene el gobierno anterior, explicación que también sirve para ayuntamientos y autonomías. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, anuncian un plan de supresión de urgencias a 21 municipios; la presidenta afirma rotundamente que ningún núcleo de población de esos municipios dista más de 15 minutos; cuando se demuestra que muchos distan más de 45, no dice nada, pero siguen adelante; cuando los tribunales fallan contra el plan, el consejero de sanidad llama a los jueces ignorantes y desinformados, no razona ni explica, pero siguen adelante. Ahora presumen de reducir el déficit, pero cuando sabe que es la región que más se ha empobrecido, el -3% del PIB (España ha perdido -1,4%), la culpa es del gobierno anterior. Llevan cerca de 700 días gobernando. ¿Para cuándo esperan ser responsables? Todos ellos han hecho de la política un ejercicio oscuro, opaco, corrupto y realizado de espaldas al pueblo.

    Pero la desesperanza aumenta cuando el partido que debería ser alternativa, el PSOE, ha perdido la calle; pues nadie, en las miles de manifestaciones, le considera alternativa. Se hacen tareas de maquillaje que no llegan a dar respuesta a los cambios que la sociedad necesita. Las bases piden nuevas caras elegidas por todos que trasmitan credibilidad. Almudena Grandes, en un artículo en El País del 18 de marzo, afirmaba: “Señor Rubalcaba, ¿es usted consciente de que sus componendas internas representan el único balón de oxígeno con el que cuentan los populares desde que estalló el caso Bárcenas?” Cambiar sin miedo, este país necesita una alternativa progresista.

    En las decisiones sobre Chipre, Alemania, el BCE y la Comisión se cruzan acusaciones sobre las soluciones al rescate de Nicosia. Mientras, los bancos alemanes, protegidos por su gobierno, no han sido sometidos a “stress test” (pruebas de resistencia de los bancos), lo que demora indefinidamente la necesaria unidad bancaria europea. Situación que está en el fondo de muchas interesadas decisiones europeas, posiblemente también sobre Chipre. La única lectura de lo que está pasando es que en los próximos meses vamos a ser víctimas de decisiones muy duras dictadas y tomadas en ambiente electoral. Ahora dicen, para caldear, que españoles e italianos somos más ricos que ellos. El martes veremos qué pasa en Chipre y sabremos por dónde van los intereses de Merkel.

    Si Alemania no recupera la actuación conjunta y solidaria, la visión a largo plazo en las decisiones y la información veraz, no haremos una Europa para los ciudadanos.

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

     “La responsabilidad política” es de esos valores que hay que definir y delimitar cuando los que deben asumirlo no reconocen su existencia. En estos momentos la democracia necesita para mantenerse reglas claras, compartidas, obligatorias e iguales para todos con objeto de dar contenido a ese valor. En política debe asumirse la culpa frente a una acusación razonable, sin que el camino procesal seguido elimine la evidencia de la culpa (casos Naseiro y Gürtel), sobre todo cuando se han conseguido datos evidentes de lo hecho. Tampoco debe ser válida la presunción de inocencia (imprescindible en procesos civiles o penales), ni esperar a que los tribunales celebren juicio o declaren una sentencia condenatoria. Debemos saber que “la responsabilidad política” no es un delito, es un acto de ética obligado cuando se ha cometido un hecho irresponsable o una conducta irregular o poco ejemplar, incompatible con el cargo; ante eso la reacción debe ser la retirada del cargo de manera voluntaria u obligada, con independencia de la existencia de otras penas. Caso de ser falsa la acusación sería necesario establecer penas políticas y mayores sentencias penales al calumniador y al partido político que le ha dado cobertura o se ha aprovechado, ofreciendo la rehabilitación e indemnización al inocente. La calumnia tampoco debe ser gratuita.  

    Digo esto ahora, porque esta situación de irresponsabilidad política no se ha dado hasta ahora en nuestra democracia. Veamos ejemplos de dimisiones fuera de la transición en las que hay planteamientos éticos: con Felipe González dimitieron Miguel Boyer (economía y hacienda), Narcís Serra cuando era vicepresidente del gobierno, Julián García Vargas (defensa), Vicente Albero (agricultura), José Luis Corcuera (interior), Julián Garcia Valverde (sanidad), Alfonso Guerra (vicepresidente)… con José María Aznar dimitió Manuel Pimentel (trabajo), con Zapatero, Mariano Fernández Bermejo (justicia), Jordi Sevilla (administraciones públicas), Bernard Soria (Sanidad), Pedro Solbes (Economía y hacienda)… La lista demuestra que en otro tiempo se asumieron responsabilidades políticas.  

