España, durante demasiados años, ha practicado y sigue practicando una forma de hacer política impuesta por los sectores inspirados en el Nacionalcatolicismo en sus ideas e incluso en la moral que marcaron los códigos civil y penal y que aún quieren imponer. Por otro lado, en estos últimos años, cuando pudo cambiarse de forma radical estas influencias, los sectores progresistas hemos sido incapaces de construir un sistema ético único, jerarquizado y completo capaz de regir las responsabilidades personales derivadas de los actos políticos, creando unas normas morales laicas similares a otros países europeos. Es posible que la separación continuada de la ética y la política sea la causa principal de este desprestigio.
En los políticos españoles, en general, aún existe la confusión entre lo público y lo privado, base de la corrupción, y entre el delito civil, el pecado religioso y la norma moral (fundamentada en la reflexión ética). Para que muchos políticos y ciudadanos se consideren culpables es preciso que perciban las consecuencias jurídicas de sus acciones, pues de otra forma se piensan irresponsables al no ser punitivas las normas morales nacidas de la ética o de la religión. En ese ambiente la política, carente de incentivos ideológicos e intelectuales y dominada por el clientelismo, está siendo un terreno abonado para mediocres, pícaros y oportunistas que eluden cualquier responsabilidad y buscan “chivos expiatorios” para eludir la justicia y la responsabilidad. La percepción del ciudadano es que nadie es responsable de lo mal hecho. La única esperanza es que no siempre ha sido así y que actualmente no todos lo son. A ellos apelamos. Con la mayoría que nos gobierna y lo demostrado hasta ahora, unido a la falta de cambios en personas, ideas y comportamientos en el “PSOE” resulta muy difícil la necesaria y urgente regeneración.
Los paradigmas de esa falta de responsabilidad política son numerosísimos: en el accidente ferroviario de Santiago, con 79 muertos y 147 heridos, no parecen existir responsabilidades políticas en Adif, en Renfe y el maquinista aparece como el “chivo expiatorio”; el presidente del Tribunal Constitucional, en un momento clave para España, ocultó pertenecer al PP cuando fue nombrado y siguió realizando asesoramientos prohibidos por ley como magistrado a la OIT, al ser descubierto se ha limitado a dejar la asesoría, sin dimitir de su cargo; en el accidente de los Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, con 43 muertos y 47 heridos, cerrado en falso jurídicamente, no existe ningún responsable político, o en el asunto del Madrid Arena con cinco jóvenes muertas, la actitud de la alcaldesa y sus absurdas explicaciones no han tenido consecuencias; lo mismo puede decirse del escándalo de los ERES en Andalucía...
Mención especial merece el caso Bárcenas sobre la financiación del “PP” que implica a la cúpula del partido, al presidente del gobierno actual y algunos ministros durante los últimos 20 años. Cada semana se va descubriendo, cada vez de manera más evidente, una inmensa trama de corrupción que se ha acompañado de mentiras en sede parlamentaria, de engaños y silencios en intervenciones públicas, de chapuzas, de falta de colaboración con la justicia… Han creado una atmósfera irrespirable que hace enormemente difícil el desarrollo de cualquier política. Muchos españoles, incluso del “PP”, se encuentran avergonzados, no obtienen respuestas a sus preguntas y han dejado de creer a los voceros que han pregonado hasta hoy la transparencia, la honradez y la decencia como virtudes exclusivas de ellos, cuando deberían pedir perdón y marcharse. Como siempre, nadie será responsable de lo que ocurre y durante, no sabemos cuánto tiempo, deberemos seguir soportando distracciones, silencios y mentiras de los mismos.
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