Aristóteles decía, en una magnífica definición, que la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Un concepto, más fácil de analizar, apunta que la educación es un proceso por el que se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar estando presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Los valores educativos se transmiten por la familia, la escuela y la sociedad. Nuestro gobierno, que está tratando la educación como un problema estrictamente económico y de transmisión de los valores del catolicismo trentino, debería saber que existe una estrecha relación entre el desarrollo de los países con su sistema educativo y el de su investigación científica y tecnológica. No puede existir un crecimiento sostenido sin que crezca adecuadamente el nivel del sistema educativo público. Sin educación igual y generalizada no hay crecimiento en una democracia.
Desde finales de 2011 se ha ido perdiendo la validez de conceptos como comunidad educativa, participación y valores educativos, aspectos que se mencionan en la definición de educación. El sentido economicista con que se trata la educación ha supuesto, de hecho, que se actúe sobre ella sin contar con los colectivos sociales y políticos y sin las aportaciones de aquellos grupos más directamente implicados en la tarea. Estas ausencias en el procedimiento han hecho creer al gobierno que no influían en la calidad educativa: el aumento de la ratio de alumnos por clase; el cierre de bibliotecas; la eliminación de becas y ayudas de estudio (idiomas, libros y residencias); cambios de condiciones en las becas; repago en FP; recortes en número de profesores (más de 20.000 en dos años); reducción a seis meses de las becas Erasmus; subida de tasas universitarias; subida del precio de las guarderías; no cubrir bajas de profesores de menos de dos semanas; menor número de ramas en los institutos; ERES a docentes de manera continuada; disminución de medios en la lucha contra el absentismo escolar y la supresión de Educación para la Ciudadanía. Además de enormes reducciones en I+D+I.
Todos estos recortes han supuesto una disminución del presupuesto en educación del 4,1% en 2012 y del 7,3 en 2013, lo que supone que el gasto sea del 4,2% de PIB, frente al 4,9% de la media europea. Nos vamos quedando atrás en cantidad y calidad educativa. Lo que impedirá el crecimiento económico continuado.
Estas actuaciones, canalizas por la Ley Wert, tienden a un fin concreto: la privatización de la enseñanza pública. Para cumplir este fin emplean tres elementos: ahogarla económicamente, desprestigiarla y eliminar condiciones para subvencionar los colegios concertados. Si tenemos en cuenta que el 70-80% de los centros privados concertados están en manos de organizaciones religiosas católicas, es fácil deducir que con esta ley el Estado ya no será garante de la escuela pública. El mismo proceso se está produciendo en las Universidades, en las que intentan crear una educación de élite que dé continuidad al proceso iniciado. De esta forma la bondad de la escuela pública, que constituye un instrumento decisivo para la cohesión social, perderá esta virtualidad para ser fuente y motivo de diferencias sociales cada vez más acentuadas.
Una tarea de insistente demolición, con trasfondo ideológico conservador e impregnada de intereses económicos bastardos, no se eliminará hasta que el “PP” salga definitivamente del poder y un nuevo gobierno busque el consenso de la comunidad escolar, la participación de los sindicatos y partidos políticos, definiendo los medios para conseguir en la forma y el fondo los valores educativos que el país necesita, buscando una permanencia necesaria en el tiempo que pueda ir adoptando los cambios puntuales necesarios en función de las experiencias, como requiere tan importante tarea de Estado.
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