En la fase crítica del Gürtel/Bárcenas, la presidenta Cospedal aparecía como “el verso suelto del PP”. “Cada palo que aguante su vela” o la denuncia en solitario contra Bárcenas son algunas de las estrofas que marcaron el comienzo. Después, para exculparse de su trabalenguas “en diferido”, seguiría con las declaraciones como testigo donde dejaba claro, bajo juramento, que fue Rajoy el artífice de toda la trama interna que situó a Bárcenas con un sueldo bruto de 14 pagas de 18.297 €, la minuta de los abogados, coche oficial del partido, despacho, secretaria y alta en la SS. Al dar a conocer la reunión de Sevilla en diciembre de 2012, con Bárcenas y Arenas, dejaría en evidencia lo dicho por Rajoy en su comparecencia en el Congreso en agosto de 2013. Por su parte Cristóbal Páez, persona de confianza de Cospedal, reconoció que cobró hasta 12.000 € en billetes de 500 € en sobres, “en negro”. El “verso suelto” hilaba fino.
Durante el juicio contra Bárcenas, éste afirmó “en plasma” que había entregado al tesorero de Castilla-La Mancha un sobre con 200.000 € en negro, con destino a la campaña electoral de Cospedal del 2007. Ésta lo negó. La contrapartida viene ahora del Gobierno de Rajoy con un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), área controlada por Montoro: Hubo trato de favor en la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo a la empresa Sufi, filial de Sacyr, pues la compañía de Luis del Rivero y Manuel Manrique, imputados por el magistrado, pasó “por taquilla” y pagó “presuntamente” una primera mordida de 200.000 euros (se habla de un total de 700.000 euros) para la campaña. Ruz, en sus conclusiones sobre este contrato ampliado, afirma que el coste para las arcas públicas pasó en dos meses de 6,13 a 17,4 millones de euros por la “necesidad de actualizar” el convenio colectivo, un nuevo coste aprobado por la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007, ratificado en noviembre por el nuevo equipo del PSOE, que lo denunciaría posteriormente. La aprobación de la ampliación “sería nula de pleno derecho” porque fue firmado “omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos”, según el informe la misma IGAE. La presidenta aparece “presuntamente” formando parte de la trama durante un corto y provechoso tiempo. Ante esto, el juicio por el recurso de Cospedal con Bárcenas se ha suspendido. Una decisión que parece relacionada con estos hechos.
En auto posterior, el juez Ruz imputa al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, por la firma del recibí de los 200.000 € el 24 de marzo de 2007, fijando su comparecencia el próximo 6 de noviembre para la petición de una prueba caligráfica. También imputa al exconcejal de Hacienda de Toledo y exgerente del “PP” de Castilla-La Mancha, Lamberto García. Retrasa la imputación, por ser aforado, del Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, quien en 2007 era secretario general del PP regional, participando activamente en las negociaciones de la “presunta” comisión pactada entre Sacyr y el PP. Situación parecida a la de Cospedal.
El “PP” de Castilla-La Mancha era “presuntamente” corrupto antes de gobernar. Además ha mostrado amiguismo dando puestos incompatibles a los Directores Generales de Universidades y Cultura y subiendo el sueldo a los cercanos; se ha endeudado en 5.500 millones de €, desmantelando los servicios sociales, la sanidad y la educación, creando la mayor exclusión social de España, el mayor paro de larga duración, despidos improcedentes,etc. En estos años su gestión como secretaria general del “PP” y como presidenta de Castilla-La Mancha no es precisamente ética. Ahora, entre ella y Rajoy plantean una regeneración democrática. Todo lo que rodea al “PP” parece una farsa.
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