Esta semana se cumplen dos años de unas elecciones que llevaron al “PP” al gobierno por mayoría absoluta, un tiempo que coincide, casi en los mismos días, con la catástrofe del Prestige (un 13 de noviembre de 2002) y con el fallo del tribunal gallego, por el que se condenó por desobediencia al capitán del barco a nueve meses de cárcel. La sentencia se conoció también un 13 de noviembre de 2013, once años después. Este paralelismo en fechas permite una comparación entre el desastre ecológico, uno de los mayores de nuestra historia con 10.000 millones de € de coste, y el acceso al poder del PP. Veamos: ambos sucesos fueron y son gestionados por la misma persona; en los dos se hizo un mal diagnóstico de la situación; existió en la gestión de ambos enormes dosis de improvisación; las soluciones fueron y están siendo equivocadas; también se han incumplido los compromisos asumidos en cada momento; en los dos casos, hasta ahora, no existen culpables en la administración. Por último, lo más digno de destacar ha sido que en ambos casos existió y existe la enorme solidaridad del pueblo español.
En estos años, los más duros de la democracia, los recortes, gracias al gobierno, han correspondido a las autonomías y a los ayuntamientos, las instituciones gestoras del Estado de Bienestar. Mientras Europa ha dado una prórroga de dos años para el cumplimiento del déficit, el gobierno no ha trasladado esa mejora. Las autonomías y los ayuntamientos han cumplido el “déficit” y el del gobierno solo ha mejorado en 0,4% respecto al heredado en 2011. Por sus políticas, estamos cada vez más empobrecidos, más enfermos y más pesimistas: el 86% del pueblo español no ve el final del túnel.
No existe visión de futuro: la investigación en energías renovables, donde éramos avanzados, se ha paralizado, a lo que se une la mala gestión del déficit de tarifa que oscurecen el futuro energético. Los esquemas economicistas en los centros de trasplantes pueden evitar el avance en algo en que somos primeros, en donantes y técnicas. La caída de la investigación es general. Esta situación es enormemente grave para el crecimiento futuro y mejora del empleo. Nos costará años recuperarla.
Este segundo año el gobierno lo van a celebrar, a su modo, con nuevas sorpresas: por un lado suprimiendo las libertades públicas: serán infracciones graves, sancionadas con multas entre 30.000 y 600.000 €, acciones como perturbación del orden en actos públicos religiosos, deportivos o espectáculos; concentraciones no comunicadas ante instituciones como el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos; escraches o actos de acoso a cargos públicos. Con multas entre 1.001 y 30.000 €: el uso de imágenes o datos de autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atenten contra su honor, su imagen o pongan en peligro su seguridad. Nos roban la libertad y ahora van a regular la huelga para evitarla. A todo esto, Rajoy nos dice que ignora las consecuencias de vallas con cuchillas. Interesante, ¿no?
La fiesta sigue, en clave de corrupción, con la destitución de una inspectora de Hacienda de la “Oficina Técnica de Grandes Contribuyentes” por rechazar un recurso de la cementera Cemex (puede suponer una sanción de 450 millones de €), seguida de la dimisión del jefe y seis más, que ven consignas ajenas al buen hacer de la inspección. En dos años han cesado a 300 inspectores. Algo huele mal en Hacienda. Después de 458 indultos del Consejo de Ministro en los últimos 11 meses, ahora toca a dos políticos de CiU condenados por malversación y a un empresario canario, presidente de la UD Las Palmas que construyó en zona prohibida. Menos mal que el juez Ruz nos regala un auto en el que establece indicios de contabilidad B en el “PP”. A todo esto Rajoy responde: “no hay cambios porque las cosas se están haciendo bien”. Por fortuna, ya queda menos…
No hay comentarios:
Publicar un comentario