Desde hace meses el “PP” está ofreciendo a España y al mundo un espectáculo vergonzoso en el que su élite política aparece como un conjunto de pícaros, amparados por un poder que ejercen para su provecho. Son ajenos a la grandeza de miras que necesita la política en este momento y a los enormes sacrificios que están obligando a realizar a una mayoría de españoles. A estas alturas tenemos la convicción de que el problema no es solamente la financiación del partido, es también el enriquecimiento impropio de un número importante de sus dirigentes. El hecho de que sigan en el poder es debido a que las leyes de la transición se han quedado trasnochadas e inútiles para este tiempo y no se ve la forma de reformarlas en el inmediato futuro y conseguir la necesaria regeneración política para salir de los problemas económicos. A la vez que evidenciamos los cobros que realizaban sus dirigentes, descubrimos la bajeza moral de muchas de sus acciones: mienten, echan la culpa a otros de unas responsabilidades que les obliga el artículo 42 de sus Estatutos y simulan amnesia para ocultar una verdad que los hundiría personalmente; unos mienten o dicen medias verdades en sede parlamentaria y otros en sede judicial. La crisis más grave no es la económica, es la falta de valores éticos y de autoridad moral de los que pueden sacarnos de ella. Afortunadamente, pese a las mentiras, el juez tiene acreditadas la veracidad de 55 apuntes de la contabilidad en “b” y sigue la investigación.
Las declaraciones de Cospedal han dejado claro que Rajoy fue el artífice de toda la trama interna que situó a Barcenas con un sueldo bruto de 14 pagas de 18.297 €, la minuta de los abogados, coche oficial del partido, despacho, secretaria y alta en la SS. La reunión de marzo de 2010, con Bárcenas y Arenas, deja en evidencia lo dicho por el presidente en su comparecencia el 1 de agosto pasado. Mentiras que debieran ser delito. Por su parte Cristóbal Páez, persona de confianza de Cospedal, reconoció que cobró hasta 12.000 € en billetes de 500 en sobres, “en negro”. Todo ello aunque la justicia considere prescritos los delitos, o sean objeto de sanción administrativa o penal; por delante del camino judicial está el político y ese tiene ya sentencia. A estas alturas es evidente que el fraude en la vida pública aleja la salida de la crisis y aplaza las necesarias reformas políticas y económicas que urgen en España.
Es hora de que el partido del gobierno exija responsabilidades y obre en consecuencia, pues el problema es de la presidencia y no vale un simple cambio de gobierno. La ley hace posible que la mayoría nombre un nuevo presidente de entre los suyos, rodeado de un equipo que esté limpio. La lucha interna que se evidencia, una vez más, con las declaraciones de Cospedal, que ha puesto en marcha su idea de que “cada palo aguante su vela”, pueden paralizar la toma de decisiones y hacer inviable la sustitución; salvo que se produzca un acto de generosidad del presidente, virtud que hasta ahora no ha dado señales de poseer. La tentación de permanencia a toda costa, utilizando los resortes del poder (la más probable teniendo en cuenta los antecedentes), puede no ser una solución duradera pues supondría un pacto con un personaje como Bárcenas, o un profundo desprestigio de la justicia que puede llevarnos a un clima de desgobierno con graves problemas para la economía en un momento en que Europa ha salido de la crisis (Portugal ha crecido 1,1% del PIB). Ha llegado el momento para todos de hacer POLÍTICA en beneficio de España. Lo triste es que si no hay decisiones pronto, sólo podemos esperar un contraataque de Bárcenas que haga más difícil una salida digna y seamos condenados a ser los últimos en salir de la crisis.
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