DESENCANTO

     Las noticias de cada día suponen una continua merma de nuestro estado de ánimo. Las decisiones del gobierno se mezclan normalmente con mentiras, eufemismos para ocultar la realidad, arranques de soberbia, cuando no casos de corrupción, lo que hace difícil la esperanza. Nunca ha habido tanta basura que esconder bajo la alfombra de la palabra. El artífice de muchas de ellas, Rajoy, nos daba, en el comienzo del discurso de investidura, una directriz moral de la que dijo haría bandera: “Decir siempre la verdad aunque duela, decir la verdad sin aderezos y sin excusas. Llamar al pan, pan y al vino, vino”. Unas palabras que más que bandera de la legislatura está siendo la alfombra bajo la que ha escondido las más grandes miserias. Como dice Millás (El País 18/10/2013): “La relación del “PP” con la mentira es la del toxicómano con la droga”.

    Por otro lado, el Tribunal de Cuentas, al que  corresponde el control de la actividad económico/financiera de gobiernos y partidos es perfectamente inútil. Sabemos que la demora de sus intervenciones provoca que muchos de los asuntos se informen cuando están prescritos. La última memoria presentada, la correspondiente a 2008, deja constancia que ninguna de las 32 formaciones políticas fiscalizadas remitió al tribunal el informe relativo a la auditoría interna o que 14, entre ellas el “PP”, no identificaron a sus donantes como marca la ley (el PSOE sí lo hizo). Sus 12 consejeros están ahí por los partidos políticos. Desde tiempos de Zapatero, el bloqueo de su renovación por parte del “PP” hizo que este partido haya tenido una cómoda mayoría durante los últimos 15 años. No hemos conocido por su intervención la actividad de Gürtel, de Bárcenas, de Pallerol, de Ideas, de Palau. Los consejeros permanecen años y años, tentados por un sueldo de 112.000€/año, más antigüedad. 

    Gracias a este órgano, los dirigentes del “PP” garantizan la seriedad de sus cuentas, invocando que han sido revisadas por él. El asunto es grave pues las cuentas de los partidos políticos no están bajo la vigilancia de la Agencia Tributaria, salvo que lo ordene un juzgado. Por la Agencia Tributaria, por ejemplo, sabemos que el PP se financió irregularmente en la Comunidad Valenciana entre los años 2007-2008. Además el gobierno nombra al Fiscal General del Estado, tiene mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. La ausencia de legislación y de hábitos sobre la “responsabilidad política” de nuestros dirigentes hace que las normas democráticas y razonables para su elección sean de alto riesgo.

    La impunidad se la permiten por la mayoría absoluta, y así la injusticia acampa por sus respetos: la manifestación de las ONG, el pasado miércoles, nos pone al día sobre la existencia de más de 12.000.000 de pobres y excluidos y que ellos están realizando una ingente tarea que correspondería al Estado, a cambio España ya se ha situado entre los 10 países con mayor número de ricos; Estrasburgo veta el desalojo de 16 familias en Gerona por clausulas abusivas en la Ley Hipotecaria; Comunidades y Ayuntamientos tendrán que afrontar una reducción de 17.500 millones en recortes de gastos, subidas de impuestos y otros ingresos, según figura en el Plan Presupuestario para 2014/15 remitido a Bruselas por el Ministerio de Economía (sin que lo conozcan las Cortes), lo que aumentará la pobreza y disminuirá las atenciones sociales. Se mantienen intocables la Iglesia, los puestos de confianza, la banca, los más ricos y seguirán ocultando las cuentas en Suiza de los españoles que están en la lista Falciani.  

    La alternativa, el “PSOE”, parece encontrarse en otro universo sin darse cuenta de que nadie los ve como solución. Sus siglas no figuran en las protestas y ahora, en pleno proceso de descomposición, dicen cuando piden la primarias que “aún no toca”.