Pese a que los españoles vuelven a situar la corrupción en el segundo lugar de sus inquietudes (el primero es el paro), el caso Bárcenas, paradigma público de la corrupción en España, y muchos más vuelven a desaparecer de las primeras páginas. Los partidos de la oposición parecen agotados y los medios de comunicación la mencionan estos días sin demasiada contundencia. Resulta peligroso que el asunto más culpable de la crisis pase a segundo plano en un año electoral. El gobierno y el “PP”, bastante implicados en casos de corrupción, insisten en hablarnos de la salida de la crisis, lanzando señuelos informativos para crear debates de distracción. Todo para ir ganando un tiempo que necesita para salir indemnes. El 78% de los españoles creen razonablemente en la existencia de la caja B del “PP” y en los cobros en negro de Rajoy, sin olvidar la trama de los ERE y la corrupción en UGT. Corremos el riesgo de votar para el Europarlamento unos representantes sin ética política, cuando se van a tomar las decisiones más importantes desde su creación.
El grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha hecho público un duro informe sobre la corrupción en España. En un documento titulado “prevención de la corrupción en los diputados, jueces y fiscales” se afirma que “los recientes escándalos de corrupción atentan gravemente contra la credibilidad de sus instituciones” y, entre otras cosas, pide que se modifique el método de elección del Fiscal General del Estado que nombra directamente el Gobierno y es especialmente duro y crítico con las instituciones judiciales: duda de la imparcialidad del Consejo General del Poder Judicial, lo que supone poner bajo sospecha todo el poder judicial español. A ello hay que añadir que los juzgados para resolver estos complejos casos carecen de medios para dar justa respuesta con prontitud.
Por otra parte el ahora “verso suelto”, Cospedal, nos ha acostumbrado a que hoy diga una cosa y mañana su contraria. Ahora recurre el archivo de su demanda contra Bárcenas, pese a su expresada satisfacción por la sentencia. En el recurso, una nueva oportunidad para que Bárcenas siga largando, añade una perla al afirmar que no considera oportuno el fallo del juez que debió seguir “las reglas del pensar” y “no las jurídicas”. Sin duda, una curiosa forma de la Secretaria General del Partido del Gobierno, de entender el Estado de Derecho que tanto invocan cuando les conviene.
Además, el caso Bárcenas sigue ampliándose: el juez Ruz ha tomado declaración como testigo al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, sobre los 200.000 € en metálico dados al “PP”; también a su sobrino Vicente le ha imputado por esa misma causa. Además añade a otros nueve empresarios por la supuesta contabilidad B en el “PP”. Estos diez empresarios se suman a otros siete que ya lo estaban al ser admitida la querella de IU, que considera a los imputados, tanto empresarios como encargados de las cuentas en el “PP”, culpables por ocultar el “dinero negro”.
El juez Silva, imputado por prevaricación al ordenar dos veces el ingreso en prisión de Blesa, se ha defendido diciendo: “Es una grave irresponsabilidad que Blesa esté en libertad porque ahora hay riesgo espectacular de manipulación de pruebas”. La publicación de los correos de Blesa deja claro que Caja Madrid (ahora Bankia) facilitaba dinero, de todos los españoles, a sus amigos (mayoría del “PP”). Ahora lo importante no es la apropiación, sino si los correos son “corporativos” o “privados”, aunque aplicando “las reglas de pensar” de Cospedal, todos deberían estar en la cárcel. Silva recuerda a Garzón, cuyo expediente de indulto se ha traspapelado año y medio entre el Supremo y Justicia. Todo huele a podrido y no debe olvidarse nunca.
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