LA EDUCACIÓN SEGUIRÁ EN EL TUNEL

    Aristóteles decía, en una magnífica definición, que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Un concepto, más fácil de analizar, apunta que la educación es un proceso por el que se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar estando presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Los valores educativos se transmiten por la familia, la escuela y la sociedad. Nuestro gobierno, que está tratando la educación como un problema estrictamente económico y de transmisión de los valores del catolicismo trentino, debería saber que existe una estrecha relación entre el desarrollo de los países con su sistema educativo y el de su investigación científica y tecnológica. No  puede existir un crecimiento sostenido sin que crezca adecuadamente el nivel del sistema educativo público. Sin educación igual y generalizada no hay crecimiento en una democracia.

    Desde finales de 2011 se ha ido perdiendo la validez de conceptos como comunidad educativa, participación y valores educativos, aspectos que se mencionan en la definición de educación. El sentido economicista con que se trata la educación ha supuesto, de hecho, que se actúe sobre ella sin contar con los colectivos sociales y políticos y sin las aportaciones de aquellos grupos más directamente implicados en la tarea. Estas ausencias en el procedimiento han hecho creer al gobierno que no influían en la calidad educativa: el aumento de la ratio de alumnos por clase; el cierre de bibliotecas; la eliminación de becas y ayudas de estudio (idiomas, libros y residencias); cambios de condiciones en las becas; repago en FP; recortes en número de profesores (más de 20.000 en dos años); reducción a seis meses de las becas Erasmus; subida de tasas universitarias; subida del precio de las guarderías; no cubrir bajas de profesores de menos de dos semanas; menor número de ramas en los institutos; ERES a docentes de manera continuada; disminución de medios en la lucha contra el absentismo escolar y la supresión de Educación para la Ciudadanía. Además de enormes reducciones en I+D+I.

    Todos estos recortes han supuesto una disminución del presupuesto en educación del 4,1% en 2012 y del 7,3 en 2013, lo que supone que el gasto sea del 4,2% de PIB, frente al 4,9% de la media europea. Nos vamos quedando atrás en cantidad y calidad educativa. Lo que impedirá el crecimiento económico continuado.

    Estas actuaciones, canalizas por la Ley Wert, tienden a un fin concreto: la privatización de la enseñanza pública. Para cumplir este fin emplean tres elementos: ahogarla económicamente, desprestigiarla y eliminar condiciones para subvencionar los colegios concertados. Si tenemos en cuenta que el 70-80% de los centros privados concertados están en manos de organizaciones religiosas católicas, es fácil deducir que con esta ley el Estado ya no será garante de la escuela pública. El mismo proceso se está produciendo en las Universidades, en las que intentan crear una educación de élite que dé continuidad al proceso iniciado. De esta forma la bondad de la escuela pública, que constituye un instrumento decisivo para la cohesión social, perderá esta virtualidad para ser fuente y motivo de diferencias sociales cada vez más acentuadas.

    Una tarea de insistente demolición, con trasfondo ideológico conservador e impregnada de intereses económicos bastardos, no se eliminará hasta que el “PP” salga definitivamente del poder y un nuevo gobierno busque el consenso de la comunidad escolar, la participación de los sindicatos y partidos políticos, definiendo los medios para conseguir en la forma y el fondo los valores educativos que el país necesita, buscando una permanencia necesaria en el tiempo que pueda ir adoptando los cambios puntuales necesarios en función de las experiencias, como requiere tan importante tarea de Estado.

NO OLVIDEMOS LA CORRUPCIÓN

    Pese a que los españoles vuelven a situar la corrupción en el segundo lugar de sus inquietudes (el primero es el paro), el caso Bárcenas, paradigma público de la corrupción en España, y muchos más vuelven a desaparecer de las primeras páginas. Los partidos de la oposición parecen agotados y los medios de comunicación la mencionan estos días sin demasiada contundencia. Resulta peligroso que el asunto más culpable de la crisis pase a segundo plano en un año electoral. El gobierno y el “PP”, bastante implicados en casos de corrupción, insisten en hablarnos de la salida de la crisis, lanzando señuelos informativos para crear debates de distracción. Todo para ir ganando un tiempo que necesita para salir indemnes. El 78% de los españoles creen razonablemente en la existencia de la caja B del “PP” y en los cobros en negro de Rajoy, sin olvidar la trama de los ERE y la corrupción en UGT. Corremos el riesgo de votar para el Europarlamento unos representantes sin ética política, cuando se van a tomar las decisiones más importantes desde su creación. 

