La corrupción empieza a tener significado cuando se han consolidado conceptos como justicia, ética o moral. En nuestra cultura aparece unido al desarrollo de la picaresca en una sociedad permisiva, donde se valora de manera positiva la riqueza con independencia de la forma de conseguirla. Ahora nos vamos dando cuenta de la importancia negativa de la corrupción en el desarrollo social y económico. Por eso la intransigencia penal debería ser el camino para su extinción. Es evidente además, que se desarrolla junto a la impunidad, el clientelismo, la sumisión y la indignidad.
Como claro ejemplo de su permisividad podemos citar las últimas elecciones municipales y regionales, en ese tiempo ya eran conocidos los casos de corrupción que hoy rechazamos. Los imputados obtuvieron mayorías absolutas en sus respectivas demarcaciones. Como caso paradigmático podemos citar a la Comunidad Valenciana, ya afectada por los excesos de gastos y los casos Naseiro y Gürtel y las investigaciones de Garzón. La gente callaba y votaba en buena parte por un sueldo, una revalorización de su piso o un favor. Lo curioso era que exigían honradez a los que elegían. Actitud muy representativa de esa doble moral judeo-cristiana que nos caracteriza.
Para algunos, nuestro pueblo ha hecho ya, en este último año, la autocrítica de la situación y realizado la correspondiente catarsis. ¡Ojalá! En Madrid se piensa instalar Eurovegas, un paraíso fiscal en el centro de España, que puede traernos un exagerado crecimiento del sector financiero especulativo con relación a su producción real que puede ocasionarnos la ruina, amén de otras situaciones morales indeseables. Pese a todo, a muchos ciudadanos les parece bien por la sencilla razón de que tendrán trabajo. Lo mismo que pueden opinar ante la nueva ley de agricultura que admitirá la recalificación de los montes quemados, la venta de montes públicos o la permanencia de construcciones en la zona de dominio público marítimo. Síntomas evidentes, todos ellos, de que podemos volver a aplaudir la corrupción. Ante ello sólo cabe un proceso revolucionario de honestidad y transparencia, pues la aplicación de la ley no parece ofrecernos demasiada seguridad. Debemos tener en cuenta que la vía jurídica ha sido elegida por los políticos corruptos que tienen el poder y que se hallan inmersos en la confusión entre lo público y lo privado. Ante las primeras decisiones jurídicas del caso Bárcenas la desconfianza va aumentando y más si tenemos en cuenta el resultado de pasadas experiencias: no conocemos casos de políticos con sentencias firmes de corrupción; nunca se recupera el dinero robado; el caso de Carlos Fabra, por ejemplo, lleva diez años, nueve jueces y cuatro fiscales y ahora parece empezar de nuevo el proceso; el caso Gürtel lleva siete años, han expulsado a un juez y ahora se produce un conflicto de competencias con el caso Bárcenas, ganando el que quiere el gobierno. Sabemos que el juez Bermúdez, el apartado del caso, en 15 días ha descubierto las mentiras del enriquecimiento de Bárcenas y algunas conexiones entre las empresas donantes del PP y las adjudicaciones hechas por administraciones de ese mismo partido. Todo apunta a que pueden pasar muchos años más, debido al volumen reunido del asunto y desaparecer definitivamente si admiten la nulidad de las pruebas que ahora reclaman los defensores de los inculpados, como ya ocurrió con anterioridad.
Ana Colau, la líder de los antidesahucios, es insultada por la delegada del gobierno de Madrid que la considera una terrorista y la infamia se agranda con mayores lindezas en la prensa afín. Lo digo porque la corrupción también genera autoritarismo y pérdida de derechos democráticos.
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