En los años ochenta, una concejala tránsfuga del partido socialista dio a Zaplana la alcaldía de Benidorm. Al nuevo alcalde se le oyó decir: “He venido a la política para forrarme”. Una frase que escandalizó en ese momento pero que, con el paso del tiempo, creó escuela. Algo parecido a lo que ocurrió en Madrid, hoy aparentemente olvidado, con la llegada al poder de Esperanza Aguirre. Al poco tiempo llegaría Aznar al poder y Rato, Montoro y Rajoy desregularon el sistema financiero y el suelo, provocando la burbuja financiera. El camino del negocio fácil y la corrupción estaba trazado. Nadie puso freno a la orgía general hasta que la burbuja estalló, sólo en ese momento se empezó a tomar conciencia, lentamente, de la necesidad de exigir ética a la política, pues nos estamos jugamos la democracia. No olvidemos que los primeros políticos enjuiciado por corruptos eran vitoreados en las plazas y lo que es más triste, votados en los procesos electorales y así, con la ayuda de todos, la política se convirtió en negocio.
Las pasadas elecciones locales, regionales y generales, se hicieron con abundantes casos de corrupción, que no crearon conciencia de su importancia política, y el “PP” lo ganó todo. Empezaron los recortes, los autoritarismos, las torpezas, los enriquecimientos y las denuncias. El problema, a raíz del caso “Bárcenas”, llegó a crear una atmósfera que ha desprestigiado absolutamente la política. Todos han pagado por algunos. Hoy, sin normas que exijan responsabilidad política, sin leyes anticorrupción creíbles y sin partidos políticos que propicien el nacimiento de nuevos liderazgos, no puede crearse la atmósfera capaz de desarrollar soluciones para la regeneración política.
El “PP” y su gobierno, sumergidos en la corrupción, ocupan buena parte de su esfuerzo en crear “cortafuegos” para proteger sus responsabilidades jurídicas y seguir con sus negocios de privatización, destrozando las instituciones que debieran impedirlo, limitando las libertades, utilizando los medios de comunicación, aumentando la represión, mintiendo sobre sus actuaciones y limitando la capacidad de control del Parlamento. Han empezado desacreditando las instituciones encargadas de vigilar los delitos económicos y deslegitimando a los empleados públicos: han desprestigiado el Tribunal de Cuentas, han cambiado los mandos de la Policía Judicial; están desmantelando la Agencia Tributaria, mientras Montoro demuestra su nulo sentido democrático, usando la información de su ministerio para amenazar y no para aumentar su eficacia; a la vez, pone bajo su control el nombramiento de peritos para casos de corrupción. Ahora desmantelan, privatizando según sus intereses, el prestigio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, poniendo en riesgo la protección de los derechos fundamentales. Además ya controlan la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. Así, será difícil que prosperen imputaciones a los altos cargos del Estado y del gobierno. La justicia ya no es igual para todos y sin eso no hay democracia.
A estos importantes “cortafuegos” se unen la radio y televisión públicas, destrozando una excelente herencia de Zapatero, que se une a sus medios incondicionales para enterrar la verdad, hacer olvidar lo que les interesa o crear esquemas caritativos equívocos para solucionar la exclusión social. Una tarea, la de la exclusión, que es obligación de cualquier gobierno y que constituye un derecho constitucional. Transforman en esquemas caritativos lo que deberían ser exigencias a un gobierno que no tiene en cuenta las acuciantes necesidades de más de cuatro millones de españoles. Dentro de poco el pueblo, como enseñó Goebbels, habrá olvidado todo. Aunque, no sé porqué, esta vez, espero que no ocurra.
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