Ocurre con demasiada frecuencia que cuando el gobierno habla, los hechos que luego realiza contradicen sus palabras. Para ocultar la realidad de su gestión utiliza eufemismos, equívocos y, en ocasiones, simplemente miente. Con ese modelo de comunicación han logrado, en menos de dos años, una absoluta falta de credibilidad que dificulta la salida de la crisis y los hace incapaces de generar ilusión por el futuro. La explicación de los presupuestos ha seguido ese mismo discurso: en los del 2013 mintieron cuando dijeron que eran “los más sociales de la democracia”; los de este año son “los presupuestos de la recuperación”. ¿De la recuperación de qué? Ahora veremos.
Los presupuestos no contemplan medidas de estímulo para generar empleo: las inversiones públicas se mueven a niveles de hace un cuarto de siglo (la inversión en Fomento cae un 11%) y son insignificantes las políticas activas de empleo. Prevén una disminución del paro del 0,7%, mínimo si tenemos en cuenta la negativa incidencia social y el sacrificio para el futuro del país que representa el escandaloso paro juvenil (56,1%). Para ocultarlo tratan de manera parcial y engañosa las cifras del desempleo, hasta el punto que para conocer la realidad habrá que esperar a la encuesta de población activa. Tratan los problemas del empleo como los de un mercado más en el que se enfrentan la oferta y la demanda: la oferta es cada vez más numerosa y menos exigente por las muchas carencias; a su lado hay una demanda que sólo tiene que esperar para contratar como le conviene y con sueldos mínimos. Se ignoran los dramas personales que genera esa desigualdad. Por otro lado la economía sumergida, que no genera ingresos en la S.S., no se persigue adecuadamente por falta de medios.
Tampoco interesa a estos presupuestos el aumento de la demanda interna: la plantilla de la administración ha reducido 300.000 trabajadores en menos de un año y se reducirá este ejercicio en 13.435 funcionarios; las subidas tributarias supondrán 32.870 millones de €; los ingresos de los jubilados disminuirán con la reforma de las pensiones un mínimo del 1,25 al 1,75% (si la inflación no pasa del 2%), a lo que hay que añadir los copagos farmacéuticos; la bajada de salarios e ingresos del paro; la subida de las tasas e impuestos municipales y autonómicos, la subida de la luz...
Además, en todo lo que supone futuro el panorama no mejora: los gastos en I+D+I, pese a la subida, llegarán a niveles de 2005; la enseñanza y la sanidad públicas continúan su deterioro con una privatización que encarecerá el coste final; la deuda se dispara, sigue disminuyendo la inversión exterior y el déficit no mejora. Por el lado de los más necesitados, la dependencia experimenta un recorte del 35,2% y se han retirado 870.000 tarjetas sanitarias a los inmigrantes.
Lo que el gobierno llama “recuperación” se interpreta, en amplias capas sociales, como que no pararán los desequilibrios sociales. Se percibe que caminamos hacia un nuevo modelo de crecimiento donde las fuerzas sociales se distribuirán de manera más desigual que hace simplemente cinco años, en perjuicio de los más débiles, que tendrán mucho más difícil su ascenso social. La reforma laboral, la privatización y el empobrecimiento de los servicios públicos, la corrupción de las élites del gobierno y el costoso rescate a la banca han llenado a la población de sentimientos sombríos y de desconfianza en la economía del país. A la vez que aumenta la sensación de que el gobierno está abriendo paso a un nuevo modelo social que reducirá los niveles de vida, extendiendo la inseguridad en el futuro, aumentando la desigualdad y bloqueando el progreso de generaciones, sin definir una línea de progreso que tenga sentido.
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