Los españoles tenemos la sensación de que la corrupción nos rodea y que la política, la administración y una parte del mundo empresarial participan en ella. Bruselas considera que es un gran problema que afecta al 20% del PIB y que en algunos lugares como en España, las empresas pueden pagar un sobrecoste de hasta el 50%. Está presente en el desprestigio de la política y en la aparición de populismos, xenofobia y extremismos, pero ni Europa ni España propician directivas o normas que fomenten la transparencia, la independencia judicial, definan la responsabilidad política y castiguen a los actuales culpables. Vemos asombrados que buena parte de políticos y empresarios han metabolizado la corrupción, es decir, la han incorporado de manera natural a su actividad, sin consecuencias. Los ciudadanos, que la consideran el segundo problema, después del paro, no la metabolizan. Una vez más, se distancian política y sociedad.
Los expertos sobre la corrupción en España distinguen la corrupción política de la administrativa, la que consideran prácticamente inexistente. “En España a nadie se le ocurre sobornar a un policía, porque sabe que le denuncia.” Lo que explica que no se haya producido el hundimiento del sistema. Otro componente es la permanencia de cargos y partidos en el poder. En las imágenes del Funeral de Estado de Suarez se pudieron ver a muchos de los presentes con más de 20 años en sus puestos en organizaciones sindicales, empresariales, federaciones deportivas, gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos, etc. Lo que facilita la corrupción, el adocenamiento y la rutina. Ha llegado el momento de limitar los mandatos.
Un caso que ha producido este despertar ciudadano ha sido el Gürtel/Bárcenas, que presenta la singularidad de afectar conjuntamente a las administraciones local, regional y nacional; implicando de lleno al mundo empresarial. Nace a la manera clásica en un partido político como el “PP” que hoy gobierna España y que tiene y ha tenido cargos en las más diversas instituciones con muchos años de continuidad. A medida que aumenta la información, conocemos su extensión en el tiempo (desde Naseiro en 1987 hasta 2010) que afecta a toda España y que funcionaba con una estructura organizada que conocían y se beneficiaban presuntamente Rajoy, Aznar, Acebes, Álvarez Cascos, Arenas y Cospedal…, es decir, una corrupción masiva en el “PP”, con infinidad de empresas que dieron dinero para obtener beneficios ilícitos. En su última resolución el juez Ruz sostiene: “aun con mayor fundamento (…) la existencia en el seno del Partido Popular de una corriente de cobros y pagos continuada en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”. En el “PP” ocurre algo que agrava el problema: se niegan sistemáticamente a dar explicaciones, a decir la verdad e incluso a colaborar con la justicia. Mienten hasta en sede parlamentaria. El partido y el gobierno deben afrontar sus delitos y dejar de hacer maniobras de distracción y declaraciones absurdas. Con su huida hacia adelante desprestigian la democracia en España y complican la salida de la crisis. Lo malo es que el PSOE de Rubalcaba tampoco ofrece la confianza necesaria.
Con este panorama en la cúspide del poder, la trama de corrupción se extiende y metaboliza: el Tribunal de Cuentas informa que el rescate bancario y de cajas nos ha costado, hasta ahora, 107.915 millones de €, como consecuencia de la mala gestión hay procesados 195 banqueros, ni uno está en la cárcel ni han devuelto un euro, pero todos han cobrado finiquitos o pensiones enormes. La conexión política complica la solución del problema (Blesa fue asesor fiscal del “PP”): se carga contra los jueces y hacen lo que sea para conseguir la impunidad o un infinito alargamiento de los procesos, cuando no, esperan la prescripción del delito para salir indemnes, sonrientes y millonarios.
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