    Ahora, el partido del gobierno está inmerso, desde hace años, en un caso de corrupción general, la trama Gürtel-Bárcenas, con una larga y escandalosa trayectoria, despertada de su sueño jurídico gracias a la publicación por El País de la contabilidad de Bárcenas. Un proceso en el que el único sancionado fue el juez del caso por unas escuchas, declaradas ilegales, que demostraban de manera evidente la culpabilidad de los inculpados. Un asunto que afecta a la cúpula del “PP” y a parte del gobierno, especialmente a su presidente. Además, éste es un gobierno del que sabemos que su presidente y la mayor parte de los miembros han mentido públicamente, han ocultado la verdad y han incumplido infinidad de compromisos; que han empobrecido a buena parte de los españoles y favorecido a la banca; que han destrozado la educación y la sanidad; bajado los sueldos de los trabajadores el 8,9% y disminuido sus derechos, cargando sólo sobre ellos el aumento de la competitividad; que su resistencia al cambio de la Ley Hipotecaria, causa de infinidad de daños y muertes, se va a realizar de forma rápida porque Europa ha declarado la Ley ilegal y contraria a los derechos humanos. Pese a todo nadie, tanto del partido como del gobierno, ha asumido responsabilidad política alguna. Ante la evidente falta de ética, deben  responder ante la justicia.

    Sin duda, los poderes ejecutivo y legislativo se han separado del pueblo, sin embargo los jueces han llegado a escuchar el clamor de los desahucios y ahora pueden frenarlos. Esperemos que en este tiempo definitivo para el caso Gürtel-Bárcenas, no ganen, como antes, los magistrados sumisos sino los justicieros. Sin duda el pueblo, al que corresponde lograr el cambio, ha demostrado que si quiere, puede. 

CONTINÚA EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO

    Durante el reinado de Isabel II se exigía el carácter gratuito, obligatorio y honorífico del cargo de Alcalde o Regidor, lo que impedía que estos cargos pudieran ser ejercidos por personas sin medios económicos. La situación colaboró a la extensión del caciquismo. Los momentos históricos democratizadores solían incluir el sueldo para los alcaldes con el sano objetivo de generalizar el acceso a esa responsabilidad y facilitar las libertades. Hoy, en franco retroceso democrático, el gobierno hace improvisados recortes y disminuye los cargos públicos municipales, en el marco de un discurso populista como si lo hiciera para castigar el enriquecimiento de los políticos.

     La reforma de la Ley de Régimen Local nace rodeada de razones exclusivamente economicistas: se realiza para ahorrar, sin conocer, como es costumbre, a cuánto alcanza ese ahorro, se habla de entre 3.700 y 10.000 millones de €, según las fuentes. La excepción parece ser Madrid (con más déficit que todos los ayuntamientos de España juntos), premiado con un ministerio a su Regidor. Lo difícil de entender es que los municipios, en su mayor parte, han respondido bien al saneamiento del déficit. El borrador nace también con la idea fija en deshacerse de personal, una obsesión aplaudida en una Europa que desconoce la importancia histórica de los ayuntamientos en España. Los expertos populares no pierden de vista el beneficiar al partido, pues buscan sacar provecho en las próximas elecciones locales al eliminar el 30% de los concejales, dificultando la representatividad de los partidos menores con los que no pactan; a la vez que facilitan y aceleran las privatizaciones de los servicios municipales. Para nada se tiene en cuenta la consideración de las demandas que atienden estas instituciones, sus escasos medios y la calidad democrática conseguida, pues han sido las únicas instituciones que han favorecido la participación ciudadana; situaciones que deberían ser muy tenidas en cuenta en la decisión final. 

     Es cierto que la Ley de régimen local vigente necesita una importante reforma para ordenar las haciendas locales y evitar arbitrariedades en contrataciones, materia de calificación de suelo y la utilización de servicios mancomunados entre otras. El hecho de resucitar las diputaciones, organismos de elección secundaria (son elegidos a dedo por los correspondientes partidos) y con escasísimas competencias, sobre los órganos de gestión municipales, supone un retroceso en la autonomía municipal que puede ser inconstitucional. Recordemos que el borrador impone que aquellos ayuntamientos menores de 20.000 habitantes (la inmensa mayoría) que incumplan la Ley de Estabilidad, traspasarán sus competencias a las correspondientes diputaciones.

