Esta semana he podido conocer que en sólo 24 horas altos personajes del gobierno han dicho hasta seis veces una cosa y su contraria. Lo malo no es la falta de credibilidad que ese tejer y destejer produce, lo perverso es que en sus afirmaciones y negaciones pretenden tener razón en ambas posiciones. Cospedal en esas horas de contradicciones afirmaría que “rectificar es de sabios”, sin acordarse de la segunda parte de ese dicho: “y es de necios hacerlo a diario”. Todo menos pedir perdón.
El presidente Rajoy, respondiendo a un periodista británico en unas jornadas de “The Economist”, ha dicho: “No he cumplido mis promesas electorales, pero siento que he cumplido con mi deber”. Parece que, en el sentir del presidente, no cumplir lo prometido es un deber de su cargo. ¡Curiosa ética! Un día no lejano, habló de las grandes virtudes de Bárcenas y ahora, cuando está implicado, niega todo sin razones, a la vez que le mantiene en nómina. Para mayor confusión, huye de explicaciones parlamentarias y ruedas de prensa, dando pie a todo tipo de sospechas. Presenta, como un gran alarde de transparencia, sus declaraciones de la renta que han servido únicamente para demostrar que las afirmaciones públicas, cuando habló de sus estrecheces y ganancias, eran mentira. La indignación pública sigue aumentando por lo que está ocurriendo, ahora el procesado Bárcenas, sin medidas cautelares, se encuentra desde hace una semana esquiando en Canadá, desde donde puede destruir pruebas o, si le conviene, fugarse. Y el gobierno como si nada ocurriera.
Por otra parte, las políticas realizadas para salvarnos de la crisis, han servido para hacer más pobres a los débiles y más ricos a los fuertes, abriendo enormemente las diferencias sociales. Así, contemplamos cómo miembros representativos de la patronal deslocalizan sus empresas, pagan con dinero negro, sobornan políticos o estafan. Vemos cómo muchos banqueros, los mismos que han estafado con engaños a los clientes, se enriquecen y el gobierno acude rápido a hacerse cargo de las pérdidas con el dinero de todos. Mientras, como no hay, hunden la educación, suben las matrículas, destrozan la investigación y ponen la sanidad en manos de empresarios amigos. En un mismo orden de cosas, a un año de la vigencia de la ley 3/2012, el paro supera el 26%, hace emigrar a buena parte de la juventud, lleva a los trabajadores a aceptar salarios de miseria, a la vez que se estima que las horas extraordinarias hechas y no pagadas pueden suponer el equivalente a 300.000 puestos de trabajo, abundando situaciones laborales cercanas a la esclavitud.
Además de todo esto, su estilo de gobernar nos muestra un paisaje de ministros que siempre tienen razón, que humillan a los funcionarios, que son incapaces de dimitir pase lo que pase, que sólo escuchan bajo importantes presiones, que no les importan las consecuencias de acciones tan irresponsables como las tasas de la justicia o los desahucios, de los que, pese a los compromisos de la vicepresidenta, aun no saben si quiera cuántos son los afectados, habiendo cedido a las presiones después de una cadena de suicidios. Esperemos que la solución no tenga que venir de la denuncia puesta el pasado 23 de enero, desde Ecuador, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sería otra vergüenza pero que tampoco traería dimisiones.
Estamos en un nivel tan bajo que, además de una lucha contra la crisis, tenemos planteada la reconquista de la dignidad de España y la recuperación de una democracia que sentimos se nos está escapando de las manos. Quizás deberíamos pensar que los indignos no llegan al poder por sus méritos, sino por los fallos, los descuidos y los silencios de los demócratas.
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