Durante el reinado de Isabel II se exigía el carácter gratuito, obligatorio y honorífico del cargo de Alcalde o Regidor, lo que impedía que estos cargos pudieran ser ejercidos por personas sin medios económicos. La situación colaboró a la extensión del caciquismo. Los momentos históricos democratizadores solían incluir el sueldo para los alcaldes con el sano objetivo de generalizar el acceso a esa responsabilidad y facilitar las libertades. Hoy, en franco retroceso democrático, el gobierno hace improvisados recortes y disminuye los cargos públicos municipales, en el marco de un discurso populista como si lo hiciera para castigar el enriquecimiento de los políticos.
La reforma de la Ley de Régimen Local nace rodeada de razones exclusivamente economicistas: se realiza para ahorrar, sin conocer, como es costumbre, a cuánto alcanza ese ahorro, se habla de entre 3.700 y 10.000 millones de €, según las fuentes. La excepción parece ser Madrid (con más déficit que todos los ayuntamientos de España juntos), premiado con un ministerio a su Regidor. Lo difícil de entender es que los municipios, en su mayor parte, han respondido bien al saneamiento del déficit. El borrador nace también con la idea fija en deshacerse de personal, una obsesión aplaudida en una Europa que desconoce la importancia histórica de los ayuntamientos en España. Los expertos populares no pierden de vista el beneficiar al partido, pues buscan sacar provecho en las próximas elecciones locales al eliminar el 30% de los concejales, dificultando la representatividad de los partidos menores con los que no pactan; a la vez que facilitan y aceleran las privatizaciones de los servicios municipales. Para nada se tiene en cuenta la consideración de las demandas que atienden estas instituciones, sus escasos medios y la calidad democrática conseguida, pues han sido las únicas instituciones que han favorecido la participación ciudadana; situaciones que deberían ser muy tenidas en cuenta en la decisión final.
Es cierto que la Ley de régimen local vigente necesita una importante reforma para ordenar las haciendas locales y evitar arbitrariedades en contrataciones, materia de calificación de suelo y la utilización de servicios mancomunados entre otras. El hecho de resucitar las diputaciones, organismos de elección secundaria (son elegidos a dedo por los correspondientes partidos) y con escasísimas competencias, sobre los órganos de gestión municipales, supone un retroceso en la autonomía municipal que puede ser inconstitucional. Recordemos que el borrador impone que aquellos ayuntamientos menores de 20.000 habitantes (la inmensa mayoría) que incumplan la Ley de Estabilidad, traspasarán sus competencias a las correspondientes diputaciones.
Supone además un nuevo ataque al medio rural al eliminar las entidades locales menores, las pedanías y el sueldo de los alcaldes de estos pequeños municipios. En este caso la situación se produce cuando se están suprimiendo en ellos los servicios médicos de urgencia y las escuelas; hay en marcha una ley que permitirá la venta de los montes públicos y se ha mermado el personal, maquinaria, helicópteros y torretas de vigilancia en materia de incendios. La disminución de población y recursos en este medio puede ser el principio del fin de nuestro inmenso patrimonio natural.
Desde el punto de vista de la participación, el proyecto de ley no cuenta con el apoyo de ningún partido de la oposición, ni de FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), tampoco de la mayoría de las Federaciones regionales del PP. No se ha convocado a la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, el foro adecuado para el debate del borrador. De nuevo el gobierno improvisa y busca su provecho en lugar de estudiar con los organismos adecuados una estructuración de los municipios que rentabilizara el gasto y fuera aceptada por todos.
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