    El grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público un duro informe sobre la corrupción en España. En un documento titulado “prevención de la corrupción en los diputados, jueces y fiscales” se afirma que “los recientes escándalos de corrupción atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones” y, entre otras cosas, pide que se modifique el método de elección del Fiscal General del Estado que nombra directamente el Gobierno y es especialmente duro y crítico con las instituciones judiciales: duda de la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial, lo que supone poner bajo sospecha todo el poder judicial español. A ello hay que añadir que los juzgados para resolver estos complejos casos carecen de medios para dar justa respuesta con prontitud.

    Por otra parte el ahora “verso suelto”, Cospedal, nos ha acostumbrado a que hoy diga una cosa y mañana su contraria. Ahora recurre el archivo de su demanda contra Bárcenas, pese a su expresada satisfacción por la sentencia. En el recurso, una nueva oportunidad para que Bárcenas siga largando, añade una perla al afirmar que no considera oportuno el fallo del juez que debió seguir “las reglas del pensar” y “no las jurídicas”. Sin duda, una curiosa forma de la Secretaria General del Partido del Gobierno, de entender el Estado de Derecho que tanto invocan cuando les conviene.

   Además, el caso Bárcenas sigue ampliándose: el juez Ruz ha tomado declaración como testigo al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, sobre los 200.000 € en metálico dados al “PP”; también a su sobrino Vicente le ha imputado por esa misma causa. Además añade a otros nueve empresarios por la supuesta contabilidad B en el “PP”. Estos diez empresarios se suman a otros siete que ya lo estaban al ser admitida la querella de IU, que considera a los imputados, tanto empresarios como encargados de las cuentas en el “PP”, culpables por ocultar el “dinero negro”.

    El juez Silva, imputado por prevaricación al ordenar dos veces el ingreso en prisión de Blesa, se ha defendido diciendo: “Es una grave irresponsabilidad que Blesa esté en libertad porque ahora hay riesgo espectacular de manipulación de pruebas”. La publicación de los correos de Blesa deja claro que Caja Madrid (ahora Bankia) facilitaba dinero, de todos los españoles, a sus amigos (mayoría del “PP”). Ahora lo importante no es la apropiación, sino si los correos son “corporativos” o “privados”, aunque aplicando “las reglas de pensar” de Cospedal, todos deberían estar en la cárcel. Silva recuerda a Garzón, cuyo expediente de indulto se ha traspapelado año y medio entre el Supremo y Justicia. Todo huele a podrido y no debe olvidarse nunca. 

EL DISCURRIR DE LOS CAMBIOS EN EL PSOE

    El 2 de abril de 2011, Zapatero anunciaba que no se presentaría a las elecciones. Poco tiempo después, Rubalcaba, que había demostrado su capacidad en los más diversos puestos, dimitiría como vicepresidente primero para ser nombrado por el “Comité Federal” candidato a la presidencia del gobierno, presentándose a las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2011. Después, sería elegido secretario general del PSOE en las primarias de 4 de julio de 2012 con 22 votos más que su rival. 

    Sin analizar culpabilidades individuales (no sería acertado, práctico ni razonable), lo cierto es que, desde entonces, el derrumbe socialista ha ido creciendo: el PSOE se dejó siete puntos y un millón y medio de votos en las municipales respecto de las anteriores. En las generales de noviembre (sólo 6 meses después y con Rubalcaba de candidato), fueron 15 los puntos y 4,3 millones los votos perdidos respecto de las anteriores. Pese a esas enormes derrotas históricas, el análisis de lo ocurrido no se produjo, por el contrario, muchos dirigentes hablaron de excelente campaña, líder adecuado y programa electoral sólido y participativo. Después, como hemos relatado, todo se centró en unas primarias con candidatos muy seleccionados, Rubalcaba ganó, y el PSOE siguió con la misma hoja de ruta. Desde esa fecha muchos militantes han expresado  la necesidad de nuevos e importantes cambios pero, como siempre, “nunca es el momento adecuado”. Vemos, sin que se analicen las causas, que en las muchas manifestaciones contra las políticas de Rajoy, la sigla PSOE no tiene espacio. Las encuestas, de manera machacona, dan el esperado desgaste al gobierno, mientras el PSOE, inexplicablemente, sigue cayendo sin recuperar electores. Ante esta situación, para intentar hacer un programa y ganar tiempo, se organizó una conferencia política con los esquemas de participación de siempre.  

