CUANDO EL PUEBLO SE UNE

     Los recortes en Educación, la llamada Ley Wert, el abandono de la educación pública en beneficio de la privada, la falta de previsión en las nuevas tendencias como la Formación Profesional, los modos del ministro y el contexto absolutista y poco participativo en el que se han ido produciendo las decisiones del gobierno, han conseguido unir los más variados sectores relacionados con la educación. Indigna, además, que en un momento en que era necesaria una nueva ley se decida no contar con los afectados, salvo con los sectores ultracatólicos, perdiendo la ocasión de sacar una ley consensuada que tuviera permanencia y asegurara en el medio plazo la estabilidad social y un crecimiento menos clasista de nuestra economía, sin fractura social.

    En el espacio nacional los recortes han supuesto el despido de más de 65.000 trabajadores, disminuyendo el sueldo a los que se quedan, entre el 25,3% y el 35%, según las autonomías. Se ha disminuido la ayuda para libros, los comedores y el transporte escolar, las clases especializadas, se ha aumentado el coste de las matrículas en la Universidad... Con un ahorro económico de alrededor de 3.200 millones de € en el último año que representa el 1,2% de la ayuda prestada a la banca. El Santander, por ejemplo, ha ganado hasta septiembre 3.300 millones de €. Todo ello en el contexto de un aumento de la población escolarizable. Supone un daño social a muchas familias, la repercusión para el futuro de toda una generación de niños y jóvenes, y como consecuencia la estanqueidad social de las clases menos favorecidas. A su vez, el gobierno favorece al sector financiero, a los ricos y a las grandes empresas. Ahora, nacionalizarán las pérdidas en autopistas. Paga el pueblo, pero cuando ganan, dan facilidades impositivas para aumentar sus beneficios. No más privatizaciones.

    Si ponemos el foco en Castilla-La Mancha, todo es más grave debido al interés de la presidenta Cospedal por ser la aventajada de España y así garantizar sus ambiciones políticas; por ello se han producido más los recortes en éste y en otros campos sociales de competencia regional: han despedido más de 5.000 trabajadores que representan el 8,3% del total nacional y el ahorro se acerca a los 500 millones de € que representa más del 17% del ahorro total. La bajada de sueldos del sector público se estima en el 33%., una de las mayores de España. Hay que tener en cuenta que la población de Castilla-La Mancha representa el 4,5% del total nacional. Su gobierno, en cambio, no tiene recortes y su presidenta vive a todo lujo en un Cigarral en Toledo (casa de 600 m2 construido con parcela de 12.100 m2) y necesita 20 policías para su seguridad (doble que Rajoy). Ha dejado sin sueldo a los diputados para ahorrar mientras ha subido, desde que gobierna, el 170% los gastos de alta dirección pasando de 22 millones de € a 59; baja el sueldo a los que eligen los ciudadanos y se lo sube a los que ella elije. Eso sí, en nombre de la democracia y de los castellanomanchegos. Figura con cobros en los papeles de Bárcenas. Una forma de hacer política que no tiene en cuenta la “ejemplaridad” que necesita la crisis para tener fuerza moral al pedir sacrificios.

    Pese al pesimismo razonable de muchos, la actitud unida de la comunidad educativa dejó la sensación de que juntos podemos. Para el ministerio fue un fracaso, aunque ahora llama al diálogo. Mientras tanto, Susana Díaz, la presidenta de la esperanza en Andalucía, anunció ese mismo día un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Esperemos que en el próximo trámite se negocie. En caso contrario deberían seguir las movilizaciones. Pero sobre todo no debemos olvidar que los pueblos en democracia tienen lo que votan y que en las elecciones sucesivas debemos votar con memoria, pues el que olvida el pasado suele repetirlo.

       

DESENCANTO

     Las noticias de cada día suponen una continua merma de nuestro estado de ánimo. Las decisiones del gobierno se mezclan normalmente con mentiras, eufemismos para ocultar la realidad, arranques de soberbia, cuando no casos de corrupción, lo que hace difícil la esperanza. Nunca ha habido tanta basura que esconder bajo la alfombra de la palabra. El artífice de muchas de ellas, Rajoy, nos daba, en el comienzo del discurso de investidura, una directriz moral de la que dijo haría bandera: “Decir siempre la verdad aunque duela, decir la verdad sin aderezos y sin excusas. Llamar al pan, pan y al vino, vino”. Unas palabras que más que bandera de la legislatura está siendo la alfombra bajo la que ha escondido las más grandes miserias. Como dice Millás (El País 18/10/2013): “La relación del “PP” con la mentira es la del toxicómano con la droga”.

