LA IGLESIA: UN ESTADO DENTRO DEL ESTADO

La Iglesia católica en España ha sido, desde hace siglos, una institución clave en las más importantes decisiones de gobierno, gracias a su presencia e influencia decisiva en la realeza, la hacienda pública, el pueblo y el ejército. Hoy, pese a la democracia y al laicismo de la Constitución, su jerarquía se comporta como un estado dentro del Estado, interviniendo en todos los espacios de poder. Veamos sus realidades:

• La Ley Hipotecaria, redactada en plena dictadura franquista, permitía a la Iglesia el registro (inmatriculación) de “algunos” bienes que carecían de propietario, a excepción de los “templos destinados al culto católico”. La Ley sería modificada por el PP en 1998, suprimiendo las excepciones y la prerrogativa exclusiva de inscripción por el Estado, dando a los obispos el rango de funcionarios públicos para inscribir fincas a nombre de la Iglesia (ahora pueden emitir certificaciones de dominio). Una reforma que algunos juristas consideran de dudosa legalidad. Desde entonces las inmatriculaciones (nombre técnico del ejercicio de dominio) han sido constantes. Fruto de esa nueva y singular forma de adquirir la propiedad ha sido la Mezquita de Córdoba, de la que obtiene un beneficio turístico cercano a los 10  millones de euros al año (eso sí, el Estado se hace cargo de los gastos de conservación y mantenimiento). La mayor cantidad de apropiaciones se ha registrado en Navarra, donde se han realizado más de 1.000 nuevas inscripciones a nombre de la Iglesia, comprendiendo fincas, catedrales, iglesias y ermitas que el pueblo consideraba suyas y que hoy mantiene y conserva sin saber que ya no son de su propiedad. Otro tanto ha ocurrido en Galicia donde han hecho suyas 3.800 parroquias con edificaciones y terrenos colindantes. Del mismo modo, aunque en menor cantidad, en todas las provincias de España. 
• Hoy la Iglesia es, con mucha diferencia, el primer propietario urbano, poseyendo más del 70% de todo el patrimonio histórico-artístico del país (del que las distintas administraciones se hacen cargo de su conservación y reparación), además de garajes, locales de negocio, museos, solares recalificados, etc. En cuanto a bienes de naturaleza rústica, es también el primer propietario, estimándose en cerca de 170.000 Ha. sus propiedades. También poseen infinidad de joyas, oro, piedras preciosas y gran cantidad de piezas históricas; controlan negocios e incluso, algunas diócesis invierten su dinero en bolsa. Pero quizás lo peor sea la opacidad sobre el número y situación de estos bienes, de los que resulta imposible conocer su número, valoración  e incluso, no menos importante, los aspectos legales para obtenerlos. Impidiendo así el conocimiento preciso por la opinión pública y el gasto o el ahorro que sus actividades suponen para el Estado. Además los bienes siguen creciendo, no sólo por la inmatriculación, también por herencias y otros legados de instituciones y particulares. 
• Esa enorme cantidad de bienes y negocios no paga impuestos y además recibe del Estado subvenciones que pueden llegar a los 10.000 millones de €. El mismo Franco en su 80 cumpleaños, pronunció un discurso, el 7 de diciembre de 1972, donde afirmaría públicamente que ese año había dado a la Iglesia, en dinero contante y sonante, 300.000 millones de pesetas. Posiblemente lo dijo para que reconocieran que era agradecido con los que le ayudaron y que esperaba más de ellos (Tarancón había comenzado sus críticas). Resulta especialmente sangrante que una de las instituciones de más prestigio en España como es CARITAS, sea utilizada por la jerarquía en la publicidad para conseguir la cruz para la Iglesia en la casilla del IRPF, cuando únicamente aportan a su presupuesto algo más del 1%. Estos días esta institución católica de caridad tiene que vender parte de su escaso patrimonio pues la crisis llega a 11.000.000 de personas que se encuentran en lo que llamamos “exclusión social”, y no llega con las generosas ayudas de sus donantes. Para la jerarquía eclesiástica, la “crisis” no existe ni tan siquiera en el compromiso social ante los fieles por las fragantes injusticias que se están cometiendo con los que más lo necesitan.
• Por último reconocer que la Iglesia obedece a un país distinto al español. Un estado, por otra parte, no democrático. Conviene tener presente que la Constitución Vaticana del año 2.000 dice en su artículo 1º. "El Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial". Todo un alarde de división de poderes del Estado. Recordar que de los 103 convenios internacionales de los derechos humanos ha suscrito solo 10, figurando entre los no firmados, la supresión de la discriminación por motivos sexuales, las relativas a la protección de los pueblos indígenas, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, tampoco las convenciones contra los genocidios, crímenes de guerra, tortura y pena de muerte. Es uno de los países menos comprometidos con los derechos humanos del mundo. El mismo estado que, después de la Guerra Civil, concedió a Franco la Orden de Cristo, la mayor distinción que la Santa Sede puede conceder.