     La “Conferencia Política”, llevada con disciplina estatutaria, aportaba elementos aislados que en otro escenario hubieran supuesto una auténtica revolución en el partido. Pero que ahora, a tres meses de su celebración, nadie se acuerda y todo sigue igual. Esta experiencia nos dice, sin lugar a dudas, que un mensaje, mejor o peor elaborado, no es la solución. Para conseguir la imprescindible credibilidad de la sigla PSOE, hace falta democracia interna con nuevos estatutos, un liderazgo distinto y un equipo que dé esperanza, unidad e ilusión a los militantes para después arrastrar con esos sentimientos a la sociedad. Ese cambio que es necesario e imprescindible no es, sin embargo, garantía de éxito a estas alturas. Lo que sí es seguro es que alargando los plazos del cambio necesario, todo irá a peor. Observamos cómo las alternativas que han sido prudentes y no se han salido del guión, se están quemando antes de actuar y dar a conocer su pensamiento político. Nos guste o no, la iniciativa política y los tiempos en el uso de la comunicación, los maneja el PP; además, ha ganado en estos dos años la batalla del desprestigio del PSOE. El año 2013 ha sido un año pésimo en resultados económicos, en gestión política, en desestructuración social y un año en el que los ciudadanos han percibido con mayor claridad la corrupción en el PP y el gobierno. Pese a todo el PSOE no remonta, sigue sin ser alternativa y Rubalcaba sigue mal valorado. El próximo 18 de enero el “Comité Federal” deberá anunciar las primarias a elecciones generales y regionales. Pero todo apunta, según algunos medios de comunicación, a que  dejarán pasar el otoño por la consulta catalana y fijarán antes las primarias para las autonómicas. Lo que mantendría el partido bajo el mismo control hasta casi el final de la legislatura. Si perdemos esta oportunidad para la apertura del partido a la sociedad, seguirá el deterioro, la desmovilización y disminución de los militantes hasta el final.

IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

    El fenómeno de la corrupción constituye una clara vulneración de los derechos humanos por cuanto entraña una violación del derecho de igualdad ante la ley, y en muchas ocasiones supone una violación de los derechos democráticos al producir la sustitución del interés público por el beneficio privado por quienes se corrompen. Produce violencia social y crea un modelo perverso de justicia cuando además se realiza con exhibición de impunidad, rompiendo los cimientos del “Estado de Derecho”. Por otra parte, la impunidad y la corrupción no aparecen solas, vienen siempre acompañadas de un séquito de mentiras, promesas incumplidas, desconfianza… y, además, son contagiosas. En España constituye una auténtica epidemia que barre todos los espacios del poder. Esta injusta situación se produce en un contexto político de empobrecimiento de amplios sectores de la clase media, de pérdida del “Estado de Bienestar” y de una enorme supresión de derechos y libertades para los ciudadanos. Situaciones todas ellas que parecen no tenerse en cuenta ante la anunciada recuperación.

    Los españoles tenemos la convicción de que no se hará justicia pues, pese a todo lo que se está conociendo sobre el gobierno y el “PP”, no hay dimisiones, no se dan explicaciones, se ocultan los debates en el Parlamento y el Consejo de Ministros amnistía a buena parte de los corruptos sentenciados. Da la impresión de que la corrupción es el elemento de unidad, cuando debería ser el de su destrucción. 

    Resulta alentador saber que existe un “Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción” hecho en Nueva York el 31 de octubre de 2003 que, en su preámbulo, establece su preocupación por la destrucción de los valores democráticos, la ética y la justicia como factores que impiden el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. En otro apartado marca caminos nuevos de acción y dice textualmente: “Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que estos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en ese ámbito sean eficaces.” El convenio fue firmado por España el 16 de septiembre de 2005 y ratificado, después de su aprobación por las Cortes Generales, el 19 de junio 2006 (BOE núm. 175), firmado por Moratinos (ministro de Zapatero). En este convenio se establecen, entre otras, formas de participación de los ciudadanos (artº.13) y hasta medidas para prevenir el blanqueo (artº.14). Buena parte de estos y otros  apartados son incumplidos por el actual gobierno. Sería interesante que se creara un grupo de estudio que emitiera un informe sobre el cumplimiento de este convenio y que abriera nuevas posibilidades de actuación para eliminar esta lacra.

    Conviene añadir, para mayor abundamiento, que el caso Gürtel-Bárcenas lleva más de 10 años de instrucción; que las averiguaciones del juez Garzón que marcaban evidencias fueron anuladas y paralizada la investigación por otros cauces; el actual juez ya ha emitido un auto remarcando la falta de colaboración del partido que sustenta el gobierno y considera muy probable la existencia de una caja B; se constatan mentiras de miembros del gobierno y altos cargos del partido e incluso del propio presidente del gobierno en sede parlamentaria y otros en sede judicial; el gobierno se defiende indecentemente con las instituciones  que controla, pero todos los días aparecen nuevas informaciones sobre regalos y donaciones escandalosas. Un gobierno corrupto no puede ser la solución de la crisis moral, la más importante de las crisis que padecemos y ante la cual parecemos preocupados pero demasiado transigentes.