Mientras el gobierno muestra su alegría porque el PIB crece el 1,4%, presume de la disminución del paro, incluso de que la banca haya obtenido un beneficio de 10.800 millones, oculta que rescatar la banca costó 40.000 millones (26.000 a BANKIA y ahora 600 más por engañar a los accionistas) que pagamos los españoles. Un asunto que Rajoy negó y no explicó. Iba con prisa al futbol. En ese mundo feliz, tampoco hay sitio para ver que una creciente parte de la población sigue aumentando la “exclusión social”, entendiendo ésta como la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. Esta situación afecta a un 26% de la población (cerca de 12 millones), de los que 2,7 están en exclusión severa (carecen de casi todo). Antes de la crisis existían entre 6 y 7 millones de excluidos, de ellos alrededor de un millón de severos, la mayoría gitanos.
Esta población la integran el 43% de los desempleados sin prestaciones sociales (donde está la mayor parte de la exclusión severa), el resto son parados subsidiados, empleados con contratos de duración mínima y salarios miserables, que han seguido la máxima del gobierno de que “es mejor un mal empleo que el desempleo”. Modelo laboral que aporta el mayor número a la exclusión y que, curiosamente, forma parte en las estadísticas, como que han encontrado empleo y conforman el éxito del gobierno. Gracias a una ley que han hecho para crear empleo fijo y defender derechos. Lo confirma el que después de la Reforma Laboral la inestabilidad en el empleo indefinido ha subido el 23% en los tres años de vigencia. La situación puede traer una sociedad más conflictiva, menos estable, menos cohesionada y políticamente impredecible.
Si profundizamos en los datos a través de los informes de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (FOESSA), sabemos que el 77,1% de los excluidos procede de la exclusión en el empleo (víctimas de la nueva ley), un 61,7% por la vivienda (la mayoría por desahucios ilegales) y el 40% de la sanidad (culpa de copagos, recortes y eliminación de dependientes). Hay también excluidos por todos o varios de esos factores. Según Sebastián Mora (s.g.de Caritas), pese a los datos, lo que más desmoraliza a esa población es la corrupción; sin duda la que les roba la esperanza.
Platón afirmaba: la educación es la vía para una sociedad justa. Una filosofía que ha sido guía de los países europeos. España, por criterios ideológicos, ha seguido el camino contrario. Primero aprobando la LOMCE, desconociendo la ley anterior y con un rechazo mayoritario; los posteriores recortes han intentado desprestigiar la educación pública, favoreciendo la privada, especialmente la de la Iglesia; el encarecimiento de las matrículas y tasas junto a la disminución de becas, aumenta la exclusión. El mismo camino han seguido con los fondos destinados a I+D+I. Por último, el pasado 4 de febrero entró en vigor, al parecer para equipararnos a Europa, el Decreto que establece dos formas de obtener la titulación universitaria, conocidas como 4+1 o 3+2 (grado + máster, a la vez que impone grados generalistas) que encarecerá el 81% los estudios universitarios. Cada Rector decidirá el modelo. Este absurdo que encarecerá los títulos y hará más selectiva la educación, no cuenta con el apoyo de los mismos rectores que por unanimidad la posponen hasta 2017, por no haber experimentado suficientemente el actual modelo y siguiendo el rechazo de toda la comunidad universitaria. Mientras tanto, investigadores, doctores y licenciados salen fuera de España. También los que se marchan son otro éxito del gobierno, pues también abandonan las listas del paro.
Para evitar problemas nos quitan la libertad. Han sacado para ello la “Ley Mordaza”, pues para el gobierno el ciudadano que protesta es el enemigo a batir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario