Debido a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, el gobierno ha ralentizado la actividad: paraliza leyes que limitarán las libertades civiles, y retrasa medidas fiscales y económicas que aumentarán la fractura social y bajarán el poder adquisitivo. A la vez vocea la salida definitiva de la crisis, echan la culpa de todo a Zapatero, aumenta la opacidad informativa y mira para otro lado cuando crece el caso Bárcenas en cuantía, personas y territorios. Mientras esperamos que el divino dedo de Rajoy designe al candidato del “PP”, sondearemos el futuro legislativo y económico que prepara el gobierno para después de las elecciones, si no obtienen un rotundo fracaso.
En el aspecto legislativo el pleno del Poder Judicial, por unanimidad, tacha de inconstitucional la Ley Fernández, cuestionando los cacheos de los ciudadanos en la calle y dejando claro que la seguridad ciudadana es tarea y competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad del Estado. Declarando de dudosa legalidad siete artículos (16, 17, 19, 42, 47, 54 y la disposición final). Europa ha incluido a España en la lista negra de los países sin libertad. El compromiso de modificar el texto se pospone a junio. La reforma del Código Penal de Gallardón ha sido calificada por un grupo de expertos jurídicos como la reforma de “la peligrosidad”, afirmando desde: “Hay atentados a la libertad de expresión, reunión y manifestación” (Díez Ripollés, Catedrático), hasta “nos acerca a la vieja idea de peligrosidad social que inspiraba la vieja Ley de Peligrosidad” (García Arán, Catedrático). No tiene informes previos y se ha pedido por ello su retirada. La solución se pospone para junio. La Reforma Local de Montoro ha puesto en guardia a buena parte de las autonomías y de ayuntamientos de todos los grupos: la Xunta de Galicia y Castilla-León están legislando para contrarrestar la Ley; Andalucía ha recurrido 23 artículos al Constitucional. La ley dejará sin competencias sociales a buena parte de los ayuntamientos, los únicos que no tienen déficit. Su debate y cambios, como todo, se aplazan para junio. Y así ocurre con la nueva Ley del Aborto, aprobada hace unos días en Consejo de Ministros, siguiendo el lema de Gallardón de “reformar para controlar” considerada un peaje más a la Iglesia a cambio de su silencio. Y para junio queda también la reforma fiscal en la que pueden hacer de todo.
Respecto a la economía podemos afirmar: que la llamada pobreza energética se dispara pese a la disminución de la demanda (la factura ha subido un 60% desde 2007, mientras las rentas han bajado un 8,5%); el crédito a empresas ha bajado pese al optimismo del Gobierno; las compañías dominantes controlan los precios de los combustibles sin que el Gobierno haga nada por evitarlo; la Seguridad Social en 2013 gastó 11.648 millones del Fondo de Reserva dejado por Zapatero; el informe de Cáritas es demoledor pese a Montoro; el banco malo pierde 261 millones en su primer ejercicio económico; sigue aumentando la morosidad; la investigación está en proceso de desaparición; el IPC vuelve a caer hasta marzo y puede meternos en deflación; la deuda crece 210 millones al día; la intervención en las autopistas puede costarnos 3.000 millones. Todo lo expuesto y la disminución de las asignaciones a las autonomías en los Presupuestos de Estado, unido al incumplimiento de los déficits por parte del gobierno central y las autonomías nos llevan a pensar en nuevos recortes a partir de junio.
Por otro lado, los datos de la mejora laboral no hablan de calidad, pero vemos un aumento de excluidos sociales con trabajo y la disminución de prestaciones sociales. Hace falta trabajo con dignidad. No se entiende el exultante optimismo de la ministra.
Es evidente que la experiencia del pasado en el que se votó sobre un programa que no se ha cumplido, nos facilita el futuro. Hay que votar, pero no al “PP”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario