Castilla-La Mancha, debido a que su presidenta es también la secretaria general del “PP”, se está transformando en el territorio modelo de las políticas más duras del gobierno de Rajoy. Su interés por ser la adelantada está aumentando, pues parece adivinar un cambio de gobierno; además en su región, con un solo diputado de diferencia, sabe que tiene poco futuro. Por eso no debemos esperar concesiones, explicaciones ni razones de sus actos. Salvo que las movilizaciones creen un clima social que no esperan y se lo pida el propio Rajoy o exista sentencia firme del TSJCM.
Toca recorte en la sanidad rural, por ser ésta una parte del pastel que no es precisamente un nicho de negocio para la privatización como puedan ser los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Villarrobledo y Almansa y muy especialmente Toledo y Ciudad Real que al parecer van a seguir el camino que en este caso nos marca Madrid.
La Orden de la Consejería de Sanidad por la que se reducen los horarios de las urgencias en los Puntos de Atención Continuada afecta a 21 localidades. No parece estar respaldada por un estudio solvente que justifique lo que ordena; no se han dado explicaciones, ni se ha contado con el respaldo de los profesionales implicados. En algunas poblaciones se vulnera la ley estatal que obliga a la atención continuada en poblaciones a una distancia máxima de 30 minutos. La presidenta, en un alarde de desconocimiento de su región, afirmó públicamente que en ningún caso se superaban los 15 minutos. La realidad del territorio afectado indica que hay al menos 12 itinerarios que superan los 30 minutos que marca la ley, como muestra tres casos: La Vegallera-Elche de la Sierra en Albacete (comprobados 44 minutos con acta notarial), Majaelrayo-Cogolludo e Irueste-Sacedón ambos en Guadalajara. Por esa y otras razones, algunos alcaldes, el primero el de Tembleque, han presentado recurso contencioso-administrativo y el TSJCM ha suspendido cautelarmente la Orden. No cabe duda que el TS ha visto el importante daño social de su aplicación para decretar la suspensión, pese a corresponder ésta a las potestades organizativas del gobierno regional.
La decisión no parece haber tenido en cuenta que de los 100.000 vecinos afectados hay muchos mayores de 70 años, algunos viven solos y sin cobertura telefónica, no conducen y tienen poquísima movilidad, lo que hace difícil la utilización de alguna de las alternativas que se proponen. Hablamos de poblaciones que tienen caminos de montaña de difícil trazado y mala meteorología. Muchos profesionales dicen que es preciso ver al paciente para decidir y que por teléfono no es posible. El consejero ha afirmado que hay una urgencia por noche; los médicos afirman que son 10 o 20. El presidente del Colegio de Médicos de la región se ha preguntado: ¿Quién será responsable ahora si ocurre una desgracia en alguno de los municipios afectados?
Tampoco se conoce un estudio económico que establezca detalladamente el ahorro y el coste de las alternativas propuestas (ambulancia, teléfonos y hasta helicóptero), tampoco se han buscado ahorros de menor coste social (suprimir la partida de divulgación y campañas institucionales, rebajar el número de cargos de confianza o suprimir privilegios a los expresidentes…). El consejero, como respuesta, va a recurrir la suspensión e incluso amenaza con un plan B más duro. Todo menos dialogar.
Sra. Presidenta, en el periodo de su dirección política nos tiene acostumbrados a continuas contradicciones en su discurso, a costosas descoordinaciones en la gestión y a una gran insensibilidad hacia todo lo social. Tenga en cuenta que los ciudadanos afectados no tienen la culpa de vivir en lugares apartados de la región y tener que depender de sus decisiones.
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