Sin que figurara en los Estatutos, aún vigentes, la Ejecutiva Federal (en adelante EF), con Alfredo Pérez Rubalcaba a la cabeza, convocaba primarias, por considerarlo necesario para romper el alejamiento entre partido y sociedad. Esas primarias transmitían al ganador el máximo poder en el PSOE y fueron las más limpias jamás celebradas. Ganó limpiamente Pedro Sánchez y ocupó la secretaría general, nombrando su ejecutiva. Quedó claro que la realización de primarias era y es potestad de la EF.
Las primarias son un instrumento muy adecuado para democratizar el partido, aunque actualmente adolece de normas que objetiven la elección y fomenten la unidad posterior y no la división como hasta ahora. En la mayoría de los casos, esas primarias son ganadas por los secretarios generales de la circunscripción y con frecuencia no hay candidatos alternativos cuando éstos se presentan. Una reforma es necesaria, que debe ser estatutaria, con normas que garanticen la igualdad de oportunidades y la unidad final.
Sánchez ha utilizado su derecho, no legitimando a Tomás Gómez y convocando un sistema de consultas internas a los militantes para elegir al candidato más conveniente al PSOE para ganar la autonomía madrileña. Tomás Gómez, pese a todo, eligió el ruido sobre la discreción, tensando el partido. Los militantes madrileños han elegido masivamente, y la EF legitimado a Ángel Gabilondo, dando la razón a Sánchez. Es una gran reforma. Queda la tarea más difícil, la que exige unidad y trabajo conjunto.
Por otro lado, el liderazgo de Pedro Sánchez está siendo sometido a intrigas y luchas de poder por algunos barones del partido, vieja guardia y algunos jóvenes aspirantes de cara a las primarias de julio. Unas primarias que tendrán su tiempo, pasadas las andaluzas, las municipales y las regionales. De esas intrigas recordemos, como ejemplo, la reunión en casa de Bono que pusieron en cuestión su liderazgo y plantaron la semilla de la discordia. A la EF corresponde la máxima responsabilidad del proyecto socialista y debe centralizar las acciones políticas. A ninguno de los presentes en aquella reunión le hubiera gustado que le hicieran un gesto así. Dejemos eso atrás.
El problema, aún vigente, es qué hacer con Chaves, Griñán y los otros tres afectados por la “imputación” del Tribunal Supremo. Un término demasiado ambiguo, aunque entre todos hemos hecho de él, por carecer de leyes adecuadas, sinónimo de delincuente y corrupto. Hoy, si los imputados dimitieran parecería que se declaraban culpables y les esperaría un duro calvario; si no dimiten influirán negativamente en la campaña de su partido en Andalucía. Muchos creemos en su inocencia penal, aunque otra cosa sería la responsabilidad política. A ellos corresponde decidir cómo pueden servir mejor los intereses que representan. Parece, una vez más, que la justicia está al servicio de la política del “PP”. Intromisión que han denunciado las asociaciones de jueces. Todos vemos cómo el gobierno separa a los jueces que no convienen, que desaparecen sumarios y pruebas que los involucren... El TS ha hecho, posiblemente sin intención, una intromisión política antes del suplicatorio, con escasas aclaraciones y dejando el interrogatorio hasta pasados las elecciones, mientras Alaya públicamente alega que es imposible que desconocieran los hechos. Poca enjundia jurídica.
El deterioro de la vida democrática española sigue hacia no se sabe dónde, y en ese azaroso caminar el PSOE atraviesa momentos esperanzadores. Tiene claro que el gobierno es el rival a batir y que hay que salir pronto del ensimismamiento actual. Es un dato que el “PP” no tiene límites éticos: ven la mota en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Cospedal ha destituido al secretario general de su partido en la comunidad valenciana y no al de su comunidad, también imputado. Son así, incluso entre ellos.
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