Rajoy, necesitado de votos en sus campañas, trazó unas inviolables líneas rojas para dar seguridad a sus votantes. En la sanidad pública, se comprometió a que no se vería afectada. Ya en el gobierno, todo ha resultado ser distinto. La sanidad la puso en manos de una ministra que no llegó a ser imputada en el caso Gürtel por estar prescrito el presunto delito y por ello mal elegida. La tarea ministerial la ha realizado con opacidad, sin dialogo, desprestigiando lo público y forzando unas privatizaciones en beneficio de elegidas empresas, alegando un ahorro que la realidad ha desmentido.
En 2011 España tenía la mejor sanidad de Europa, con uno de los gastos más bajos respecto del PIB. Sin duda la relación calidad/precio era, en este servicio público, una de las mejores del mundo. Además, el sector sanitario tenía una importancia considerable en la economía y algunos de sus subsectores, como el farmacéutico, era de los más relevantes en I+D de nuestra economía. Y en esto llegó Rajoy con los recortes (“regularizaciones”) y las privatizaciones (“externalizaciones”) y todo cambió.
La “regularización” inversora, de la que el gobierno no facilita datos, se estima por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en 150 €/habitante al año. El sistema de salud está funcionando con 3.000 millones de € menos que hace tres años. La plantilla, reconocido por Hacienda, ha disminuido entre 2012 y 2013 en 25.543 sanitarios y si incluimos contratados y eventuales la cifra puede llegar a los 40.000. Lo cual ha supuesto importantes carencias en los servicios: drástica reducción del tratamiento de reproducción asistida; eliminación de comidas especiales de pacientes; el considerable aumento de las listas de espera (situación opaca y desigual según las autonomías, llegan a dos años de espera). En productos farmacéuticos: el copago farmacéutico, el de farmacias hospitalarias y la exclusión de 400 medicamentos de la financiación pública han supuesto, pese a las previsiones, la subida del gasto y la bajada del consumo de los crónicos a costa de su salud. En el campo de los derechos humanos la negativa a prestar servicios sanitarios a los sin papeles ha sido considerada ilegal por el Consejo de Europa. El inventario final ha sido que el ahorro no es representativo y que están consiguiendo desprestigiar la asistencia sanitaria pública. La mortalidad ha crecido en los dos últimos años y los suicidios han subido un 11%. ¿Casualidad?
En las privatizaciones, el “PP” realizó un primer ensayo en la Comunidad Valenciana, en Alcira (1999), con financiación pública y gestión privada; la experiencia costó a la administración más de 70.000.000 € en indemnizaciones y fallos asistenciales. En Madrid existen tres hospitales con este tipo de gestión: el de Torrejón de Ardoz, el Infanta Elena (Valdemoro) y el Rey Juan Carlos I (Móstoles). En ninguno de ellos se realizan intervenciones complejas, no han supuesto ahorro y hay procesos abiertos por irregularidades. En comparación realizada entre el hospital Giménez Díaz de gestión privada y el hospital Ramón y Cajal de gestión pública, este último, con un presupuesto un 13% superior al primero, gestiona el doble número de camas y quirófanos, con pacientes y patologías más complejas. La experiencia inglesa avala este encarecimiento. La renuncia de la privatización de seis hospitales madrileños, gracias a sanitarios, pacientes, partidos políticos y TSJM debe llevar la racionalidad al “PP”.
Hay que resaltar que los fallos en tramitación privatizadora y las adjudicaciones reiteradas a determinadas empresas hacen pensar en la existencia de intereses espurios, a lo que habría que añadir las “Puertas Giratorias”, nombre con el que conocemos los trasvases entre responsables de la sanidad pública y privada. Se ha observado que en el último año, este trasvase ha fluido con intensidad. Recordemos los casos Güelmes, Elena de Mingo, Manuel Lamela…Todo demasiado caro y demasiado oscuro.
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