Es indudable que España cumple el principio básico que define la democracia como forma de gobierno, pues existe participación popular a través del sufragio emitido en elecciones libres; es decir, los habitantes de la nación eligen periódicamente a sus representantes mediante el voto y de esa manera ejercen su poder. Pero los pueblos deben ir buscando y adaptando las peculiaridades democráticas para ir aumentando sus libertades, añadiendo conceptos éticos y leyes que eviten las degradaciones del sistema, sobre la base de una meticulosa independencia de los poderes que definió Montesquieu.
"La transición" arrancó en España con una serie de inseguridades que aconsejaban que en la Ley Electoral primaran las mayorías absolutas, pues los pactos entre formaciones distintas mantenían fuertes rechazos por los recientes recuerdos de la Guerra Civil. Hoy esa situación no existe, en general, y la distribución regional se ha consolidado y ya no tiene sentido mantener la circunscripción provincial, pues partidos nacionales con muchos más votos que otros nacionalistas sacan muchos menos diputados y se margina a las minorías. Se necesita consensuar una nueva Ley Electoral.
Resulta inexplicable que nuestra democracia carezca de Memoria Histórica. Hasta finales de 2016 se mantuvo vigente la Ley de Secretos oficiales (Ley 9/1968 de 5 de abril) que impedía de hecho el acceso a la mayoría de los documentos oficiales, lo que paralizaba la investigación histórica y el verdadero conocimiento de nuestro pasado más reciente. En noviembre de 2016 las Cortes intentaron un cambio que abriera la posibilidad investigadora, pero permitieron que se introdujera una disposición transitoria que deja claro que las materias clasificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma de la ley han de regirse, sin embargo, por los plazos establecidos en la misma. Es decir, aquellas cuyo plazo de vigencia hubiera ya vencido quedarán desclasificadas automáticamente y, aquellas cuyo plazo de vigencia no ha vencido todavía, quedarán desclasificadas cuando se cumpla dicho plazo. Así España es uno de los pocos países democráticos que carece de un periodo de tiempo cumplido el cual, salvo excepciones, se desclasifican automáticamente los secretos. El secreto es eterno, para desesperación de los investigadores, que deben bucear en archivos extranjeros para documentar la historia de España. El entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, paralizó en 2012 la desclasificación de 10.000 documentos secretos de entre 1936 y 1968 cuya salida a la luz había preparado su antecesora Carme Chacón, argumentando que "podían dañar las relaciones diplomáticas" y que difundirlos no era una prioridad. Impedir que se conozca la verdad es un fraude democrático.
Además la tímida Ley de la Memoria histórica de Zapatero, para recuperar los cadáveres de los represaliados y eliminar los símbolos franquistas se incumple. Rajoy declaraba hace unas semanas que había "cero €" para ese tema en los presupuestos. Se mantiene con dinero público la "Fundación Francisco Franco" y permanece con sus mismas normas de origen de su funcionamiento la Basílica del Valle de los Caídos.
No existe realmente la independencia del poder judicial. Existe en cambio el indulto de gobierno que se realiza pese a la opinión de jueces y fiscales. Actuaciones que facilitan la impunidad y abren el camino a la corrupción organizada que quita credibilidad a las instituciones, disminuyendo la calidad de la democracia. En otro orden de cosas, pero no menos importante, es necesario destacar la pérdida de dignidad y libertad que supone la situación de muchos trabajadores con la llamada "Reforma del Mercado de Trabajo". Hace falta también una Ley Reguladora del Derecho de Huelga...
Mi total solidaridad para víctimas y familiares de los atentados de Cataluña.
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