    Por otro lado, el Tribunal de Cuentas, al que  corresponde el control de la actividad económico/financiera de gobiernos y partidos es perfectamente inútil. Sabemos que la demora de sus intervenciones provoca que muchos de los asuntos se informen cuando están prescritos. La última memoria presentada, la correspondiente a 2008, deja constancia que ninguna de las 32 formaciones políticas fiscalizadas remitió al tribunal el informe relativo a la auditoría interna o que 14, entre ellas el “PP”, no identificaron a sus donantes como marca la ley (el PSOE sí lo hizo). Sus 12 consejeros están ahí por los partidos políticos. Desde tiempos de Zapatero, el bloqueo de su renovación por parte del “PP” hizo que este partido haya tenido una cómoda mayoría durante los últimos 15 años. No hemos conocido por su intervención la actividad de Gürtel, de Bárcenas, de Pallerol, de Ideas, de Palau. Los consejeros permanecen años y años, tentados por un sueldo de 112.000€/año, más antigüedad. 

    Gracias a este órgano, los dirigentes del “PP” garantizan la seriedad de sus cuentas, invocando que han sido revisadas por él. El asunto es grave pues las cuentas de los partidos políticos no están bajo la vigilancia de la Agencia Tributaria, salvo que lo ordene un juzgado. Por la Agencia Tributaria, por ejemplo, sabemos que el PP se financió irregularmente en la Comunidad Valenciana entre los años 2007-2008. Además el gobierno nombra al Fiscal General del Estado, tiene mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. La ausencia de legislación y de hábitos sobre la “responsabilidad política” de nuestros dirigentes hace que las normas democráticas y razonables para su elección sean de alto riesgo.

    La impunidad se la permiten por la mayoría absoluta, y así la injusticia acampa por sus respetos: la manifestación de las ONG, el pasado miércoles, nos pone al día sobre la existencia de más de 12.000.000 de pobres y excluidos y que ellos están realizando una ingente tarea que correspondería al Estado, a cambio España ya se ha situado entre los 10 países con mayor número de ricos; Estrasburgo veta el desalojo de 16 familias en Gerona por clausulas abusivas en la Ley Hipotecaria; Comunidades y Ayuntamientos tendrán que afrontar una reducción de 17.500 millones en recortes de gastos, subidas de impuestos y otros ingresos, según figura en el Plan Presupuestario para 2014/15 remitido a Bruselas por el Ministerio de Economía (sin que lo conozcan las Cortes), lo que aumentará la pobreza y disminuirá las atenciones sociales. Se mantienen intocables la Iglesia, los puestos de confianza, la banca, los más ricos y seguirán ocultando las cuentas en Suiza de los españoles que están en la lista Falciani.  

    La alternativa, el “PSOE”, parece encontrarse en otro universo sin darse cuenta de que nadie los ve como solución. Sus siglas no figuran en las protestas y ahora, en pleno proceso de descomposición, dicen cuando piden la primarias que “aún no toca”. 

LA DERECHA EN ESTADO PURO

    Las buenas palabras de Rajoy se las lleva el viento con demasiada frecuencia. En Sevilla (18/02/2012) decía a los suyos: “La sabiduría siempre es humilde y la necedad, por el contrario, arrogante. Nosotros preferimos la humildad.” y “Para abordar con eficacia los problemas lo mejor es tener paciencia y comenzar el diálogo. Diálogo con los afectados, con los responsables, con los expertos en la materia…con todo el que tenga que aportar”. Pero cuando juegan sus intereses, esas palabras son calentones morales sin efecto práctico alguno. Veamos tres ejemplos:

    El primero, el más necesario para nuestro futuro, la “Ley Wert” (LOMCE), se ha presentado en el Congreso con el rechazo de toda la oposición y de la comunidad educativa (menos la CONCAPA). Un séptimo intento de la democracia que requería y requiere permanencia que nace, si no hay arreglo en el Senado, sin futuro en un momento en que, no lo negamos, es necesaria. Recordemos que en marzo de 2010 el ministro Gabilondo  hizo una propuesta abierta para poner de acuerdo a todas las partes; sin explicaciones, Cospedal dejó la negociación y la propuesta fue retirada. Ahora la ley que ha suscitado el máximo desacuerdo, sigue adelante. Parece que la fractura histórica entre izquierda y derecha no permite puentes. La ley, muy ideológica, incluye aspectos como: la presencia de agentes privados en la educación pública; las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional; trata las lenguas cooficiales como idiomas extranjeros; blinda la escolarización por sexos; elimina la Educación para la Ciudadanía y da entrada a la asignatura de Religión; suprime la democracia anterior al no tener en cuenta la voz de profesores y padres... Así es difícil cualquier acuerdo.

    La reforma de la Ley de Interrupción del Embarazo que presenta Gallardón, después de cuatro intentos, para aprobarla en octubre, sustituye a una ley que ha sido aceptada socialmente, que tiene una importante seguridad jurídica, que es constitucional y que es similar a la existente en buena parte de los países avanzados. La reforma de Gallardón es más restrictiva que la de los países de gran tradición católica como Italia y Polonia. La prohibición del aborto en casos de malformación fetal, uno de los orgullos de Gallardón, sólo existe en Andorra, Malta, Mónaco, Liechtenstein y San Marino. Pasaremos de ser el país de las libertades civiles al que nos llevó Zapatero a ser uno de los más restrictivos. No es buena idea que la penitencia que conlleva los pecados de la moral católica se incluya en el Código penal. Además las dificultades serán solo para los pobres, puesto que los ricos podrán ir a los países europeos en los que el aborto es legal. Afortunadamente el Papa Francisco ve de otra forma estas intromisiones.

