De manera natural, la crisis económica ha ido gestando, sin que nadie haya hecho nada para evitarlo, una crisis política asociada al desprestigio de las instituciones por la desconfianza en los que las gestionan. Entre sus causas hay aspectos ideológicos, de corrupción, clientelismo e ineptitud. Causas que no son exclusivas del “PP” pero que analizamos aquí por su mayor influencia en las instituciones al tener todo el poder.
La ideológica se inicia con el proceso electoral y la formulación de su programa. Un programa que ellos dijeron pactado y que daba una salida a la crisis desde su ideología. Así lo vendieron a la vez que en el discurso establecían unas “líneas rojas” con las que intentaron y consiguieron ganarse la confianza de las clases medias. Pues bien, de esos principios se ha hecho tabla rasa, incluso de la bajada de impuestos de la que hicieron la piedra angular de su ideología. Las llamadas reformas estructurales tan queridas por Rajoy y reflejadas en el programa han quedado en simples cambios legislativos en los que dominan los criterios de la derecha más radical. Han pasado a mejor vida valores democráticos como la participación, el consenso, las ruedas de prensa y el debate parlamentario dando paso a la opacidad, la improvisación, la mentira, la represión y el abuso del poder. El gobierno no es creíble y contagia la crisis a sus nombramientos en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas, entre otros.
La corrupción, posiblemente lo más visible, ha ido aumentando su volumen a medida que se conocen nuevos casos. En el centro, el Gürtel-Bárcenas ha ido evolucionando haciendo cada vez más creíble a Bárcenas y menos al gobierno. Las supuestas mentiras de Bárcenas han sido sustituidas por verdades contrastadas, mientras el gobierno y el “PP” hacen declaraciones contradictorias o balbuceos impropios de su puesto. Ahora es la fiscalía la que intenta librar al PP de los delitos derivados de su caja B diciendo, de manera poco habitual, que no puede demostrarse la relación entre donaciones y adjudicaciones. También ha impedido imputar a Cascos, Acebes y a 15 empresarios. Cuando el sumario intenta demostrar ésta relación, el ministerio público interviene para evitarlo. La penúltima campanada la ha dado Cospedal con el recibí de 200.000€ : primero dijo que lo recibió, después lo negó y ahora su gerente, abogado de profesión, afirmó ante el juez que firmó pero no recibió el dinero. Un insulto a la inteligencia. La crisis, además de al gobierno y al “PP”, se extiende a la Fiscalía.
El clientelismo supone normalmente una transgresión en la lógica de los nombramientos, al designar a los cercanos y no a los mejores. Vemos como todas las instituciones y empresas públicas se llenan con decenas de miles de “personas de confianza”. La presidencia del gobierno tiene 600 y muchos ayuntamientos y autonomías superan los 200 con sueldos que se acercan a los 50.000 €/año. La mayoría amigos personales, familiares o personas del partido, despreciando la valía de los funcionarios, desprestigiando a todas las instituciones, empresas públicas y partidos políticos. Así todo funciona peor, se gasta más y se degrada la función pública que está basada por ley en el mérito y la capacidad que se exige a los funcionarios.
La ineptitud empezó con las improvisaciones, siempre a favor de los suyos, y ha seguido con ministros como Wert, Ana Mato, Fátima Báñez, Montoro y Gallardón, que cada uno con sus tendencias de ambición, orgullo u obediencia han tomado decisiones que han hundido la economía y el incipiente Estado de Bienestar. Todos tienen en común tener en contra a los sectores afectados. No resulta fácil para un español creer en el futuro cuando los que deberían defender nuestros derechos nos los quitan, se corrompen, sólo miran por los suyos o no son los más idóneos para el cargo.
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