El 9 de mayo de 1950 se producía la declaración de Robert Schuman que expresaba los principios clave para entender el futuro de Europa. En uno de sus primeros apartados establecía: “Europa no se hará de una vez ni en una obra en conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho…”. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha tejido en Europa un modelo social específico, definido a través de un gran pacto, que permitió a la clase trabajadora aceptar las reglas del mercado a cambio de un papel importante del Estado en la regulación de la economía y la provisión de servicios sociales básicos. Asentando el principio de la solidaridad entre ricos y pobres, de jóvenes con ancianos y de unas generaciones con otras basados en la tutela del Estado de Bienestar. También nuestra Constitución se apoya en el principio de solidaridad financiera, que deberá ser proporcionado por las distintas Administraciones en la corrección de los desequilibrios interterritoriales. Con Felipe González, la palabra solidaridad se generalizó entre nosotros y adquirió su auténtico significado, sustituyendo los usos caritativos y compasivos por el derecho de los ciudadanos a los servicios públicos sociales que garantizarían el bienestar general. Todo ello está desapareciendo, casi sin ruido, hasta llegar en muy poco tiempo a una pérdida importante de esos derechos, conseguidos y pactados en el espacio europeo hace más de sesenta años. ¿Qué ha pasado?
Sin duda esos principios y derechos se están suprimiendo por el predominio en los dirigentes europeos de ideas neoliberales que han asumido como suyas las instituciones financieras como el FMI, BM y BCE, defensoras de un capital financiero no productivo que impone su crecimiento y garantías sobre el bienestar de los ciudadanos, haciendo su gran negocio en tiempos de crisis: Cameron ha hecho recientemente ese giro con el fin último de aferrarse a Downing Street; en Bulgaria, uno de los países más pobres, mucha gente se quema a lo bonzo, ante la imposibilidad de salir de la miseria; para asegurar el pago de Chipre no ha habido inconveniente en violar buena parte de las normas que nos han estado rigiendo; situaciones que, con otros esquemas, se dan en Portugal, Grecia, Italia…, incluso la misma Alemania, la cabeza visible del proceso, tiene planteada una auténtica batalla fiscal, donde los ricos estados meridionales (Hesse y Baviera) recurren al Constitucional para cambiar el modelo de solidaridad interterritorial, un discurso europeo, encubierto en lenguajes nacionalistas. El mantenimiento de los paraísos fiscales es la señal más clara del fin de la solidaridad.
En España, cambiamos el art. 131 de la Constitución, abriendo el camino a la supresión del Estado de Bienestar. Se nos impone que antes de cubrir las necesidades del pueblo, hay que pagar los gastos financieros. Para asegurar estos pagos se recorta a los más necesitados las prestaciones sociales básicas privatizándolas, pensando sobre todo en el enriquecimiento de los gestores oficiales y privados. En cambio, no aceptan la “dación en pago” en la Ley Hipotecaria o sancionan a los tenedores de preferentes o cuotas participativas, vendidas con engaños: todo para favorecer a la banca y a las multinacionales. Estas acciones se producen con un gobierno ahogado por la corrupción moral; que judicializa sus escándalos para demorarlos indefinidamente; que está aislado políticamente en el Congreso, sin comunicación con su pueblo y sin credibilidad. Una corrupción que llega al entorno de la jefatura del Estado. Mientras la jerarquía eclesiástica piensa básicamente en aumentar su dinero e influencia y poco en los pobres.
La defensa del Euro no puede hacerse a costa de la solidaridad, sin ella no tenemos futuro, aunque aún nos queda la de los antideshucios y sus pacíficos escraches.
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