“La responsabilidad política” es de esos valores que hay que definir y delimitar cuando los que deben asumirlo no reconocen su existencia. En estos momentos la democracia necesita para mantenerse reglas claras, compartidas, obligatorias e iguales para todos con objeto de dar contenido a ese valor. En política debe asumirse la culpa frente a una acusación razonable, sin que el camino procesal seguido elimine la evidencia de la culpa (casos Naseiro y Gürtel), sobre todo cuando se han conseguido datos evidentes de lo hecho. Tampoco debe ser válida la presunción de inocencia (imprescindible en procesos civiles o penales), ni esperar a que los tribunales celebren juicio o declaren una sentencia condenatoria. Debemos saber que “la responsabilidad política” no es un delito, es un acto de ética obligado cuando se ha cometido un hecho irresponsable o una conducta irregular o poco ejemplar, incompatible con el cargo; ante eso la reacción debe ser la retirada del cargo de manera voluntaria u obligada, con independencia de la existencia de otras penas. Caso de ser falsa la acusación sería necesario establecer penas políticas y mayores sentencias penales al calumniador y al partido político que le ha dado cobertura o se ha aprovechado, ofreciendo la rehabilitación e indemnización al inocente. La calumnia tampoco debe ser gratuita.
Digo esto ahora, porque esta situación de irresponsabilidad política no se ha dado hasta ahora en nuestra democracia. Veamos ejemplos de dimisiones fuera de la transición en las que hay planteamientos éticos: con Felipe González dimitieron Miguel Boyer (economía y hacienda), Narcís Serra cuando era vicepresidente del gobierno, Julián García Vargas (defensa), Vicente Albero (agricultura), José Luis Corcuera (interior), Julián Garcia Valverde (sanidad), Alfonso Guerra (vicepresidente)… con José María Aznar dimitió Manuel Pimentel (trabajo), con Zapatero, Mariano Fernández Bermejo (justicia), Jordi Sevilla (administraciones públicas), Bernard Soria (Sanidad), Pedro Solbes (Economía y hacienda)… La lista demuestra que en otro tiempo se asumieron responsabilidades políticas.
Ahora, el partido del gobierno está inmerso, desde hace años, en un caso de corrupción general, la trama Gürtel-Bárcenas, con una larga y escandalosa trayectoria, despertada de su sueño jurídico gracias a la publicación por El País de la contabilidad de Bárcenas. Un proceso en el que el único sancionado fue el juez del caso por unas escuchas, declaradas ilegales, que demostraban de manera evidente la culpabilidad de los inculpados. Un asunto que afecta a la cúpula del “PP” y a parte del gobierno, especialmente a su presidente. Además, éste es un gobierno del que sabemos que su presidente y la mayor parte de los miembros han mentido públicamente, han ocultado la verdad y han incumplido infinidad de compromisos; que han empobrecido a buena parte de los españoles y favorecido a la banca; que han destrozado la educación y la sanidad; bajado los sueldos de los trabajadores el 8,9% y disminuido sus derechos, cargando sólo sobre ellos el aumento de la competitividad; que su resistencia al cambio de la Ley Hipotecaria, causa de infinidad de daños y muertes, se va a realizar de forma rápida porque Europa ha declarado la Ley ilegal y contraria a los derechos humanos. Pese a todo nadie, tanto del partido como del gobierno, ha asumido responsabilidad política alguna. Ante la evidente falta de ética, deben responder ante la justicia.
Sin duda, los poderes ejecutivo y legislativo se han separado del pueblo, sin embargo los jueces han llegado a escuchar el clamor de los desahucios y ahora pueden frenarlos. Esperemos que en este tiempo definitivo para el caso Gürtel-Bárcenas, no ganen, como antes, los magistrados sumisos sino los justicieros. Sin duda el pueblo, al que corresponde lograr el cambio, ha demostrado que si quiere, puede.
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