LA CLEPTOCRACIA EN LA QUE VIVIMOS

     Este vocablo, compuesto de dos palabras de origen griego, expresa una tendencia en el ejercicio del poder hacia el enriquecimiento ilícito y rápido. Literalmente significa el mando o gobierno de los ladrones (la palabra aun no ha sido reconocida por el Diccionario de la Lengua) puede ser, ampliando su significado al presente, una forma de gobierno conocida desde muy antiguo, acompañada de un alto grado de corrupción que puede revestir la forma de cargos, subvenciones, información privilegiada, reclasificaciones, licencias, concesiones, adjudicaciones. Toda una pléyade de actividades que presentan serias dificultades a la hora de establecer su legalidad.

     En nuestro país esta forma de organización social se desarrolla durante el periodo del auge del ladrillo. La reforma de la Ley del Suelo, los bajos tipos de interés, el crecimiento del poder en las autonomías y la posibilidad de recalificaciones de suelo por los ayuntamientos fueron sus catalizadores. Autonomías como la valenciana, el modelo más conocido, nos hablan de una serie de arbitrariedades en las que incluso el pueblo que participa de algunas ganancias, colabora con su silencio y su voto al fomento de la corrupción en las instituciones. Podemos decir que existen vivos en toda España, pendiente de solución por el poder judicial, alrededor de 130 casos importantes de corrupción, denunciados por la fiscalía y algunos particulares; la mayor parte de ellos, el 49,7%, de políticos del PP; los cuales además de ser muy superiores en número, lo son también en cuantía y repercusión pública; dándose la circunstancia de que la mayoría de ellos han seguido en sus cargos en el partido y en las instituciones, incluso han sido presentados como candidatos en listas municipales, regionales y nacionales con indudable éxito. Especial atención mereció el caso “Gürtel”, debido al alto nivel de implicados y a la retirada de sus funciones por seguir esta causa, de uno de los jueces más representativos de la democracia -el juez Garzón, un luchador infatigable contra la injusticia- que había conseguido pruebas irrefutables de los culpables. Le sigue el PSOE, con algo más de la mitad de casos que el PP, aunque de menor importancia en sus cuantías y con inmediatas expulsiones del partido para la mayoría de los afectados, pero que avala la generalización de la situación. Los casos de corrupción llegan hasta instituciones como la  monarquía y hasta altas instancias judiciales. Ninguno ha devuelto lo robado y son muy reducidos los años de cárcel en las sentencias. Existe una especie de lasitud legislativa y jurídica, además de una abusiva utilización político-juridica en el tratamiento de los casos. Quizás por eso, ahora, los casos continúan:

• Vemos, en estos momentos tan difíciles, como los familiares y amigos de altos cargos del gobierno y del partido han encontrado ventajosos puestos y otras prebendas en empresas públicas, privadas e instituciones. 
• En BANKIA hay 38 familiares o ex-altos cargos del “PP” entre consejeros y puestos de la máxima responsabilidad en la gestión. Ahora debido a una malísima gestión se decide, sin explicaciones públicas ni comparecencias parlamentarias, financiar con  dinero público hasta 19.000 millones más (en la campaña dijeron que no iban a poner un euro), lo propuesto por el director del banco, a la vez que permitían altas remuneraciones para los fracasados gestores cuando abandonan sus puestos. Todo desde la más absoluta legalidad: deberían sacar, con la misma rapidez con la que hicieron la Reforma Laboral, un Decreto-Ley que prohibiera indemnizaciones y sueldos que atentan a la ética. Parece más sencillo dejar sin derechos a millones de trabajadores que normalizar a unos cuantos banqueros y privilegiados empresarios. Mario Draghi (presidente del BCE) dice de la actuación del gobierno que han llevado el caso de la peor manera posible. Pese a todo dejarán un tiempo, siempre en honor a la verdad que nos prometieron, para decirnos que el gobierno no es culpable de nada. Ahora Rato contesta por escrito apuntando sus discrepancias con lo realizado, calificando la intervención de “brutal inyección a costa del Estado”. Las viejas heridas internas de otro tiempo parecen reverdecer. 
• Actualmente las cajas transformadas en bancos, algunas con ayudas públicas, siguen teniendo en sus consejos cargos políticos, especialmente de los dos grandes partidos, en puestos de alta responsabilidad financiera, tomando decisiones para las que no tienen preparación, pero por las que cobran altísimos sueldos o gratificaciones por asistencia y, posiblemente, recibirán importantes indemnizaciones si una ley no lo remedia.
• Se sabe que una buena parte de nuestra producción, se estima que alrededor del 30%, pertenece a lo que llamamos “economía sumergida”, lo que supone un evidente falseamiento de la totalidad de la estadística económica y social, además de enormes cantidades de impagos de impuestos y una evidente falta de solidaridad social. 
• En la última revisión, la salida de capitales españoles está marcando records, casi 100.000 millones han salido del país en el último trimestre. Posiblemente el chivo expiatorio será el “cambio climático”, por ejemplo.
• Ahora, cuando se ha hecho público el sumario, conocemos la prisión de uno de los hermanos Tauroni por el caso de las ONG. Han sido capaces de desviar fondos de las autonomías de Valencia y Madrid destinados a tratar el hambre en Nicaragua y Haití, para comprar pisos de lujo, yates y coches, por un total de 9 millones de euros, sin control institucional. Veremos cómo termina, pues existen implicados políticos de ambas autonomías.

    Y así infinidad de casos, que harían larguísima la lista. La adicción a la cleptocracia está siendo facilitada por la inexistencia de una legislación que regule la “extraña” relación entre políticos, banqueros y grandes empresarios. Reconociendo que a buena parte de nuestro pueblo, si nos fijamos en sus comportamientos electorales, no parece importarle estas situaciones.