El último barómetro del CIS es el retrato del malestar ciudadano que tres años de Gobierno han llevado a su máxima cota. Se mantiene la percepción de la mala situación económica (pese a las afirmaciones de Rajoy), varía al alza la valoración negativa de la situación política y, sobre todo, sube espectacularmente la percepción de la corrupción como el segundo de los problemas de España, especialmente por el Gürtel, la más grave corrupción de una democracia que no diferencia, en la práctica, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hace unos días, las tres mayores asociaciones de jueces y Rights International Spain han enviado un escrito a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, solicitando interpele al Gobierno español. Denuncian: “la presión política ejercida contra los jueces que investigan la corrupción, a través de descalificaciones vertidas en medios de comunicación por autoridades y miembros del ejecutivo”, “Pretender influir en los jueces para que apliquen el ordenamiento jurídico de forma incorrecta” y que aquellos jueces “señalados negativamente desde el ámbito político saben que podrían sufrir efectos disciplinarios”. El gobierno presiona a los jueces para conseguir sus fines.
En esta línea ha sometido al Juez Ruz a presiones y falta de medios que complicaban el futuro del “Caso Gürtel”, negando pruebas a la instrucción, borrando los discos duros, intentando sin éxito personarse en la causa, con informes del Tribunal de Cuentas falsos, con testimonios mentirosos… Un historial que avala que, después del último auto del juez que dejaba clara la culpabilidad del “PP”, la mano del gobierno esté presente en todo lo que afecta a Ruz para obstaculizar su labor y más en elecciones.
El acuerdo futuro depende teóricamente del Poder Judicial, que podrá decidir la continuidad de Ruz a partir de marzo. El gobierno ha convocado plazas de magistrados, entre ellas la del juzgado núm. 5, marcando así límites al juez. La nueva situación permite, pero no obliga, a que Ruz ejerza el papel de juez de apoyo. Todo es más oscuro, si pensamos que esa decisión podría ocasionar dudas legales o ser recurrida por alguna de las partes personadas en el caso, lo que ocasionaría demoras. Sin duda el “PP” no parece dispuesto a dejar que Ruz permanezca con prórroga legal hasta junio. Podría utilizar el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite mantener a un juez en comisión de servicios como ejerciente de la plaza mientras el titular esté en Servicios Especiales, como es el caso de Miguel Carmona, titular del juzgado núm. 5.
Pero no le demos vueltas, hacen esto y mucho más porque se lo consentimos. Han estado toda la legislatura en la idea de que todo era culpa de Zapatero y que cualquier oposición a la doctrina única de su gobierno eran ocurrencias, cuando no deslealtades o despropósitos. Afortunadamente parece que Ruz está dispuesto a terminar el “Caso Bárcenas”, pieza separada del “Gürtel”, que incluye los movimientos de la caja “b” del “PP”. Quizás sea la justicia esta vez quien estropee la fiesta del “PP” para 2015.
Por otra parte resulta contrario a la inteligencia que este gobierno, utilizando su mayoría, pretenda tener credibilidad para ser el conductor de la “regeneración”. En El País, diario en que se anuncia la apertura del “Portal de la Transparencia”, opinando que “parece poca”, se lee en otra parte que el FROB (que depende directamente del Ministerio de Economía) rechaza hacer públicos los informes que llevaron a vender CX (Cataluña Caixa) al BBVA por 1.181millones de €, tras inyectar a la entidad catalana más de 1.200 millones. Esperemos que se den estas respuestas y las extras de Rajoy.
El ministro de “la ley mordaza” dice a los que le acusan de violar los derechos humanos que recojan ellos a los emigrantes y si no que se callen. Recuerda otro tiempo.
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