CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD

    El interés de la política que nos ha globalizado es hacernos creer que sólo es posible el crecimiento económico con desigualdad social. Su práctica se basa en la avaricia de unas minorías, el corto plazo y una ideología neoconservadora que ponen al mercado por encima de los ciudadanos. Sus finanzas se mueven a través de los medios electrónicos, apoyándose en tres principios: la gratuidad de sus transferencias por la desregulación del sistema financiero mundial, la ausencia de sentido democrático en sus negocios y el mantenimiento de las crisis para fomentar la inestabilidad y el control de los tipos de interés. La existencia de paraísos fiscales les permite guardar los beneficios sobre la base del secreto, la falta de control y la movilidad. Para operar necesitan el apoyo externo que prestan instituciones internacionales como el BM, el FMI, el BCE  y países con intereses en ese sistema como EE. UU., Reino Unido y Alemania entre otros. Es evidente que la mejor solución global sería eliminar la desregulación, los paraísos fiscales y los apoyos institucionales internacionales, haciendo que los mercados estén al servicio de los ciudadanos. Lo que puede hacerse en España, dentro de las limitaciones de esta globalización, es muy distinto a la política asocial con que se está gobernando.   

    El argumento dominante en el empresariado español, seguido por el gobierno, se basa exclusivamente en el empleo: salarios bajos y menos trabajadores harán más competitiva la empresa y tendrá más para invertir. Pero si hacemos esto en el conjunto de la economía, tenemos que hablar de lo que se llama “falacia de la composición”, que demuestra que lo que es bueno para intereses individuales puede no serlo para el interés colectivo. Lo que sucede en realidad es que si todos los empresarios adoptan el despido y la bajada de salarios, provocarán que los trabajadores en conjunto cobren menos o estén en paro y por lo tanto tengan menor capacidad de compra conjunta. El sistema entra en la llamada “crisis de demanda”. La situación se agrava con la subida de impuestos, el mayor coste de la educación y la sanidad, la supresión de la dependencia y la eliminación de la iniciativa con la supresión del I+D+I. Lo que está suponiendo menos ingresos en la administración, menor crecimiento y mayor desigualdad social.

    Antes de cualquier medida general europea, el gobierno necesita poner orden en la Administración eliminando los puestos de confianza, las dobles funciones, el clientelismo y buena parte de las empresas públicas,  haciendo que a una jefatura de la administración se llegue siempre por mérito y capacidad; hay que realizar una reforma fiscal homologable aplicando el principio de que el que más tiene más pague, sin nadie exento; hay que dar prioridad a la eliminación del fraude fiscal; aumentar el gasto en I+D+I; presentar un nuevo Plan Energético Nacional justo que fomente las energías renovables (no olvidemos que lo conseguido bajando salarios se ha perdido con la subida del coste energético); eliminar recortes y privatizaciones en los servicios públicos; invertir en justicia, eliminar las tasas y aumentar su eficacia: ordenar el mercado de trabajo con una nueva reforma laboral pactada; favorecer especialmente a las pequeñas y medianas empresas, aumentando la inversión pública, porque en la mayor parte de los casos sólo operan en el mercado interno y además son las que crean la mayor parte del empleo: en torno al 70 u 80%; obligar a los bancos y cajas saneados con dinero público y también al Sareb a sacar al mercado, a bajo precio, las viviendas adquiridas por impagos; reducir el IRPF y el IVA; modificar la ley antimonopolio para evitar abusos en eléctricas, bancos, combustible, etc.; modificar el Estatuto del trabajador Autónomo para favorecer su implantación. Con todo ello aumentarían los ingresos del Estado y disminuirían las desigualdades. Hay otros caminos.