    Por último, el Gobierno está avanzando para dar cobertura legal al “fracking”, aprovechando la nueva tramitación de ley de Evaluación Ambiental que agiliza los tiempos, acortándolos de dos años a cuatro meses. Siempre en la idea de que los espacios que afectan a una sola comunidad autónoma son competencia de ésta. El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, en su informe, calcula que existen recursos de este tipo de gas para 39 años de consumo. Sin duda el olor del negocio está generando la imprudencia, pese al caso Castor, aún sin resolver, a los posibles daños en acuíferos y a las advertencias de ausencia de estudios de grupos ecologistas y decenas de Ayuntamientos y diputaciones. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por ejemplo, lleva recogidas 103 mociones en contra de su práctica. Antes de actuar sería necesario contar con muchos resultados y experiencias, pues precipitarse puede ser fatal para la naturaleza y para el hombre. 

LOS HECHOS Y LAS PALABRAS

    Ocurre con demasiada frecuencia que cuando el gobierno habla, los hechos que luego realiza contradicen sus palabras. Para ocultar la realidad de su gestión utiliza eufemismos, equívocos y, en ocasiones, simplemente miente. Con ese modelo de comunicación han logrado, en menos de dos  años, una absoluta falta de credibilidad que dificulta la salida de la crisis y los hace incapaces de generar ilusión por el futuro. La explicación de los presupuestos ha seguido ese mismo discurso: en los del 2013 mintieron cuando dijeron que eran “los más sociales de la democracia”; los de este año son “los presupuestos de la recuperación”. ¿De la recuperación de qué? Ahora veremos.

    Los presupuestos no contemplan medidas de estímulo para generar empleo: las inversiones públicas se mueven a niveles de hace un cuarto de siglo (la inversión en Fomento cae un 11%) y son insignificantes las políticas activas de empleo. Prevén una disminución del paro del 0,7%, mínimo si tenemos en cuenta la negativa incidencia social y el sacrificio para el  futuro del país que representa el escandaloso paro juvenil (56,1%). Para ocultarlo tratan de manera parcial y engañosa las cifras del desempleo, hasta el punto que para conocer la realidad habrá que esperar a la encuesta de población activa. Tratan los problemas del empleo como los de un mercado más en el que se enfrentan la oferta y la demanda: la oferta es cada vez más numerosa y menos exigente por las muchas carencias; a su lado hay una demanda que sólo tiene que esperar para contratar como le conviene y con sueldos mínimos. Se ignoran los dramas personales que genera esa desigualdad. Por otro lado la economía sumergida, que no genera ingresos en la S.S., no se persigue adecuadamente por falta de medios.

    Tampoco interesa a estos presupuestos el aumento de la demanda interna: la plantilla de la administración ha reducido 300.000 trabajadores en menos de un año y se reducirá este ejercicio en 13.435 funcionarios; las subidas tributarias supondrán 32.870 millones de €; los ingresos de los jubilados disminuirán con la reforma de las pensiones un mínimo del 1,25 al 1,75% (si la inflación no pasa del 2%), a lo que hay que añadir los copagos farmacéuticos; la bajada de salarios e ingresos del paro; la subida de las tasas e impuestos municipales y autonómicos, la subida de la luz...

    Además, en todo lo que supone futuro el panorama no mejora: los gastos en I+D+I, pese a la subida, llegarán a niveles de 2005; la enseñanza y la sanidad públicas continúan su deterioro con una privatización que encarecerá el coste final; la deuda se dispara,  sigue disminuyendo la inversión exterior y el déficit no mejora. Por el lado de los más necesitados, la dependencia experimenta un recorte del 35,2% y se han retirado 870.000 tarjetas sanitarias a los inmigrantes. 

    Lo que el gobierno llama “recuperación” se interpreta, en amplias capas sociales, como que no pararán los desequilibrios sociales. Se percibe que caminamos hacia un nuevo modelo de crecimiento donde las fuerzas sociales se distribuirán de manera más desigual que hace simplemente cinco años, en perjuicio de los más débiles, que tendrán mucho más difícil su ascenso social. La reforma laboral, la privatización y el empobrecimiento de los servicios públicos, la corrupción de las élites del gobierno y el costoso rescate a la banca han llenado a la población de sentimientos sombríos y de desconfianza en la economía del país. A la vez que aumenta la sensación de que el gobierno  está abriendo paso a un nuevo modelo social que reducirá los niveles de vida, extendiendo la inseguridad en el futuro, aumentando la desigualdad y bloqueando el progreso de generaciones, sin definir una línea de progreso que tenga sentido.