AQUÍ, EN EL GOBIERNO, NO DIMITE NADIE

   La dimisión es una decisión ética, independiente de la justicia, que se asume personalmente en política como un acto de responsabilidad ante la ciudadanía no sólo como autor de un delito, sino también como conocedor, tolerante, encubridor o por ignorancia. Actualmente no se ejerce esta responsabilidad y la dimisión no llega  hasta la condena en firme del delito por la justicia. Pero cuando la instrucción, el juicio y los recursos duran hasta 10 años; las dimisiones no existen. Tampoco si se ha cometido el delito pero ha prescrito o si se eliminan las pruebas que lo evidencian por problemas procesales (existe, pero para la justicia no se autorizó la prueba). Para mayor desinterés, con fecha 10 de diciembre se publicó en el BOE  la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, del “PP”, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. ¿Para cuándo está prevista su entrada en vigor? Desde 2012 se han aprobado 52 decretos leyes que el Congreso ha convalidado sin apenas discusión parlamentaria y la  política del gobierno sigue adoleciendo de información pública y de transparencia. El viernes fue al Consejo de Ministros una Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos que servirá para cubrir la cara de Rajoy en el próximo debate. La ausencia del ejemplo que para los ciudadanos suponen las dimisiones, envilece la democracia.

    Pero la joven democracia española no siempre ha sido así: después de la “Transición”, con Felipe González, dimitieron ocho ministros, de ellos dos vicepresidentes, sin que fueran ni procesados; con Aznar dimitió uno y con Zapatero dimitieron cuatro. El momento actual tiene un gobierno que, además de su falta de respeto a los ciudadanos, carece de responsabilidad política, porque en los gobiernos anteriores no se hicieron leyes que crearan la necesaria asepsia preventiva. Muchos de esos políticos cubren la falta de ética política con su moral personal en la que basan las leyes civiles para todos, pese a que la Constitución define al Estado como aconfesional.

   Gallardón, en un debate sobre la Ley del Aborto, justificó el caso más duro (el de la malformación), diciendo que su mujer y él lo asumirían, la entrevistadora le contestó que “su moral personal no podía ser el motivo para imponerla a todas las españolas”. Con la actual ley de plazos, él y su esposa podrán seguir su moral, a la vez que disponen de medios para no seguirla. En la práctica son libres. Sin embargo obligan a asumir este sacrificio, a la vez que recortan las ayudas a la dependencia, condenando de por vida a la mujer sin recursos que no piensa como él. Sin embargo no tiene problemas en la reforma del Código Penal para criminalizar a los enfermos mentales, ni para eliminar la Justicia Universal por problemas económicos y comerciales. ¡Curiosa conciencia!
    El ministro del Interior debería justificar urgentemente que las pelotas de goma y los tiros de fogueo no fueron causa indirecta de la muerte de quince personas, pues los vídeos de interior demuestran disparos cerca de los inmigrantes. Todo si quiere eludir una parte de la responsabilidad política, pues ya le afecta la del director general de la Guardia Civil que mintió y debe irse. Si no, parecería que la vida de esas personas es de tono menor. Como respuesta, fuera de toda moral, legalizará las expulsiones en caliente.

    Vivimos una emergencia, donde las instituciones están iniciando un peligroso declive. El Estado se aleja de la sociedad, pues ésta vive en un mundo que no es el que describe el gobierno. La ausencia de valores está permitiendo, además de la enorme corrupción del gobierno, que lleven años intentando distraer la atención, hacer raros nombramientos y mentiras para salir indemnes de sus delitos. Hoy, fruto de luchas internas, ha dimitido Francisco Granados (no es gobierno), que sigue de presidente del “PP” de Valdemoro, amenazando si le echan. Alguien tendrá que explicar tanta incongruencia.