     Supone además un nuevo ataque al medio rural al eliminar las entidades locales menores, las pedanías y el sueldo de los alcaldes de estos pequeños municipios. En este caso la situación se produce cuando se están suprimiendo en ellos los servicios médicos de urgencia y las escuelas; hay en marcha una ley que permitirá la venta de los montes públicos y se ha mermado el personal, maquinaria, helicópteros y torretas de vigilancia en materia de incendios. La disminución de población y recursos en este medio puede ser el principio del fin de nuestro inmenso patrimonio natural.

    Desde el punto de vista de la participación, el proyecto de ley no cuenta con el apoyo de ningún partido de la oposición, ni de FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), tampoco de la mayoría de las Federaciones regionales del PP. No se ha convocado a la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, el foro adecuado para el debate del borrador. De nuevo el gobierno improvisa y busca su  provecho en lugar de estudiar con los organismos adecuados una estructuración de los municipios que rentabilizara el gasto y fuera aceptada por todos. 

…Y, VUELTA A LO MISMO

     Parece que existe interés por parte del gobierno y del partido que lo soporta en no explicar de manera clara los sucesos que le rodean. No parecen interesados en conseguir algo que desde el plano político y el económico resulta imprescindible: la credibilidad. Por otro lado el pueblo español está sufriendo inexplicables recortes y enormes injusticias sociales, sin que estén surgiendo brotes significativos de violencia social. Pese a todo, el gobierno llena sus intervenciones con gestos despectivos, con falta de transparencia, con soberbia, con la irracionalidad que supone negar soluciones alternativas y con la mentira. Todos ellos, comportamientos que fomentan la violencia. El gobierno debiera controlar, al menos, sus gestos de suficiencia. Muchos tenemos la sensación de que los ministros desconocen nuestros problemas y no ven más allá del déficit y las cifras más o menos amañadas que nos cuentan, mejoras que nunca llegan a la economía real, pese a los discursos de un presidente cada vez más lejos de los ciudadanos.

     No  podemos entender cómo Cospedal, una Abogada del Estado, relata esta semana la situación de Bárcenas, llenando su intervención de balbuceos y de irregularidades jurídicas, lo mismo que su vicesecretario, doctor en Derecho, que relata cosas inverosímiles para explicarnos la situación laboral de Bárcenas y Sepúlveda. Por no contar el discurso del presidente del gobierno, todo un Registrador de la Propiedad, para  explicar la falsedad de los papeles de Bárcenas delante de Ángela Merkel. Pero lo más vergonzoso es que a los pocos días los acontecimientos nos digan que todo lo que dijeron era mentira. Ya parece no tener valor lo que dijo Cospedal, “cada palo que aguante su vela”, o Rajoy: “hay que llamar al pan, pan y al vino, vino”. El cubrir una mentira con otra sólo hace más abultada la mentira inicial. No olvide Sr. Presidente que el asunto de su partido es para los españoles un problema exclusivamente político que afecta a su credibilidad y sólo a Vd. corresponde decir la verdad para desatascar de una vez por todas la agenda política de su gobierno, cuya paralización tanto perjudica a España. Otra cosa, no menos importante, son las responsabilidades civiles y penales en las que hayan podido incurrir miembros de su gobierno, de su partido o Vd. mismo, si así lo decide la justicia. Todos sabemos que los tiempos jurídicos no se corresponden con las urgencias de claridad que hoy necesitamos. Acelere sus explicaciones ante nuestro pueblo, fundamentalmente en sede parlamentaria y no nos haga más desprecios. Como Vd. dice tantas veces, la soberanía reside en el pueblo y no en la Sra. Merkel ni en su partido. 

     Nos cuentan, con un especial contento, que las cifras económicas son estupendas y en el mismo día conocemos que en 2012 hemos tenido un crecimiento negativo de -1,4% de PIB con el agravante de la aceleración de la caída en el último trimestre y que la inflación sube más que en el resto de Europa. Es decir vamos peor. ¿A quién creemos?... El anunciado déficit del Estado del 6,7% del PIB, con el aplauso de sus palmeros es, ya reconocido por Hacienda, del 10%. Ahora Montoro anuncia que no habrá más recortes sobre los 23.000 millones de € que se contemplan en el presupuesto, aunque esta vez parece no haber tenido en cuenta el aumento posterior de los intereses de la deuda. ¡Dios salve a nuestro pueblo!

     Los socialistas gallegos se han decidido por elecciones primarias, cosa que permite el reglamento del partido. Me gustaría que esa solución la compartiera todo el PSOE de forma rápida y unánime. Sería un buen comienzo del deseado cambio.