El fenómeno de la corrupción constituye una clara vulneración de los derechos humanos por cuanto entraña una violación del derecho de igualdad ante la ley, y en muchas ocasiones supone una violación de los derechos democráticos al producir la sustitución del interés público por el beneficio privado por quienes se corrompen. Produce violencia social y crea un modelo perverso de justicia cuando además se realiza con exhibición de impunidad, rompiendo los cimientos del “Estado de Derecho”. Por otra parte, la impunidad y la corrupción no aparecen solas, vienen siempre acompañadas de un séquito de mentiras, promesas incumplidas, desconfianza… y, además, son contagiosas. En España constituye una auténtica epidemia que barre todos los espacios del poder. Esta injusta situación se produce en un contexto político de empobrecimiento de amplios sectores de la clase media, de pérdida del “Estado de Bienestar” y de una enorme supresión de derechos y libertades para los ciudadanos. Situaciones todas ellas que parecen no tenerse en cuenta ante la anunciada recuperación.
Los españoles tenemos la convicción de que no se hará justicia pues, pese a todo lo que se está conociendo sobre el gobierno y el “PP”, no hay dimisiones, no se dan explicaciones, se ocultan los debates en el Parlamento y el Consejo de Ministros amnistía a buena parte de los corruptos sentenciados. Da la impresión de que la corrupción es el elemento de unidad, cuando debería ser el de su destrucción.
Resulta alentador saber que existe un “Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción” hecho en Nueva York el 31 de octubre de 2003 que, en su preámbulo, establece su preocupación por la destrucción de los valores democráticos, la ética y la justicia como factores que impiden el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. En otro apartado marca caminos nuevos de acción y dice textualmente: “Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que estos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en ese ámbito sean eficaces.” El convenio fue firmado por España el 16 de septiembre de 2005 y ratificado, después de su aprobación por las Cortes Generales, el 19 de junio 2006 (BOE núm. 175), firmado por Moratinos (ministro de Zapatero). En este convenio se establecen, entre otras, formas de participación de los ciudadanos (artº.13) y hasta medidas para prevenir el blanqueo (artº.14). Buena parte de estos y otros apartados son incumplidos por el actual gobierno. Sería interesante que se creara un grupo de estudio que emitiera un informe sobre el cumplimiento de este convenio y que abriera nuevas posibilidades de actuación para eliminar esta lacra.
Conviene añadir, para mayor abundamiento, que el caso Gürtel-Bárcenas lleva más de 10 años de instrucción; que las averiguaciones del juez Garzón que marcaban evidencias fueron anuladas y paralizada la investigación por otros cauces; el actual juez ya ha emitido un auto remarcando la falta de colaboración del partido que sustenta el gobierno y considera muy probable la existencia de una caja B; se constatan mentiras de miembros del gobierno y altos cargos del partido e incluso del propio presidente del gobierno en sede parlamentaria y otros en sede judicial; el gobierno se defiende indecentemente con las instituciones que controla, pero todos los días aparecen nuevas informaciones sobre regalos y donaciones escandalosas. Un gobierno corrupto no puede ser la solución de la crisis moral, la más importante de las crisis que padecemos y ante la cual parecemos preocupados pero demasiado transigentes.
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