Los recortes en Educación, la llamada Ley Wert, el abandono de la educación pública en beneficio de la privada, la falta de previsión en las nuevas tendencias como la Formación Profesional, los modos del ministro y el contexto absolutista y poco participativo en el que se han ido produciendo las decisiones del gobierno, han conseguido unir los más variados sectores relacionados con la educación. Indigna, además, que en un momento en que era necesaria una nueva ley se decida no contar con los afectados, salvo con los sectores ultracatólicos, perdiendo la ocasión de sacar una ley consensuada que tuviera permanencia y asegurara en el medio plazo la estabilidad social y un crecimiento menos clasista de nuestra economía, sin fractura social.
En el espacio nacional los recortes han supuesto el despido de más de 65.000 trabajadores, disminuyendo el sueldo a los que se quedan, entre el 25,3% y el 35%, según las autonomías. Se ha disminuido la ayuda para libros, los comedores y el transporte escolar, las clases especializadas, se ha aumentado el coste de las matrículas en la Universidad... Con un ahorro económico de alrededor de 3.200 millones de € en el último año que representa el 1,2% de la ayuda prestada a la banca. El Santander, por ejemplo, ha ganado hasta septiembre 3.300 millones de €. Todo ello en el contexto de un aumento de la población escolarizable. Supone un daño social a muchas familias, la repercusión para el futuro de toda una generación de niños y jóvenes, y como consecuencia la estanqueidad social de las clases menos favorecidas. A su vez, el gobierno favorece al sector financiero, a los ricos y a las grandes empresas. Ahora, nacionalizarán las pérdidas en autopistas. Paga el pueblo, pero cuando ganan, dan facilidades impositivas para aumentar sus beneficios. No más privatizaciones.
Si ponemos el foco en Castilla-La Mancha, todo es más grave debido al interés de la presidenta Cospedal por ser la aventajada de España y así garantizar sus ambiciones políticas; por ello se han producido más los recortes en éste y en otros campos sociales de competencia regional: han despedido más de 5.000 trabajadores que representan el 8,3% del total nacional y el ahorro se acerca a los 500 millones de € que representa más del 17% del ahorro total. La bajada de sueldos del sector público se estima en el 33%., una de las mayores de España. Hay que tener en cuenta que la población de Castilla-La Mancha representa el 4,5% del total nacional. Su gobierno, en cambio, no tiene recortes y su presidenta vive a todo lujo en un Cigarral en Toledo (casa de 600 m2 construido con parcela de 12.100 m2) y necesita 20 policías para su seguridad (doble que Rajoy). Ha dejado sin sueldo a los diputados para ahorrar mientras ha subido, desde que gobierna, el 170% los gastos de alta dirección pasando de 22 millones de € a 59; baja el sueldo a los que eligen los ciudadanos y se lo sube a los que ella elije. Eso sí, en nombre de la democracia y de los castellanomanchegos. Figura con cobros en los papeles de Bárcenas. Una forma de hacer política que no tiene en cuenta la “ejemplaridad” que necesita la crisis para tener fuerza moral al pedir sacrificios.
Pese al pesimismo razonable de muchos, la actitud unida de la comunidad educativa dejó la sensación de que juntos podemos. Para el ministerio fue un fracaso, aunque ahora llama al diálogo. Mientras tanto, Susana Díaz, la presidenta de la esperanza en Andalucía, anunció ese mismo día un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Esperemos que en el próximo trámite se negocie. En caso contrario deberían seguir las movilizaciones. Pero sobre todo no debemos olvidar que los pueblos en democracia tienen lo que votan y que en las elecciones sucesivas debemos votar con memoria, pues el que olvida el pasado suele repetirlo.
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