En pocos días, el huracán informativo de El País ha barrido la vieja estrategia del “PP” para ocultar su corrupción. Sin querer, me ha traído la memoria el excelente trabajo de la SER sobre la autoría del 11M. Otra inmoral trama del PP.
Más de dos años atrás, herencia de Zapatero, se iniciaba el caso Gürtel sobre la financiación ilegal del “PP”. Cospedal, desde Costa Rica, realizaba las siguientes declaraciones: “denuncio a todas las instituciones del Estado y de una manera especial a la fiscalía general, a la policía judicial y a la vicepresidenta De la Vega por su política partidaria en la persecución del “PP”; luego le tocaría el turno al juez Garzón. Era el estilo de la oposición de entonces. Hace unos meses, ya con aquellos del “PP” en el gobierno, la estrategia consistía en resaltar las virtudes de Bárcenas; después, para irse alejando del personaje, resaltaron que ya no militaba en el partido; más adelante negaron sin éxito, algo tan rocambolesco como que aun le tenían en la sede de Génova despacho, secretaria, coche y aparcamiento. Ya olía a chantaje. Más adelante todo el “PP”, incluido Rajoy, opinaban sobre el pago con sobres, repitiendo, “no me consta” a la vez que Cospedal decía con dureza “que cada palo aguante su vela”, pretendiendo autoexculparse. Todos mintieron una y otra vez, sin importarles el daño a su pueblo.
Ya con El País en la calle, descubiertos los papeles de Bárcenas con los sobresueldos a la misma Cospedal, Rato, Mayor, Arenas, Acebes, Cascos, los viajes de Ana Mato (con informe detallado de la policía) y Rajoy, entre otros, y las donaciones al partido de personas y empresas hasta 7.500.000 €., la secretaria general del “PP” convocaba una rueda de prensa en la que afirmaría: "Niego “rotundamente” lo que dicen los documentos publicados y proclamo la “absoluta” transparencia de mi partido"; además anunciaba una querella contra el mensajero y no contra Bárcenas, a la vez que pretendía hacernos creer que la solución a todo eran las conocidas auditorías. Mientras esto hablaba, García Escudero, presidente del Senado, afirmaba que era cierto lo que decía el periódico, pues efectivamente había recibido un préstamo de 5.000.000 de pts. Al día siguiente sabíamos que el 70% de los donativos eran ilegales, a la vez que otros destacados miembros del “PP” afirmaban que era cierta la información, al mismo tiempo que un calígrafo afirmaba que era la letra de Bárcenas la que figura en los documentos. Las mentiras ahora para ganar tiempo.
Pero la cosa no acaba aquí, Montoro, designado por Rajoy (el que nunca comparece), con su habitual cinismo y tono despectivo, afirmaba en el Congreso que desconocía que Bárcenas hubiera utilizado los beneficios de su amnistía fiscal y que no habría problemas, pues no se permitía el uso a procesados. La afirmación sería inmediatamente desmentida por el propio Bárcenas al presentar en la Audiencia Nacional los documentos que acreditaban que se benefició en casi 11 millones, pagando algo más de 1 millón de impuestos (le hubiera correspondido pagar casi cinco millones); a la vez que los inspectores de su ministerio aclaraban las dificultades para el castigo, dejando en ridículo al ministro y con cara de idiotas a los sufridos ciudadanos que veían como una ley del gobierno legalizaba el dinero de todo tipo de delincuentes y además con ventajas fiscales.
La comparecencia de Rajoy, no permitiendo la entrada a periodistas cuando se dirigía a la cúpula del partido en una reunión extraordinaria, es un tanto irregular y poco democrática. Abundó en la estrategia de Cospedal: declaró apócrifo el documento, negó cualquier cobro irregular de él y de su partido, insinuó una conspiración y dijo que haría pública su declaración de la renta y patrimonio. Seguimos necesitando explicaciones en sede parlamentaria donde se discuta el futuro de su actual gobierno, a la vez que se pacta una dura ley para que esto no ocurra jamás. La crisis necesita para su solución un gobierno con fuerza moral suficiente para exigir sacrificios, dialogar y dar explicaciones; el actual ha demostrado su total incapacidad para esta tarea. Nuestro pueblo, que ha soportado la soberbia de unos dañinos recortes que le han empobrecido, ha visto en ese tiempo triunfar a banqueros, empresarios y políticos corruptos. Sería un error dejar exclusivamente en manos de la justicia esa enorme falta de honradez y de escrúpulos, así como el frecuente uso de mentiras. Buscamos legitimar nuestra democracia con valores morales. La legalidad de la justicia va a tropezar con un sistema que no es precisamente activo contra la corrupción, además ya se ha producido la prescripción de algunos de los delitos; van a existir enormes dificultades para obtener las pruebas que demuestren que los dirigentes de las instituciones más diversas han utilizado en beneficio propio y de su partido el dinero de todos. Tenemos la seguridad que nos da la experiencia de que nunca se devolverá lo robado y que esos culpables no irán a la cárcel. Cuando termine el proceso ya habrá pasado la legislatura y todos mirarán para otro lado. Es muy previsible que en la estrategia del gobierno esté prevista la utilización de esta vía, pues la maraña de pleitos hará cada vez más difícil y tardío el esclarecimiento de todo. ¡Ojalá tenga que escribir lo contrario!
Por último, siendo verdad que el gobierno dedica más tiempo a desprestigiar a la oposición que a explicar y razonar sus propias políticas, el PSOE tiene también la responsabilidad de acelerar sus necesarios y radicales cambios para presentar una alternativa creíble que elimine la actual incertidumbre y propicie el diálogo con todos los partidos y ciudadanos, pues España vive el momento más difícil de los últimos años. Hasta la monarquía está en tela de juicio y demasiados ciudadanos empiezan a dudar de las ventajas de la democracia.
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