A veces una cifra o un dato, aparentemente insignificante, puede tener una enorme importancia a la hora de emitir un juicio. El título se refiere a la subida del salario mínimo, aprobada en los presupuestos de 2015, una cifra que marcará carencias a millones de trabajadores cuyos sus ingresos pasarán de 645,30 a 648,60€/mes (uno de los más bajos de Europa). Un año en el que Rajoy afirma que la “crisis ya es historia”. Para el gobierno esos españoles son invisibles. El 24, Nochebuena, leemos en El País: El Banco de España alerta que subir sueldos amenaza la recuperación. Si la crisis sigue, ¿será por subir el salario mínimo? Sin ver que unas nefastas políticas de empleo y de educación han creado una fractura social que tardará muchos años en desaparecer.
Cuando el gobierno habla, con una euforia indignante, de recuperación del empleo a lo largo del año, no aclara que esta mejora no ha supuesto un aumento del trabajo, únicamente que éste está más repartido. El crecimiento de los ocupados hasta la cifra de 17.135.200 es cierto pero tiene trampa. La Contabilidad Nacional, que también elabora el INE, matiza el alcance de la mejora del empleo reflejada en la afiliación a la Seguridad Social y en la EPA, que el gobierno está utilizando como prueba de la bondad de sus políticas, y encubre una realidad preocupante. Esa misma Contabilidad, en el tercer trimestre de 2014, nos dice que el número de horas trabajadas en España está prácticamente estancado, pues sólo creció un 1,9%. Se está creando la ficción de que el mercado laboral recobra brío, cuando en realidad no hay más trabajo, pues la mayoría, además de tener un trabajo precario, cobran menos o emigran, aumentando la desaparición de grandes sectores de clase media que daban estabilidad al sistema.
Si lo miramos desde otro ángulo, observamos que el conjunto de salarios sólo representan el 46,7% del PIB, lo que supone que el peso de las rentas del trabajo en la economía española es el más bajo de la historia a la vez que el más alto del capital. Lo más curioso es que este conjunto de rentas del trabajo es el que sustenta los ingresos del Estado, según los datos de la agencia tributaria. El problema es grave e indica la falta de sentido social de una política en la que predomina un tipo de capital, cada vez más especulativo, absolutamente desregulado que campa a sus anchas y donde al trabajador no le cabe ni el recurso de la huelga, pues el mal no está en la empresa productiva que le da empleo. Pero esos datos que mencionábamos indican una peligrosa deriva ideológica y un absoluto desprecio por la situación social de los trabajadores.
Pero además la reforma laboral está resultando una chapuza desde el punto de vista jurídico. Estos días el Tribunal Supremo ha tumbado uno de sus pilares básicos: las condiciones de trabajo que se rigen por convenio colectivo siguen en vigor tras su caducidad, aunque hayan agotado el año de prórroga legal sin haber alcanzado un acuerdo. Lo que va a posibilitar que la negociación colectiva avance y recupere su anterior función. A veces da la impresión de que el gobierno asume planteamientos ideológicos mandados desde fuera sin saber sus consecuencias. Parece que sólo le interesa el clientelismo con los suyos y las corrupciones para colmar su avaricia.
En educación, competencia autonómica, el discurso es aún más burdo: el Consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, dice que dará un gran avance en Sanidad y Educación, pues van a sacar en la Oferta Pública de Empleo 139 plazas. En tres años la autonomía ha destrozado más de 10.000 puestos de trabajo en esas áreas y los anunciados no cubren ni las bajas naturales. ¿A que parece una inocentada? Mientras exista un 24% de paro y más de 8 millones de trabajadores mal pagados, la crisis seguirá.
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